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La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denunció ayer ante la Fiscalía diversos fallos de seguridad en el centro de menores de Sograndio, del que se han escapado tres internos en las últimas semanas. Los encargados de la seguridad denuncian, entre otras cosas, que llevan seis meses prestando su servicio sin el arma reglamentaria (revolver) cuando, explican, su uso es "obligatorio" para quienes hagan el servicio nocturno en la ronda perimetral del centro.
Los vigilantes señalan que ningún guardia usa la pistola y que esto viene contemplado en el contrato entre el Principado y la empresa adjudicataria, a la que acusan de "seguir cobrando del Principado un plus de 150 euros al mes por vigilante por portar un arma que no se usa". Ese dinero, reivindican, "debería ir ser para cada empleado".
En el documento presentado ayer por la mañana en la Fiscalía, de 35 páginas, figuran otros fallos en el complejo como la ausencia de sistemas de detección de incendios en las nueve habitaciones de aislamiento, la carencia de materiales "anti vandálico" en las celdas, los castigos "arbitrarios o desproporcionados" a los internos o la ausencia de un protocolo de actuación para los guardias. "La situación en el centro de menores es límite. Hay un clima de enfrentamiento entre trabajadores, personal e internos que no se puede prolongar en el tiempo porque va a llegar un día que va a explotar", aseguró ayer Jorge Ceferino Fernández, portavoz de AVISPA. Fernández urge a la Fiscalía a que investigue los hechos y a que llame a declarar "a quien haga falta" para poner remedio a la situación.
Otra de sus reivindicaciones es el "insuficiente" personal que, aseguran, ocasiona sucesos como el incendio ocurrido hace días en el centro. Los vigilantes se quejan de que en cada turno suele haber seis empleados para un centro en el que están internos 35 menores, a seis menores por guardia. También señalan que la vigilancia a los menores en las celdas se hacen a través de un circuito de vídeo vigilancia que "podría afectar a sus derechos fundamentales", y detallan que cuatro de esas cámaras fueron "destruidas y tiradas por el retrete" por los menores. La denuncia va presentada contra Guillermo Martínez, consejero de Presidencia en funciones del Principado; José Luis Villaverde, Director General de Justicia e Interior en funciones del Principado; Vicente Ramos Manuel, Director del centro de Sograndio y Belén Rodríguez, jefa de los servicios de la empresa encargada de dar el servicio de la seguridad del centro.
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