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Los rifirrafes y la falta de coordinación entre los cuerpos que operan en Euskadi afectan ya a la seguridad de los ciudadanos
Las "recurrentes" disfunciones y las fricciones que enfrentan desde hace años a los principales cuerpos policiales que operan en Euskadi se han disparado en los últimos tiempos hasta alcanzar "niveles preocupantes y prácticamente desconocidos hasta ahora", según coinciden en señalar mandos de la Ertzaintza y el Cuerpo Nacional de Policía. La explicación a este problema no es sencilla y, de hecho, las causas varían sustancialmente en función de la perspectiva desde la que se enfoque. Pero lo cierto es que las controversias que periódicamente sacuden a las relaciones de la Ertzaintza con la Policía Nacional y la Guardia Civil acaban afectando, de uno u otro modo, a los ciudadanos del País Vasco, que con sus casi 7 agentes por cada mil habitantes tiene uno de los ratios policiales más altos de la Unión Europea. El último ejemplo de las repercusiones que acarrean estos rifirrafes, que se dejan sentir más en las relaciones al más alto nivel que entre los funcionarios, se vivió hace apenas dos semanas en San Sebastián. La descoordinación entre los cuerpos provocaron que dos peligros delincuentes fueran puestos en libertad tras un primer arresto por robo, a pesar de que pendía sobre ellos una orden de ingreso en prisión por secuestro.
No es la primera vez que se produce un fallo de estas características. Pero el día a día está salpicado de enfrentamientos, de mayor o menor calibre, algunos más simbólicos que prácticos, que se han agudizado en los últimos meses. ¿Cómo es posible que se haya llegado a una situación semejante? Un mando policial con cerca de 30 años de experiencia considera que el problema viene de lejos. En concreto, desde que la Ertzaintza comenzó en la década de los 80 su despliegue por los territorios de Euskadi como policía integral y responsable de la seguridad ciudadana. Gran parte de las discusiones de hoy –apunta– se deben a que los mecanismos de coordinación y los protocolos para hacer frente a las disfunciones del día a día no se fijaron con claridad entonces.
Pero estas disputas policiales no han hecho si no agrandarse a raíz del cese definitivo de la violencia de ETA, hace ya casi tres años. Y, sobre todo, desde que se produjo el relevo político en el Gobierno vasco y el PSE cedió el bastón de mando al PNV. En su primera intervención en el Parlamento autonómico, en febrero de 2013, la nueva consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, aseguró que reclamará con "firmeza" y "contundencia" el repliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Euskadi. Beltrán de Heredia fijó esta cuestión como uno de sus grandes objetivos de la legislatura y adelantó que llevaría esta exigencia al Ministerio del Interior "cuantas veces haga falta" porque, según dijo, el final del terrorismo ha creado la "coyuntura propicia". Para ello, solicitó la convocatoria de la Junta de Seguridad –un órgano de coordinación compuesto por representantes de las administraciones central y vasca al más alto nivel– con el objetivo de que se acuerde la reducción del número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) hasta amoldarlos a las competencias que tiene asignado cada cuerpo. El Ejecutivo autonómico ha insistido en esta petición al Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz en numerosas ocasiones bajo el argumento de que las FSE "tuvieron un despliegue excepcional por la necesidad de la lucha antiterrorista". Pero ninguna de ellas ha sido atendida. La última vez que se convocó la Junta de Seguridad, todavía con el PSE en Ajuria Enea, fue para tratar las discrepancias sobre el papel de la Guardia Civil y la Ertzaintza con motivo del paso de la Vuelta ciclista a España por Euskadi.
El Gobierno central ha descartado cualquier posibilidad de acceder al repliegue y ha insistido en que la "Guardia Civil y Policía –que en Euskadi suman unos 4.500 efectivos– tienen sus competencias en todo el territorio nacional". El delegado del Ejecutivo de Rajoy en el País Vasco, Carlos Urquijo, acusó además al Gobierno autonómico de buscar la "confrontación institucional" con este tema.
Desde entonces, el enfrentamiento político –la propia consejera de Seguridad ha acusado al Ministerio del Interior de "menospreciar" a la Ertzaintza– ha repercutido de forma negativa en las relaciones entre los cuerpos policiales, sobre todo entre los cuadros de mando, y ha tenido también consecuencias prácticas en algunas operaciones. Los ejemplos de disfunciones son numerosos. El director de la Policía autonómica compareció en junio en el Parlamento vasco para denunciar "interferencias" de las FSE en sus atribuciones que pueden llevar al "fracaso" de las investigaciones y "sólo favorecen al delincuente". Gervasio Gabirondo habló de problemas concretos que, sin embargo, cambian radicalmente de perspectiva observados desde el punto de vista contrario. Curiosamente, el Gobierno vasco alude al Estatuto de autonomía y a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para justificar la adecuación de efectivos que solicita. Y el Ejecutivo central defiende que los mismos textos legales amparan el trabajo de la Policía y la Guardia Civil en Euskadi.
Marihuana y traficantes Una de las quejas más recurrentes del Gobierno vasco son los "excesivos" controles antiterroristas en las carreteras, que además se han "disparado" desde que Beltrán de Heredia solicitó el repliegue. La Ertzaintza también se queja amargamente de que las FSE, sobre todo la Policía Nacional, investigan delitos relacionados con el tráfico d e drogas y el crimen organizado "que son competencia de la Ertzaintza" al cometerse dentro de Euskadi. Entre otras actuaciones, se ha protestado por algunas recientes operaciones contra traficantes de marihuana o por la desarticulación por parte de la Guardia Civil en el barrio bilbaíno de Santutxu de una banda que reventaba tiendas de teléfonos en Bilbao, pero que también operaba en localidades de Cantabria. El Ejecutivo de Urkullu dice que las FSE se exceden en sus competencias cuando realizan "inspecciones sobre el personal de empresas seguridad privada" y denuncia que, además, el Gobierno central pone trabas a la Ertzaintza para colaborar con otras policías europeas o para incorporarse al sistema Schengen y otros organismos de colaboración "transfronterizos".
Su voluntad de "diferenciarse" –dicen– se traduce en que la Policía vasca es la única que no quiere integrarse en centros de cooperación nacionales contra el terrorismo y el crimen organizado y "aspira" a participar de bases de datos europeas como si fuese una policía nacional. Mandos policiales también censuran que, en muchas ocasiones, la Ertzaintza "no comparte información" sobre traficantes. "Prefieren detener a pequeños camellos en el País Vasco con un kilo de cocaína antes que avisarnos y detenerles a ellos y también a los grandes traficantes en otra ciudad", aseguran.La óptica desde el Cuerpo Nacional de Policía es diametralmente opuesta. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el País Vasco ha asegurado en varias ocasiones que las únicas interferencias que existen son "políticas". Y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), compuesto por mandos, envió en abril una carta al director general del cuerpo, Ignacio Cosidó, en la que pedía que tomen las "acciones oportunas" para acabar con las "disfunciones". Entre otras muchas cuestiones, se quejaron en particular de que la Ertzaintza siga siendo el único cuerpo que "funciona por libre" y no utiliza el sistema de identificación de extranjeros y delincuentes de la Policía, que tiene la competencia absoluta en materia de extranjería. Este fue –insisten– el motivo que los dos peligrosos delincuentes fuesen puestos en libertad hace pocas semanas porque dieron por buena la información que tenían en su propia base de datos y no enviaron sus huellas dactilares para ser cotejadas.
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