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28 de junio de 2023

Esto es lo que cobrarás de paga extra si estás de baja laboral

La paga extra se establece por convenio y no puede ser menor a 30 días de salario base ni al Salario Mínimo Interprofesional.

Estos días millones de españoles recibirán la paga extra, pero muchos que están de baja laboral se preguntan si podrán recibirla.

Así como los jóvenes que trataban de ligar en una discoteca preguntaban “¿estudias o trabajas?”, entre los asalariados no sería raro que preguntaran “¿12 o 14?”. Claro, está mal visto hablar de dinero y salarios ante extraños (y más con conocidos), pero los empleados por cuenta ajena se dividen en esos dos grupos: los que tienen paga extra y los que no. Entre los segundos, que serían el grupo ‘de las 12’, también la reciben pero prorrateadas a lo largo del año en las nóminas mensuales. En cambio el grupo ‘de las 14’ tienen un salario bruto mensual inferior, pero con la alegría que dos veces por año reciben un complemento equivalente a un mes de sueldo.

La ansiedad por la paga extra de verano Este dinero es esperado con ansiedad: una de las pagas extras llega a mediados de año, época en que se planifican las vacaciones, en que un 70% de los españoles aprovecha para viajar a algún destino de la Península o el exterior; y entre los que se quedan, aprovechan para realizar proyectos personales, desde decorar la casa a exprimir las rebajas. La otra paga extra se abona a fines de diciembre; ideal para recuperar las finanzas tras las compras navideñas y el circuito de comidas familiares y con amigos para despedir el año.

De cuánto es la paga extra Para recibirla se debe haber trabajado durante seis meses; y si el período de empleo ha sido menor, pues se recibirá una cantidad proporcional al tiempo que se ha trabajado. Si se ha trabajado menos de seis meses se recibe un pago proporcional de la paga extra. También reciben la paga extra los jubilados, donde la fecha de pago será a partir del próximo 26 de junio; aunque algunos bancos harán una excepción y la están abonando estos días.

Paga extra y baja laboral Muchos trabajadores se preguntan si es posible cobrar la paga extra si se está de baja laboral. En un principio sí que es posible, pero hay que tener en cuenta ciertas condiciones. En el caso de una baja médica, si esta se produce fuera del trabajo, la cantidad percibida durante los 15 primeros días será la correspondiente al 60% del sueldo. A partir de este momento, la Administración Pública se hace cargo del salario y el afectado comenzará a cobrar un 75% del total de la base reguladora. Sin embargo, algunos convenios pueden incrementar hasta el 100% del sueldo el porcentaje de la cantidad abonada en el período de baja.

Requisitos para cobrar la paga extra Pero para ello hay que tener en cuenta que la incapacidad temporal no puede superar los 365 días (excepto en aquellos casos en que se puede extender por 180 días más; de lo contrario ya pasa a ser incapacidad permanente). A su vez el empleado tiene que acreditar 180 días de cotizaciones durante los últimos cinco años, y por supuesto, estar dado de alta en la Seguridad Social. Además la baja tiene que haber sido por enfermedad o accidente laboral, aunque también es posible gestionarla por motivos extra laborales.

En conclusión: las pagas extras son un derecho de los trabajadores, y si no están prorrateadas, serán recibidas en junio y diciembre; y en el caso de baja laboral, el pago se repartirá entre la empresa y la Seguridad Social; aunque con una cuantía menor al salario.

27 de junio de 2023

SPV vuelve a denunciar la situación del personal de seguridad privada en los parques de Dos Hermanas


A la intemperie, soportando temperaturas de más de 40⁰ C, sin una garita donde 
refugiarse ni de efectuar los periodos de descansos preceptivos, sin un lugar donde cambiarse dignamente, ni un espacio donde poder tomarse un mínimo refrigerio, sin unos aseos de uso propio donde se guarde un mínimo decoro, sin unas taquillas donde dejar sus pertenencias... es decir un servicio sin unas condiciones dignas y decentes, en una situación deplorable.

SPV ha vuelto una vez más a poner en conocimiento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla la situación en la que siguen trabajando los auxiliares de servicio y vigilantes de seguridad que prestan servicio en cuatro parques públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Dos Hermanas. Unas condiciones laborales que bien se podían calificar de tercermundistas y rayando lo infrahumano.

Desde SPV entendemos que los responsables de llevar la operativa del servicio de seguridad de los parques y jardines de la localidad nazarena no están cualificados para estar al frente de estas labores, pues no se puede tener al personal literalmente tirados a su suerte, sin unas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. También quedan en entredicho los supuestos "representantes de los trabajadores de CSIF y STS-A" que nada dicen de estas cosas por no molestar a los coordinadores del servicio. Como ya sabéis SPV procedió a impugnar el último proceso electoral por estar plagado de irregularidades, que ya se verán y se resolverán en su momento.

En la denuncia presentada por SPV ante la inspección de trabajo con fecha 25/06/23 se relata que los cuatros grandes parques de Dos Hermanas tienen un servicio de control y vigilancia prestados por auxiliares de servicios (Arcíha de Servicios) y vigilantes de seguridad durante el día y solo en algunos de ellos durante la noche, cuya orden de puesto de trabajo es estar en la totalidad de las horas de trabajo prestando rondas continuas, a la intemperie, sin garitas donde poder resguardarse de las inclemencias del tiempo. Los trabajadores están expuestos a unas condiciones ambientales de trabajo extremas del invierno de frío o lluvia y del verano con altas temperaturas de más de 40⁰ C y 45⁰ C suponiendo un grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

SPV hace constar que en los parques de Dos Hermanas el personal auxiliar y de seguridad privada realizan turnos de 10 horas diarias de jornada sin un lugar donde poder realizar sus tiempos de descanso tras los inevitables períodos de bipedestación prolongada y de descanso para la ingesta de alimentos y bebidas. Igualmente siguen sin disponer de acceso a agua potable en cantidades suficientes y fácilmente accesible tras las prolongadas jornadas de verano al sol, ni lugar donde depositar sus cantimploras o alimentos y que permanezcan, al menos, frescas. Actualmente siguen depositándolas en sus vehículos particulares a temperatura ambiente (40⁰ C) dejando el servicio descubierto para poder acceder al vehículo situado fuera del lugar de trabajo.

También reflejamos que trabajadores no disponen en el lugar de trabajo ni en las proximidades de los puestos de retretes decentes dotados de lavabos teniendo que utilizar unos aseos públicos en situaciones lamentables de limpieza sin intimidad por no disponer de pestilleras para evitar el encierro de los usuarios del parque dejando sin intimidad al trabajador que haga sus necesidades entre la maleza del mismo parque y sin carga de papel higiénico. De igual manera, siguen sin disponer de taquillas donde poder depositar sus enseres teniendo que transportar sus pertenencias en bolsos atados a la cintura. Tampoco disponen de un lugar donde resguardarse y sentarse durante las largas jornadas de trabajo.

La empresa Pycseca Seguridad (actual prestataria de los servicios de seguridad hasta el próximo 30 de junio) retiró las garitas que se colocaron fuera de los parques por orden de la inspección de trabajo. Actualmente todo sigue en la misma situación que estaba. Ahora las prestatarias del servicio de auxiliares es Arcíha de Servicios y la de vigilantes de seguridad pasará a ser su filial CMM Guard con fecha 1 de julio.

SPV apoya su denuncia en todas las disposiciones legales que tienen por objeto un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y le solicitamos a la inspección que se tomen todas las medidas necesarias para revertir esta situación y se inste a la empresa o al cliente a que cumplan lo establecido en la normativa vigente, pues nos consta que el propio cliente (Ayto. de Dos Hermanas) se niega a instalar esas garitas dentro de los parques. Por otro lado, queremos aclarar al departamento de coordinación de seguridad en este consistorio que es obligación de la empresa dar instrucciones claras sobre la protección de la salud y riesgos laborales elaborando medidas concretas que palien la situación, por lo que las medidas a tomar no deben quedar bajo criterio del trabajador.

Los trabajadores llevan años padeciendo esta situación extrema en el marco laboral y reclamando una solución para desempeñar su trabajo de manera digna y este sindicato no se explica el porqué de este empeño de no dar una solución.


La Audiencia de Las Palmas juzga al rey de seguridad "low cost" por fraude de 36 millones

La Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del 4 de julio al empresario Miguel Ángel Ramírez por el fraude de 36,66 millones que presuntamente generó a la Seguridad Social y Hacienda entre 2012 y 2017 Seguridad Integral Canaria, por el que la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que sea condenado a 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa.

La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de la firma de seguridad privada en 2011, en un movimiento que la fiscal del caso cree una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91 % de la compañía.

Durante casi tres semanas, la sección primera de la Audiencia Provincial examinará uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Canarias, no solo porque afecta al propietario de un club de Primera División (Ramírez preside la UD Las Palmas, de la que es accionista mayoritario) y a una firma que durante años ganó concesiones en administraciones de media España por sus precios imbatibles (el "rey de la seguridad low cost", se le llamó al empresario grancanario), sino por sus derivadas político/judiciales.

De esta causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de su primera instructora, Victoria Rosell, que estuvo incluso imputada ante el Supremo, hasta que el propio Miguel Ángel Ramírez dio un giro al caso al entregar a la Justicia una grabación en la que Alba le ofrecía beneficios procesales a cambio de que colaborase a cargar varios delitos a la entonces diputada de Podemos. Rosell salió exonerada de todas las acusaciones que se plantearon contra ella, mientras que Salvador Alba perdió su condición de juez y cumple desde el 18 de octubre de 2022 una condena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental.

En el juicio que comienza la semana próxima, la Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO tratarán de demostrar que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de 2008. Las cuatro acusaciones del caso sostienen que, en realidad, esas maniobras de Seguridad Integral Canaria buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de "perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores". El Ministerio Fiscal imputa a Ramírez cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social, mientras que a De Armas le reprocha tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

La Fiscalía examina en su calificación las operaciones que Seguridad Integral Canaria llevó a cabo a partir de 2011 para reducir su masa salarial (el grueso de los gastos en su negocio), que le permitieron adjudicarse numerosos concursos públicos de vigilancia en toda España, a los que acudía con unos costes muy inferiores a los de su competencia, que sí pagaba el convenio sectorial. La primera de esas maniobras, detalla, fue "camuflar" las horas extras que hacían sus vigilantes y abonárselas como si fueran dietas, "por una razón obvia", subraya la fiscal del caso: con las dietas no tenía que retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF y se ahorraba cotizar por esos pagos a la Seguridad Social. Por esa vía, añade, Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y de otros 11,45 millones a la Seguridad Social.

El resto de cantidades presuntamente defraudades por ambos procesados al erario público provienen de los acuerdos de empresa que Seguridad Integral aplicaba a su plantilla tras "descolgarse" del convenio nacional del sector de la seguridad privada. Los dos acuerdos de empresa resultaron anulados por el Tribunal Supremo, en sentencias que establecían que Seguridad Integral Canaria debería haber pagado a sus trabajadores conforme al convenio del sector desde 1 de marzo de 2012. Al no aplicar el convenio del sector, subraya la Fiscalía, Seguridad Integral Canaria mantuvo en una "situación de precariedad a sus trabajadores" que le permitió no abonar determinados conceptos que en realidad les correspondían y por los que tampoco tributó. EFE

Miguel Ángel Ramírez se sienta en el banquillo por un presunto fraude a la Seguridad Social

Ramírez se ganó el apodo del "rey de la seguridad low cost" por sus derivadas político/judiciales.

Por el supuesto delito, la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que el presidente de la UD Las Palmas sea condenado a 21 años y medio de cárcel

La Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del 4 de julio al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por el fraude de 36,66 millones que presuntamente generó a la Seguridad Social y Hacienda entre 2012 y 2017. Por esto, la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que sea condenado a 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa. La acusación pública, a su vez, pide 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de la firma de seguridad privada en 2011, en un movimiento que la fiscal del caso cree una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91% de la compañía.

Tres semanas El juicio comienza la próxima semana y Fiscalía, Seguridad Social, Hacienda y el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) intentarán demostrar que Ramírez y De Armas recurrieron a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados y que se articularon con la excusa de superar la crisis económica de 2008. Las cuatro acusaciones del caso sostienen que, en realidad, esas maniobras de Seguridad Integral Canaria buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de "perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores". El Ministerio Fiscal imputa al presidente de la UD Las Palmas cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social. A De Armas, por otro lado, se le acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.
Delitos

La Fiscalía examina en su calificación las operaciones que Seguridad Integral Canaria llevó a cabo a partir de 2011 para reducir su masa salarial —el grueso de los gastos en su negocio—, que le permitieron adjudicarse numerosos concursos públicos de vigilancia en toda España, a los que acudía con unos costes muy inferiores a los de su competencia, que sí pagaba el convenio sectorial. La primera de esas supuestas maniobras, detalla, fue "camuflar" las horas extras que hacían sus vigilantes y abonárselas como si fueran dietas, "por una razón obvia", subraya la fiscal del caso: con las dietas no tenía que retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF y se ahorraba cotizar por esos pagos a la Seguridad Social.

Por esa vía, añade, Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y de otros 11,45 millones a la Seguridad Social. El resto de cantidades presuntamente defraudades por ambos procesados al erario público provienen de los acuerdos de empresa que Seguridad Integral aplicaba a su plantilla tras "descolgarse" del convenio nacional del sector de la seguridad privada.

Salvador Alba y Victoria Rosell Durante tres semanas se examinará uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Canarias y no solo porque Ramírez es el presidente de un club de Primera División, sino porque también afecta a una firma que durante años ganó concesiones en administraciones de media España por sus precios imbatibles. Ramírez se ganó el apodo del "rey de la seguridad low cost" por sus derivadas político/judiciales.

Es más, de esta misma causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de Victoria Rosell, que llegó a estar imputada ante el Supremo hasta que, tras un giro, el propio Ramírez entregó a la justicia una grabación en la que Alba le ofrecía beneficios procesales a cambio de que colaborase a cargar varios delitos a la entonces diputada de Podemos. Rosell salió exonerada de todas las acusaciones que se plantearon contra ella, mientras que Alba perdió su condición de juez y cumple desde el 18 de octubre de 2022 una condena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental.

26 de junio de 2023

TARRAGONA: Vigilantes de seguridad de la fiesta de Valls entregan a los Mossos a un joven acusado de agresión sexual

Detenido un joven de 19 años por haber hecho tocamientos a una menor durante la fiesta mayor de Valls

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 19 años que el pasado fin de semana, durante la fiesta mayor de Valls (Tarragona), presuntamente, agrediió sexualmente a una chica menor de edad en la capital del Alt Camp. Según han explicado fuentes de la policía catalana a ElCaso.com, la chica recibió tocamientos por parte de uno joven, mayor de edad, y se presentó a un punto donde había vigilantes de seguridad contratados por la organización de la fiesta mayor. Los vigilantes, con la identificación que hizo la menor, pudo localizarlo y detener, hasta que llegaron dos patrullas de los Mossos d'Esquadra, que lo trasladaron a la comisaría de Valls, donde pasó la noche.

Detenido y en libertad con cargos La detención consta alrededor de las tres y media de la madrugada. El día siguiente, el día 24, sábado, día de Sant Joan, fiesta grande en Valls, el joven fue entregado al juez de guardia acusado de un delito de agresión sexual. Según ha podido saber ElCaso.com, el joven, de nacionalidad española, hizo tocamientos a la menor y no consta, ahora mismo, que ejerciera violencia contra la chica y tampoco que hubiera penetración. Sin embargo, el joven arrestado, que quedó en libertad con cargos, niega los hechos.

A la espera de que adelanten las investigaciones que ha asumido la Unidad de Investigación (UI) de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Valls, el joven quedó en libertad. La investigación está abierta por una presunta agresión sexual, por tocamientos, y la policía catalana tendrá que aclarar si puede probar o no las acusaciones que la chica relató en el mismo aparcamiento de l'Hort del Carme, el epicentro de la fiesta nocturna de la celebración del tradicional Sant Joan de Valls.

Sin graves incidentes en Valls ni Reus Fuentes de la policía catalana han explicado que este caso es el más relevante de un fin de semana de fiesta en la capital del Alt Camp. Este fin de semana, también coincidiendo con la verbena de Sant Joan, se celebró durante tres días las Barraques de Reus, que también se han cerrado sin graves incidentes.

BARCELONA: Badalona contratará seguridad privada para disponer de más policía patrullando las calles

Se liberarán agentes que ahora prestan servicio de vigilancia estática en instalaciones municipales

El alcalde, García Albiol, juzga inconcebible que la mitad de la plantilla policial esté de vacaciones durante los meses de julio y agosto.

El alcalde, Xavier Garcia Albiol, se ha reunido con los mandos de la Guardia Urbana para analizar el dispositivo de seguridad de la verbena de Sant Joan y se ha interesado por el estado de salud de cinco agentes que resultaron heridos en intervenir en una pelea "entre dos clanes" durante la noche. Por otro lado, propone utilizar vigilancia privada para poder sacar agentes a las calles, que ahora realizan vigilancias en edificios municipales.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha avanzado hoy que, de acuerdo con los mandos de la Guardia Urbana, se relevarán a los agentes de la policía local que vigilan en las dependencias y en los edificios municipales por personal de seguridad privada. El objetivo es poder destinar a los efectivos de la Guardia Urbana a hacer patrullaje por las calles de la ciudad ya trabajos propios de seguridad ciudadana.

La mitad de los agentes de vacaciones en julio y agosto Otro tema destacado en el que ha incidido el alcalde es en la situación "poco presentable" con la entrada del verano, ya que durante julio y agosto, la mitad de la plantilla de la Guàrdia Urbana está de vacaciones. "Esto no puede ser -aseveró- y las vacaciones se deberán replantear" una necesidad que negociará con los sindicatos. "No puede ser que una época en la que hay más gente en la calle, tengamos la mitad de la plantilla policial". Si la plantilla, según el alcalde "ya es limitada, sólo falta que se tomen vacaciones la mitad" lo que puede generar "un problema muy serios". Lo que aseguró que "no haré" en referencia al conflicto abierto por el cobro de las horas extraordinarias "es hacer que trabajen en vacaciones y después no pagarles".

"Ante los problemas, soluciones" incidió el alcalde ante los jefes de la Guàrdia Urbana, que le han hecho una serie de propuestas como "la sustitución de los agentes de vigilancia de las instalaciones municipales por seguridad privada" con lo que se podrán tener más agentes en las calles. "De acuerdo con los mandos de la policia exploraremos esta fórmula novedosa" sentenció Albiol. Lee también

Albiol también incidió en una problemática que se repite en las playas, como es el hecho de que se celebren continuadas actividades incívicas, como el hecho de que lleguen a acampar con tiendas de campaña. "La playa no es un camping" dijo, por lo que aseguró que se limitarán este tipo de actuaciones y se dará cobertura a la actuación de la Guàrdia Urbana en este sentido.

El alcalde, acompañado del concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ruiz, ha hecho este anuncio después de reunirse este mediodía en la comisaría de la Guardia Urbana del Turó d'en Caritg con los mandos policiales por un lado, evaluar el dispositivo de Sant Joan que ha calificado de positivo gracias al aumento de efectivos destinados, por el menor número de incidentes y por un menor balance de destrozos como, por ejemplo, una reducción en el número de contenedores que resultaron quemados, unos siete "cuando el año pasado fue el doble". 

Mientras tanto, ha asegurado el alcalde: “tomaremos todas las medidas de urgencia que sea posible para tener más policía en la calle, reforzaremos el número de agentes en la calle sustituyendo a los policías locales que hacen vigilancia en los espacios municipales y que hacen servicios estáticos por vigilantes de seguridad privada y destinaremos a los agentes a realizar los trabajos de seguridad pública para los que están plenamente calificados”. "Esto no es privatizar la seguridad", ha remachado el alcalde, "es procurar tener más vigilancia y seguridad en la calle, que es lo que necesitan los vecinos"

SPV denuncia a la empresa GFS Security Group en la inspección de trabajo por impago de salarios


DENUNCIA A GFS SECURITY GROUP

La representación legal de SPV ha procedido a denunciar ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla a la mercantil GFS Security Group S.L. (VER AQUÍ) por retrasos reiterados en el ingreso de los salarios, incumpliendo el convenio colectivo estatal de empresas de empresas de Seguridad Privada (BOE 14 diciembre 2022) y según el EE.TT. Con carácter previo, se cursó comunicación a la dirección de esta empresa para que solventasen esta situación y evitasen así males mayores (VER AQUÍ). A fecha de hoy 26 de junio no ha abonado todavía a sus trabajadores los respectivos ingresos de los salarios correspondientes al mes de mayo. 

A través de la denuncia, se pone en conocimiento de la inspección de trabajo estos graves hechos, que implica que los trabajadores afectados no puedan hacer frente a sus obligaciones de pago, generando intereses de demora en el pago de las mismas como el pago de sus hipotecas, lo que supone un perjuicio para la ya debilitada economía de los trabajadores. La situación de los trabajadores es insostenible por las consecuencias que se derivan del incumplimiento empresarial. Además se le pide a la inspección de trabajo que verifique si la citada GFS ha realizado los correspondientes pagos de las cuotas de la Seguridad Social, ya que podía haber incurrido en su incumplimiento.

Desde SPV denunciamos la situación desesperada de la plantilla de GFS por las consecuencias que se derivan de los incumplimientos en materia de abono de salarios. Al calvario por el que están pasando los afectados se le une la trayectoria anterior, ya que esta empresa absorbió en su momento a Prosetecnisa, que ya dejó de abonar los salarios a los trabajadores en agosto y septiembre de 2022, entró en concurso de acreedores y se les rescindieron contratos. Ahora, casi sin tiempo de reacción, la nueva empresa vuelve a cometer los mismos errores... 

Prosegur se implica en la lucha contra la brecha de género

Prosegur refuerza su implicación en la lucha contra la brecha de género al unirse al programa Target Gender Equality.

Esta iniciativa está impulsada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la igualdad en el ámbito empresarial. En esta cuarta edición del programa, un total de 42 empresas españolas, entre ellas 27 grandes empresas y 15 pymes, han firmado este compromiso.

La decisión de Prosegur de unirse a esta iniciativa demuestra su compromiso con las mujeres y su responsabilidad frente al desafío global de fomentar el liderazgo femenino en las organizaciones. Este programa se inspira en el compromiso del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con la paridad de género, así como en los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP’s), que forman parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5.

Prosegur, una empresa comprometida con la inclusión y la igualdad, busca lograr la paridad de género e impulsar la diversidad en el ámbito empresarial. Esta adhesión se suma a otros proyectos previos de la empresa, como el programa Empowered Women, una iniciativa diseñada para potenciar el liderazgo y la promoción de las mujeres dentro de la organización. Además, como parte de la celebración del Mes Europeo de la Diversidad, Prosegur se ha unido como signataria a la “Carta de la Diversidad”, un decálogo de 10 principios que promueven la diversidad e inclusión en el ámbito laboral.

Target Gender Equality se renueva para acompañar
a las empresas en el proceso de cerrar la brecha de género

El programa Target Gender Equality ofrece un enfoque integral para cerrar la brecha de género y promover la igualdad salarial. Durante un período de nueve meses, las 42 empresas participantes, incluida Prosegur, formarán parte de un proceso de aprendizaje que incluye talleres de desarrollo y análisis. Estos talleres tienen como objetivo revisar las problemáticas actuales y crear planes internos para fomentar la igualdad de género dentro de las organizaciones.

Para lograr este desafío, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas brindará orientación a las empresas firmantes, en colaboración con un grupo de expertos de las Naciones Unidas, empresas líderes en el mundo empresarial y organismos nacionales como el Instituto de las Mujeres y la CEOE. Esta colaboración permitirá que las empresas inicien un camino hacia la igualdad de género y se conviertan en organizaciones ejemplares en este ámbito. La adhesión de Prosegur al programa Target Gender Equality refuerza su objetivo de convertirse en una organización 100% igualitaria, que valora y promueve el trabajo de las mujeres, y aboga por un sector empresarial justo y equilibrado.
Prosegur, referente en seguridad privada

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada A través de sus líneas de negocio, Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, Prosegur AVOS y Cipher, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado. Con una presencia global, Prosegur facturó 4.147 millones de euros en 2022, cotiza en las bolsas españolas bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un equipo de cerca de 150.000 empleados.

Sostenibilidad, un pilar estratégico Prosegur actúa conforme a las mejores prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno. La compañía ha configurado la sostenibilidad como un pilar estratégico en todas sus actuaciones con el objetivo de ser el referente sectorial. Además, Prosegur canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur que trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.

25 de junio de 2023

ALICANTE: Vigilantes de seguridad del puerto se defienden de un violento ataque a las instalaciones

El vídeo viral de los vigilantes del Puerto de Alicante defendiéndose del ataque de un grupo de magrebíes

En las imágenes se puede ver a los agentes conteniendo a varias personas que les tiran objetos y se saltan el perímetro de seguridad.

Los vigilantes de seguridad del Puerto de Alicante se vieron obligados a actuar el pasado domingo ante el inicio de "actitudes violentas" de un grupo de magrebíes que trataron de agredir a los agentes tirándoles objetos y saltándose el perímetro de seguridad. En el vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver cómo los trabajadores utilizan sus recursos para abrirse paso y despejar la zona mientras les lanzan objetos contundentes.

El portal H50, especializado en información relacionada con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, indica que se estaban investigando las causas por las que se inició el ataque, pero destaca el "carácter violento" de un grupo de jóvenes que se encontraba entre la multitud. De hecho, en las imágenes se puede ver que la mayor parte de las personas que se encuentran en las instalaciones gritan ante el enfrentamiento. Los vigilantes de seguridad utilizaron sus defensas reglamentarias para contener los ataques, que al parecer no fueron a más después del estallido inicial.

Andalucía Orienta publica ofertas de trabajo para vigilante de seguridad (refuerzo de verano)

OFERTAS DE EMPLEO

La web AndaluciaOrienta.net ha publicado recientemente distintas ofertas de trabajo dirigidas para el personal habilitado en el sector de la seguridad privada en la región andaluza.

En concreto se han publicado ofertas de empleo para cubrir 70 puestos de vigilantes de seguridad en las empresas para las empresas Prosegur y Securitas en Andalucía.

50 PUESTOS A CUBRIR EN PROSEGUR: De cara a los meses de verano la empresa Prosegur necesita incorporar vigilantes de seguridad para cubrir diferentes servicios. Según disponibilidad se iran especificando servicios.

20 PUESTOS A CUBRIR EN SECURITAS: Securitas Seguridad España necesita incorporar vigilantes de seguridad en Sotogrande San Roque Cádiz.