APROSER valora positivamente la nueva ley de seguridad privada

Tras la aprobación de la nueva ley de seguridad privada, APROSER quiere agradecer el importante esfuerzo de adaptación de la norma a la mayoría de las nuevas realidades sociales que se han venido consolidando durante los últimos 22 años de vigencia de la anterior. 

En primer lugar, APROSER quiere destacar que la nueva norma aprobada por el Parlamento reafirma y refuerza el carácter absolutamente subordinado y complementario, y por lo tanto no alternativo, de la seguridad privada respecto a la seguridad pública, para lo que basta con examinar tan solo el preámbulo de la nueva Ley y los capítulos destinados a infracciones y sanciones. Por lo tanto, APROSER entiende incongruente que se siga insistiendo en la idea de que esta necesaria revisión normativa sea un intento de privatización de la seguridad, una competencia exclusiva de los poderes públicos de acuerdo con nuestro marco constitucional y “ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado”. 

APROSER valora muy positivamente la incorporación de la lucha contra el fraude y las prácticas de intrusismo en la nueva norma y reitera a las autoridades públicas la necesidad de que se desarrollen a la mayor brevedad posible los mecanismos de cooperación interadministrativa previstos en la ley, mecanismos más urgentes que nunca para permitir aprovechar plenamente las potencialidades de un sector económico que a pesar de su madurez y nivel de consolidación presencial en la sociedad, debe contribuir en mayor medida al PIB nacional y a la generación de empleo. 

Del mismo modo, se valora favorablemente, entre otros aspectos, la mayor flexibilidad en la asunción puntual de cometidos por parte de los profesionales de seguridad, un mayor respaldo jurídico a su actividad, el tratamiento de los nuevos sistemas complementarios de acceso a la profesión, la regulación de los servicios de video- vigilancia, así como el hecho de que como resultado de la tramitación parlamentaria se hayan acotado las situaciones donde resulte obligado portar armas de fuego. 

Por último, APROSER lamenta que tras la tramitación parlamentaria no se haya mantenido una redacción que expresamente permitiera una adaptación de la ley a las nuevas necesidades de seguridad que la ciudadanía demandará en el futuro para las vías públicas, siguiendo la práctica de los países más avanzados de nuestro entorno, todo lo anterior al margen de la mayor garantía jurídica derivada de la incorporación en una norma de rango legal de la diversidad de servicios que actualmente presta la seguridad privada a los ciudadanos y sobre los que la seguridad pública sigue ejerciendo un absoluto control, a la vez que apostando por el papel preventivo de la seguridad privada e integrando funcionalmente todas sus potencialidades.

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