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Saca a concurso la seguridad de todos los edificios castrenses. La anterior empresa fue despedida por no cumplir las condiciones.
El Ministerio de Defensa está a punto de cerrar la contratación de una empresa que cubra el servicio de seguridad de todas las sedes del departamento que dirige María Dolores de Cospedal. La compañía elegida tendrá que suministrar vigilantes con y sin armas que velarán por la protección de edificios y acuartelamientos, unos profesionales que se encargarán también de los controles de acceso a los mismos inmuebles. Se trata de un contrato polémico, ya que la empresa adjudicataria en la última convocatoria tuvo que ser despedida al no cumplirse los términos contractuales, según fuentes del ministerio.
Este contrato fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 22 de diciembre para que entre en vigor a partir del 11 de abril de 2018, por lo que si Defensa desea comenzar a trabajar con la nueva compañía elegida deberá notificar durante estos días cuál es la empresa adjudicataria. En total, el valor estimado de este servicio de seguridad es de 39,93 millones de euros por dos años (uno prorrogable a otro). El plazo de presentación de ofertas terminó el pasado 19 de febrero y en este tiempo el Ministerio ha estado valorando cuál es la empresa que mejor puede ejercer estas labores de vigilancia.
Para este contrato el Ministerio de Defensa ha fijado unas condiciones económicas algo superiores a las del anterior acuerdo. La empresa adjudicataria recibirá en torno a 19,9 millones de euros (23,9 con impuestos incluidos), una cifra más elevada a los 15 millones (18,9 con impuestos) que tendría que haber recibido Marsegur Seguridad Privada S.A., que fue la adjudicataria de este servicio en 2017. Sin embargo, tras diversos problemas que llevaron incluso a que militares profesionales tuvieran que suplir a los vigilantes de seguridad de esta firma, Defensa inició los trámites para rescindir este contrato y sacarlo de nuevo a concurso. Finalmente, tras pasar un año desde su adjudicación, el Ministerio decidió comunicar a Novo Segur, que es el nombre que adoptó Marsegur, que no le renovarían el mismo.
El contrato de marras llegó incluso al Congreso, donde en la Comisión de Defensa se aprobó una iniciativa para pedir al Ministerio que rescindiera el acuerdo de seguridad con Marsegur por los "reiterados incumplimientos" de la compañía. "A esta empresa no la quiere ni su plantilla ni el resto de empresas del sector, que la han expulsado de la patronal por sus condiciones 'low cost'", denunció la diputada de Podemos Carmen Valido. Zaida Cantera, del PSOE, llegó a hablar de una oferta de "baja temeraria" y avisó de que se estaba "poniendo en peligro la seguridad nacional". El PP, que estaba de acuerdo con acabar la relación contractual con la empresa, se abstuvo argumentando que en la Cámara Baja no se podía discutir sobre la contratación de la administración.
Ahora, elevando el precio del presupuesto de licitación en un 25% por año Defensa espera que la nueva concesionaria no incurra en los mismos problemas. De hecho, el Ministerio ha incluido en el contrato que tendrá que firmar la futura empresa que se encargue del servicio una "condición especial de ejecución" que tiene "carácter de obligación esencial contractual". Es esta: "Durante toda la vigencia del Acuerdo Marco, la adjudicataria deberá aplicar a las relaciones laborales con los trabajadores que presten el servicio objeto, como mínimo las tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal para las Empresas de Seguridadvigente, o bien las tablas salariales del convenio de empresa, si este último fuera más favorable para los trabajadores que aquel". Es decir, los futuros vigilantes no podrán cobrar salarios por debajo de convenio, que es una de las denuncias que efectuaron durante la actual etapa.
El fin de las guardias en cuarteles En los acuartelamientos del Ministerio de Defensa las famosas guardias, diurnas y nocturnas, han quedado para la historia, salvo en contadas excepciones. Lo mismo ocurre con los controles de seguridad en los accesos a las instalaciones militares. De hecho, es bastante probable que los ciudadanos que acuden al Museo del Ejército de Toledo o a cualquier sede militar sean recibidos por civiles y no por personal castrense. Estos profesionales son los que están incluidos en este contrato dividido en tres lotes: el primero para las instalaciones del Ministerio de Defensa, excepto la Subdirección General de Régimen Interior y el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa; el segundo afectará a la Subdirección General de Régimen Interior; y un tercero para las propiedades del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
No obstante, la empresa adjudicataria sí que tendrá que subrogar a su personal a un total de 644 profesionales de las Fuerzas Armadas, tanto militares como trabajadores de oficinas, que tendrá que considerarlos como personal propio. Pertenecen a instalaciones repartidas por toda España: desde el INTA hasta El Alcázar de Toledo, o desde la base de Las Palmas hasta la sede central del Ministerio en la Castellana. Defensa exige a la compañía que gane el concurso que este personal reciba pluses en conceptos de peligrosidad, de vestuario, de transporte o por antigüedad.
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