La mayoría de esas provisiones, 37,1 millones, corresponden a sendos litigios fiscales que el gigante español de la seguridad privada tiene abiertos ante los tribunales españoles. "Ante las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la posición reiterada del Tribunal Supremo a favor de la Administración Tributaria, la Sociedad ha decidido provisionar en el ejercicio 24.342 miles de euros por la deuda tributaria y 12.780 miles de euros por los intereses derivados de dichos litigios", explica el grupo de la familia Revoredo en las cuentas que remitió el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El importe más relevante, con una deuda tributaria que Prosegur cifra en algo más de 16 millones, corresponde a un acta incoada en 2014 por el Impuesto de Sociedades de 2008 y 2009. El litigio está pendiente de resolverse ante la Audiencia Nacional, tras confirmar el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en marzo de 2019 una deuda a favor de la Administración de algo más de 20 millones por este procedimiento. El otro acta, incoada en abril de 2012, corresponde al Impuesto de Sociedades de 2005 a 2007. Hacienda consideró que Prosegur minoró incorrectamente sus bases imponibles tras comprar dos sociedades en Argentina a través de filiales en Alemania y Holanda. En este caso, la Audiencia falló contra el grupo en noviembre de 2019. La multinacional cifra la deuda en 8,268 millones. El litigio está pendiente de resolverse en el Tribunal Supremo.
Prosegur, una de las grandes compañías españolas que no se han acogido al código de buenas prácticas que la Agencia Tributaria puso en marcha hace una década, también indica en sus cuentas que el pasado 10 de julio "recibió apertura de procedimiento inspector general para la Sociedad para los ejercicios 2015 al 2018 en concepto de impuesto sobre sociedades y para los ejercicios 2016 a 2018 para el resto de los conceptos impositivos". El grupo desconoce "los impactos que pueda tener dicho procedimiento inspector".
Multa de la CNMC A esas contingencias fiscales se suman otros 8,695 millones también provisionados en 2020 y relacionados con la sanción de 39,42 millones que la CNMC impuso a Prosegur en noviembre de 2016. Competencia abrió su investigación tras una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en una licitación de la estatal Correos y multó a Prosegur por repartirse junto a su rival Loomis durante siete años (entre 2008 y 2015) el mercado de transporte y manipulación de fondos en España. Un directivo del grupo fue sancionado con 36.000 euros, en la mayor sanción de este tipo hasta entonces.
Prosegur recurrió la multa en la Audiencia Nacional (que a cierre del pasado ejercicio todavía no había resuelto) y, en paralelo, trató de tumbar ante la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Constitucional las inspecciones que la CNMC había realizado en sus instalaciones en febrero de 2015. "Mediante Providencia de 16 de junio de 2020, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha acordado no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Prosegur por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere la ley. Por lo que en el ejercicio 2020 han concluido las posibilidades legales de impugnación", explica en sus cuentas.
En 2020, ejercicio en el que trascendió la ruptura de los negocios entre los Revoredo y el aristócrata y gestor cinegético Pedro de Borbón, Prosegur obtuvo un beneficio neto de 59 millones, un 48,4% menos. Sus ventas totales cayeron un 17,5%, hasta 3.463 millones, aunque con un "crecimiento orgánico positivo", del 0,1%, "a pesar de la fuerte reducción de actividad económica" por la pandemia. El resultado bruto operativo (Ebitda) fue de 409 millones, un 23,8% menos. La actividad de Movistar Prosegur Alarmas, lanzada en marzo de 2020 tras su alianza con Telefónica, "multiplica por 4 el ratio de crecimiento histórico en España". Esta solución captó "más de 43.000 nuevos clientes en apenas 6 meses", según destaca el informe de resultados.
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