“La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social”. Esta afirmación constituye la primera frase de la Ley de Seguridad Privada, aprobada en España en 2014. Un marco legal destinado a regular la actuación de un sector económico integrado en nuestro país por algo más de 1.500 empresas y 342.000 trabajadores.
Avanza el legislador en su redacción subrayando que la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de “anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos”, para reconocer de inmediato que junto a su consideración como actividad con entidad propia, la seguridad privada “es parte integrante de la seguridad pública” y como tal se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad “no solo en España sino fundamentalmente en nuestro entorno europeo”. Los terribles atentados de París, el desprecio absoluto a los más elementales sentimientos de humanidad que protagonizan los terroristas de ISIS, sus formas calculadas de extender el terror, han sometido al enunciado de esta Ley a una prueba de realidad que nadie hubiera deseado, pero que se ha hecho patente.
Fueron los servicios de vigilancia privada que prestaban sus servicios en el estadio de Saint-Denis quienes detectaron y lograron expulsar al yihadista que pretendía inmolarse durante el transcurso del partido de fútbol que disputaban las selecciones de Francia y Alemania. De haber logrado su macabro objetivo, la tragedia habría resultado aún mayor, ya que la intención premeditada era provocar mediante el pánico una avalancha humana, en unas instalaciones que albergaban en ese momento 80.000 espectadores. Pocos días después, con los informativos y páginas de todos los medios de comunicación abriendo en titulares con las noticias generadas a partir de la reacción internacional, e interna, a los atentados y alrededor del llamamiento a la unidad frente a quienes pretenden acabar con nuestro sistema de libertades, el Santiago Bernabéu acogía un partido que siempre es considerado de alto riesgo, pero que en este contexto habría de serlo aún más. Supimos entonces que junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el operativo destinado a garantizar que el clásico entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona discurriera sin sobresaltos, estaba integrado por 1.400 vigilantes de seguridad.
De nuevo en este caso, y a la luz de los acontecimientos, cobra pleno sentido otra de las afirmaciones de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, cuando expresa que “la seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada”. Es bueno tener estas cuestiones presentes, porque entre los muchos debates que de manera legítima se pueden suscitar en la sociedad, hay líneas de pensamiento que encuentran siempre ocasiones para manifestar que lo público es enemigo de lo privado -tal vez lo oigamos de nuevo de aquí a la celebración de las próximas elecciones del 20 de diciembre-. Un buen número de quienes así opinan suelen hacerlo de manera indiscriminada y contra toda suerte de sectores y servicios, como si de un mantra se tratase. Les basta con reiterar la afirmación, en la pretensión de otorgarle categoría de argumento.
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