Les permitirá vigilar el exterior de las prisiones e iniciar investigaciones privadas. Se crea un nuevo Registro Nacional de Seguridad.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó este viernes ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de seguridad privada, que vendría a sustituir a la norma legal que rige desde el año 1992, y en la que se dota de mayor competencias a los vigilantes de seguridad y se estrecha el cerco sobre las actividades que realizan los detectives privados. El texto establece competencias para los vigilantes privados en funciones como los servicios de video-vigilancia privada dentro de inmuebles; la gestión y respuesta de alarmas; la vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales; los servicios de planificación y asesoramiento; así como la investigación privada, una de las novedades del texto.
A esto, se une una vieja reivindicación de las empresas de seguridad privada, la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, siempre bajo la dirección de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con esta nueva función, Interior pretende recolocar a los miles de escoltas que trabajaron en la protección de cargos públicos amenazados por la banda terrorista ETA en el País Vasco y Navarra, y que en el último año y medio han perdido su trabajo.
El Ministerio empezó a trabajar en este sentido en marzo de 2012, siendo un tema tratado, incluso, en el Consejo de Personal de la Guardia Civil, tal y como informó Libertad Digital. A finales de marzo, la Dirección General del Instituto Armado informó a sus Unidades de Seguridad Penitenciaria que a partir del pasado 1 de abril estos vigilantes privados ya empezaban a trabajar en 21 centros penitenciarios, en 19 de los cuales el cuerpo responsable de su seguridad es la Guardia Civil y en dos de las cuales lo es el Cuerpo Nacional de Policía.
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