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También habrían emitido en el mismo periodo certificados garantizando el funcionamiento de dichos sistemas, según denuncia el sindicato Intersindical STSP.
Según denuncia el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada, Intersindical STSP, miles de aparatos fueron comercializados e instalados por las principales empresas de seguridad privada sin tener certificados válidos. Así habrían actuado Prosegur y Securitas Direct entre otros. Las irregularidades denunciadas se habrían producido entre 2011 y 2014 y como fruto de las certificaciones sin acreditación emitidas por varias entidades certificadoras.
Instalar material sin homologar es una infracción grave penada, en la Ley de Seguridad Privada vigente, con multas de 3.000 a 30.000 euros. Comercializar productos con la carencia de un certificado emitido por un organismo de control acreditado, podría suponer un delito de estafa, siempre y cuando exista el ánimo del beneficio, influya la circunstancia de utilizar el engaño y el mismo ocasione un perjuicio al consumidor de dicho producto.
Emisión de certificados falsos Por otro lado, Intersindical STSP asegura que Securitas Direct, Prosegur y demás compañías del sector habrían emitido reiteradamente impresos a sus clientes, obligatorios por ley, certificando que sus aparatos cumplían unas normas que en realidad no cumplían, si nos atenemos a tres órdenes del Ministerio del Interior que entraron en vigor en agosto de 2011. Ello podría ser constitutivo de delito, según el Artículo 399 del Código Penal.
A requerimiento de este medio, fuentes de Prosegur han declarado que en cualquiera de sus tres líneas de actividad, la empresa cumple de manera escrupulosa con lo que marca la ley, incluyendo "lo referido a las certificaciones de producto en la línea de Alarmas". Prosegur también hace hincapié en que "hemos comercializado e instalado productos de fabricantes que cumplen con los estándares de producto más exigentes". Finalmente, aseguran haber gastado más de cinco millones de euros en adaptar los sistemas ya instalados a la normativa que entró en vigor en 2011.ConsumClaro ha tenido acceso a un certificado de un componente de seguridad comercializado por Prosegur que, según informes de Intersindical STSP, no cumple con los requisitos exigidos en España.
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