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La asociación Marea Negra acusa además a Amgevicesa de cometer “un delito de intrusismo recogido en los artículos 402 y 403 del código penal”
Desde la asociación Marea Negra por la seguridad privada a nivel nacional han denunciado este domingo el escaso personal de seguridad el centro de menores de La Esperanza, que alberga “aproximadamente 155 menores”, y donde prestan servicio solo “dos vigilantes de seguridad”, señalando que “la ubicación es un vigilante por planta”, y que “el ratio a controlar por cada profesional es de 75 menores”. Esta asociación cree que “dicho personal es insuficiente, ya que en caso de que hubiera una revuelta, dichos profesionales no podrían dar solución”, adviertiendo que “según nos informan estas situaciones se han dado y la han resuelto como han podido”.
El vicepresidente de la asociación, José Antonio Carbonell, defiende que “se tendría que aumentar la plantilla en dos vigilantes más un total cuatro y no dos como hay en la actualidad “, añadiendo que “sabemos que no existe la seguridad al cien por cien, pero de esta forma en caso de haber revueltas, estos profesionales podrían actuar con más solvencia”. Carbonell también critica que “los medios de los que disponen estos profesionales son insuficientes, se les tendría que dotar con material antidisturbios compuestos de un casco y escudo, para situaciones tales como las que hemos nombrado anteriormente”.
Amgevicesa Por otro lado, desde Marea Negra se asegura tener “constancia de que Amgevicesa efectúa el control de acceso al centro además del control y visionado de las cámaras, durante tardes y noches de lunes a viernes”, afirmando no entender “cómo la Ciudad Autónoma de Ceuta, que es la que gestiona este centro, permite que se vulnere una ley estatal como es la Ley de Seguridad Privada 5/2014, dejando que den servicios tales como el control de acceso al centro y visionado de cámaras, que solo lo puede hacer un vigilante de seguridad, además de permitir que estos operarios de Amgevicesa hagan servicio nocturno cuando está prohibido por esta Ley de Seguridad Privada”, cometiéndose “un delito de intrusismo por parte de estos operarios, recogido en los artículos 402 y 403 del código penal”.
Parking La asociación afirma no entender tampoco “cómo esta misma empresa presta servicios en los parking de la ciudad donde ejercen funciones de vigilancia y tendría que haber vigilantes de seguridad, dando lugar con estas actuaciones por parte de la Ciudad Autónoma a quitar puestos de trabajos a estos profesionales, en una ciudad donde hay 239 vigilantes de los cuales 125 están emparo”.
Unidad Provincial de Seguridad Privada “También nos preguntamos –expone la asociación– por qué no actúan la Unidad Provincial de Seguridad Privada de la comunidad, levantando un informe sobre estas anomalías y trasladándolo al máximo organismo que es delegación del gobernó, para que tome las medidas oportunas”.
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