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Ahora solo hay seguridad privada en 21 prisiones, un proyecto piloto que en nueve meses ha costado 7,3 millones de euros. En una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno anuncia que ampliará la vigilancia privada a todos los centros penitenciarios, excepto Cataluña. El objetivo es que vigilantes privados controlen la seguridad exterior, supervisados por un pequeño retén de la Guardia Civil. Los sindicatos critican la falta de transparencia total en este asunto, "que solo persigue dar negocio a las empresas privadas".
El Ministerio del Interior ha confirmado lo que ya estaba previsto: que privatizará la seguridad exterior de todas las cárceles españolas. Ahora, esta vigilancia privada solo funciona en 21 centros penitenciarios como proyecto piloto, en un sistema mixto en el que agentes privados refuerzan la labor de la Guardia Civil. Pero el pasado 24 de abril, en respuesta parlamentaria a la diputada socialista María del Puerto Gallego Arriola, el Gobierno anunció que "en la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios". Hay 63 prisiones que dependen del Estado (las 14 de Cataluña dependen de la Generalitat), por lo que el Ejecutivo del PP tiene previsto llevar la vigilancia privada a los 42 centros que aún no la tienen. No hay fecha para la implantación de esta segunda fase. Tampoco se ha informado cuánto costará, ya que el Gobierno matiza que "no es posible en estos momentos cuantificar el coste que supondrán estos servicios".
El Gobierno sí asegura que en los diez meses que lleva operativo el proyecto piloto este ha sido positivo, ya que "los servicios prestados han cumplido en su totalidad las condiciones establecidas en el contrato". Interior no puede dar información del informe de evaluación del plan piloto porque "está basado en datos operativos y afectan a la seguridad de los centros". José Ramón López, presidente del sindicato Acaip, critica la falta de transparencia que siempre ha rodeado este proceso de privatización. "Nunca nos han informado ni nos han dado cifras: coste, efectivos contratados, que empresas privadas se llevarán el servicio... y faltaría más que el proyecto piloto no saliera bien. Si antes, por ejemplo, habías doce guardias civiles vigilando un perímetro, y durante diez meses han seguido los doce guardias más cuatro vigilantes privados, cómo para no salir bien".
Adolfo Fernández, de CSIF-Instituciones Penitenciarias, cree que el Gobierno persigue sustituir el modelo público por el privado. "No sabemos si el proyecto piloto ha salido bien. Eso dice el Gobierno. El oscurantismo en este tema es total. Pero en la prisión de Teixeiro, en A Coruña, alguien pintó las paredes de la cárcel, algo que no había pasado antes, lo que demuestra que hubo fallos". Ocho empresas privadas fueron las adjudicatarias del proyecto piloto en 21 prisiones: Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que aglutina a varias de las ocho empresas adjudicatarias, no ha querido hacer declaraciones a 20 minutos.
Lo que se prevé, señalan desde Acaip, es implantar un sistema mixto en la seguridad exterior de las cárceles. Es decir, que los vigilantes privados nunca estén solos, sino supervisados por un pequeño retén de la Guardia Civil. Como pasa en los aeropuertos. La argumentación de Interior es que con la actual limitación de contratación pública provocada por la crisis (se han perdido casi 3.000 policías nacionales en solo dos años y hay 2.570 guardias civiles menos), gran parte de los agentes de las prisiones se podrán destinar a otras funciones.
Nuevo negocio para las empresas de seguridad La segunda clave de esta privatización es dar más negocio a las empresas de seguridad, que han perdido contratos con la reducción de la amenaza terrorista y el parón de la obra pública (hay menos obras que vigilar). "Lo que se ha hecho es una redistribución del gasto público con estas empresas. Antes ganaban con los contratos de escoltas y ahora, que ya no tienen estos contratos, lo ganan con las cárceles", señala José Ramón López. Las estadísticas que maneja el Gobierno señalan que hay margen para crecer, porque en España hay 195 vigilantes privados por cada 100.000 habitantes, frente a los 271 de media en la UE. La patronal Aproser, que aglutina a doce empresas que controlan el 70% del negocio de la seguridad en España, informa en su web que la facturación total del sector fue en 2012 (últimos datos) de 2.994 millones de euros, un 6,8% menos que en 2011. Y en 2011 ya cayó un 5% respecto a 2010. Los contratos de vigilancia, por ejemplo, bajaron un 8% en 2012.
CSIF-Instituciones Penitenciaras cree que Interior debe ser transparente en este tema, ya que ni siquiera se facilitan los contratos con estas empresas, que se adjudicaron sin concurso, sino por invitación. "¿Cuántas empresas llevarán la vigilancia de 62 prisiones?, ¿cuantos vigilantes se contratarán?, ¿cuántos guardias civiles se irán?, ¿es más barata la seguridad privada? Obviamente será más caro, porque hay que pagar el sueldo de los vigilantes y el margen de beneficio de las empresas", señala Fernández. Como ya publicó este diario, otra respuesta parlamentaria informó en julio del año pasado que Interior iba a pagar 7,39 millones de euros a las ocho empresas del proyecto piloto durante nueve meses. Luego una simple extrapolación haría que la misma seguridad en 63 prisiones durante un año costase 30 millones de euros.
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