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No hay nombres, porque hay amenazas. Oficialmente era inspector de Seguridad Integral Canaria. Su labor era cuadrar horarios y presionar a los trabajadores para que hicieran horas extras. "Nos lo contaban en las reuniones: donde gana la empresa es en las horas extras, el resto no gana". Tal y como les contó ayer la SER La Agencia Tributaria atribuye dos delitos contra la hacienda pública a la empresa que custodia todos los edificios de Patrimonio Nacional.
La Agencia Tributaria, acusa al empresario canario, Miguel Ángel Ramírez, propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria, de defraudar a hacienda más de 2.400.000 euros en dos años y podría ser condenado hasta a cuatro años de carcel. Este inspector de seguridad asegura que de forma extraoficial hacía diariamente otro tipo de trabajo: era chófer al fuerza "tenía que recoger a varios políticos en Santa Cruz de Tenerife y llevarlos al parlamento y luego recogerlos en el parlamento y llevarlos de nuevo al aeropuerto". Dice que así se ahorraban los taxis que de otra manera hubieran tenido que deducir de sus dietas. Asegua que denunciaron una y otra vez las irregularidades. Sin éxito: "nosotros hemos ido incluso a hablar con Inspeccción de Trabajo y ya el inspector de trabajo estaba tan cansado que ha cerrado la puerta y ha dicho: mire, no puedo seguir tocando porque me han tocado de arriba". Por eso, asegura, acudirá a declarar en cuanto le llamen.
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