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La presidenta apremia la aprobación de la nueva ley para crear un cortafuegos ante el nuevo escándalo de corrupción
La futura Ley de Formación de Andalucía, que el Consejo de Gobierno aprobará en su reunión del próximo martes 26, llevará al sector público la formación y reciclaje de parados. Se acabará así en buena parte con la actividad privada del sector que ha dado en el escándalo de corrupción por el fraude en estos cursos de formación, en una causa que tiene hasta ahora diversas ramificaciones, una de las cuales instruye la jueza Alaya.
A partir de la entrada en vigor de la ley, que ultima el consejero Luciano Alonso, serán los institutos de FP quienes se hagan cargo de estos cursos. La aprobación de esta ley quiere ser un cortafuegos para que el escándalo no salpique al actual ejecutivo andaluz. La presidenta Susana Díaz confirmó ayer su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno, durante una entrevista en Canal Sur Radio en la que también anunció que mejorará los controles para que «ni este caso ni ningún otro vuelva a pasar».
Ojeda, expulsado 'ipso facto' Mientras el sumario instruido en Cádiz contra el ex consejero andaluz Ángel Ojeda, por el que fue detenido, pasará en esta semana al juzgado número 6 de Sevilla, según dijo el magistrado Miguel Ángel López Marchena, a instancias de la Fiscalía, Díaz quiso ayer marcar distancias del nuevo escándalo de corrupción y recordó que se inició «en la Comunidad de Madrid».
Asimismo, la presidenta andaluza consideró «repugnante» e «impresentable» que haya empresas creadas «para defraudar a Hacienda, a la Seguridad Social o a la Junta y para hacerse rico con el sufrimiento de quien más lo necesita». Además, la presidenta recalcó que el PSOE ha expulsado a Ojeda, por su «comportamiento impropio» y dijo que en su partido «no cabe quien tenga dinero en paraísos fiscales». Y se le despide «ipso facto -ironizó- no en diferido». Asimismo, recordó que fue consejero «hace 27 años». Además, la presidenta aseguró que su Gobierno «no ha exonerado» a Ojeda «ni a ningún otro» de justificar las ayudas recibidas para estos cursos. Posteriormente, Educación hizo pública una nota en la que precisa que la exoneración no se aplica desde 2011 y aunque está contemplada en la Ley de subvenciones «no significa perdonar ni condonar la justificación de las ayudas».
El Departamento de Luciano Alonso asegura que con la obligación de justificar las ayudas antes de recibir más y con la concurrencia competitiva impuesta por recomendación de la Cámara de Cuentas y la Intervención General, Andalucía es «una de las más garantistas y transparentes». Desde la llegada Susana Díaz a la Presidencia de la Junta en septiembre de 2013 y una vez completado el traspaso de Empleo a Educación, se han recepcionado 82.167 expedientes de distinta índole, de lo que 8.505 corresponden a subvenciones a entidades para impartir cursos de formación, a los cuales se les está aplicando este sistema de justificación, según la Consejería.
Además, Educación ha asegurado que la cuñada de Ojeda, Teresa Florido, directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo desde 2011 a 2013 solicitó desde su nombramiento abstenerse de intervenir en lo relacionado con éste.
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