Con la llegada de 2018, ha entrado en vigor la ley que permite a los agentes de seguridad privada que operan en suelo francés portar un arma. La ley fue aprobada el pasado 1 de marzo de 2017 dentro de un paquete de medidas promovido por París para contrarrestar la oleada de ataques terroristas de factura islamista que ha sufrido Francia durante los últimos años.
Según el texto legal, los vigilantes de seguridad privada podrán ir armados para “asegurar la protección de las personas expuestas a riesgos excepcionales”. Eso sí, la decisión final estará en manos de los prefectos departamentales que decidirán si “existe un riesgo excepcional de daños contra sus vidas”.
Por su parte, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos teme que, con la aplicación de esta ley, puedan producirse abusos relacionados con la deficiente formación que reciben estos profesionales y la falta de supervisión.
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