"Por irregularidades en las subrogaciones que llevan a los afectados a una situación de limbo laboral"
La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet) está preparando acciones judiciales contra la empresa de inversiones inmobiliarias Norfin y contra las subcontratas Prosegur y Ombuds, empresas de seguridad que les prestan servicios en sus propiedades en España, "como consecuencia de las irregularidades en las subrogaciones que se vienen produciendo sobre los trabajadores, que se han visto abocados a una situación de limbo laboral". En este caso afecta a cinco o seis trabajadores de Azuqueca de Henares (Guadalajara) que trabajan en Alcalá de Henares (Madrid).
Según el comunicado remitido por Andet, "la situación de limbo laboral se da cuando un trabajador no ha sido formalmente despedido y tampoco percibe su salario, no pudiendo solicitar la correspondiente prestación por desempleo ni ser contratado por una nueva empresa. En el presente caso es consecuencia de las irregularidades acaecidas durante el cambio de empresa adjudicataria (Ombuds, Prosegur) del contrato de Norfin". En diciembre, Prosegur puso en conocimiento de parte de su plantilla que a finales de mes el servicio de vigilancia había sido ajudicado a la mercantil Ombuds, "por lo que a tenor de la normativa aplicable pasarían a formar parte de dicha empresa mediante subrogación. No obstante, al personarse los trabajadores el 26 de diciembre en su puesto de trabajo habitual, Ombuds informó verbalmente a parte de los trabajadores de su despido, no llevando a cabo la subrogación correspondiente y sin hacerles entrega de la documentación necesaria en cualquier despido".
El propio Antonio Valenciano, presidente de Andet, recalca que es una situación consecuencia "de la concepción del trabajador como mercancía y no como persona, que pasa de manos de una empresa a otra junto con la subcontrata o concesión de turno, de modo que los trabajadores quedan atrapados en tierra de nadie y viéndose obligados a iniciar un trámite judicial que puede durar meses hasta que un juez determine cuál de las empresas debe abonar el salario".
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