El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy que, a partir de ahora, los contratos de seguridad incluirán en sus pliegos de condiciones una cláusula de protección social acorde con las directrices fijadas por el Consejo Consultivo del Principado. No obstante, ha aclarado que lo sucedido con la empresa Seguridad Empresarial Navarra (SEN), que era la adjudicataria del servicio del Área Sanitaria III de Avilés y que entró en concurso de acreedores, no es imputable al Gobierno del Principado.
El consejero ha dado así respuesta en la Junta General a una pregunta planteada por el diputado del Grupo Parlamentario Podemos Andrés Fernández Vilanova sobre qué medidas plasmará en las condiciones de los contratos de los trabajadores de seguridad del Hospital San Agustín "para impedir que la seguridad de las instituciones públicas quede en manos de empresas de carácter especulativo y fraudulento". El consejero ha negado los conceptos incluidos en el enunciado de la pregunta del diputado de Podemos porque dan a entender que la seguridad de las instituciones públicas está en manos de empresas especulativas o fraudulentas y el Gobierno de Asturias no está conforme con ello.
Guillermo Martínez ha recordado que el Principado desbloqueará el conflicto que sufre el colectivo de vigilantes del Hospital San Agustín mediante una especie de "contrato puente" al que seguirá otro definitivo. El primer contrato dará comienzo el 14 de marzo, por la fórmula del negociado, es decir con la participación de empresas del sector que serán invitadas con este propósito. A continuación, a partir del 18 de abril, le seguirá un contrato ordinario, de modo que Guillermo Martínez cree el asunto se aborda con la fórmula más ágil posible.
En su turno de réplica, el diputado Fernández Vilanova ha mostrado su satisfacción por que se vaya a incluir a partir de ahora la referida cláusula de protección social pero ha pedido más garantías en la contratación de las empresas que gestionan los servicios de seguridad, que, entre otras cuestiones, evite bajas temerarias en el proceso de adjudicación. No obstante, ha insistido en que, en su opinión, "las empresas que cobran y una vez embolsado se dan a la fuga bien se podría comparar su proceder al de la piratería concursal" ha dicho el representante de Podemos.
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