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La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que destaca "la participación lucrativa" de los sindicatos en el "gran negocio" de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía, "sin más contraprestación que el cumplimiento de sus obligaciones o cometidos sindicales". Así lo asevera la juez Mercedes Alaya en un auto, consultado por Europa Press, en el que confirma la fianza de responsabilidad civil de 471.352 euros impuesta al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto y declara la responsabilidad subsidiaria, en lo que supone un dato a destacar, de FIA UGT-A, FIA UGT estatal y Temiqui S.A..
No obstante, fuentes del caso consultadas por Europa Press han explicado que la juez habría incurrido en un error al declarar la responsabilidad civil subsidiaria de federaciones vinculadas a UGT en un auto en el que resuelve la fianza civil impuesta a un exdirigente del otro sindicato mayoritario, como es CCOO. La magistrada asevera que "es un hecho ampliamente reconocido" en la causa que los sindicatos "cobraban de las empresas o de las mediadoras un porcentaje de cada proceso de jubilación", lo cual "se traducía en el percibo de cantidades considerables en una horquilla que oscilaba entre el 0,5 y el 2,5 por ciento".
"De ahí" que los sindicatos "estuvieran interesados en que estos procesos se produjeran, en la financiación de los mismos por parte de la Junta y en que el importe de la subvención fuera el más amplio posible, pues eran factores que influían en la cuantificación de sus comisiones", dice la juez. A ello se suma que "también es un hecho ampliamente admitido por los representantes de Vitalia y Uniter que tales comisiones se cobraban, pese a no prestar ningún servicio específico para la empresa o para las mediadoras distinto de lo que eran sus propias obligaciones sindicales", ya que "intervenían como era su obligación en las negociaciones en nombre de los trabajadores".
"Era también un hecho indiscutido para los distintos intervinientes que los sindicatos podían, si querían, generar y enconar la solución de los conflictos", asevera la magistrada, que recuerda que Carmona Soto reconoció en su declaración judicial que, junto al exsecretario general del sindicato UGT en Cádiz Salvador Mera, solicitaron en 2006 hasta 180.000 euros a Uniter "para cada sindicato" por "el ejercicio de las labores sindicales" el proceso de la Faja Pirítica. La juez dice que "parece claro" que ambos sindicatos cobraron cantidades "muy superiores" a estos 180.000 euros referidos por el propio imputado, ya que "sin contar con esta cifra, al desconocer si está incluida o no en los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria, nos encontraríamos con que hasta 2009 las cantidades cobradas concretamente por la Federación Minerometalúrgica" de parte de Uniter y Estudios Jurídicos Villasís "ascendería a 492.280,96 euros".
Esta cantidad "es superior" a la fianza civil impuesta, remarca la magistrada, que también confirma la prohibición de salir de España impuesta al exdirigente de CCOO-A, una medida "que debe ponerse en relación con la gravedad de los hechos investigados", como es "la participación lucrativa" de los sindicatos, "y más concretamente de la federación" dirigida por Carmona Soto, en el "gran negocio" de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía, "sin más contraprestación que el cumplimiento de sus obligaciones o cometidos sindicales".
"Es un hecho indubitado que los sindicatos, a través de sus diferentes entidades, estaban desde el inicio en todos los procesos, eran plenamente conocedores de la libertad de disposición de fondos que tenía la Junta en estos asuntos", asevera Alaya, añadiendo que "en la medida en que los sindicatos aportaban relaciones y conocimientos en la Junta, influían para la subvención del proceso e intervenían junto a otros en la planificación del trasvase monetario".
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