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En Ourense, 385 cámaras fijas graban noche y día, son las registradas. Les sumaremos las que custodian edificios públicos, las de control de Tráfico, 30; Polícia Local, 13; DGT, 17; éstas solo verifican, no registran datos. Todas están sometidas a la Ley de Videovigilancia.
Al margen de sus ojos o los míos hay otros que también miran, que nos escrutan, que permanecen atentos por si nuestro deambular por ciertas calles, propiedades, o edificios públicos o recintos privados no fuera del todo lícito. La mayoría de esos ojos son neutros. Son empleados de empresas de seguridad, y nos advierten de ello; su funcionalidad es básicamente disuasoria. Detrás de esas miradas conectadas a una central de alarmas, o a la propia policía, está un funcionario, un técnico que se encarga de visibilizar lo que ocurre cuando el sistema de alarma salta.
Se llama Lorenzo Amorín, es informático. Su indumentaria, pantalón vaquero y camiseta de algodón, contrasta con la de los dos funcionarios uniformados de la Policía Local con los que comparte sala. En sus manos, el control de bolardos de acceso al Casco Vello, los semáforos, y el discurrir del tráfico a lo largo de la ciudad, casi nada. Frente a él, 25 pantallas a las que dirigir la mirada. Uno no quiere pensar lo que pudiera ser este trabajo en hora punta. Amorín es empleado de Since, la concesionaria. Su labor es imprescindible para la operatividad de las patrullas de la Policía Local, su visión no tiene precio: 15 cámaras distribuidas por la ciudad aportan información del estado de la vía -las más recurrentes, la de Progreso, Marcelo Macías y Curros Enríquez-; calles importantes como La Habana o la avenida de Santiago no las tienen.
Las Cámaras no multan Desde el centro de control no se sanciona, en caso de “infracción notoria se manda una patrulla”, apunta el policía Baldomero Rubio; aunque colaboran, eso sí: “Su uso no es para labores de seguridad ciudadana; por su disposición, en puntos estratégicos y muy elevados, resulta complejo atender otros requerimientos que los de la propia vía”. Estas cámaras sólo visionan; aunque sometidas a la Ley de Videovigilancia, al no mediar grabación, no han de rendir cuentas a la Agencia de Protección de Datos.
Más curioso es cuando el que está detrás de la cámara es una fría máquina, circuitos cerrados que graban y graban de manera automática sin que nadie medie, ni haya empleado que escrute el contenido más allá de policía, jueces y tribunales, en el caso de un hecho delictivo, o se necesitara para cotejar datos. Son los sistemas de videovigilancia en bancos, sometidos a una regulación especial por ser localizaciones más sensibles.
Hay cámaras que graban todo el rato, otras, tan sólo cuando detectan una presencia extraña; son las que vigilan propiedades privadas de particulares o empresas. A los unos y a los otros los supervisa la Agencia de Protección de Datos, muy garantista con el ciudadano a la hora de velar por los usos que se dan en los dispositivos de grabación y vigilancia. Los datos oficializados son los que son, 385 cámaras contratadas por empresas o particulares; 30 más, de control de tráfico, de la DGT y la Policía Local. Quedan sin computar las que custodian edificios públicos. Para certificarlo y comprobarlo está la Unidad de Seguridad Privada, de la Policía Nacional.
Quiero Videovigilancia Cuando una empresa, o un particular quiere instalar un sistema de seguridad en su propiedad debe -es obvio- solicitarlo en la Subdelegación del Gobierno. Justificará su uso, el espacio a grabar, equipos, el tiempo y cualificación del personal asignado al tratamiento de las imágenes. Por generar ficheros quedarán sujetas a la Ley de Protección de datos a custodiar durante un mes, y a partir de ese momento, serán destruidas.
Toda zona videovigilada debe dejar bien claro que lo es, informando de ello en el exterior. Desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, que reforma la Ley de Seguridad Privada, cualquier particular o empresa puede asumir por su cuenta la instalación de un servicio de Videovigilancia, pero con las mismas exigencias. Cuestión distinta son las cámaras IP, a disposición en cualquier tienda de informática, con ellas, muchas de estas cuestiones rematan por caer en un terreno difuso. La mayoría de los ciudadanos que hacen uso de ellas desconocen la ley. La mayoría son para un uso estrictamente doméstico, cuidado de personas, animales; aunque no disponen de sistemas de grabación, también es cierto que cualquier mente avezada puede ir bastante más lejos.
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