Consideran que el anteproyecto de ley de seguridad privada del Gobierno supone un "paso atrás" en materia competencial
Barcelona,. (EFE).- El conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha avisado este miércoles que el anteproyecto de ley de seguridad privada del Gobierno supone un "paso atrás" en materia competencial y ha reivindicado que la Generalitat ejecute la autorización, inspección y sanción en seguridad privada, como prevé el Estatut. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar un simposio sobre seguridad privada, Espadaler ha asegurado que desde su departamento batallarán para que la normativa que impulsa el Gobierno no invada competencias autonómicas o prive a la Generalitat de desarrollar las funciones que recoge el Estatut de Catalunya, que no se contemplan en el borrador del ejecutivo central.
Según el conseller, el "horizonte óptimo" sería que la Generalitat pasara a controlar todos los aspectos relativos a la seguridad privada, de acuerdo con el artículo 163 del Estatut, que no fue recurrido y por lo tanto tiene plena vigencia. En concreto, el Estatut subraya que a la Generalitat le corresponde la ejecución de la legislación del Estado en la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en Catalunya y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio. El artículo 163 del Estatut también otorga a la Generalitat la ejecución de la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en Catalunya, así como la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas de los Mossos d'Esquadra y las policías locales.
Según la ley vigente sobre seguridad privada, en Catalunya las competencias para autorizar, inspeccionar, controlar y sancionar a los detectives privados corresponden a la Policía Nacional, mientras que a la Generalitat le corresponde la inspección del servicio de los vigilantes. Además, desde 2007 los Mossos pueden inspeccionar los servicios de detectives en el ámbito exclusivo de Catalunya, gracias a un convenio firmado entre la conselleria y el ministerio. La Policía Nacional también tiene arrogada por ley la competencia para ser depositaria de los libros de registros de las agencias de detectives que cierran, si bien los Mossos también lo pueden reclamar para custodiarlos durante cinco años. Ante esta situación, Espadaler ha lamentado que el borrador que ha elaborado el Gobierno no haya tenido en cuenta lo establecido en el Estatut, por lo que ha anunciado que presentarán enmiendas para que no se invadan competencias de la Generalitat.
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