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Los cientos de usuarios y los cerca de 800 funcionarios que pasan y trabajan a diario en el edificio de Usos Múltiples de la Junta de Andalucía en Málaga han pasado dos años los controles de seguridad del edificio sin percatarse, la mayoría, de que cuando atravesaban el arco de detección de metales parte del protocolo que realizaban era un paripé.
Y es que durante todo ese tiempo el escáner y el detector de metales manual que advierte elementos peligrosos, armas o hasta explosivos no ha funcionado, pese a que pasaran bolsos y mochilas por él, hasta que una protesta de los propios vigilantes de seguridad ha señalado públicamente la responsable competente en este caso concreto del escáner; la propia Junta, y a la empresa del servicio por otras carencias más, de que se estaba incumpliendo flagrantemente la ley. Anteayer mismo, tras colocar pancartas por el edificio llegó, de repente, el tan deseado escáner, curiosamente.
Mientras tanto la profesionalidad del grupo de trabajadores que ejercen la seguridad privada en este edificio no se ha relajado. Si no han contado con este imprescindible artilugio de trabajo para asegurar uno de los espacios públicos de más tránsito de público de la ciudad, se las han valido para hacer cacheos aleatorios. Es sólo una de las muchas carencias advertidas en la seguridad de este edificio, donde también se encuentran oficinas de altos cargos de la Junta y delegados, a los que la plantilla de trabajadores de Templar, la empresa que presta estos servicios, ha hecho lo posible porque no notaran la inseguridad desde hace meses.
Estos trabajadores han visto cómo también se les adeudaban nóminas y cómo han venido sufriendo atrasos desde que en mayo esta empresa asumiera el servicio tras un concurso, que fuentes sindicales aseguran que «ganó con todas las de la ley». Templar no les ha surtido hasta ahora de los correspondientes uniformes, que ellos mismos van apañando como pueden, de pilas para los mandos que abren las tres plantas de parking o de nuevos walkie-talkie esenciales para la comunicación entre ellos y que han tenido que suplir con sus propios móviles. El Sindicato Andaluz de Funcionarios se solidarizó con la situación la pasada semana cuando se unió a las reiteradas protestas de los vigilantes del edificio. El SAF presentó un escrito ante el delegado del Gobierno andaluz por entender que la instalación, «carece de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salvaguarda del personal que en el mismo desarrolla su servicio».
La misma central sindical sumó el agravante de la «situación de alerta en la que nos encontramos» por los recientes atentados terroristas, hecho que calificó como «sumamente preocupante» además de que «este personal de vigilancia no haya recibido instrucciones ni protocolo de actuación en esta situación», habiendo sido advertidos los propios vigilantes hasta por la Policía Nacional de la coyuntura de máxima alerta que pesa en este tipo de edificios. El mismo escrito se refiere a la desmotivación del personal por «retrasos continuos en el cobro de sus salarios y falta de medios necesarios para desarrollar su labor como no tener escáner, desde hace dos años, vigilantes sin uniformes, sin detector manual de metales. sin intercomunicadores», señalaron. «Yo tengo un uniforme de invierno ahora porque un compañero nuestro se ha dado de baja y me ha dejado su jersey, porque no he tenido manga larga hasta hace poco. Hay otros que no han tenido manga corta, que no han tenido ni chaquetón, ni zapatos cuando estamos regulados por una ley orgánica que dice hasta el tipo de material del uniforme», defendió ayer David García, el representante sindical de los vigilantes de seguridad.
«Los walkies no funcionan. Estamos incomunicados. La gente viene aquí a veces de mal humor y en temporadas altas donde por aquí pasa mucha gente, cuando surge una intervención, pues tenemos problemas para comunicarnos, para pedir refuerzos. Las linternas que hemos tenido son de hace veinte años. Y así tantas cosas», reiteró. Pero según García lo que más les está costando asumir son los impagos de dos salarios que llevan atrasados, «y más en unas fechas señaladas como ésta». «Lo peor es cuando te levantas, vienes para el trabajo y ves que tienes que poner dinero de tu propio bolsillo para pagar la gasolina. Te desmotivas», argumentó.
La empresa Templar hasta ahora no da explicaciones claras sobre a qué se deben los reiterados problemas de liquidez. «El mismo administrador de la empresa nos ha llegado a decir que él tampoco cobra y que no sabe nada y que no le llamemos más para estas cosas», relató García. Con éstas los trabajadores se están viendo en la tesitura de reunirse con la administración y solicitarles que rescinda el contrato con la actual empresa de vigilancia para que queden subrrogados a una nueva. «Nos han dicho que el día 20 tomarán una decisión en este sentido, si la empresa sigue actuando de esta manera». Según se intuye por parte de los mismos afectados la cuantía que la Junta abonó a Templar tras ganar el concurso podía estar empleándola para 'tapar' otras deudas.
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