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A pesar de la controversia que ha creado en el sector, y en contra de la opinión del movimiento sindical independiente (ver páginas de SIPVS-C o Alternativa Sindical, entre otros) la Generalitat ha decidido sacar adelante la Ley que impone a los vigilantes que ejerzan en Cataluña lleven la placa en catalán y da un plazo de 18 meses para su implantación obligatoria. Es medida absurda y fuera de toda lógica, con independencia que Cataluña tenga las competencia en seguridad privada, a quien va a beneficiar es a las empresas de nos surtan de las placas, teniendo el vigilante que volver a costearsela.
Tal y como denuncian nuestros compañeros, esta medida supondrá un nuevo coste innecesario para los trabajadores. Rechazamos que un trabajador deba pagar más de una placa para poder trabajar legalmente. En todo caso, el capricho deberían asumirlo quienes lo han generado (en este caso una administración, aunque sea con el dinero de nuestros impuestos) o en su defecto las empresas, ya que en el artículo 3 de esta orden resaltan que la placa es uniformidad, pero en ningún caso el trabajador. Nos parece indignante que las administraciones que no se preocupan por el bienestar del colectivo (persiguiendo el intrusismo, los incumplimientos laborales de las empresas, convenio, etc...) encima carguen contra la precaria economía de estos trabajadores con caprichos políticos arbitrarios y de dudosa legalidad.
Finalmente, lamentamos por otra parte que, una vez más, los sindicatos "oficialistas" vuelvan a no dar señales de vida, noqueados por una batalla en la (parece ser) que nuevamente ha cedido a la patronal (convenio) y en el que han vuelto a hundir (más aún) a todo un sector, vilmente machacado.
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