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15 de noviembre de 2026

Indemnizan a un vigilante del edificio de Urbanismo: «Buscaban que fuera un cero a la izquierda»

«Todo el esfuerzo que hacía para defender a los trabajadores lo tomaban como una ataque a la empresa y se defendieron atacándome a mí»

Una sentencia condena a una empresa que lo tenía contratado por un trato discriminatorio que vinculó a su cargo como presidente de una asociación

Uno de los vigilantes del edificio municipal del paseo de Antonio Machado, donde se encuentra la sede de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, ha sido indemnizado económicamente a raíz de una sentencia ya firme en la que se declara probado que una empresa que lo contrató en los últimos años para prestar ese servicio vulneró sus derechos y ejerció cierta discriminación respecto a su labor profesional por tratarse del presidente de la Asociación Marea Negra, que agrupa a unos ochocientos profesionales del sector de la vigilancia de seguridad, así como a escoltas privados, detectives y guardas rurales.

En concreto, se trata de José Antonio Sánchez Molina, que presentó una denuncia ante la empresa Secoex, con la que el Ayuntamiento tuvo contratada la seguridad del edificio de Urbanismo hasta el año pasado. En el fallo, al que ha tenido acceso SUR, se declara probado que la mercantil vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador, en su vertiente de garantía de indemnidad. Por ello, la resolución del Juzgado de lo Social número 11 de Málaga condena a la empresa a pagar al vigilante una indemnización de 7.501 euros por daños morales.

Los hechos probados determinan que la empresa incurrió en represalias tras la actividad del trabajador como presidente de la Asociación Marea Negra, que llegó a denunciar a Secoex ante la Diputación de Cáceres por supuestos casos de intrusismo, y como miembro del comité de empresa. Entre estas medidas perjudiciales, la resolución destaca la tardanza de más de un año y cuatro meses por parte de Secoex en dar cumplimiento a una sentencia previa de clasificación profesional dictada en 2023, que le reconocía la categoría salarial de coordinador del servicio. Asimismo, el juzgado señala que la mercantil continuó sin encomendarle las funciones efectivas correspondientes a dicha categoría.

No obstante, el tribunal estimó parcialmente la excepción de prescripción planteada por la empresa, fijando en un año el límite para juzgar las conductas constitutivas de infracción y descartando de la condena hechos anteriores a junio de 2024. Del mismo modo, el fallo desestimó la pretensión de vulneración del principio general de igualdad por no concretarse una causa prohibida específica legalmente, ni apreciar represalia personal respecto a un cambio de póliza médica corporativa que afectó a toda la plantilla.

El denunciante, José Antonio Sánchez Molina, explica el impacto personal y laboral que ha sufrido durante años. «Todo ese esfuerzo que yo hacía en pos de defender los derechos de los trabajadores, para ellos era un ataque a la propia empresa y se defendieron atacándome a mí», señala. Según relata el vigilante, las represalias tomaron formas concretas en su día a día dentro del edificio municipal: «A mí se me vetó para que no pudiera realizar ninguna hora extraordinaria mientras mis compañeros sí las hacían. Además, dieron órdenes directas a mis propios compañeros dentro del servicio para que no me dirigieran la palabra, buscando que fuera aquí un cero a la izquierda».

El trabajador incide en que la presión continuada afectó gravemente a su salud integral: «Todo esto me provocó una ansiedad hasta el punto de tener que pasar por atención psiquiátrica y psicólogos. Esos informes fueron clave para fundamentar la demanda». Aunque la empresa ya ha abonado la cuantía fijada, Sánchez Molina asegura que las acciones legales no concluyen con este fallo: «Hemos presentado la sentencia ante la Inspección de Trabajo para que valore la gravedad del asunto y le emita otra posible sanción administrativa. También se ha enviado el informe a la Unidad Central de Seguridad Privada». Asimismo, recuerda que el colectivo mantiene reclamaciones judiciales pendientes contra la contrata posterior por impagos acumulados: «En mi caso particular, reclamo una deuda que oscila en 14.800 euros tras estar cuatro meses sin cobrar».

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