El sindicato USO denuncia ante la Inspección de Trabajo que la empresa dejó de abonar a sus casi 2.000 vigilantes de seguridad en un periodo de 3 años más de 20 millones de euros en aplicación de un convenio que ha sido anulado por los tribunales.
Los trabajadores de Marsegur han sufrido un recorte en sus nóminas de 5.000 euros anuales 21.141.337,4 euros es el cálculo estimado por el sindicato USO del monto total, en salarios y horas extras, que los trabajadores de Marsegur (ahora Novo Segur) han dejado de percibir en los últimos tres años en aplicación del convenio de empresa que ha sido anulado por los tribunales.
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO) presentó este martes un escrito ante la Inspección de Trabajo denunciando estos hechos y la apertura de un expediente a dicha empresa para exigirle que regularice los salarios dejados de percibir por los trabajadores y su correspondiente cotización a la seguridad social (28%), así como otros impuestos y gravámenes. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se detallan las cuantías hurtadas a un total de 1.850 vigilantes de seguridad durante el periodo 2015-2017 a los que se aplicó el convenio de Marsegur en lugar del convenio estatal que derivó en una pérdida anual de 5.000 euros en sus nóminas, más otro tanto en horas extras, pluses de nocturnidad, fines de semana y festivos y otros conceptos que se aplican en el convenio colectivo del sector.
En su denuncia, el sindicato pone el acento no solo en esta agresión laboral a los trabajadores sino también en la “infracotización” que ha provocado ya que esos más de 21 millones han quedado exentos de obligaciones tributarias y fiscales. El escrito relata el periplo judicial que ha tenido esta empresa, vinculada al empresario Miguel Ángel Ramírez, persona cercana al PP y al exministro José Manuel Soria y a la que la reforma laboral del Gobierno de Rajoy de 2012 abrió las puertas para abaratar las nóminas de sus trabajadores.
CONVENIO DE EMPRESA ESCLAVISTA En enero de 2015, Marsegur comenzó a aplicar un convenio de empresa que tras ser impugnado por los representantes sindicales fue anulado por la Audiencia Nacional en 2017. A falta de sentencia firme (que llegó este pasado mes de diciembre con el fallo del Supremo), la compañía siguió aplicando dicho convenio y en 2016 procedió a la aprobación de uno nuevo, que como el primero conculcaba derechos laborales. Impugnado nuevamente, la Audiencia volvió a declarar su nulidad y condenó a la empresa “por mala fe y temeridad” al pago de una multa. Este II Convenio de empresa que Marsegur sigue aplicando, también ha sido recurrido al Tribunal Supremo, pero además se da la circunstancia de que no podría tener vigencia alguna porque ni siquiera figura como registrado ni publicado en el BOE, según confirman los letrados del sindicato. Pese a que Marsegur sigue sin dar cumplimiento a las sentencias judiciales, se ha conocido que el Ministerio de Defensa ha vuelto a renovar los contratos con la empresa hasta abril de 2017.
Seguridad Integral Canaria, grupo empresarial que dirige Miguel Ángel Ramírez, que figura como principal accionista de la misma, se encuentraen concurso de acreedores. De esta matriz ‘cuelgan’ las empresas Sinergias y Marsegur (ahora Novo Segur) en las que el empresario se ha desvinculado de la gestión pero que siguen contratando por los mismos servicios que la matriz.
Basilio Febles, secretario general de FTSP-USO, no se explica el desconocimiento que ha mostrado el Gobierno ante la actuación de esta empresa que presta el cien por cien de sus servicios a las administraciones públicas sufragados con dinero público: “El Gobierno sabe de este fraude”, afirma y apunta a “intereses políticos” el hecho de que aún no se haya actuado contra ella. Marsegur pasó de tener 100 trabajadores en 2013 a 1.500 que tiene en plantilla en la actualidad, gracias principalmente al abaratamiento de sus costes. La situación a día de hoy es insostenible y “va a llevar al cierre definitivo de la empresa”, advierte este dirigente sindical.
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