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Las 74 empresas de seguridad privada que operan en Castilla y León están empezando a cambiar el pequeño cliente que contrataba una alarma para su piso o chalé, y que ha sido su base de trabajo de los últimos años, por planes de seguridad especializados para grandes promociones de viviendas vacías sin salida inminente, cuyos actuales propietarios, bancos y cajas principalmente, ven cómo son despojadas de cableado, griferías, sanitarios, bañeras, calderas y todo tipo de elementos susceptibles de ser fácilmente transportados en una simple furgoneta. Los destrozos que se contabilizan también son importantes: puertas y ascensores reventados, pintadas y extintores arrojados a la piscina. Así que las entidades financieras recurren a estas empresas para que implanten sistemas de alarma en los pisos e, incluso, se contrata personal de vigilancia por turnos de ocho, doce o 24 horas.
La crisis, explica un especialista en el diseño de este tipo de sistemas de alarma, ha hecho que el pequeño propietario «se lo piense» y renuncie al coste de la seguridad, de forma que las empresas se buscan otros nichos de trabajo. Hace ocho años, recuerda este técnico, «todo el mundo ponía los 600 euros del contrato más los 28 euros al mes por el mantenimiento, pero ahora se está produciendo un goteo progresivo de bajas de residencias particulares, por una parte, y de negocios que cierran, por otro; sobre todo, se está notando mucho también en el pequeño comercio». De esta forma, las compañías se están especializando en instalaciones más complejas, «también porque el seguro obliga a poner alarmas, por ejemplo, en naves industriales».
Esperan un cambio legal para patrullar en propiedades agrarias Otro campo de especialización que está casi virgen es la vigilancia en el medio rural, donde se están produciendo robos de material agrícola, desde maquinaria a hilo de cobre. Eduardo Cobas, secretario general de Aproser, la asociación que aglutina a las mayores empresas de seguridad privada de España señala que, «aunque se prestan algunos servicios en este ámbito, tenemos limitaciones para trabajar en la vía pública porque así lo establece la ley. Esto tiene especial incidencia en el ámbito rural, y también hay muchos polígonos en los que no podemos prestar servicios. Confiamos en que una reforma legislativa de la Ley de Seguridad Privada nos permita superar esas trabas».
Vigilancia privada en cárceles Otro nicho de empleo por explotar y que puede dar salida a muchas licencias profesionales en este sector es la vigilancia privada en las prisiones, a la manera norteamericana. Argumenta Cobas que «ello no solo sucede en Estados Unidos, sino también en otros países. Supone una optimización de recursos que consideramos muy positiva. Desde hace años, nuestras empresas han venido prestando servicios específicos con total profesionalidad. Algunos ejemplos son los escoltas o los vigilantes de atuneros en alta mar. Siempre y cuando las empresas cumplan con todas las garantías y controles adicionales, pueden prestar sus servicios en el ámbito carcelario y en cualquier otro. Ello es totalmente factible desde nuestro punto de vista».
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