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Los propios vecinos tuvieron que contratar seguridad privada durante una semana y repeler la invasión que amenazaba la normal convivencia del recinto
El fenómeno 'okupa' no es exclusivo de la Costa del Sol Occidental y la capital costasoleña pues casos como el de un bloque de viviendas en Torre de Benagalbón atestiguan que boom del ladrillo y la consiguiente explosión de la burbuja inmobiliaria siguen alargando sus efectos en núcleos poblacionales que a priori escaparon mejor parados a este fenómeno.
Y es que las dificultades para acceder a alquileres sociales y la exposición prolongada de promociones terminadas y sin vender de aquel auge siguen atrayendo a familias cuasi nómadas y que ya son 'familiares' a estas tácticas de ocupación, denuncia consiguiente de los propietarios y posterior desalojo. Justificaciones o recriminaciones al margen, la tendencia no desaparece pese a que los bancos, propietarios de muchas de estas construcciones 'abandonadas' donde se instalan, perjuran que se están deshaciendo poco a poco de sus posesiones para salvar esta desagradable consecuencia.
Así de aquellos polvos estos lodos. Y es que por ejemplo en esta pedanía de Rincón de la Victoria los vecinos de la calle Barriada de los Fernández conviven desde hace más de un mes con un par de familias que consiguieron internarse en los bajos de un flamante bloque donde Cajamar es el propietario de las viviendas resultantes del embargo sobre la promotora que los levantó. Los mismos ocupas proceden de una itinerancia previa por las viviendas embargadas a la constructora Aifos en Añoreta.
Los vecinos aguantan a regañadientes pagar por lo que otros han conseguido por el uso del allanamiento de morada, y del enganche ilegal de luz y agua, aunque reconocen que hasta ahora, los nuevos moradores no han protagonizado altercados, ni llevan una mala convivencia con ellos, más allá de que en su momento increparon a un vecino joven para que les ofreciera las llaves del portal.
Sobre la luz y el agua, tanto Endesa como Hidralia (empresa municipal de aguas) poco han hecho por frustrar las canalizaciones que se han procurado pese a que han sido informados por la comunidad de la situación. Tampoco Cajamar ha ido más allá de renovar la denuncia existente, tras la presión vecinal, sobre la ocupación ilegal de estas viviendas, que ya contaron con otros casos previos de ocupaciones provisionales y que el 30 de julio se convirtió en un amago de ocupación masiva del resto de viviendas vacías. Entonces al menos siete individuos que viajaban en tres vehículos cargados para una mudanza exprés hicieron acto de presencia en la puerta de este complejo residencial.
En aquel momento, los propios vecinos tuvieron que actuar por su cuenta y riesgo, literalmente, para contratar seguridad privada durante una semana y repeler la invasión que amenazaba la normal convivencia del recinto. La acción le costó más de dos mil euros de sus bolsillos -luego reclamada a la entidad bancaria- en el pago de vigilantes privados ante la inoperancia de otras fuerzas del orden público. Tras estos episodios, Cajamar reforzó la vigilancia privada con la empresa Securitas y colocó señales de alarmas por el bloque.Varios vigilantes visitan diariamente las otras viviendas vacías que no han sido ocupadas hasta ahora y el resto de vecinos esperan cívicamente a que una orden judicial o la más remota oferta pública de un alquiler social saquen a sus 'vecinos' de los pisos en los que entraron por la fuerza en busca del techo que la ley, o las facilidades de estos alquileres sociales, debieran procurarles.
Y es que las dificultades para acceder a alquileres sociales y la exposición prolongada de promociones terminadas y sin vender de aquel auge siguen atrayendo a familias cuasi nómadas y que ya son 'familiares' a estas tácticas de ocupación, denuncia consiguiente de los propietarios y posterior desalojo. Justificaciones o recriminaciones al margen, la tendencia no desaparece pese a que los bancos, propietarios de muchas de estas construcciones 'abandonadas' donde se instalan, perjuran que se están deshaciendo poco a poco de sus posesiones para salvar esta desagradable consecuencia.
Así de aquellos polvos estos lodos. Y es que por ejemplo en esta pedanía de Rincón de la Victoria los vecinos de la calle Barriada de los Fernández conviven desde hace más de un mes con un par de familias que consiguieron internarse en los bajos de un flamante bloque donde Cajamar es el propietario de las viviendas resultantes del embargo sobre la promotora que los levantó. Los mismos ocupas proceden de una itinerancia previa por las viviendas embargadas a la constructora Aifos en Añoreta.
Los vecinos aguantan a regañadientes pagar por lo que otros han conseguido por el uso del allanamiento de morada, y del enganche ilegal de luz y agua, aunque reconocen que hasta ahora, los nuevos moradores no han protagonizado altercados, ni llevan una mala convivencia con ellos, más allá de que en su momento increparon a un vecino joven para que les ofreciera las llaves del portal.
Sobre la luz y el agua, tanto Endesa como Hidralia (empresa municipal de aguas) poco han hecho por frustrar las canalizaciones que se han procurado pese a que han sido informados por la comunidad de la situación. Tampoco Cajamar ha ido más allá de renovar la denuncia existente, tras la presión vecinal, sobre la ocupación ilegal de estas viviendas, que ya contaron con otros casos previos de ocupaciones provisionales y que el 30 de julio se convirtió en un amago de ocupación masiva del resto de viviendas vacías. Entonces al menos siete individuos que viajaban en tres vehículos cargados para una mudanza exprés hicieron acto de presencia en la puerta de este complejo residencial.
En aquel momento, los propios vecinos tuvieron que actuar por su cuenta y riesgo, literalmente, para contratar seguridad privada durante una semana y repeler la invasión que amenazaba la normal convivencia del recinto. La acción le costó más de dos mil euros de sus bolsillos -luego reclamada a la entidad bancaria- en el pago de vigilantes privados ante la inoperancia de otras fuerzas del orden público. Tras estos episodios, Cajamar reforzó la vigilancia privada con la empresa Securitas y colocó señales de alarmas por el bloque.Varios vigilantes visitan diariamente las otras viviendas vacías que no han sido ocupadas hasta ahora y el resto de vecinos esperan cívicamente a que una orden judicial o la más remota oferta pública de un alquiler social saquen a sus 'vecinos' de los pisos en los que entraron por la fuerza en busca del techo que la ley, o las facilidades de estos alquileres sociales, debieran procurarles.
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