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26 de abril de 2023

Securitas Seguridad España impartió cerca de 348.000 horas de formación en 2022, un 24 % más

Securitas Seguridad España, filial de la multinacional de servicios de seguridad, impartió 347.932 horas de formación en 2022 , un 24 % más que el año anterior.

A través de programas presenciales, virtuales y cursos de eLearning impartidos por el Instituto Securitas, la compañía ha ofrecido a sus 20.000 trabajadores cursos sobre operativa de vigilancia, primeros auxilios psicológicos, diálogo táctico en intervenciones y sensibilización contra la ingeniería social y el hacking web.

También ha impartido programas sobre seguridad electrónica, con certificaciones en los principales sistemas y fabricantes de equipos, formación en diversidad y contra sesgos inconscientes, inteligencia artificial, contramedidas frente a drones y modelos de innovación. “La calidad, la frecuencia y la diversidad de la formación es uno de los pilares diferenciales en los que se basan todos nuestros servicios. Es también una palanca fundamental en nuestra estrategia de transformación continua. Por eso ponemos especial énfasis en la formación tecnológica de todos nuestros perfiles”, explica Alicia Gómez de Hinojosa, directora de personas y talento de Securitas Seguridad España. “El crecimiento progresivo en las horas de formación es reflejo de nuestro crecimiento como compañía y, a la vez, uno de sus principales motores”, añade Gómez de Hinojosa.

Envían a juicio a las 'ovejas negras' de la seguridad privada por fraude y abuso laboral

Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la U.D. Las Palmas, se enfrenta a 21 años de cárcel y 105,4 millones de euros en multas

Son consideradas dos de las ‘ovejas negras’ del sector de la seguridad privada en España. «Empresas pirata», según fuentes sindicales, que se fueron a la quiebra dejando a unos 3.000 empleados sin trabajo y ahora se enfrentan a la Justicia por distintos delitos. Ambas tienen ya fecha para juicio. La primera de ellas es Alcor Seguridad. Cinco de sus exdirectivos se sentarán en el banquillo a partir del próximo 19 de junio en Lugo por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. La otra empresa del sector que irá a juicio es Seguridad Integral Canaria, propiedad del conocido empresario canario Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía pide para el presidente de la U.D. Las Palmas (salpicado recientemente por el caso Mediador) un total de 21 años de cárcel y 105,4 millones de euros en multas por cinco presuntos delitos de fraude contra la Hacienda Pública y otros tres supuestos delitos continuados de fraude a la Seguridad Social. Ramírez, propietario de un 91% del capital de Seguridad Integral Canaria (SIC), se sentará en el banquillo de los acusados del 4 al 20 de julio en Las Palmas junto al que fuese administrador único de la empresa hasta su disolución en el año 2019, Héctor de Armas Torrent. Para este último, el Ministerio Público pide 14 años de cárcel y 79,3 millones de euros en multas.

La Fiscalía considera acreditado que SIC habría defraudado unos 6,5 millones de euros a Hacienda entre 2009 y 2013. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público señala que los gestores de esa empresa disfrazaron el pago de horas extra a sus trabajadores «bajo apariencia de dietas reembolsables» de las que no constan facturas. Esto último, según la teoría de la Fiscalía y la Agencia Tributaria, para eludir el pago de impuestos y cuotas a la Seguridad Social.

Fraude a Hacienda Además de la ausencia de justificantes de gastos para justificar las dietas declaradas, la Abogacía del Estado (que representa a Hacienda en el caso) respalda los indicios señalados por la Fiscalía y apunta a pruebas adicionales. Se basa para ello en los testimonios de los trabajadores que acudieron como testigos al juzgado durante la instrucción de la causa, además de en la declaración en sede judicial del exsocio de Miguel Ángel Ramírez como imputado. De Armas, según el escrito de conclusiones de Hacienda, habría admitido que se disfrazaban las horas extras como dietas con el fin era eludir pagos en concepto de IRPF y Seguridad Social. La Abogacía del Estado también destaca el hecho de que, a partir de los propios datos aportados por SIC, hubiera sido imposible cubrir los servicios para los que había sido contratada la empresa sin la realización de horas extras por parte de sus trabajadores.

La Agencia Tributaria subraya, además, «el gran importe que las dietas representan respecto a la masa salarial de la empresa, que es unas diez veces superior a esa proporción en el sector de la seguridad». SIC declaró un total de 27 millones de euros en concepto de «dietas exentas» entre los años 2009 y 2013. Esa cantidad supone en torno a un 20% de los pagos declarados como salarios de los trabajadores. Además de nueve delitos por presunto fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social, la Abogacía del estado atribuye otros cinco delitos de fraude contra la Hacienda pública a «De Armas como administrador de derecho y a Miguel Ángel Ramírez como administrador de hecho y verdadero gestor de la entidad».

Juicio a Alcor SeguridadUn mes antes del juicio a la empresa de origen canario, que llegó a contar con unos 2.600 trabajadores en toda España y está en vías de disolución desde 2019, Alcor Seguridad  y sus administradores se enfrentarán en Lugo a la Justicia. Constituida en 2008 en Monforte de Lemos, esta segunda empresa a la que fuentes del sector definen también como ‘pirata’, desarrollaba su actividad en distintos puntos del territorio nacional y tenía oficinas en Galicia, Canarias y Asturias.

En su escrito de acusación, la Fiscalía atribuye a Carlos Somoza la dirección «de facto» de Alcor Seguridad pese a no figurar entre sus administradores y apoderados. «Desde aproximadamente 2011 y hasta el 6 de octubre de 2015, el acusado ha venido empleando en la entidad regentada de facto por él mismo, Alcor Seguridad SL, a múltiples trabajadores a los que, abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban, les imponía y mantenía unas condiciones laborales que incumplían las disposiciones legales vigentes, vulnerando de este modo los derechos mínimos irrenunciables de los trabajadores», señala el fiscal.

Se le acusa, además, de haber establecido jornadas que no respetaban los descansos establecidos («en ocasiones con turnos maratonianos de 24 horas seguidas sin descanso»), el abono de las horas extra a un precio «significativamente inferior al estipulado» (y solo para aquellos empleados que hubieran superado las 200 horas mensuales) y «la exigencia empresarial de firmar documentos en blanco a la hora de firma del contrato» o en momentos posteriores. Además de Somoza, para quien la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel, se sentarán en el banquillo otras cuatro personas (administradores y apoderados) acusadas como cooperadores necesarios de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Ovejas negras de la seguridad privada La causa contra Alcor Seguridad se inició a raíz de una querella interpuesta en representación de 35 trabajadores por parte del sindicato FTSP-USO, la misma entidad que logró abrir el caso contra Seguridad Integral Canaria. Ambas se habían descolgado del convenio colectivo del sector, por lo que son catalogadas por los sindicatos como ‘ovejas negras’ y ‘empresas pirata’. «Son dos juicios muy esperados, porque estas empresas han tenido explotados a decenas de empleados durante años, engañándoles con las horas extra y la cotización a la seguridad social. La Justicia en España es lenta pero llega y por fin tendrán que ponerse ante un tribunal», indica Basilio Febles, secretario general de FTSP-USO.

El mismo sindicato denunciaría también en 2021 a Alcor Seguridad, cuando se encontraba al borde de la situación concursal, por haber inclumplido un contrato público con la Comunidad de Madrid para la vigilancia de las Oficinas de Empleo del SEPE. De acuerdo a aquella denuncia, la compañía gallega dejó durante los meses de verano muchos servicios descubiertos. Es decir, sin vigilante alguno que custodiara las mencionadas oficinas de empleo autonómicas.

MADRID: Policia Nacional y personal de seguridad privada de los juzgados abortan un asalto para liberar por la fuerza a un detenido

Asalto a un juzgado en Madrid: cinco mujeres intentan liberar por la fuerza a un detenido.

La Policía Nacional y agentes de seguridad privada han conseguido abortar el asalto. Una vigilante ha sido trasladada a un hospital con heridas en una pierna.

Cinco mujeres han intentado asaltar este miércoles los juzgados de Alcalá de Henares con la intención de liberar por la fuerza a un familiar que se encontraba bajo custodia en los calabozos. El suceso se ha producido alrededor de las 12.30 horas en la entrada ubicada en la plaza de la Paloma de esa localidad madrileña y se ha saldado con una vigilante de seguridad herida en una pierna, según informan fuentes jurídicas y testigos presenciales a THE OBJECTIVE.

Las mujeres se encontraban en la calle cuando su abogado ha salido para comunicarles que el juez había decidido mantener bajo arresto a un familiar que acababa de prestar declaración. En ese momento, las cinco han echado a correr hacia la puerta en actitud violenta y han intentado entrar por la fuerza en los juzgados. También habrían tratado de acceder a los calabozos a través del garaje, según las mismas fuentes, con la aparente intención de ‘rescatar’ a su familiar y llevárselo de allí.

El intento de asalto ha sido abortado gracias a la rápida actuación de una vigilante de seguridad del edificio y de los agentes de la Policía Nacional que custodian los calabozos del juzgado. Al ver que las cinco mujeres y otros miembros de su familia corrían hacia la entrada del juzgado de forma violenta, los vigilantes de seguridad han cerrado rápidamente las puertas del edificio y del garaje y han llamado a la comisaría de la Policía Nacional para que enviase efectivos.

En libertad pese al asalto Entre los agentes que custodiaban los calabozos y otros enviados desde esa estación policial se ha conseguido detener a las cinco personas, que han sido puestas en libertad inmediatamente después a la espera de que el juez revise las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del edificio y decida si ordena detenerlas. El episodio, que testigos presenciales describen como violento y grave, se ha saldado con una vigilante de seguridad con heridas de gravedad en una rodilla. La mujer ha tenido que ser trasladada en ambulancia a un hospital para ser atendida por las lesiones sufridas como consecuencia de una agresión por parte de una de las personas que intentaba irrumpir en los calabozos.

MENORCA: Un policía nacional en prácticas agrede con un vaso de cristal a un vigilante de seguridad en un bar de Maó

Le causó cortes en el párpado, ceja y pómulo y tuvo que ser trasladado con una ambulancia del 061 al hospital Mateu Orfila. Los hechos ocurrieron en el bar Sa Tintina, del puerto de Maó.

Un policía nacional en periodo de prácticas fue detenido en la madrugada del pasado domingo por agentes de la propia Comisaría de Maó como presunto autor de una violenta agresión a uno de los vigilantes-controladores del bar de copas, Sa Tintina, en el puerto de la ciudad, a quien estampó un vaso de cristal en la cabeza.


25 de abril de 2023

SPV consigue que SEPROALERT abone finiquitos a trabajadores subrogados conforme marca el convenio


La responsable de SPV acudió recientemente a las oficinas de la empresa Seguridad Protección y Alerta S.L. SEPROALERT junto con cuatro trabajadores que finalizaban su relación contractual con esta empresa al pasar subrogados a SECOEX.

En la oficina nos atendió un representante de la empresa, el cual ya tenía preparado las liquidaciones y los finiquitos, es más hasta le hicieron al personal la trasferencia de estos pagos a su cuenta corriente. Una vez realizadas las comprobaciones correspondientes, corroboramos que las cuentas que llevábamos desde SPV, realizadas de acuerdo a lo que marca el convenio colectivo, no coincidían con las liquidaciones que había abonado SEPROALERT.

Desde SPV le hicimos ver a la empresa nuestra disconformidad, porque los abonos realizados no se ajustaban a convenio, con lo cual le aconsejamos a los trabajadores poner claramente en los documentos a firmar "no conforme" y reseñar que había cantidades pendientes de confirmar. Igualmente se le comunicó a la susodicha empresa que, visto lo visto, le íbamos a reclamar el último año conforme al convenio.

El señor que representaba a SEPROALERT nos pidió que esperamos unos minutos mientras él trataba con otro responsable la incidencia. Al rato salió comunicándonos que la empresa se adaptaba a las cuentas que llevábamos desde SPV, que estaban realizadas conforme a lo que marca el convenio, manifestando un "les pagamos la liquidación que trae el sindicato y en paz". Tuvimos que hacer tiempo mientras rectificaban la nómina y la liquidación conforme a lo acordado y sobre la marcha los trabajadores recibieron la trasferencia con el resto de cantidades pendientes de pago, abonándose la diferencia que faltaba. Finalmente, solo hubo que proceder a la entrega de la uniformidad por parte de los trabajadores, de recogida de cartillas y de otras comprobaciones de altas y bajas. En fin, al final se consiguió que a los trabajadores afectados se le pagara según acuerdo entre ambas partes y ajustado a lo que marca el convenio, y no como pretendía hacerlo en primera instancia SEPROALERT. Esperamos y deseamos que en la nueva empresa SECOEX este tipo de cosas no pasen.

Desde la ejecutiva de SPV hacemos un llamamiento para que los trabajadores que sean objeto de subrogaciones, vayan con las cuentas realizadas de antemano y con todas las precauciones posibles, especialmente en las llamadas merecidamente empresas low cost o piratas, porque siempre van a calcular las cuentas por debajo de lo que pertenece.

Los afiliados a SPV irán siempre a estas cuestiones bien acompañados y mejor asesorados, para evitar posibles inconvenientes.

Con SPV nunca te sentirás solo/a.

MURCIA: Detienen a los autores de un robo con violencia tras una persecución policial en la A-7, a la altura de Lorca

La Policía Nacional los ha detenido por los delitos contra la seguridad del tráfico, robo con violencia, resistencia y desobediencia

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y tres mujeres por la supuesta comisión de los delitos contra la seguridad del tráfico, robo con violencia, resistencia y desobediencia, cuando fueron sorprendidos hurtando prendas en una tienda de ropa de un centro comercial de la capital murciana y tras forcejear con los miembros de seguridad que pretendían retenerlos hasta la llegada de los agentes de policía, emprendieron la huida del lugar en un vehículo.

Los vigilantes de seguridad observaron a los supuestos autores de los hechos como accedieron a una tienda de ropa de un conocido centro comercial de Murcia. Tras distribuirse individualmente por la tienda, las personas detenidas accedían a la zona de probadores con diferentes prendas. Al salir, los empleados del establecimiento comprobaron como en el interior había varias etiquetas y sistemas de seguridad fracturados que pertenecían a prendas de marca distribuidas en la tienda.

Los vigilantes de seguridad localizaron a uno de los varones en el exterior del centro comercial, y al verse sorprendido trato de ocultar la ropa sustraída bajo de un vehículo estacionado en el lugar. Al tratar de retenerlo hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, apareció un vehículo del que se bajaron el resto de los responsables y comenzaron a forcejear con los miembros de seguridad, aprovechando un momento de descuido para subirse al vehículo y huir del lugar. Con la descripción del vehículo y los autores de los hechos, se desplegó rápidamente un dispositivo por parte de la Policía Nacional para tratar de localizarlo. Extremo que se consiguió gracias a un control policial establecido en la zona, haciendo caso omiso a las indicaciones de detenerse, emprendiéndose así una persecución por la autovía A7 dirección Andalucía.

A la persecución se unieron varios indicativos de la Policía Nacional, llegando a alcanzar el vehículo huido velocidades superiores a los 200 kms/hora y donde realizaron maniobras que pusieron en claro peligro la integridad física del resto de conductores que circulaban por la vía. Los agentes de la Policía Nacional, a través una hábil maniobra consiguieron embolsar al vehículo huido con tres coches y hacerle reducir la velocidad hasta finalmente detenerlo tras una persecución que se alargó casi 70 kilómetros hasta la ciudad de Lorca, deteniendo a los cinco ocupantes como autores de los delitos contra la seguridad del tráfico, robo con violencia, resistencia y desobediencia. Todos ellos han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares correspondientes.

BURGOS: Un grupo de jóvenes agrede a una vigilante de seguridad de un supermercado en Miranda

Una de las implicadas fue retenida en la tienda por un agente de la Policía Local que estaba fuera de servicio

La vigilante de seguridad de un supermercado de la calle Vitoria fue trasladada a un centro sanitario el pasado jueves por la tarde para ser atendida de un golpe en la barbilla que recibió durante un incidente con un grupo de jóvenes que se encontraban en el establecimiento sobre las 19.00 horas. Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local después de ser informados de que había una pelea con menores en la tienda, donde identificaron a diez personas y se entrevistaron con la vigilante agredida, que dejó clara su intención de interponer una denuncia. Al parecer, según se recoge en el parte policial, el desencadenante de los hechos fue que un grupo de chavales había agredido a una clienta.

Una de las personas implicadas fue retenida en ese mismo momento en el lugar de los hechos por un agente local que se encontraba fuera de servicio. Una vez allí, otro de los jóvenes se lanzó hacia un policía, aunque pudo ser sujetado por otro de los agentes que se había desplazado hasta el supermercado para hacerse cargo de la situación. Además de efectivos de Policía Local también acudieron dos patrullas de Policía Nacional. Por otro lado, la presencia policial también fue requerida a lo largo de Semana Santa por varios incidentes con perros. El primero de ellos tuvo lugar el miércoles, en la calle Duque de Ahumada, desde donde comunicaron que una persona había sido mordida en una pierna; y el segundo, el sábado poco antes de las 20.00 horas, en el parque Emiliano Bajo, donde al parecer, un can suelto había roto el balón de la persona que alertó a la policía. También durante los días festivos se recibieron otras dos llamadas para alertar de la presencia de perros solos y perdidos en el parque de las Josefinas y en el Poblado de Los Ángeles. En ambos casos se dio traslado de la situación al encargado del servicio para su traslado al Centro de Bienestar Animal. También en la tarde del jueves se alertó a los agentes de que una persona que estaba pescando se había clavado un anzuelo en la oreja.

Firmado el II Plan de Igualdad de Securitas Direct

 

Despido silencioso o 'quiet firing': las tretas de tu empresa para que dejes tu trabajo


Los trabajadores pueden denunciar los hechos y demandar ante los tribunales, pero todas las comunicaciones con la empresa deben ser por escrito

Algunas empresas que no están satisfechas con un trabajador, en lugar de despedirlo y abonar la indemnización que les corresponde, optan por el ‘quiet firing’ o despido silencioso. Es una práctica abusiva en la que, con medidas de presión que perjudican al trabajador, se busca que este se canse, renuncie y se marche de la empresa sin que esta le tenga que compensar. En THE OBJECTIVE hemos hablado con algunos expertos que detallan cuáles son las prácticas abusivas más comunes y cómo denunciar situaciones de acoso laboral.

Superar las 80 horas extraordinarias, poner obstáculos a la conciliación o bloquear las vacaciones son algunas de las malas prácticas en las que se encuadra en el ‘quiet firing’ o despido silencioso. El objetivo final es «quemar» al trabajador, al que no se le ofrece ninguna mejora laboral, se le aísla y se le presiona para que acabe renunciando a su puesto voluntariamente. El empleado, por tanto, cuenta con herramientas legales para defenderse de esta vulneración de sus derechos. La recomendación de los expertos es que, en primer lugar, pongan en conocimiento de la empresa el motivo de su disconformidad. En caso de que los superiores, conociendo la situación, no pongan medidas, el consejo es acudir a un abogado laboralista para estudiar si realmente la situación es abusiva. Y si es así, llevarla a los tribunales.

La duda surge sobre si este tipo de acciones se puede considerar ‘mobbing’ o acoso laboral. Para el abogado Luis Jiménez-Arellano, responsable de Derecho Laboral del Bufete Mas y Calvet, «cualquier abuso por parte del empresario con algún trabajador es perfectamente encuadrable en la figura del acoso laboral. Lo puede demostrar con medios por escritos, correos, WhatsApp, grabaciones… De palabra, nada».

Es indispensable que haya una reclamación previa del trabajador. El experto explica que las pruebas testificales serían válidas, pero son difíciles de obtener porque los compañeros de trabajo optan por no declarar en contra de su jefe. «La denuncia a la Inspección de Trabajo es un poco utopía, lo mejor es una demanda por acoso laboral: así el trabajador blinda su relación laboral y pide una reclamación de daños y perjuicios de cantidad proporcional al perjuicio causado. Si va acompañado de un informe de psicológico o psiquiátrico, mejor», puntualiza.

Las tretas del ‘quiet firing’ o despido silencioso El profesor colaborador Santiago Calvo y la profesora Natàlia Cugueró de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC detallan algunas de las tretas más comunes en este tipo de empresas. La primera es el abuso de las horas extra. La jornada máxima anual no puede superar las nueve horas diarias o las 40 en cómputo semanal, pero puede ser menor. Y la organización no puede obligar a trabajar más horas de las previstas en el contrato. «En caso de que el trabajador, voluntariamente, acepte las horas extras, éstas están limitadas: no se pueden hacer más de ochenta horas extras al año. En realidad, es un número más bajo que lo que se da realmente, pero legalmente es así», indica Calvo. Se pueden remunerar o compensar con descanso en los cuatro meses siguientes. Una vez compensadas, se reinicia el cómputo anual, señala.

La excepción son los casos de fuerza mayor, que pueden ser la reparación de daños extraordinarios, urgentes, con un riesgo determinado. «En ese caso sí existe esta obligación, y no se tendría en cuenta el límite de las ochenta horas anuales», asegura Calvo. En cuanto a la formación, si esta se da fuera de la jornada o del lugar de trabajo es tiempo de trabajo. Así lo concluye una sentencia de octubre de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Es la empresa la que quiere formar porque esa formación es necesaria para el puesto de trabajo, por lo que, además de abonar el coste, debe considerarse tiempo de trabajo», aclara el profesor.

Rechazo de la reducción de jornada Muchas veces las empresas rechazan la solicitud de jornada reducida o intensiva por cuidado de menor o de una persona dependiente. Pero esta medida se debe conceder si se trata de una situación que no admite alternativas. Una cuestión distinta es la distribución de esa jornada. La empresa puede ofrecer distintas alternativas de horarios, dependiendo de sus necesidades y de cómo le afecten. «Si se llega a un acuerdo, perfecto. Si no, tendría que decidir un juez», explica Calvo.Si la empresa rechaza esta petición, tiene que haber motivos muy fundamentados y sólidos desde el punto de vista  el experto en Derecho Laboral señala que según la experiencia en los tribunales, en igualdad de condiciones, el juez suele dar la razón al trabajador.

«En caso de que le den la razón a la empresa, el trabajador deberá asumirlo porque no cabe recurso de suplicación. Pero casi siempre dan la razón al trabajador en temas de conciliación», insiste Jiménez-Arellano. El laboralista explica que el empleado también debe evitar argumentos débiles y justificar sus circunstancias familiares: si su pareja trabaja, si no tiene familiares que puedan ayudarle en los cuidados, etc.

Vacaciones y tiempo de descanso Si se suprimen o recorta el tiempo para comer, Natàlia Cugueró recuerda que el tiempo de descanso se regula mediante el Estatuto de los Trabajadores, que determina que siempre que la jornada sea seguida y de más de seis horas, se puede establecer un pausa para descansar que no puede ser inferior a 15 minutos.

Otra medida de presión se relaciona con el transporte, que se regula en cada convenio y normalmente está vinculado al puesto de trabajo. Para llegar al sitio de trabajo habitual, cada trabajador pone sus medios si la sede es fija y ya estaba acordado en el momento de contratarlo. Si hay un cambio de sede y la distancia es inferior a 30 kilómetros, no se trata de un cambio considerado sustancial. Si es superior, lo habitual es entrar en una negociación con el personal afectado.

En caso de que el empresario proponga recortar las vacaciones y abonarlas en la nómina, el trabajador debe saber que las vacaciones son irrenunciables. Nunca pueden obligar al empleado a trabajar durante las vacaciones. «Esto es innegociable, no se pueden hacer a cambio de pagarlas y el trabajador puede negarse, pues es ilegal», afirma Cugueró.

Renuncia silenciosa: ¿y si el trabajador incumple? Pero en el ámbito laboral también está la conducta contraria: la renuncia silenciosa o ‘quiet quitting’. Esta expresión describe la actitud de los trabajadores que se limitan a hacer lo justo, lo estrictamente necesario para cumplir con sus funciones. Todo con tal de que la empresa no tenga ninguna causa de despido legal, a pesar de que claramente su empleado no está añadiendo valor ni compromiso a su trabajo. Suele responder a una disconformidad porque se siente maltratado o porque se considera víctima de abusos laborales. El fenómeno aumentó tras la pandemia, cuando a muchos trabajadores se les exigió dar más de sí sin ningún tipo de compensación ni reconocimiento por la sobrecarga laboral o por las exigencias de autoorganización. Al final, deriva en estrés, frustración y compromiso en mínimos con el proyecto empresarial.

Y esto también puede derivar en situaciones conflictivas a nivel laboral, sobre todo si el trabajador va un paso más allá y comete errores o perjudica a la empresa. Desde el punto de vista laboral, el especialista en lega a los tribunales. «Primero, una amonestación por escrito sin sanción; luego, con sanción menor, las que fije el convenio colectivo; luego, con una mayor, como la suspensión de empleo o sueldo. Y luego, si es reiterado, con despido disciplinario», señala Jiménez-Arellano. En este sentido, es necesario estudiar el convenio colectivo de aplicación en cuanto a faltas leves, graves y muy graves.

24 de abril de 2023

Dos detenidos por hacerse pasar por guardias civiles para atracar a turistas en Gran Canaria

Varias llamadas al teléfono 091 alertaron de madrugada a la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana a dos hombres de 21 y 46 años de edad, este último con numerosos antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de usurpación de funciones públicas. Varias llamadas al teléfono 091 alertaron de madrugada a la Policía Nacional, ya que dos supuestos guardias civiles, que portaban camisas y pulseras donde se podía leer “GUARDIA CIVIL” y según sus manifestaciones, se encontraban realizando un dispositivo antidroga. Ya habían sido observados por personal de seguridad privada la noche anterior, registrando vehículos con linternas y cacheando a turistas.

La pasada noche, la Policía Nacional recibió a través del teléfono 091 varias llamadas alertando de que dos individuos, que se habían identificado mediante la exhibición de una camiseta como guardias civiles, se encontraban cacheando a turistas extranjeros en los alrededores de un conocido centro comercial y de ocio nocturno de Playa del Inglés. Los funcionarios policiales que acudieron al lugar localizaron inmediatamente a los supuestos agentes, quienes portaban pulsera y camiseta con la bandera de España, la inscripción GUARDIA CIVIL y el correspondiente escudo.

Dispositivo antidroga simulado Varios testigos aseguraron a los policías nacionales que los dos individuos se encontraban, según sus propias palabras, realizando un dispositivo antidroga, mientras paraban y cacheaban a numerosos viandantes. Los mismos simularon incluso comunicarse a través de equipos de transmisiones con otros supuestos compañeros que se encontraban en el lugar.

Uno de los vigilantes de seguridad confirmó a los funcionarios policiales que los mismos hombres habían sido vistos la noche anterior realizando la misma actividad ilícita, registrando con linternas algunos coches y cacheando igualmente a turistas extranjeros. Por todo ello, los dos hombres de 21 y 46 años de edad, fueron finalmente detenidos como presuntos autores de un delito de usurpación de funciones públicas.