MELILLA: Vigilantes del CETI, “abandonados”: el aislamiento de casos covid es “un parche”

Han diseñado un sistema de doble vallado para impedir que salga o entre nadie a esa zona

Los vigilantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) llevan semanas soportando una situación que no solo pone en riesgo a todos los residentes del centro, sino también a todos los trabajadores. Se sienten “abandonados” por la Administración y afirman que han tenido que diseñar ellos un sistema para perimetrar la zona donde están los casos de covid-19 para evitar que salga o entre nadie allí. Subrayan que el sistema actual para aislar a los casos positivos de esta enfermedad es “un parche” y exigen a las administraciones que diseñen un sistema que pueda perdurar el tiempo y que sea segura para todos.

El comité de empresa, seguridad y salud de todos los trabajadores de la seguridad privada del CETI de Melilla (por UGT) manifestó ayer a El Faro su descontento por lo que está sufriendo la plantilla en este centro. No es solo un sentimiento de “abandono”, sino que para ellos es una realidad. Desde que el CETI acoge a personas con covid son 6 los vigilantes de seguridad que han cogido esta enfermedad en 10 días, aunque ahora ya uno de ellos ha recibido el alta. Y no solo únicos, hay otras 6 personas afectadas del servicio de limpieza. Afirmó el colectivo que llevan mascarilla y se cumplen los normas de seguridad. Pero hay 160 personas aisladas por covid y creen que hay otras que son residentes y que probablemente tienen la enfermedad sin saberlo porque ya ha habido casos de este virus sin que procediera de migrantes que acababan de llegar al centro.

“Desde que se tomó la decisión de convertir al CETI en un centro covid provisional, son 6 vigilantes de seguridad los que han resultado positivos y otros 6 de limpieza. Estamos cansados de denunciar públicamente que estas instalaciones no están preparadas ni diseñadas para confinar a 160 personas”, subrayó UGT. Y es que cuando comenzó la pandemia, los migrantes que llegaban a la ciudad, antes de ingresar en el CETI, pasaban un tiempo de cuarentena en otros espacios, como Altos del Real. Sin embargo, ahora se trasladan a este centro, que según se señala desde este comité de empresa, ha creado como tres áreas diferenciadas para poder intentar controlar los casos de covid. Toda la zona del fondo del centro es ahora espacio para los que han dado positivo.

“La moral de los trabajadores está por los suelos, pues temen contagiarse y, en el peor de los casos, trasladar dicho contagio a sus familias. Sienten un total abandono por parte de la Administración, pues no es el primer desplante que sufren.”, lamentó. En este sentido, el comité de empresa por UGT subrayó que estos trabajadores no olvidan que las primeras administraciones de vacunas, fueron proporcionadas de forma preferentemente a los funcionarios, dejando al margen a los trabajadores de seguridad, cocina, limpieza, almacén y mantenimiento, que tuvieron que esperar sus dosis por año y fecha de nacimiento como el resto de la población. “Estos hechos fueron denunciados públicamente, pero una vez más recibieron silencio como respuesta”, remarcó.

Y lo peor de toda esta situación, reiteró es que “a día de hoy continúa el mismo silencio, con más de 160 positivos por covid-19, la única ayuda que han recibido por parte de la Administración local ha sido unas cuantas vallas de tráfico para delimitar a los contagiados de los demás residentes y trabajadores”. Es más, esas vallas que fueron colocadas por el personal de seguridad y un funcionario perteneciente al CETI sin ningún tipo de ayuda externa. En este punto, también matizó que las vallas se quedaron cortas y tuvieron que utilizar alambradas y otros elementos que fueron recopilando por el centro para hacer una especie de doble perímetro, es decir, una primera zona de vallas para controlar que nadie se acerque del resto de los residentes a este espacio aislado. Y es que en más de una ocasión, conocidos o familias quieren hacer llegar alimentos o tabaco a los confinados. Además, hay un segundo vallado para tratar que los aislados no salgan. Y ahí tienen que intervenir con su mejor don de palabras para convencer a esas personas de que den la vuelta.

“Recordamos a la Ciudad Autónoma que los problemas de salud pública son de su competencia, y que en el CETI hay un gran foco de contagios. Invitamos a que abandonen las políticas de reactividad para ser más proactivos ante dicha situación. Pues en futuras entradas de personas inmigrantes se volverá a repetir este problema. Es por lo que hay que establecer de forma inmediata un plan para abordar este tipo de situaciones. Pues como siempre son los trabajadores del centro los que pagan los platos rotos”, remarcó. En este sentido, solicitó un espacio adecuado para que puedan estar las personas en cuarentena cuando llegan a la ciudad y que no sea el propio CETI que ya lidiaba con casos de residentes con covid. Se preguntó si es que la Administración va a continuar con “este parche” o podrán una solución que sea adecuada para este tipo de casos porque no cesará en lo que queda del año y del próximo la entrada de personas por la valla o la llegada de pateras. Se precisa de una solución duradera para esta situación que se va a dar sí o sí en la ciudad.

Por último, “aprovechamos para recordar que los trabajadores de seguridad han solicitado en reiteradas ocasiones se les pague un plus penosidad, pues son ellos el primer bastión en la recepción de nuevas personas inmigrantes al centro, la primera fuerza de reacción en la solución de problemas, así como el único sector que permanece en el centro 24 horas”. En este sentido, informó de que desde las 22:00 a 08:00 horas únicamente se encuentra el personal de seguridad privada, recayendo sobre ellos toda la responsabilidad, de un centro sobresaturado ahora además con el añadido de 160 positivos por covid-19.

FUENTE: elfarodemelilla.es AQUÍ

Más de 65.000 valencianos armados

Disparos sin riesgo. Las inspecciones de la Guardia Civil en el ámbito de las armas de fuego y productos pirotécnicos previenen accidentes, evitan delitos y garantizan la seguridad

Las armas las carga el diablo. El dicho se hizo popular en tiempos de la mili obligatoria para alertar a los soldados de los peligros en el manejo del cetme, pero en la actualidad se sigue escuchando como una expresión coloquial para recordar el riesgo y prevenir disparos accidentales. En la provincia de Valencia, unas 65.000 personas tienen registradas más de 120.000 armas de fuego con sus correspondientes licencias. La Guardia Civil controla todas las actividades relacionadas con su tenencia, uso, fabricación y comercio en diversos escenarios, como puertos, aeropuertos, pasos fronterizos o galerías de tiro. También supervisa los rodajes de películas con armas simuladas, las recreaciones históricas o los ejercicios de tiro y exámenes que realizan los vigilantes de seguridad.

La Comandancia de la Guardia Civil de Valencia tiene nueve unidades de Intervención de Armas y Explosivos distribuidas por toda la provincia en los cuarteles de Patraix, Sueca, Sagunto, Llíria, Requena, Gandia, Xàtiva, Paiporta y Alzira, donde renuevan licencias de armas y llegan ejecutorias judiciales con frecuencia para retirarlas cuando sus titulares son detenidos por violencia de género u otros delitos graves. «Nuestras bases de datos policiales se encuentran interconectadas, y cuando es detenido el titular de una licencia de armas por un delito grave, esta información se traslada de inmediato al Registro Nacional de Armas para iniciar un procedimiento de revocación y retirada como medida cautelar», explica Antonio Díaz Fernández, teniente responsable de las nueve unidades de Intervención de Armas y Explosivos de Valencia.

En las dependencias de la Guardia Civil depositan también armas utilizadas en hechos delictivos. De este conjunto de pistolas, revólveres, escopetas y rifles, aproximadamente un 75 por ciento son legales pero, por uno u otro motivo, acaban en manos peligrosas. «Al igual que sucede con la violencia doméstica y de género, la colaboración ciudadana es clave cuando un poseedor legal de armas sufre problemas psicológicos, sentimentales, alcoholismo o se encuentran en otra situación de incompatibilidad», afirma Díaz.

«Si se sospecha que hay una falta de idoneidad, cualquier familiar, vecino o amigo puede contactar con nosotros con una simple llamada al 062. Garantizamos el anonimato, retiramos el ama como medida cautelar y abrimos un procedimiento urgente para que la persona afectada sea examinada por los Servicios Sanitarios», añade el teniente de la Guardia Civil.

Destrucción de armas Las armas las carga el diablo y las disparan algunos delincuentes si caen en sus manos. Prueba de ello son los tiroteos, los homicidios por disparos y el tráfico de armas, un negocio ilegal controlado por grupos criminales en España. Pero para que esto no suceda, la Guardia Civil destruye todos los años las pistolas, revólveres, escopetas y rifles que sus titulares desechan o que ya no tienen interés para los investigadores tras concluir las diligencias o el proceso judicial. En 2020, un total de 6.621 armas fueron reducidas a chatarra en la provincia de Valencia. «Nuestra exhaustiva labor de control previene accidentes, impide la comisión de delitos con armas de fuego y garantiza la seguridad ciudadana», asevera Díaz. Los especialistas de esta unidad inspeccionan también aquellos paquetes sospechosos de contener armas, como sucedió en ocho ocasiones en el primer semestre de 2021 por requerimiento de las oficinas postales. «Este año se cumple el 35 aniversario de la creación de la especialidad, pero las competencias de la Guardia Civil en el ámbito de las armas se remontan a 1844, el año de la fundación del cuerpo, cuando encomendaron a los primeros guardias vigilar que nadie andara con armas sin licencia», subraya el teniente.

La última subasta de armas Durante el primer trimestre del próximo año 2022, la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia realizará la última subasta de armas de la historia en la provincia. Tras la última modificación del reglamento aprobada el año pasado, transcurrido el plazo de un año desde el depósito del arma sin haber recibido ninguno de los destinos que puede designar su titular, la Dirección General de la Guardia Civil puede destruirla en lugar de proceder a su subasta, como se venía haciendo hasta la fecha.

Las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil tienen otros cometidos, muchos de ellos desconocidos para la mayoría de los ciudadanos, como el control de explosivos y la comprobación del uso de los mismos en canteras, minas y obras. «Hay que añadir, además, la jurisdicción exclusiva sobre la cartuchería y los artificios pirotécnicos con el fin de velar y asegurar el derecho constitucional de los ciudadanos a su seguridad», puntualiza Díaz. Con respecto a las armerías, la labor de la Guardia Civil es preventiva y está enfocada a evitar posibles accidentes. Los agentes especialistas en armas también inspeccionan los establecimientos de venta de productos pirotécnicos, tanto los de uso recreativo (petardos) como los de artículos que su utilizan en el mar (bengalas náuticas), así como los talleres de fabricación y los espectáculos de artificios pirotécnicos.

FUENTE: www.lasprovincias.es AQUÍ

Los vigilantes de seguridad de Barajas denuncian la falta de personal: "Es un caos"

En los accesos y controles de la Terminal 2 del aeropuerto madrileño se están produciendo largas colas de pasajeros durante las primeras horas de la mañana por la falta de personal.

Los vigilantes de seguridad de Barajas han denunciado la falta de personal que sufren en los controles y accesos a las terminales, según ha podido saber Vozpópuli. Tal y como desveló este periódico, en estos días se están produciendo largas colas en la Terminal 2 del aeropuerto madrileño, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Aena ha cerrado la mayoría de las puertas de acceso a las terminales de Barajas y ha establecido seguridad en las entradas abiertas para controlar que sólo accedan los viajeros, sin acompañantes, salvo en caso de menores que viajen solos y personas con movilidad reducida.

Sin embargo, los vigilantes de la empresa de seguridad I-SEC, la empresa que está en los controles de acceso a la terminal, representados por el Sindicato Independiente Aeroportuario de Seguridad (SIAS), denuncian que sólo hay un trabajador en la entrada controlando estas tarjetas de embarque, donde se forman "unas colas impresionantes".

El pasado 25 de julio, el sindicato presentó una denuncia ante la Policía Nacional alertando de esta falta de personal en la T2 Barajas, sobre la que todavía no tienen respuesta. "El vigilante está solo, no le da tiempo a mirar todas las tarjetas de embarque y está totalmente expuesto. Es un caos", comenta en conversaciones con este periódico Soledad Risco, secretaria general de SIAS.

Risco detalla que uno de los problemas con los que se están encontrando es que cuando se llena la Terminal 2, normalmente a primera hora del día, "tienen que trasladar corriendo a personal de la Terminal 4 para intentar cubrirlo", dejando esta última con menos puestos. "Van moviendo a los vigilantes porque falta seguridad en todas las terminales", explica.

Además, el sindicato también alerta de la escasez de trabajadores en los controles de seguridad de Barajas y del "colapso" que esto genera. "Quieren que miremos los equipajes rápido, pero eso no puede ser", lamenta Soledad Risco. En este sentido, el pasado 24 de julio también presentó una denuncia ante la Guardia Civil como representantes de los trabajadores de Trablisa, la otra empresa encargada de los controles de acceso de seguridad. Según explican, se junta la falta de personal con la falta de formación. Por un lado, "la licitación que saca Aena a concurso no es acorde con las necesidades" y, por otro, "no es fácil encontrar a vigilantes que tenga la certificación 1 que exige AESA para poder trabajar en aeropuertos".

Colapso en la T2 de Barajas Tras quince meses cerrada por la baja actividad de las aerolíneas, Aena reabrió el pasado 1 de julio la Terminal 2 de Barajas, desde donde Air Europa opera sus vuelos nacionales y europeos. La empresa semipública tomó esta decisión ante el incremento progresivo de la demanda con la temporada estival. Sin embargo, los pasajeros están teniendo problemas en los primeros vuelos de la mañana, cuando se concentra la mayor parte del tráfico al tratarse de los vuelos más económicos, apuntan fuentes del sector. "Hay más pasajeros pero el aeropuerto tiene los mismos medios", explican otras fuentes.

En las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico, grabadas en la madrugada de este jueves 19 de agosto, se observa cómo más de medio centenar de personas hacen cola para entrar en la terminal. "Hemos tenido que esperar entre veinte y treinta minutos para entrar", explica una pasajera a Vozpópuli. "El problema es que sólo había una persona en la puerta de entrada leyendo los códigos QR de los billetes de avión. Ya a las seis de la mañana, la cola había crecido hasta meterse incluso en el recinto de los cubos de basura del aeropuerto", explica la viajera consultada por este periódico.

Días antes, el pasado 15 de agosto, algunas personas ya advertían en Twitter de que el interior de la Terminal 2 estaba "abarrotada". "Ese descontrol se produce todos los días por las mañanas, cuando los vuelos salen llenos por sus bajos precios", comenta otro pasajero a Vozpópuli. La secretaria general de SIAS también advierte de que se están produciendo problemas en los mostradores de facturación, con pasajeros que esperan hasta dos horas para ser atendidos. Este medio se ha puesto en contacto con Aena para conocer el motivo de los colapsos en la T2, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

FUENTE: www.vozpopuli.com AQUÍ

CÓRDOBA: Agreden a un vigilante de seguridad del hospital Reina Sofía

 

Conciliación familiar: guía sobre la reducción y la adaptación de jornada

El Plan 'MeCuida', que fue diseñado para facilitar el cuidado de menores por parte de sus progenitores durante la pandemia, termina su quinta prórroga el próximo 30 de septiembre.

Durante la pandemia se han puesto sobre la mesa algunas de las deficiencias del ritmo de vida actual y los graves problemas de conciliación laboral que existen. Por este motivo se han creado desde nuevas prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital, hasta medidas que favorezcan la flexibilidad en el trabajo.

El Plan 'Me Cuida' se creó con el objetivo de facilitar la reducción de jornada hasta el 100% de los trabajadores por cuenta ajena y para conceder un permiso de ausencia especial para quienes justifiquen los deberes de cuidado respecto a sus familiares por consanguinidad hasta el segundo grado. Esto permite todo tipo de cambios, desde el turno, el centro de trabajo, la presencialidad o las funciones hasta alterar el horario, optar por jornadas continuas u otros más flexibles.

A pesar de que las medidas adoptadas por el Gobierno terminarán el próximo 30 de septiembre si no hay un nuevo acuerdo, es posible que se extiendan por otro periodo como ya se ha visto en los últimos meses, ya que en mayo se inició la quinta prórroga. La normativa contempla dos principales sistemas, la adaptación y la reducción de jornada. Veamos cómo funcionan y qué requisitos son necesarios para solicitarlas.

Adaptación de jornada laboral Cabe destacar que el Plan 'Me Cuida' contemplan estos sistemas cuando "concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria de la COVID-19". Es decir, si no se prorrogan muchos trabajadores perderán dicha opción. Aun así, existen derechos similares en el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 34.8 contempla que los empleados puedan solicitar cualquier modificación de su jornada laboral para favorecer la conciliación familiar. Esto recoge cambios de turno, alteraciones del horario, jornadas partidas o continuas, flexible, cambio de centro, de funciones o la prestación mediante teletrabajo.

En este caso para solicitarlo hay que justificar a la empresa las razones por las que necesita esta medida de conciliación, y la propia compañía puede denegarlo si considera que no hay razones objetivas para concederlo. Por otro lado, en este caso cabe evidenciar que no existirá una reducción del salario ya que se realizan las mismas horas pero en otros horarios o formatos. En cambio, no tiene la misma protección frente a despidos.

Reducción de jornada Este caso se asimila al derecho a reducción por guarda legal o por otras circunstancias. Este permiso facilitará la disminución de hasta el 100% del horario laboral para el cuidado de familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad, según se indica en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Estos son los casos que se contemplan:

Guarda legal por menor de 12 años

​Guarda legal por hijos con discapacidad física, psíquica o sensorial

​Guarda legal por cuidado directo de un familiar

​Reducción de jornada por lactancia

​Reducción de jornada por violencia

​Reducción de jornada por hijo prematuro

Para solicitar este derecho es recomendable hacerlo por escrito y con al menos 24 horas de antelación para los casos relacionados con la Covid. Además, estas reducciones deben realizarse dentro del horario establecido y a diario. Por otro lado, esta situación sí supondrá una pérdida proporcional del salario, desde la base hasta los complementos de la nómina, y de la cotización a la Seguridad Social. A diferencia de la adaptación, hay una mayor protección frente al despido, ya que será necesario justificar las causas y ofrecer una indemnización sin contemplar la propia reducción.

FUENTE: www.lainformacion.com AQUÍ

La Fundación SAMU, denunciada por tener trabajadores como vigilantes sin serlo

Ha sido presentada por UGT ante la Delegación del Gobierno tras el despido de 32 vigilantes de Eulen y el empleo de otro personal para “dirigir” a los menores “usando palos”

UGT, a través de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Ceuta, ha presentado denuncia ante “la gravedad en las presuntas irregularidades de la empresa Fundación SAMU” de las que habría tenido conocimiento. Exponen en esa documental que han trasladado a los medios de comunicación, que la empresa está manteniendo a trabajadores que no reúnen los requisitos ni la formación haciendo labores de vigilancia de seguridad, usando “palos” para “dirigir a los menores acogidos”.

De igual manera se asegura que esta empresa “no contrata personal de limpieza ni de mantenimiento” por lo que esas labores las tiene que hacer el personal contratado para el cuidado de los niños que están en los centros habilitados de manera temporal. “Esta circunstancia es claramente declarativa de intrusismo laboral” lo que termina afectando a un gran número de trabajadores. Estas personas, continúa UGT, hacen funciones que no son las propias de su formación “y se encuentran en una situación de desprotección en cuanto a seguridad y salud en el trabajo”, aclara el sindicato.

Trabajadores despedidos y una curiosa oferta publicada después Como consecuencia de esa gestión, 32 trabajadores como vigilantes de seguridad que pertenecían a la empresa Eulen con centro de trabajo en el ‘Santa Amelia’ o los dos de Piniers han perdido sus puesto de trabajo con fecha de este martes. A la par, la empresa publica una oferta laboral para reclamar unos perfiles acordes a estos perdidos.

Por parte de la federación de este sindicato se pide al Área de Seguridad Privada y de Delegación del Gobierno que se comprueben estos hechos y que procedan a actuar en consecuencia, evitando que se produzcan casos de intrusismo laboral, obligando a Fundación SAMU a cumplir con sus obligaciones y hacer las contrataciones de acuerdo a los perfiles profesionales formados. De momento la noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre los afectados que se han visto sin trabajo.

FUENTE: elfarodeceuta.es AQUÍ

SEVILLA: Condenado un taller a pagar 153.000 euros por despedir a un trabajador de baja por invalidez

La empresa comunicó a la Seguridad Social la extinción del contrato y le pagó al demandante 9.000 euros; un juzgado de lo Social de la capital califica el despido como improcedente y eleva la indemnización.

Un juzgado de lo Social de Sevilla ha condenado a una empresa por el despido improcedente de un trabajador. Un taller de automóviles de la capital deberá indemnizar a un empleado con el pago de 153.000 euros por la ilegalidad de la extinción del contrato de éste mientras estaba de baja por incapacidad permanente en grado total para su profesión habitual. En una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la juez de refuerzo externo del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla estima íntegramente la demanda de despido de E.M.C. frente a un taller sevillano, en el que trabajaba de delegado de Ventas, y declara la improcedencia de dicho despido en abril de 2021.

Por ello, condena a la empresa a indemnizar a su exempleado con 153.316 euros más intereses. Lejos de los 9.107 euros que la empresa le reconocía como finiquito en la carta de despido. El empleado demandante venía trabajando para la empresa especializada en neumáticos de vehículos desde 1983. Desde julio de 2017 se encontraba de baja por incapacidad temporal. El Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente en grado total con efectos de 30 de marzo de 2021. La revisión por agravación o mejoría se realizará un año después.

Si bien, la empresa, tras recibir la notificación de la entidad gestora, el 15 de abril hizo llegar una carta al trabajador comunicándole que después de tener conocimiento de la notificación del INSS reconociendo su incapacidad permanente en grado total «se veían en la obligación de proceder a darle de baja» en la empresa con fecha de 29 de marzo de 2021. Además, le indicaban al trabajador que su finiquito era de 9.170 euros, como consecuencia de «la rescisión del contrato de trabajo por incapacidad permanente absoluta, finalizando por ella la relación jurídico laboral existente entre ambas partes».

El trabajador, de la mano de su letrado Borja Ortas, de Lébeq Abogados, presentó acto de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta, que acabó sin avenencia. Ante esta situación, el trabajador demandó a su empresa por considerar improcedente el despido, solicitando la indemnización que legalmente le corresponde. La empresa alegó que la carta no era de despido sino de comunicación de baja en la Seguridad Social y que por error mandaron una carta modelo usada antes para otro trabajador.

¿Despido o suspensión con reserva de puesto? Según expone la magistada en la sentencia, lo que en este caso se discute es si la baja en la Seguridad Social operada por la empresa y la comunicación dirigida al trabajador constituye un despido o una suspensión con reserva de puesto, según defiende la empresa. Analizada toda la prueba, la juez concluye que la empresa no sólo dio de baja en Seguridad Social al trabajador, sino que le notificó junto con la comunicación sobre dicho extremo un finiquito en el que indica haber percibido la suma de 9.107,62 euros en concepto de liquidación final, como consecuencia de la rescisión del contrato de trabajo por Incapacidad Permanente Absoluta, finalizando por ella la relación jurídica laboral existente entre ambas partes.

Hubo voluntad de extinción de relación laboral Según la juez, «la empresa no se limita a dar de baja al trabajador sino que le liquida las diferencias existentes surgidas en el curso de la relación laboral hasta ese momento, y emplea no sólo el término 'rescisión' refiriéndose al contrato de trabajo, sino también el término 'finalización' de la relación jurídica laboral, el término 'cese' y 'liquidación final'». La empresa sostiene que cometió un error al emplear en el finiquito el modelo de un trabajador que fue declarado en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, lo que no acredita.

Si bien consta comunicación al Instituto Nacional de Seguridad Social en junio de 2021, donde indica que la baja en la empresa se hizo con una baja por pase a situación de pensionista a la espera de que en dos años si se resuelve que ya no está incapacitado poder readmitir. Pero esta comunicación tuvo lugar tras no solo haber tenido conocimiento del acto de conciliación promovida por el trabajador sino incluso después de la celebración sin avenencia de la conciliación.

Dado que que la empresa no solo dio de baja al trabajador en Seguridad Social, sino que en el finiquito dio por finalizada la relación laboral, hubo voluntad de extinción de la relación laboral, que conlleva apreciar la existencia de un despido, que debe ser calificado como improcedente por defecto de forma. La declaración de incapacidad permanente total del trabajador hace inviable la posibilidad de readmitir al trabajador, por lo que el único término admisible de condena no es ya la opción readmitir o indemnizar que con carácter general contempla el Estatuto del Trabajador, sino que ha de imponerse al empresario la de indemnizar en los términos legales al trabajador despedido. Ante esto, la juez reconoce al empleado una indemnización por despido improcedente de 153.316 euros más los intereses.

FUENTE: sevilla.abc.es AQUÍ

BARCELONA: Vigilantes de seguridad de cementerio sorprenden "in fraganti" a un sujeto que robaba en las tumbas

Detenido un hombre por robar las estatuillas de 19 tumbas en el cementerio de Montjuic

El ladrón fue pillado "in fraganti" tras romper el cristal de un panteón e intentar acceder a él en Barcelona. El objetivo del joven de 31 años era revender las estatuillas robadas, según fuentes policiales. El detenido acumula once antecedentes por hechos similares relacionados, todos ellos, con robos.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un varón de 31 años por robar las estatuillas de una veintena de tumbas del cementerio de Montjuic, en Barcelona. El joven fue sorprendido de forma "in fraganti" mientras asaltaba una de las lápidas y ha sido acusado por un delito de robo con fuerza. Aunque las estatuillas carecían de valor más allá del sentimental, según fuentes policiales, el único objetivo del joven, de nacionalidad india, era revenderlas.

Ruido de cristales rotos Los hechos ocurrieron el pasado viernes alrededor de las 18 horas, cuando los vigilantes de seguridad del cementerio, que se encontraban haciendo la ronda por la calle paralela donde el presunto ladrón se encontraba, alertaron a la policía tras oír ruido de golpes y vidrios rotos. El joven, que rompía los cristales de los nichos y panteones con sus propias manos, acumula once antecedentes por delitos similares, todos ellos, robos.

FUENTE: www.niusdiario.es AQUÍ

Incidente entre menores y vigilantes en un tren de cercanías de Cataluña

El personal de seguridad y los viajeros chocan porque uno de ellos no llevaba mascarilla; ADN Sindical pide "interventores" y una reunión del Consejo de Coordinación.

Pasajeros menores de edad han protagonizado un altercado en un tren de Cercanías de Cataluña porque uno de ellos no llevaba mascarilla. ADN Sindical ha difundido el vídeo del choque con los vigilantes y ha pedido más medios para lidiar con este tipo de algaradas.

En la grabación de móvil, difundida en la red social TikTok, se observa a un joven menor de edad viajando sin mascarilla y enfrentándose a una pareja de vigilantes, que tratan de calmarle, a bordo de un tren a la altura de Figueres (Girona). En el corto se asegura que el personal de seguridad "pegó al menor" por no llevar cubrebocas, algo que no se observa en las imágenes.

ADN Sindical pide "interventores" En conversación con este medio, un portavoz de ADN Sindical ha confirmado la veracidad del vídeo, aunque ha alertado de que los vigilantes "se quedan sin herramientas en estos casos", porque no llevar mascarilla es "solo una falta administrativa". Por ello, piden que el personal de seguridad "vaya acompañado de interventores", lo que permitiría "expulsar a los pasajeros vándalos del transporte público si están haciendo un mal uso del mismo". Asimismo, la plataforma sindical ha llamado al Departamento catalán de Interior a convocar una reunión del Consejo de Coordinación de Seguridad Privada, por cuanto "hace años que no se celebra".

FUENTE: cronicaglobal.elespanol.com AQUÍ

MADRID: Getafe pondrá vigilantes de seguridad en dos bloques de 147 viviendas para que no entren okupas

El Ayuntamiento de Getafe contratará vigilantes de seguridad en dos bloques de 147 viviendas públicas de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) cuyos adjudicatarios llevan tiempo movilizándose al acumular un retraso de seis años en la entrega en el barrio de El Rosón.

Así, la EMSV ha licitado por 22.454 euros el contrato durante un mes al tener que poner vigilancia en los dos edificios hasta la firma de las escrituras y entrega de las viviendas a los adjudicatarios para "impedir cualquier tipo de allanamiento, ocupación, vandalismo o suceso dentro de las instalaciones". La prestación del servicio de vigilancia y seguridad consistirá principalmente en una acción de carácter preventivo, cuya finalidad es la de vigilar y proteger los edificios frente a cualquier actividad delictiva, así como intervenir en situaciones de peligro o emergencia, dando una respuesta rápida y eficaz ante contingencias imprevistas como accidentes, incendios u otros siniestros o sucesos similares.

Se deberá efectuar la vigilancia de las obras de edificación con atención especial a las zonas y accesos que pudieran presentar un riesgo de seguridad más elevado, con controles de identidad en el acceso a los recintos. Además, se deberá colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "poniendo a su disposición a los delincuentes localizados en el lugar, así como instrumentos, efectos y pruebas de los delitos". El pasado mes de junio, el concejal de Vivienda, Angel Múñoz, afirmó que las viviendas se entregarían en "las próximas semanas", una vez se contemplen las certificaciones finales de obra con sus visados y la documentación complementaria, para abordar los trámites de entrega de obras, calificación definitiva y licencia de primera ocupación que permitirá concluir el proceso edificatorio".

Asimismo, recordó que durante estos años se han encontrado con dificultades como suelos contaminados, abandono de las obras por la constructora, la pandemia y 'Filomena', "pero a pesar de todo las viviendas son una realidad y en breve se entregarán a sus destinatarios".

FUENTE: www.telemadrid.es AQUÍ