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El próximo 20 de octubre se cumplen dos años desde que la banda terrorista Eta anunciara el "alto el fuego inmediato y definitivo de la actividad armada". Este sábado, casi veinte meses después del histórico comunicado, el Gobierno autonómico de Íñigo Urkullu pone en marcha, rodeada de polémica, la siguiente fase de su plan de seguridad en la que la totalidad de los escoltas privados dejan de prestar servicio en el País Vasco.
Tras años dando la cara por el Estado de Derecho y por la democracia, los escoltas en el País Vasco y en Navarra han acabado siendo algo que recuerda al pasado, a una página de unos trágicos años que la sociedad pretende olvidar. Después de anunciar hace casi veinte meses la banda terrorista Eta que dejaba de manera definitiva la actividad armada, los escoltas, públicos y privados, han visto como la Administración les reubicaba en otra clase de tareas, en el caso de los primeros, o rescindía sus contratos, en el caso de los segundos.
La práctica desaparición de la amenaza terrorista, según el Departamento de Seguridad vasco, ha llevado al Gobierno de Íñigo Urkullu a poner en marcha un plan de reducción de la plantilla de escoltas y guardaespaldas, que a partir de ahora se limitará a 150 agentes de élite de la Ertzaintza, la policía autonómica, y cuyos mandos, contactados por este medio, han declinado hacer declaración alguna. Una vez aterrizado en el Ejecutivo regional, Urkullu decidió proseguir con la hoja de ruta que ya había puesto en marcha su antecesor, Patxi López, y, en colaboración con el Ministerio del Interior, elaboró el denominado documento 'Horizonte 2016', un plan de reestructuración de las fuerzas de seguridad vascas que afectaba de manera directa a los escoltas y a su desempeño profesional.
En los años álgidos de la violencia terrorista, en España trabajaban alrededor de 5.000 profesionales de la seguridad privada. Hoy, con 3.000 personas engrosando las listas del paro según las asociaciones de escoltas, los guardaespaldas se han reducido a apenas 150 'berrozis', ertzaintzas con base en la localidad alavesa del mismo nombre. Fuentes del Ministerio del Interior y del Departamento de Seguridad vasco han señalado, en conversación con este periódico, que dicha reducción de efectivos no atiende "en ningún caso" a motivos políticos o económicos, ya que la "absoluta prioridad" de las fuerzas de seguridad es la protección de los "más amenazados".
En este sentido, se afirma que la reestructuración en materia de escoltas atiende a un nuevo panorama en la amenaza terrorista en la Comunidad Autónoma. Así, serán beneficiarios de este servicio el lendakari, los consejeros autonómicos, los portavoces parlamentarios de los diferentes partidos y los altos cargos de la judicatura regional. Sin embargo, los sindicatos policiales no comulgan con el plan aprobado por el Gobierno vasco. Uno de los puntos que más suspicacias levanta es la de que a partir de este sábado, aunque en algunos casos ya se ha implantado la medida, los escoltas patrullarán en solitario en vez de en pareja, como venía siendo habitual hasta hace unos meses.
Esto, a juicio de los representantes sindicales, pone en peligro no sólo la seguridad del guardaespaldas sino también la de su protegido, "ya que limita la capacidad de reacción del escolta, que se ve mucho más expuesto, y convierte a la personalidad en un blanco muy fácil". El año pasado, el Ministerio del Interior, que comparte con el Ejecutivo autonómico la competencia en materia de protección de personalidades "sensibles", retiró la escolta a algo más de medio millar de personas, lo que supuso un ahorro para las arcas públicas cercano a los 40 millones de euros. En todo el territorio nacional, el número de protegidos asciende a 697 personas, cuando hace menos de un año era de 1.251. Para el presente curso, el Gobierno vasco pretende reducir la partida destinada a los guardaespaldas, que a partir de este sábado serán conocidos como "gestores de seguridad personal", en un 70 por ciento adicional.
Sin embargo, los sindicatos y las asociaciones del gremio se quejan de se les ha dado pocas alternativas de reubicación para los profesionales del sector privado afectados por la rescisión de sus contratos. Muchos de ellos han sido reasignados a tareas de protección de mujeres maltratadas, aunque dicha medida es considerada "insuficiente". Para ello, la Asociación Española de Escoltas (ASES) elaboró un Plan de Reubicación propio, a imagen y semejanza del que tienen otros países europeos como Bélgica, Francia, Reino Unido o Italia, en el que plantea que los escoltas en paro podrían también desempeñar labores de seguridad aérea o la protección de personalidades en otras regiones españolas.
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