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El 90% de la contratación de servicios de seguridad de Eulen con la Ciudad Autónoma de Melilla es “fraudulenta”. La Guardia Civil que dirige la investigación de la ‘operación Tosca’ considera que varios cargos públicos del Gobierno local actuaron de forma “deliberada, planificada y orientada a beneficiar arbitrariamente” a Eulen “sorteando concursos públicos”.
Lo hicieron, según el Instituto Armado, adjudicando a dedo y al margen de la ley cerca de 10 millones de euros mediante contratos menores. Los presuntos responsables son los ex consejeros Ramón Antón y Francisco Javier Calderón, así como Guillermo Frías y Daniel Conesa, actuales miembros del Gobierno del Partido Popular en Melilla.
“El uso fraudulento de la contratación menor, fraccionando el objeto del contrato, habría sido la tónica general en las relaciones contractuales entre la Ciudad Autónoma y Eulen”. Son las conclusiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investiga la operación Tosca, concretamente la pieza separada número 1 del caso centrada, principalmente, en los servicios de vigilancia prestados por la empresa a la Administración.
Millones de euros adjudicados e manera "arbitraria y fraudulenta" El Instituto Armado considera que, entre 2004 y 2008, el Gobierno de Melilla adjudicó a Eulen “millones de euros de una manera completamente arbitraria y fraudulenta”. Lo hizo “sorteando concursos públicos”, al margen de la ley, mediante contratos menores. Una práctica que también se repitió entre 2008 y 2013. En total, cerca de 10 millones de euros, el 90% de la contratación.
Los agentes tienen claro quiénes son los responsables de esta “conducta deliberada, planificada y orientada a beneficiar a Eulen durante años”. Los investigadores apuntan a los ex consejeros de Seguridad Ciudadana Ramón Antón y Francisco Javier Calderón, actual presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental. También señalan a otros cargos del Gobierno del Partido Popular en Melilla actualmente en sus puestos. Ellos son Daniel Conesa, actual consejero de Hacienda y Administración Públicas, y Guillermo Frías, viceconsejero de Hacienda. Serían responsables de presuntos delitos de prevaricación y fraude.
Connivencia del interventor de la Ciudad Autónoma La Guardia Civil muestra en los informes su sorpresa por esta conducta de los cargos públicos que califica de “endémica” y “extraordinariamente anormal”. De hecho, apunta que estas irregularidades en la contratación son “fácilmente detectables por la Intervención en cualquier Administración Pública”. Por este motivo, el Instituto Armado destaca que todas estas conductas al margen de la ley “tuvieron que contar con la absoluta connivencia y cooperación del interventor de la Ciudad Autónoma de Melilla. El uso de la contratación menor no es la única ilegalidad descubierta, según la Guardia Civil. Ha detectado la suspensión de concursos públicos, licitaciones amañadas y desvío de fondos por trabajos no realizados para beneficiar a Eulen.
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