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La suerte está echada. El Gobierno tendrá que hacer su propia reforma laboral sin el respaldo de sindicatos y empresarios. Era inevitable y todos los implicados en la negociación sabían que no habría de acuerdo, pero el Ejecutivo ha querido apurar hasta el último minuto para cargarse de legitimidad y argumentos ante los agentes sociales. Y ahora, toca legislar. ¿Cuándo? El Gobierno no suelta prenda -se limita a decir que antes de que finalice el actual trimestre-, pero algunos expertos dudan de que esté en condiciones de hacerlo de forma inmediata. Entre otras razones, porque la ministra Bañez ha cambiado a todos los altos cargos de su departamento, y eso, sin duda, retrasará la toma de decisiones. La cercanía de las elecciones andaluzas influye también en el calendario.
Lo que si parece claro es que en la reforma se incluirá la negociación colectiva pese a que sindicatos y empresarios han reclamado al Gobierno que no toque este asunto al tratarse de una materia de su absoluta incumbencia. El llamado ‘contrato único’ está fuera de la agenda, pero es probable que se avance en una nueva modalidad con despido más barato. En concreto, se trataría de generalizar el uso del actual contrato de fomento, el que conlleva 33 días de indemnización por despido improcedente. En las enmiendas presentadas por el PP, se reclamó que para acceder a este contrato fuera suficiente estar 15 días en paro. La reforma del anterior Gobierno establece tres meses y con limitaciones en el número de colectivos que pueden tener acceso a este contrato.
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