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2 de mayo de 2020

STS-A, A.S. y SPV solicitan a Securitas la adecuación y los medios necesarios para la realización de la formación online

Las Secciones Sindicales de STS-A, ALTERNATIVA SINDICAL y SPV han solicitado formalmente a la dirección de Securitas Seguridad España S.A. en su Delegación de Sevilla la adecuación y los medios necesarios para la realización de la formación online y el ajuste del porcentaje de formación aprobado por el gobierno.

En su comunicación las Secciones Sindicales firmantes, tras haber recibido los trabajadores de la Delegación de Sevilla en sus cuadrantes de trabajo 10 horas de formación, en concepto del 50 % de la formación anual obligatoria, en modo online, han subrayado que la orden INT 369/2020 permite el realizar el 100% de la formación en modo online, por lo que reclaman el ajuste del porcentaje de formación aprobado por el gobierno.

Asimismo denuncian que la empresa no ha contactado en ningún momento con la representación de los trabajadores para adaptar a la plantilla ni consultar su disponibilidad para poder realizar la formación en modo online. Los firmantes razonan que la empresa desconoce qué porcentaje de la plantilla dispone de medios adecuados para la realización de la formación en modo online, ni ha dado instrucciones sobre la plataforma, claves, programas de instalación, etc. Necesarios para efectuar dicho modelo de formación.

STS-A, A.S. y SPV reclaman en su escrito que la empresa debe de dar facilidades para que se puedan desarrollar sus exigencias en materia de formación, bien permitiendo que se usen los equipos informáticos de los servicios, bien que se adapte una sala en las oficinas, garantizando la seguridad de los trabajadores, para que puedan desarrollar la formación online.

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CÁDIZ: Reconocen el derecho de una trabajadora a adaptar su jornada laboral para conciliar su vida familiar

¿Una trabajadora con reducción de jornada por guarda legal puede adaptar su jornada laboral para no trabajar los fines de semana?

El Juzgado nº 2 de Cádiz reconoce el derecho de una trabajadora a adaptar su jornada (ya reducida por guarda legal) de lunes a viernes, librando los sábados, para poder así conciliar su vida familiar.

Sentencia del JS - Cádiz - 09/01/2020 en materia de Concreción horaria de la reducción de jornada El Juzgado nº 2 de Cádiz reconoce el derecho de una trabajadora a adaptar su jornada (ya reducida por guarda legal) de lunes a viernes, librando los sábados, para poder así conciliar su vida familiar.

Supuesto de hecho Una trabajadora con una reducción de jornada del 60% por guarda legal, viene prestando servicios como profesional de ventas en un centro comercial, en turnos rotatorios de mañana o de tarde, de lunes a sábados. En fecha 19/10/2019 la trabajadora solicitó adaptar su reducción de jornada, al amparo del artículo 34.8 ET, manteniendo el sistema de turnos semanales alternos, pero de lunes a jueves (en vez de lunes a sábados), ya que su marido pasa gran parte del año en provincias lejanas por motivos laborales. En fecha 29/07/2019 la empresa denegó la solicitud argumentando que los fines de semana existe una mayor afluencia de público y de volumen de ventas, siendo necesaria su presencia para esos días. Ante tal negativa, la trabajadora interpone demanda solicitando que se reconozca el derecho a adaptar su jornada en el horario solicitado.

Consideraciones jurídicas La cuestión litigiosa consiste en determinar si la trabajadora tiene derecho a modificar los días de cada semana en los que realiza el sistema de turnos rotatorios. En primer lugar, el juzgador considera que la adaptación de jornada del artículo 34.8 ET reconoce el derecho de los trabajadores a proponer la adaptación de su horario de trabajo que facilite la conciliación de la vida familiar y laboral. Para poder denegar la solicitud del trabajador, el empresario deberá demostrar que confluyen razones más poderosas, normalmente organizativas, por las cuales se opone a la propuesta del titular de este derecho, realizando en su caso, alternativas a esta propuesta.

No obstante, razona la sentencia, la Ley no permite que sólo por pérdidas hipotéticas o por necesitar hacer cambios organizativos ya se deba anular este derecho. En el supuesto concreto, razona la sentencia, aunque la empresa ha probado que durante el fin de semana el volumen de ventas en el centro comercial es mayor que entre semana, también es igual de notorio que en fin de semana es cuando más tiempo y necesidad hay de tener vida familiar. Además, la trabajadora ha acreditado que tiene una clara dificultad organizativa de nivel gravoso, por trabajar su esposo mucho tiempo en provincias lejanas, además de soportar el coste de reducción de jornada, al trabajar el 60% del tiempo ordinario. Por todo ello, el juzgador considera que la trabajadora deberá prestar servicios los viernes en favor de la organización de la empresa, pero no deberá acudir los sábados para poder así atender su vida familiar.

Conclusión: A través de pronunciamientos como este, los Tribunales van perfilando que el derecho a la adaptación de jornada del artículo 34.8 ET no es un derecho indisponible del trabajador y que el empresario está obligado a conceder en todos sus términos. La jurisprudencia realiza una ponderación de intereses entre las partes implicadas, por lo que resulta imprescindible que tanto el trabajador para solicitar la adaptación de su jornada como la empresa para denegarla, lo realicen de forma motivada. En este sentido, el Juzgado núm. 2 de Cádiz estima parcialmente la petición de una trabajadora que solicitó prestar servicios de lunes a jueves, fijando la concesión horaria de trabajo de lunes a viernes (librando los sábados).

FUENTE: publicaciones.grupolexa.com AQUÍ

El juez impone una fianza a UGT de 40,7 millones por el desvío de subvenciones en Andalucía

El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra la cúpula de UGT Andalucía durante los años investigados por el desvío de subvenciones y la presunta financiación irregular del sindicato.

El titular del juzgado, Juan Jesús García Vélez, ha enviado al banquillo a los acusados por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil e impuesto una fianza de 40,7 millones de euros a la organización sindical, como responsable civil subsidiaria, por la utilización ilegal de los fondos públicos, según la notificación que se conoció ayer a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento está pendiente ahora únicamente de la fijación de una fecha para la celebración del juicio oral contra el ex secretario general de UGT-A, Francisco Sevilla, y otros 13 acusados que o bien formaban parte de la dirección del sindicato en aquellos años o bien de las empresas que participaron en la trama creada para el desvío de las subvenciones que recibían de la Junta para la formación de personas desempleadas.

La investigación judicial se ha centrado en el sistema de facturas falsas y alquileres ficticios a través del cual el sindicato inflaba los gastos con los que justificaba las subvenciones, elevándose el fraude supuestamente cometido a 40.750.047,74 euros, que es lo que se le reclama al sindicato en concepto de fianza para asegurar la responsabilidad civil subsidiaria que pudiera derivarse de la causa, bajo amenaza del embargo de sus bienes. De la misma manera, aunque en cuantías mucho menores, se reclama de forma subsidiaria fianza a las empresas que se prestaron supuestamente al amaño de las facturas y que son Lienzo Gráfico, Publicar DM, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía, para el caso de que los acusados vinculados a estas sociedades no presenten las fianzas que respectivamente se les ha exigido.

El proceso judicial se inició tras destapar EL MUNDO las artimañas utilizadas por el sindicato para perpetrar el presunto fraude, desvelando facturas y correos electrónicos en los que se detallaban instrucciones para evitar los controles que permitieran el desvío de más de 40 millones de euros en subvenciones. Los hechos investigados tuvieron lugar entre los años 2009 a 2013 y el juez que los ha investigado considera que hay indicios suficientes para afirmar que la dirección de UGT Andalucía y sus "proveedores de confianza" se pusieron de acuerdo para «facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias». Ello suponía la «aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido», afirmaba el juez en el auto de declaración de procedimiento abreviado, dictado en diciembre pasado.

Y ese desvío se realizó a través de varias herramientas contables, entre las cuales el juez ha detallado las conocidas como "bote" y "rápel", además de los alquileres ficticios con los que se justificaban esos gastos fantasma. Además del que fuera secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández, que tuvo que dimitir tras estallar el escándalo, también hay acusadas otras 13 personas, entre ellos varios miembros de la dirección del sindicato como el que fuera su tesorero Federico Fresneda o María Charpín, secretaria de gestión económica y Dolores Sánchez, responsable del departamento de compras. También se sentarán en el banquillo Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de Soralpe. Otros 9 acusados son proveedores que se prestaron presuntamente al amaño y falsificación de las facturas. También llegó a estar acusado otro máximo responsable del sindicato en Andalucía, Manuel Pastrana, que fue secretario general de UGT-A desde 1998 a 2013 y que ha quedado finalmente exculpado de la causa por la enfermedad que padece.

1 de mayo de 2020

«La gente cada vez valora más nuestra labor»

Alba Calahorra, de Prosegur, cree que el trabajo de las empresas de seguridad se ha hecho más visible en estos días de pandemia«La gente cada vez valora más nuestra labor»

La importancia de la labor de un vigilante de seguridad reside en el hecho de que completa la función de los cuerpos policiales con su presencia en lugares donde habitualmente éstos no pueden llegar. Eso se ha visto claramente desde que llegó la pandemia, especialmente en espacios públicos donde habitualmente se concentra un mayor número de personas, como los supermercados. Estos días, los profesionales de estas empresas tienen que estar mucho más alerta, si cabe, pues a su trabajo cotidiano se une ahora el control y vigilancia de que todo el mundo cumple con rigor las medidas de distanciamiento social y de higiene. Unas normas que poco a poco los burgaleses han ido interiorizando hasta lograr un respeto generalizado. 

Alba Calahorra, empleada de Prosegur, explica que su trabajo en sí no ha variado, pero sí lo que se encuentra en los lugares que recorre. Ella realiza una vigilancia itinerante por espacios propiedad del Ayuntamiento, como los centros cívicos, los mercados de abastos o la estación de autobuses. «Estás acostumbrada a llegar a la terminal y verla llena de gente, de coches de línea. Ahora está desierta, no hay prácticamente movimiento más allá de los que tienen que irse por motivos laborales», describe. Por lo general, Calahorra asegura que el cumplimiento es total y apenas se ha encontrado a personas quebrantando la norma, salvo alguna que otra excepción: «La concienciación es total, incluso en las medidas de distanciamiento. Y eso que es lo más difícil, porque instintivamente a todo el mundo le puede pasar que se acerque a otro más de la cuenta o que toque algo sin necesidad». 

Esa costumbre, tan difícil de olvidar en una sociedad como la española, de darse la mano o de mostrarse amable con los demás es lo que, a juicio de esta vigilante de seguridad, más va a costar a medida que pasen las semanas. «Ya no lo digo solo por mi trabajo. Es evidente que, sobre todo en los mercados, hay veces que tienes estar pendiente porque algunos se acercan más de la cuenta al mostrador, aunque no lo hagan aposta. Cuando les adviertes lo entienden perfectamente. Eso nos va a pasar a todos en nuestra vida privada», sostiene.  Resulta curioso escuchar cómo Alba relata sus visitas a unos centros cívicos vacíos, sin vida y sin el bullicio de antes de que llegara el coronavirus. «No ha cambiado mucho», matiza, «salvo porque dentro no hay nadie». Sus rondas rutinarias para comprobar que no se han cometido actos vandálicos o que no hay ninguna tubería dañada que haya provocado una fuga son el pan nuestro de cada día. 

«Los primeros días hubo más nerviosismo, pero por la incertidumbre de no saber qué va a pasar, como puede tener cualquier otra persona», responde a la pregunta de si ha vivido momentos duros a lo largo de este último mes y medio. «Lo peor es el miedo a contagiarte y llevarlo a casa. A veces tenemos que estar lejos de los que más queremos y tener un cuidado especial», añade. Lo cierto es que el riesgo que corre un vigilante de seguridad es muy similar al de un policía o un bombero, salvo que, tal vez, esté algo más invisibilizado. «Al principio la gente nos miraba con algo más de respeto, puede que por llevar un uniforme, pero creo que cada vez han ido valorando mucho más nuestro trabajo. No dejas de estar de cara al público, igual que otro cuerpo policial, y las personas son conscientes de que asumes un peligro. A mi me han llegado a agradecer mi función», subraya. 

En el caso de Alba Calahorra, la incertidumbre está anclada en su vida tanto a nivel personal como laboral. No en vano, va a tener que estar muy pendiente de perder costumbres arraigadas en nuestro día a día y recordárselas a los demás. «Tendremos que estar alertas porque el objetivo es que no haya otro repunte», sentencia.

Detectives: Si seguimos sin trabajar el ciudadano estará indefenso

Qué servicios prestan los detectives privados en Albacete?Mascarillas que no llegan a su destino, empresas que presentan ERTE fraudulentos o un padre que no protege bien a sus hijos del coronavirus son delitos que han aumentado en el estado de alarma y que los detectives pueden resolver. Por eso piden volver a salir a la calle sin cortapisas, para defender al ciudadano.

Los detectives privados quieren ser útiles y evitar la sensación de impunidad a quienes están aprovechando el estado de alarma para cometer irregularidades. Ya les llaman por más casos y prevén recibir muchos más cuando acabe el confinamiento, advierten varios de ellos en declaraciones a Efe. Son unos 2.000 profesionales activos, de 5.000 acreditados -un 30 por ciento mujeres-, que consiguen su Tarjeta de Investigador Profesional (TIP), expedida por el Ministerio del Interior, tras un Grado que les convierte "en unos de los profesionales mejor formados del mundo", explican a Efe desde la Asociación Profesional de Detectives Privados de España y el Colegio de Detectives Privados de Cataluña.

Las pruebas que obtienen son válidas ante los tribunales en delitos perseguibles a instancia de parte. Por eso, todos los colegios y asociaciones profesionales que les representan han enviado un escrito conjunto a los ministerios del Interior, Justicia y Sanidad para ser considerados expresamente colectivo esencial y poder salir a la calle a hacer todas sus averiguaciones. "Desde el 14 de marzo no podemos cubrir los servicios en la vía pública, que son una parte esencial de nuestro trabajo", en algunos casos hasta del 90 por ciento, relata a Efe la presidenta del Colegio de Detectives de Cataluña, Mercedes Ferrán, que destaca que al principio entendieron que no se les considerase colectivo esencial porque la situación era muy complicada y además supusieron que el confinamiento duraría menos. "Pero ahora, un mes y medio después, los clientes demandan que intervengamos", sostiene.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, Enrique Hormigos, incide en que el Decreto del estado de alarma no recoge expresamente si los detectives son colectivo esencial, a pesar de la Ley de Seguridad Privada dice que ésta es "parte integrante de la seguridad pública". Por este motivo algunos profesionales están saliendo a la calle, "jugándose una sanción". Ese es el motivo por el que las asociaciones preguntaron al Gobierno, pero sin obtener respuesta, lo que les genera "una gran inseguridad jurídica" y una situación "de disparate auténtico", porque ni pueden recabar pruebas para defender los derechos de ciudadanos y empresas ni ayudar a las fuerzas de seguridad a detectar delitos relacionados con el coronavirus, como ofrecieron hace semanas a Interior de manera altruista.

DESDE LA CUSTODIA DE MENORES A ERTES FRAUDULENTOS A los detectives privados les piden ayuda padres que aseguran que sus parejas incumplen los términos de la custodia de menores, que dejan a éstos al cuidado de personas de grupos de riesgo, como los abuelos, o les dejan estar con otros niños. En los últimos días esta preocupación se ha agravado ante la vuelta al trabajo de nuevos sectores económicos y la salida a la calle de los menores. También empresarios que ven fuga de información en sus empresas o robo de material, incluidas mascarillas para proteger a sus trabajadores del coronavirus, o bajas médicas fraudulentas.

Los detectives están recibiendo también avisos por estafas a aseguradoras o presentación de ERTES fraudulentos. "Si estos hechos no se pueden probar ante los tribunales, no se garantiza el derecho a la defensa de los ciudadanos", explica Mercedes Ferrán, que anuncia que "estas situaciones van a seguir y tendremos una mayor carga de trabajo" tras la vuelta a la "nueva normalidad". Los detectives privados suelen trabajar con abogados y prevén un "futuro colapso judicial" por acumulación de casos, al que se puede sumar que no haya pruebas de cargo. "El impacto económico y social es incalculable y pone en riesgo los objetivos de recuperación tras la pandemia", sostiene el colectivo en un comunicado conjunto, donde se subraya que "la labor de vigilancia y seguimiento de los detectives podría suponer una ayuda valiosísima para las Fuerzas de Seguridad del Estado en el control de las actuaciones contrarias al estado de alarma", lo que da ya muy buenos resultados en otros países.

Sergi Arias, del despacho S&S Detectius de Vic (Barcelona) y con más de 20 años de profesión, define en declaraciones a Efe como "un tortazo importante" el hecho de no poder salir a la calle a hacer su trabajo, ya que al no ser expresamente colectivo esencial, les pueden multar en una cuantía superior al algunos servicios. Su trabajo ha sufrido un gran parón. Por su parte Eduardo Navasquillo, del despacho Sicura de Madrid, sostiene que su labor habitual no se ha visto prácticamente afectada, aunque si sufre las limitaciones de otras entidades o instituciones, como los registros, y algunas investigaciones no podrá culminarlas hasta que acabe el estado de alarma. Este investigador y criminólogo, con 30 años de experiencia y casos abiertos de todo tipo, ha salido a la calle a hacer su trabajo y cuando la Policía le ha parado ha enseñado su tarjeta y "no ha habido problema", explica a Efe mientras duda de que "solicitar ser colectivo esencial sea lo más adecuado.

CÁDIZ: San Roque entregará ocho medallas de la ciudad a los héroes de la lucha contra el coronavirus

Ayuntamiento de San Roque, CádizPersonal sanitario, fuerzas del orden, voluntarios, trabajadores de limpieza y de supermercados, agricultores y comunidad educativa. entre los galardonados

El Pleno Institucional de Honores y Distinciones con motivo del Aniversario de la Fundación de la Ciudad distinguirá con la Medalla de Oro de San Roque a ocho colectivos de lucha contra el Covid-19 (coronavirus). Así se decidió por unanimidad en el Pleno Ordinario de la Corporación celebrado el jueves. Respaldaron la propuesta de la Alcaldía PP, 100x100, Adelante San Roque y Ciudadanos, por lo que fue aprobada por unanimidad.

Así, se acordó conceder la Medalla de Oro a ocho grupo de colectivos, lo que sucederá el próximo 21 de mayo de manera simbólica habida cuenta las actuales restricciones derivadas del estado de alarma; y que una vez se supere esta crisis sanitaria, se celebrará un Acto Institucional para la entrega pública de estas distinciones en la forma y fecha que se determine por parte de la Corporación Municipal. Además, no se descarta incluir otros colectivos que se hayan significado por su ayuda a la población durante el confinamiento.

En concreto, se acordó conceder la Medalla de Oro de la Ciudad al Personal sanitario, un reconocimiento a los profesionales de los Centros de Salud de San Roque y sus barriadas, al personal del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este y su Hospital de referencia en La Línea de la Concepción y a los profesionales de las farmacias de nuestro municipio. También al personal dedicado a la atención de personas mayores: reconocimiento a las plantillas del CRM “Centro del Mayor” y las residencias de mayores “Fundación La Milagrosa” y “Pergomar” así como al personal que trabaja en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

El tercer grupo, a los Agentes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: reconocimiento a los efectivos de la Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, Infantería de Marina participante en la Operación Balmis, Policía Nacional, personal de seguridad privada y voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil. Asimismo, y dada la excepcionalidad de la situación creada en la lucha contra la pandemia, reconocer a la Guardia Civil aun cuando en el año 2019 recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de San Roque con motivo de la conmemoración del 175 aniversario de su fundación.

También recibirá la Medalla de Oro el personal encargado de tareas de limpieza: reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), limpieza viaria y limpieza de edificios municipales. El sector de la alimentación recibirá el reconocimiento a las personas empleadas en supermercados y tiendas de alimentación, profesionales de la logística, transportistas y reponedores que han garantizado el suministro alimentario. Otro grupo reconocido es el de los voluntarios: junto a estos sectores esenciales, distinguir igualmente con la Medalla de Oro de la Ciudad a los voluntarios, personas anónimas que han contribuido de manera altruista y desinteresada en la lucha contra el coronavirus.

En este grupo merecen este reconocimiento de la Ciudad de San Roque las personas anónimas que, desde sus casas, y con mucho esfuerzo y horas de dedicación, han confeccionado miles de mascarillas que se han repartido en nuestro municipio y en localidades vecinas para proteger a la población y evitar de esta manera la propagación de la enfermedad. También merecen ser distinguidos con la Medalla de Oro de la ciudad los agricultores que de manera desinteresada han aportado sus maquinarias para llevar a cabo tareas de desinfección en los espacios públicos más concurridos. Igualmente, reconocer a los comercios solidarios: varios bazares chinos y otros establecimientos que han cedido material para la confección de mascarillas y material de protección.  También serán reconocidas entidades sin ánimo de lucro que colaboran de manera solidaria con las dificultades que atraviesan familias del municipio como consecuencia del Covid-19. En especial, el reconocimiento a los cinco grupos de Cáritas, en San Roque y las barriadas, y a la ONG Apoyo Mutuo.

Por último, recibirán la Medalla de Oro la Comunidad Educativa: reconocimiento a los profesores, alumnos, AMPAs, padres y madres y a los monitores del Plan de Refuerzo de la Alimentación Infantil. Por tanto, se acordó conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a los colectivos antes reseñados en un Pleno Institucional que se convocará el próximo día 21 de mayo y que comenzará con un minuto de silencio en memoria de todas las personas fallecidas como consecuencia del Covid-19.

Llega la toma de temperatura contra la covid: “Tiene 38º, no puede entrar a la tienda”

Las cámaras térmicas o tecnologías similares serán una de las novedades tras el fin de la cuarentena.

El día en que los comercios vuelvan a abrir tras el confinamiento, muchos tendrán un nuevo portero: una cámara térmica para tomar la temperatura corporal de trabajadores o clientes. Amazon acaba de comprar 1.500 cámaras por 10 millones de dólares a una polémica empresa china, Dahua, acusada por Estados Unidos de colaborar en la represión contra los uigures. IBM y Chrysler también han adquirido dispositivos, aunque en cantidades menores.

En el caso de estas empresas, las cámaras se usarán probablemente para el control de empleados en edificios de oficinas. El marco jurídico para trabajadores es distinto al de clientes o pasajeros en tiendas, centros comerciales, espacios deportivos, aeropuertos u otros lugares públicos. Una compañía española, Fibratel, dice que la toma de temperatura será una de las tecnologías clave de la nueva normalidad. Otra empresa española, Beabloo, ha presentado esta semana una solución para el control de interiores. Uno de sus elementos clave será una cámara térmica a la entrada.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha detectado esta tendencia a tomar la temperatura “aparentemente de forma generalizada y en muy variados entornos”. En un comunicado publicado este jueves, la AEPD quiere mostrar “su preocupación por este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el criterio previo y necesario de las autoridades sanitarias”.

¿Cómo funcionan estos aparatos? La temperatura puede medirse de muchas maneras, desde termómetros de infrarrojos que apuntan a la frente o la pupila, a cámaras térmicas móviles o fijas. Las cámaras son uno de los sistemas más flexibles porque no requieren que el trabajador o cliente se detenga ante ellas. Para mejorar su fiabilidad, las opciones más refinadas colocan en el campo de visión de la cámara un “cuerpo negro”, que sirve de referencia para calibrar la temperatura y reducir el margen de error.

La cámara capta la temperatura de todo el que entra en un recinto. La decisión de a qué temperatura poner el límite y qué hacer con quien la supere la fijará cada empresa o comercio. “El vigilante de la puerta recibirá una alerta en tiempo real, en su móvil o en una pantalla, y podrá parar a esa persona”, dice Alex de Dios, director legal de Beabloo. Es posible que le haga volver a pasar para verificar su temperatura. Es improbable que en los próximos meses chorros de clientes entren a la vez en tiendas, lo cual facilita el sistema. Una vez detectado el posible infectado, el vigilante puede bloquearle el paso o buscar una solución intermedia. “Otra solución puede ser dar una mascarilla a esa persona, crear un carril rápido para atenderla antes o incluso comenzar a repartir mascarillas y guantes al resto la gente en tienda”, explica De Dios. El software de Beabloo permite lanzar mensajes por pantallas o altavoces en tiempo real, así que cualquier opción distópica es posible.

¿Es todo esto legal? Por ahora, sí. No hay una regulación específica. A la Agencia Española de Protección de Datos le preocupa esta identificación del posible infectado en directo. “Una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus”, aseguran.

Las palabras de la AEPD advierten y recomiendan, pero no llevan ninguna carga reguladora. Hay ahora mismo un debate entre juristas. “Es el gran tema ahora mismo”, dice Jorge García Herrero, abogado especializado en privacidad. Como dato personal, la temperatura está regulada por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Pero por sí sola no es un elemento identificador de nadie: que una persona tenga 38º no dice nada de él. “El problema es a qué datos va unida y las decisiones que se deriven”, dice Elena Gil, abogada experta en privacidad.

Como ocurre con otras soluciones urgentes, la medición de temperatura es solo una medida provisional que nos da sensación de control. Pero su eficacia es discutida: “Ahora mismo no hay medios más eficaces y accesibles a la población”, dice Gil. “Una base de este debate es si tomar la temperatura es eficaz y creo que sí porque la OMS afirma que casi el 90% de las personas con la covid-19 experimenta fiebre. Hay por tanto un interés en medir la temperatura de alguien, siempre de acuerdo con el criterio de las autoridades sanitarias”, añade. García Herrero tiene sin embargo muchas más dudas. “Las restricciones de derechos tienen que ser idóneas, necesarias y proporcionales. Si tomar la fiebre no detecta que alguien tiene el virus, y resulta que un enfermo puede estar contagiando el virus sin tener síntomas visibles, entonces la prueba no solo no es eficaz, sino que puede ser contraproducente por crear una falsa sensación de seguridad”, explica. Con la momentánea falta de regulación concreta y el debate jurídico abierto, es probable que las empresas tiendan a querer dar las garantías que tienen a mano tanto a su personal como a sus clientes.

La distopía dentro de las tiendas Dentro de los edificios, la herramienta de Beabloo, avalada por Microsoft e Intel, ofrece soluciones poco imaginables hasta hace poco. Los sensores y cámaras que hay en los techos observan la posición de cada persona en el espacio cuatro veces por segundo. Eso permite controlar la distancia entre ellas y analizar los lugares más concurridos. Dentro de una tienda grande pueden crearse caminos para que las aglomeraciones sean menos probables. La intención de Beabloo es crear una app de realidad aumentada que permita ver en tiempo real los puntos calientes del establecimiento: los posibles focos de contagio. Esas zonas sirven también para la desinfección nocturna.

Las cámaras dentro de las tiendas permiten “leer” caras y ver si llevan máscaras o aventurar una edad aproximada. Sería un modo de avisar al personal que debe ponerse una máscara, saber cuánta gente hay en la tienda sin ella, o la cantidad de ancianos, principal grupo de riesgo del coronavirus. Todas estas opciones las ofrece la tecnología. La actuación concreta dependerá siempre de cada empresa. El aeropuerto de Estambul ya usa esta solución de Beabloo, como otros clientes españoles, aunque la compañía no ha querido revelarlos. Beabloo también habría presentado su tecnología al Ministerio de Sanidad, que por ahora no habría decidido nada.

Todo esta tecnología ayuda a evitar contagios, pero no soluciona la pregunta definitiva: ¿estará el virus en algún lugar de esta tienda? Beabloo ha contactado con epidemiólogos para que les expliquen cuánta gente como máximo debe haber en una determinada cantidad de metros cuadrados, cuántas interacciones y de cuánto tiempo es razonable que un empleado mantenga con los clientes y cuánto tiempo puede sobrevivir el virus por ejemplo en piezas de ropa o en otra superficie.

Casi 600.000 familias afrontan este 1 de mayo sin ningún tipo de ingresos

El humor de Juárez - Mayo 2020 - Actualidad - Vídeos - Diario de ...Este viernes será un primero de mayo totalmente inusual, pero «más necesario que nunca». Así lo entienden los dos principales sindicatos del país, UGT y CC OO, que animan a todos los ciudadanos a reivindicar sus derechos aún con más fuerza y a rendir un hondo homenaje a las más de 24.000 víctimas del coronavirus y a esos trabajadores que están arriesgando sus vidas con muy poca protección para luchar contra esta pandemia.

No habrá manifestaciones multitudinarias en las calles, ni tampoco clandestinas (tal y como tenían lugar en los tiempos de dictadura). Será una protesta virtual, en la que los trabajadores tendrán que alzar su voz a través de las redes sociales. Una forma novedosa, nunca utilizada hasta ahora, pero tampoco se había vivido a lo largo del último siglo una situación de emergencia como la actual. Esta crisis sanitaria ha llegado cuando el país todavía no había conseguido recuperarse totalmente de la Gran Recesión y ha elevado el ya de por sí escandaloso número de parados que todavía arrastra España: más de 3,3 millones, lo que supone 1,5 millones más que en 2007.

Y lo que es todavía peor: más de 1,1 millones de familias tienen en el desempleo a todos sus miembros, tras aumentar en este primer trimestre en más de 60.000 por efecto del Covid-19, lo que supone el doble que antes de la crisis de 2008. Además, cerca de 600.000 hogares no tienen ningún tipo de ingreso. Para ellos los sindicatos exigen al Gobierno que cierre el círculo de protección social con la puesta en marcha «inmediata» del ingreso mínimo vital, «aunque sea de forma temporal». Temporal es además el empleo de uno de cada cuatro trabajadores, un colectivo especialmente golpeado por esta crisis, puesto que nueve de cada diez puestos destruidos en esta pandemia eran eventuales. «Nunca seguramente el movimiento sindical tenía tantos motivos para reivindicar», aseguró este jueves Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que pidió cambios en el mercado de trabajo, en el modelo productivo del país y abogó por la necesidad de fortalecer un sistema publico que ahora se ve más necesario que nunca.

34.000 sanitarios menos A día de hoy todavía faltan por faltan por recuperar casi 60.000 empleos de los cerca de 400.000 que se destruyeron en el sector público durante los años de crisis. E Incluso en este primer trimestre del año, coincidiendo con el estallido de la pandemia, se han perdido 34.400 puestos de trabajo en la rama de actividad de la sanidad y residencias, precisamente cuando más se necesitaban, después de haberse alcanzado en 2019 el máximo de empleo en este sector, que llegó a aglutinar a más de 1,74 millones de trabajadores. Su homólogo de CC OO, Unai Sordo, instó a «reflexionar mucho sobre en qué condiciones laborales vienen trabajando muchos de los sectores que se han visto ahora como esenciales» y defendió que la derogación de la reforma laboral está «plenamente vigente» y «debe formar parte de las prioridades políticas».

1º Mayo, Día de la Clase Trabajadora


El Gobierno propone un gran acuerdo contra la precariedad laboral

Associació de Persones Aturades de Més de 45 Anys: El drama de la ...Yolanda Díaz señala que no se puede defender “un modelo basado en la precariedad, la temporalidad, la rotación de contratos y los bajos salarios”

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comparecido, ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, para llamar a todas las fuerzas políticas a un “gran Acuerdo contra la Precariedad”, en un mercado laboral español “dominado por la temporalidad, por las relaciones laborales precarizadas, las rotaciones de contratos y los bajos salarios”.

“Es necesario -ha dicho- vincular la salida de la actual crisis a la eliminación de la precariedad, una anomalía laboral de nuestro país”, recordó Díaz, que se preguntó “¿quién puede hoy en día defender un modelo laboral que nos obliga a escoger entre paro y precariedad? Nunca más tenemos que afrontar esa elección. No podemos permitir que esta crisis acentúe las desigualdades ya existentes en nuestro mercado laboral”, concluyó. Díaz, que ha incidido en que las personas trabajadoras jóvenes y las mujeres son las principales víctimas de la temporalidad y la precariedad, ha señalado que “tenemos que corregir las debilidades de nuestra estructura productiva y empresarial, acabar con la cultura de la precariedad y disponer de un nuevo marco normativo que tenga como objetivo estratégico la estabilidad en el empleo, la modernización de la empresa en España y la mejora de la productividad”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN La ministra de Trabajo y Economía Social ha indicado el desarrollo de un paquete de medias con los siguientes objetivos:

-La salvaguarda de la salud laboral. “El gobierno de España ha priorizado la salud por delante de cualquier otro objetivo, y desde el Ministerio hemos desarrollado las medidas para garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”.

-Asegurar el mantenimiento de los empleos. “Hemos establecido todos los mecanismos a nuestro alcance para evitar la pérdida de empleo durante el estado de alarma, pero también durante la crisis social y económica que la pandemia ha generado”.

-Otorgar protección a todas las personas trabajadoras durante la emergencia, “para que dispongan de ingresos durante el período en que no pueden trabajar, y por otra parte, para que quien haya perdido su empleo disponga de prestación”.

“El Gobierno ha situado como prioridad salvar vidas, y sabemos que la reactivación económica y el mantenimiento del empleo están en el núcleo de la estrategia para detener esta pandemia”. La ministra de Trabajo ha pormenorizado las medidas de protección de la salud en los centros de trabajo durante la crisis sanitaria de la Covid 19, de protección del empleo, con especial incidencia en el mecanismo reforzado de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y de otras herramientas como los subsidios a colectivos específicos, el impulso a la economía social y la adaptabilidad de las condiciones de trabajo. Además, Díaz ha desglosado las partidas destinadas a las Políticas Activas de Empleo, que ha repartido, entre las Comunidades Autónomas 1.048 millones de euros.

244.728 PRESTACIONES EN UN DÍA Yolanda Díaz ha reconocido la labor desempeñada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyo personal “aprobó este lunes pasado la prestación por desempleo a 244.728 personas”. La ministra ha analizado las caídas en la afiliación, por sectores y actividades, con especial incidencia en la construcción, y ha detallado las cifras del desempleo durante marzo y abril, mes en el que “el ritmo de crecimiento del desempleo es mucho menor que en marzo”, ha dicho. Además “hay que abordar el tiempo de trabajo y hay que abordar los cuidados”, señaló Díaz, en referencia a las prórrogas aprobadas hoy, en Consejo de Ministros, de las medidas que facilitan el trabajo a distancia o del programa MeCuida, que permite la flexibilidad horaria a las personas trabajadoras para el desarrollo de cuidados de dependientes.

Para finalizar detalló cómo se afrontará “el regreso a la nueva normalidad”, en cuanto a las medidas en el ámbito laboral, tras una etapa de excepcionalidad atenuada, con la configuración de un nuevo ordenamiento de las relaciones laborales para el que, reiteró, “es necesario un gran Acuerdo contra la Precariedad”.