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El Ministerio de Interior está ultimando el plan que privatizará la seguridad de los centros penitenciarios españoles. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el objetivo del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los escoltas privados del País Vasco y Navarra que protegían a políticos y autoridades y que se han quedado sin actividad tras es el alto fuego definitivo de ETA se encarguen de la vigilancia de los reclusos. Se trata de optimizar recursos y dar una salida laboral a los escoltas del País Vasco y Navarra, pagados por el Ministerio del Interior, que se quedarán sin trabajo tras la reducción aprobada de casi la mitad del personal privado que presta servicios de protección son las dos premisas que se persiguen con el plan del Ministerio de Interior y que ha encomendado a la Dirección General.
En el último consejo de la Guardia Civil se apuntó al próximo mes de junio como fecha en la que comenzaría a implantarse el nuevo sistema, aunque la incorporación de los escoltas y del personal de las empresas privadas se producirá de forma paulatina. No obstante, otras fuentes niegan que el cambio en el modelo sea tan "inminente" porque el Gobierno está obligado a modificar la Ley de Seguridad Privada, que fija en su articulado que la vigilancia de los centros penitenciarios recae en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, desde los sindicatos se recuerda que el PP goza de mayoría absoluta y que "podría cambiar la ley de forma inminente". Por parte de la Dirección General se ha asegurado a los representantes de AUGC que de llevarse a cabo la privatización se hará de forma paulatina e intentando en lo menos posible que afecte a los agentes y a sus familias. Y se aseguró que incluso habrá algunas unidades que no se verán afectadas.
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