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Fue tal vez uno de los efectos indeseados más evidentes de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, reconocido incluso a posteriori por alguno de sus responsables. El fortalecimiento de la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa sobre el sectorial - que ya había sido sentada por la reforma laboral aprobada en 2011 por el Gobierno Zapatero - y la extensión de su capacidad operativa a aspectos básicos de las relaciones laborales como la fijación de los salarios propiciaron la irrupción masiva de un perfil de 'miniempresas' que amparadas en su convenio colectivo propio hicieron fortuna a base de abaratar la prestación de servicios auxiliares a otras empresas estableciendo unas condiciones laborales al filo del mínimo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores. Nacían las tristemente célebres 'empresas multiservicios'.
La operativa de las 'multiservicios' se convirtió en uno de los principales focos de conflictividad laboral en los años de la recuperación económica. La precarización de las condiciones laborales de los trabajadores que trajo consigo desencadenó una ofensiva judicial de los sindicatos que lograron echar abajo por abusivos decenas de convenios colectivos 'fake' de este tipo de empresas. Pero no solo los sindicatos se plantaron ante el fenómeno, un puñado de grandes empresas que operaban en el sector de los servicios auxiliares maniobraron asimismo ante lo que consideraban un foco de competencia desleal y una fuente de mala reputación para un sector económico que hasta entonces había operado con normalidad.
El problema jurídico no se encarriló hasta el pasado mes de agosto, cuando el Tribunal Supremo aclaró cuál sería el convenio marco de aplicación a las empresas multiservicios, estableciendo que sería determinado por el servicio y no por la naturaleza de la empresa. En paralelo a ese trámite jurídico, tres de las principales empresas del segmento de servicios auxiliares a empresas, Eulen, Securitas Servicios y Esc Servicios Generales - filial de Prosegur - han decidido impulsar la creación de una nueva organización empresarial, la Asociación Nacional de Empresas Privadas de Servicios Auxiliares (Anepsa), que nace con el objetivo de dotar de un marco jurídico-laboral común a todas las empresas del ámbito bajo la forma de convenio colectivo de sector.
"Es un proyecto que se lleva madurando desde hace tiempo", asegura una fuente empresarial al tanto de los movimientos en el sector para dotarse de un convenio colectivo. De hecho fue una de las primeras soluciones que se impulsaron desde el ala sindical para contener el auge de las 'multiservicios'. El impulso se concretó en la aprobación de algún que otro convenio en grandes empresas de este segmento, como fue el caso de Adecco Outsourcing, que estipulaban unas condiciones laborales por encima de la media para huir de la mala reputación que estaba salpicando a todas las empresas dedicadas a la subcontratación de servicios por la operativa de las 'multiservicios' surgidas al calor del nuevo marco laboral instaurado por la reforma del año 2012.
Si no cuajó en un gran convenio de sector fue porque existía una incertidumbre jurídica elevada sobre el perímetro de actuación o incluso la viabilidad que podría tener un convenio sectorial propio para un grupo de empresas que operan en un puñado de ámbitos diferentes: guías turísticos, conserjes, monitores deportivos, servicios de control de almacén, reparto de paquetería...Con la sentencia del Supremo del pasado mes de agosto como nueva base jurídica para el sector, empresas y sindicatos entienden que ahora sí hay un suelo firme para impulsar un convenio.
El reto de la nueva organización empresarial impulsada por Eulen, Securitas y Prosegur es alumbrar un convenio colectivo que regule las condiciones laborales mínimas que se deben garantizar a los trabajadores contratados por empresas de servicios auxiliares, con el doble objetivo de dejar atrás el problema de reputación que contaminó a todo el sector por la operativa de las multiservicios; y también de alejar del sector a las empresas que quieran competir con precios a derribo a golpe de precarizar las condiciones laborales de sus trabajadores, según aseguran a La Información fuentes al tanto de la iniciativa empresarial.
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