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25 de abril de 2021

Los sindicatos niegan la responsabilidad del vigilante de seguridad de Correos en el asunto de las cartas con balas

Correos responsabiliza al vigilante de una subcontrata de no haber detectado las cartas con balas para Iglesias, Marlaska y Gámez. Pide su "retirada inmediata" del servicio y abre expediente a la empresa encargada de clasificar y escanear la correspondencia.

El sindicato de vigilantes niega la responsabilidad del trabajador: "Las máquinas tienen un sistema de detección automática".

Correos ha abierto expediente a la empresa subcontratada responsable de la calificación y escaneo de la correspondencia y ha solicitado la "retirada inmediata" del servicio del vigilante de seguridad que no detectó en el escáner las tres cartas con amenazas, que contenían munición de diferente calibre sin percutir, dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la directora de la Guardia Civil, María Gámez; y al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía señala que ha recuperado las imágenes grabadas en sus equipos de inspección, instalados en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid (Vallecas), y que se ha comprobado que los tres sobres anteriormente citados fueron matasellados e inspeccionados el día 19 a las 17.48 horas, sin que el operador de servicio fuera capaz de detectarlos. Ante una circunstancia que se encuentra tipificada como un "incumplimiento muy grave", Correos ha decidido abrir un expediente a la empresa encargada de escanear la correspondencia.

La empresa ha notificado la apertura del mencionado expediente y apercibimiento "más severo", por el incumplimiento en el que se ha incurrido y por "el daño a la imagen, al prestigio y al buen nombre" de Correos. Asimismo, ha solicitado la retirada "inmediata" del servicio de Correos del vigilante de seguridad por ser la persona que operaba el equipo reseñado, en el momento en el que las tres misivas pasaron por la inspección radiológica que determinan los procedimientos de seguridad de Correos, "sin que fuera capaz de identificar los proyectiles que portaban".

El sindicato niega que sea un fallo humano Por su parte, el sindicato de seguridad privada Alternativa Sindical ha puesto en duda que "se pueda tratar de un error" del vigilante de seguridad. Su portavoz, Alberto García, ha señalado que las máquinas de Rx "tienen un sistema de detección automática, como en el aeropuerto". Así, ha asegurado que si esa máquina "no detecta nada raro, no pasa a la inspección del vigilante". "Si raro es que falle este sistema, más raro aún es que pase con no uno, sino tres sobres que portan objetos metálicos. Además Correos cuenta con otros sistemas de seguridad en los sobres para discriminar cartas de paquetería", ha explicado.

Por ello, el sindicato ha exigido a Correos y al jefe de seguridad "que ha responsabilizado al vigilante" que investigue las causas que supuestamente han llevado a concluir que ha sido error del vigilante de seguridad y no del buen funcionamiento o calidad de sus propios sistemas de escáneres automatizados.

UGT pide al Gobierno "un análisis en mayor profundidad" Mientras, UGT ha pedido al Gobierno "un análisis en mayor profundidad" antes de "culpabilizar al vigilante que presuntamente no detectó los sobres" con balas en el escáner. "Intentar inculpar la actuación de un vigilante solo sirve para no abordar con rigor la búsqueda de soluciones reales a la problemática de la seguridad privada en nuestro país", afirma el sindicato en un comunicado.

"Además de la investigación abierta que determinará si la actuación del vigilante fue correcta o no", UGT solicita que Correos revise sus protocolos de actuación en materia de seguridad tanto en los pliegos de contratación, como en la adjudicación de los servicios y durante la ejecución de los contratos. El sindicato urge a cambiar el modelo de contratación pública, ya que se trata de "un modelo basado en la oferta económica más baja que normalmente deja sin efecto la tan necesaria calidad de los servicios de seguridad que viene realizándose en dependencias tan vitales como la dispuesta en Correos y otras instalaciones estratégicas" de España.

Aunque el sindicato considera que "algunas empresas de seguridad privada son culpables por concurrir a ese tipo de licitaciones a la baja", ello "no debe seguir siendo la excusa para que los distintos Gobiernos de este país sigan sin abordar un urgente cambio de modelo en este tipo de contratos". UGT ha condenado las amenazas sufridas por los tres miembros del Ejecutivo que recibieron los sobres con munición. "Es inadmisible y más si cabe, ante una situación como la que acontece en nuestro país en plena crisis sanitaria y económica sin precedentes, encontrar una clase política que abandona los problemas de las personas para crispar desde el populismo más radical la convivencia en nuestra sociedad", ha expresado el sindicato.

PALENCIA: La Policía distingue a cuatro vigilantes de seguridad

Las menciones honoríficas se conceden por el trabajo desarrollado del personal privado en el ámbito sanitario junto a las fuerzas policiales.

El Cuerpo Nacional de Policía ha concedido cuatro menciones honoríficas a vigilantes de seguridad privada por su desempeño en el ámbito sanitario. El acto de entrega se llevó a cabo en el salón de actos del Complejo Asistencial de Palencia, bajo la presidencia del director y del comisario jefe de Operaciones de la Policía. Según el RD 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, se dispone que los vigilantes que sobresalgan en el cumplimiento de sus funciones y especialmente en la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán ser distinguido con menciones honoríficas.

Las presentes menciones se limitan en este caso al ámbito sanitario durante la crisis del Covid-19, por ser considerada la pandemia como una situación de emergencia que ha limitado y exigido una mayor dedicación, si cabe, a los vigilantes de seguridad. Los condecorados, todos de la empresa Vasbe, son Alberto A. A.; Jorge P. M.; Rodrigo A. G.y Eduardo R. M.

24 de abril de 2021

Interior condena al desempleo a 165 vigilantes de seguridad que habían custodiando prisiones en el territorio nacional

EL MINISTERIO DE INTERIOR CONDENA A CIENTO SETENTA Y CINCO VIGILANTES DE SEGURIDAD AL DESEMPLEO QUE HABIAN VENIDO CUSTODIANDO DETERMINADAS PRISIONES EN EL TERRITORIO NACIONAL

Interior no ha mostrado ningún interés en resolver un nuevo concurso que realmente garantizará la continuidad en sus puestos de trabajo.

Interior durante más de dieciocho meses, pese a las constantes peticiones sindicales, no ha mostrado ningún interés en resolver un nuevo concurso que realmente garantizará la continuidad en sus puestos de trabajo de ciento setenta y cinco vigilantes de seguridad que venían afectados por el cese de actividad de la empresa OMBUDS.

Interior se convierte así en la única administración que no ha querido resolver el mantenimiento del empleo en materia de seguridad privada en el territorio nacional. Esta situación demuestra una vez más la falta de implicación con el sector de la seguridad privada que viene demostrando el Ministerio liderado por Marlaska desde el inicio de la legislatura. Durante el expediente de regulación los vigilantes de OMBUDS que tenían asignados servicios en la administración pública a lo largo del territorio nacional han mantenido sus puestos de trabajo mediante subrogación a otras empresas del sector. Es cierto que la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la sucesión de empresas que indica que la empresa que subroga al personal debe asumir las deudas contraídas por OMBUDS ha significado un problema para el mantenimiento del empleo desde la caída de la Mercantil, pero las administraciones en general excepto Interior han buscado fórmulas para mantener la seguridad y a los vigilantes en sus instalaciones.

Interior ya al inicio del expediente situó en ciertas prisiones la presencia de FCSE pese al reconocimiento por parte de éstas de no disponer de suficientes efectivos para hacer frente a la custodia de estos centros penitenciarios. Posteriormente Interior situó dos concursos donde los precios de licitación como viene siendo habitual por parte de la Administración Pública en general, no cubrían los costes salariales mínimos recogidos en Convenio quedando en ambas ocasiones desiertos.• Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, por unanimidad sindical decidía a petición expresa de un número importante de vigilantes afectados resolver definitivamente la relación laboral.

Este hecho sin duda podría haber quedado resuelto con garantías de empleo si Interior durante un largo proceso hubiera mostrado sensibilidad en la solución del problema en lugar de estar constantemente situando a través de Instituciones Penitenciarias la posibilidad de custodiar en un futuro la totalidad de prisiones por parte de las FCSE como ya ha realizado en las prisiones de Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura con el objetivo de dejar fuera de ellas a los vigilantes de OMBUDS y no afrontar sus dificultades de mantenimiento de empleo. El problema sin duda va más allá del debate público o privado, el personal de seguridad privada viene desarrollando su labor en prisiones en plenas garantías.

Es la propia administración que con sus continuas bajas de precios sitúan en numerosas ocasiones al frente de estos servicios a empresas desleales con sus trabajadores y trabajadoras así como con el propio sector. En esta ocasión las personas trabajadoras se ven doblemente afectadas en primer lugar por no ser culpables de pertenecer a una empresa que presentara en su momento concurso voluntario de acreedores y en segundo orden por la pasividad demostrada desde el Ministerio.

Desde UGT más allá de cuestionar nuevamente el conjunto de contratos celebrados a la baja por parte de las Administraciones Publicas en general basados únicamente en los precios más bajos y con ello degradando la propia actividad y el mantenimiento del empleo en el conjunto del sector, en lo concerniente al nuevo Concurso de prisiones seguirá insistiendo desde la negociación y desde la reivindicación que los trabajadores y trabajadoras afectados por este expediente puedan incorporarse al mercado laboral en cualquiera de sus formas con la empresa que resulte adjudicataria del nuevo concurso.

Vigilantes de seguridad reclaman la dotación de armas no letales para frenar la escalada de violencia hacia ellos

Las agresiones a vigilantes de seguridad alcanzan cada vez cifras más demoledoras llegando a registrarse balances donde se llega a multiplicar por 5 el número ataques a profesionales del sector privado de la seguridad respecto al mismo mes del año anterior.

Ejemplo de ello ha sido la comparativa 2019-2020 y durante el periodo más duro de la pandemia así como en lo que llevamos de 2021, esta escalada de violencia no ha dejado de ofrecer números preocupantes. La seguridad de los propios trabajadores está en juego sin que ninguna autoridad tome hasta la fecha cartas en el asunto. Frente a estas amenazas y agresiones que ponen en grave riesgo su integridad física, cada vez son más las voces que reclaman poder dotar de dispositivos eléctricos de control (DEC), popularmente conocidos como táser, a los vigilantes de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.

Esta herramienta supondría una opción legítima y proporcional de defensa frente a los últimos incidentes denunciados. Incluso podría llegar a constituirse como elemento disuasorio e intimidatorio capaz de prevenir la acción delictiva frente a la intencionalidad de ciertos sujetos que encuentran en el desamparo legal de estos trabajadores el punto óptimo de inflexión para llevar a cabo sus objetivos. También frente a aquellos sujetos que no dudan en recurrir a la violencia para responder a la acción de estos trabajadores o cuando se enfrentan a individuos con graves problemas de salud mental.

El último ejemplo de este tipo de intervenciones se ha registrado el pasado 20 de abril cuando un individuo, que accedió sin billete al metro de Barcelona, agredía a pedradas a un vigilante, dejando su rostro ensangrentado y teniendo que ser socorrido por un agente de los Mossos de paisano y el resto de viajeros. Asociaciones y sindicatos no dudan en señalar varios factores determinantes que guardan directa relación con estas agresiones como la falta de medios humanos y materiales así como la nula protección jurídica que tienen los vigilantes en el desempeño de sus funciones. De ahí que surja la reivindicación de dotar a estos trabajadores de herramientas capaces de protegerles y de frenar este tipo de sucesos.

Desde la Plataforma Seguridad Privada España hacen también hincapié en el obsoleto Reglamento y Ley de Seguridad Privada como parte de la solución a este problema. “Llevamos desde nuestra formación a principios de 2019, reclamando mas medios de defensa físicos y jurídicos”, manifiesta Miguel A. López, coordinador nacional de SPE. “Los vigilantes nos enfrentamos a un trabajo de cara al público, con una imagen muy deteriorada, ante un nivel 4 de alerta antiterrorista e inmersos en una pandemia y un estado de alarma sin precedentes con una defensa de 50 cm y unos grilletes de juguete que portamos la inmensa mayoría. Nos resultan a todas luces insuficientes para poder desempeñar nuestra labor con ciertas garantías”, reivindican desde dicha plataforma.

Es por ello que urge una reunión urgente con el Ministerio del Interior para plantear una solución a la inseguridad física y jurídica del sector, las agresiones, así como que vea luz el futuro Reglamento de seguridad privada que cuenta con 25 años de antigüedad y cuyo borrador reposa en un cajón desde hace otros pocos… Los propios trabajadores en voz de sus representantes han asegurado a h50 que el sector está olvidado por parte de las instituciones, de las empresas, de los medios de comunicación y de la sociedad, preocupando también la desunión que reina en el sector.

El uso de los dispositivos eléctricos de control ya es una realidad en cuerpos policiales de toda España a excepción de Policía Nacional y Guardia Civil donde el embrollo burocrático y el exceso de politización sobre su uso parecen ser los principales lastres para que los agentes puedan disponer de este medio como elemento de dotación. En el caso de los vigilantes de seguridad se trata de un sistema hasta la fecha no contemplado pero que cuya viabilidad cobra cada vez más fuerza aunque no hay que olvidar que estaría sujeto a la actualización del aspecto legislativo que regula el sector.

“Siempre hemos mantenido que deberíamos portar una equipación y unos medios que al menos impusiesen respeto. Chaleco y guantes anticorte, defensa más larga de la actual o bastón extensible , spray de defensa (tipo gel para poder usar en interiores) y algún tipo de arma no letal (pistola de electroshock tipo Taser, bolas balísticas, o cualquier pistola de tipo traumático), pero cualquier mención por nuestra parte ha pasado desapercibida”, se lamentan desde SPS advirtiendo también que “sólo el día que suceda algo grave y quede al descubierto nuestra precariedad el sector y la sociedad reaccionará”.

23 de abril de 2021

SPV convoca concentración contra el Ayuntamiento y las empresas de seguridad privada Hispanosegur y Seleco


¡BASTA DE PISOTEAR LOS DERECHOS MÁS ELEMENTALES DE LOS TRABAJADORES!

El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) ha convocado para el próximo 20 de mayo una protesta a las puertas del AYUNTAMIENTO DE SEVILLA contra la citada entidad municipal y las empresas de seguridad privadas HISPANOSEGUR y SELECO.

ESTA PROTESTA está organizada debido a los reiterados impagos salariales de la mercantil Hispanosegur Seguridad (empresa cesante) a sus trabajadores adscritos a distintos centros municipales y a la no aplicación del vigente convenio colectivo estatal de seguridad privada por parte de la nueva adjudicataria del contrato de seguridad, la empresa Seleco Seguridad, que ha procedido indebidamente a no subrogar al personal, dejando en la calle a los vigilantes de seguridad allí destinados.

SPV DENUNCIA, a través de esta iniciativa, la postura del Ayuntamiento de Sevilla al permitir que una empresa llegue a acumular 5 meses sin abonar nóminas o que otra empresa incumpla desde el principio el pliego de condiciones de la licitación, ignorando deliberadamente el convenio colectivo al no subrogar al personal perteneciente al servicio, dejándolos en el paro y obligándolos a litigar para poder defender sus puestos de trabajo. 


"Los vigilantes de seguridad fuimos personal realmente esencial en pandemia, pero no nos vacunan"

Soy vigilante de seguridad. Fui personal esencial, ya que igual que mis compañeros trabajamos en marzo, abril y mayo de 2020, y tuvimos que ir a trabajar físicamente casi sin EPIs, exponiéndonos nosotros y a nuestras familias al virus en esos momentos críticos, mientras alguno de los grupos que han sido vacunados se quedaron en sus casas.

Pero igual que otros que no pudimos confinarnos en lo peor de la pandemia, por ejemplo, camioneros, dependientes de supermercados y otros (por suerte, policía y personal médico sí han sido vacunados), parece que seremos los últimos en recibir la vacuna, mientras otros que se quedaron en casa han sido considerados más importantes.

He conocido la muerte de compañeros que se contagiaron trabajando. Me parece un grave error que no hayamos sido vacunados. Si viene una nueva mutación y todo el mundo debe volver a casa, se nos volverá a pedir a los mismos (que no estamos vacunados) que no paremos. Quizá si paráramos ahora se darían cuenta de la importancia de la seguridad, del transporte de mercancías o de los supermercados, mientras otros vacunados considerados esenciales teletrabajarán desde casa, sin riesgo para ellos ni sus familias. Esenciales somos los que lo vivimos en marzo, abril y mayo de 2020. Vacunen ya a todos (primeramente a los que fuimos realmente esenciales, y lo volveremos a ser) y no hagamos política.

SEVILLA: Intenta entrar en Urgencias del Virgen del Rocío con su coche y atropellar a un vigilante de seguridad

Detenido por intentar entrar en Urgencias del Virgen del Rocío con su coche e intentar atropellar a un vigilante de seguridad.

El arrestado intentó atropellar a un vigilante de seguridad y propinó un puñetazo a otro, que lo derribó y dejó inconsciente.

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a un hombre de 50 años que intentó entrar con su coche en el área de Urgencias del Hospital General del Virgen del Rocío. El arrestado pedía que se atendiera de manera prioritaria a una familiar suya y terminó lesionando a dos vigilantes de seguridad del complejo sanitario.

A uno de ellos le golpeó con el coche en marcha al intentar atropellarle, y al otro le propinó un puñetazo que lo derribó y le hizo perder momentáneamente el conocimiento. Esto ya lo hizo en presencia de la Policía, que se lo llevó detenido. Además de las agresiones, el sospechoso propinó amenazas de muerte a los vigilantes de seguridad, que le impidieron la entrada en el hospital y lo redujeron hasta la llegada de la Policía.

El incidente ocurrió sobre las cinco y cuarto de la tarde del martes, según indicaron fuentes policiales. A esa hora el hombre llegó a bordo de un coche, un Opel Astra, en compañía de su mujer y su madre. Pedía que atendieran a su familiar urgentemente y los vigilantes y el personal sanitario le indicaron que debía seguir el protocolo establecido.

Incluso sus familiares tuvieron que media para que el incidente no fuera a mayores. Tanto varios transeúntes como los vigilantes del hospital llamaron a la Policía para que detuviera al hombre, que se encontraba en todo momento muy agresivo y nervioso. “Como le pase algo a mi mujer, os voy a matar”, aseguran los testigos que no paraba de decirles a los empleados de seguridad. El momento de la detención fue grabado en vídeo por un ciudadano, en unas imágenes que pueden verse en Twitter en la cuenta de la asociación Cuerpos Institucionales Unidos de España (CIUE).

El nuevo secretario general de CCOO en Sevilla, Carlos Aristu, denunció ayer la agresión sufrida por los vigilantes, uno de los cuales es delegado sindical. Aristu explicó que el de los empleados de seguridad privada “es un sector esencial que forma parte de los que han estado abandonados en la pandemia, y hoy es peligroso en determinados puntos, como son las urgencias de un hospital donde se genera enorme tensión y conflictividad”. A ello se le une la falta de personal suficiente.

22 de abril de 2021

Agresiones a vigilantes en los hospitales de Navarra: piden no retrasar más las medidas

El sindicato UGT ha desvelado reuniones con responsables de Interior y del Complejo Hospitalario y piden que no se demoren más en implantar decisiones.

El sindicato UGT ha denunciado la agresión ocurrido el martes un vigilante de seguridad en el Hospital Reina Sofía de Tudela al tiempo que ha exigido al Gobierno de Navarra que "adopte las medidas necesarias para que estas situaciones no vuelvan a repetirse". Así lo plantea el sindicato en una nota, en la que suma este suceso a otras agresiones a vigilantes de seguridad que desempeñan su trabajo en centros de salud, como la ocurrida a comienzos de marzo en urgencias del Hospital de Navarra, que el sindicato ya denunció en su momento.

Con motivo de aquella agresión, y tras pedir sendas reuniones con responsables tanto del Departamento de Interior como del Complejo Hospitalario de Navarra, el pasado 26 de marzo la UGT mantuvo una reunión con el jefe de sección de coordinación de seguridad del Gobierno foral, David Carabantes. Asegura UGT que entonces el responsable de Interior "tomó nota de todas las reivindicaciones planteadas por el sindicato e indicó que alguna de las propuestas formuladas por la UGT se podría recoger en el ​Nuevo Acuerdo Marco de Seguridad Privada previsto para el año 2023".

No obstante, ahora exige que se tomen medidas "de forma inmediata para evitar que se sigan produciendo este tipo de agresiones y garantizar la seguridad de los vigilantes". En Tudela, el vigilante "recibió cuatro puñetazos en la cara" al evitar que un paciente, "en estado de alteración" y que había intentado darse a la fuga, agrediese a un familiar. El trabajador fue examinado por el personal sanitario y ha denunciado los hechos ante la Policía Foral. En Pamplona, Dos vigilantes de seguridad y un celador fueron agredidos este sábado en el Complejo Hospitalario de Navarra por un hombre que tenía que estar confinado por ser positivo en coronavirus y que fue finalmente detenido por una patrulla de la Policía Foral.

VALLADOLID: La Policía Nacional reconoce la labor de los vigilantes en los hospitales de Valladolid durante la pandemia

El pasado lunes día 19 de abril a las 12:30 horas se entregaron tres menciones honoríficas en el salón de actos del Hospital Universitario Río Hortega y este jueves a las 11:30 horas se han concedido cinco distinciones en el teatro infantil de la octava planta del Hospital Clínico Universitario.

En un acto organizado por parte de la Comisaría Provincial de Valladolid y respetando las medidas higiénico sanitarias actualmente establecidas, la Policía Nacional quiere agradecer a los vigilantes de seguridad su labor de vigilancia y protección del personal sanitario y de los ciudadanos en los hospitales Río Hortega y Clínico durante este año de pandemia.

El pasado lunes, a las 12:30 horas y en el salón de actos del Hospital Clínico Universitario, se entregaron menciones honoríficas a tres vigilantes de seguridad de la empresa VASBE, dos trabajan en esas instalaciones y una compañera desempeña su labor en el Centro de Salud Delicias I y II. El acto fue presidido por el Gerente del Hospital Río Hortega José Miguel García Vela acompañado por el Gerente de Atención Primaria Elpidio García Ramón y por el Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana Francisco Javier Monge Rodríguez acompañado del Interlocutor Policial Territorial Sanitario Inspector Pablo Holgado González.

Este juevs, a las 11:30 horas y en el teatro infantil del Hospital Clínico Universitario, se han concedido cinco distinciones a vigilantes de seguridad de la empresa EULEN por su relevante labor en la protección del personal sanitario. Entre las autoridades asistentes estuvieron el Subdelegado del Gobierno en Valladolid Emilio Álvarez Villazán, la Directora Médico, Belén Cantón Álvarez, el Director de Gestión, Mariano Cortés Alonso-Villalobos, el Comisario Jefe Provincial de Valladolid, Luis Gibert Ortega, el Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Monge Rodríguez y el Interlocutor Policial Territorial Sanitario Inspector, Pablo Holgado González.

La figura del interlocutor policial territorial sanitario favorece la comunicación entre la Policía Nacional y los profesionales sanitarios al informar estos últimos de las agresiones que sufren y así establecer pautas de actuación ante cualquier ataque en este sector para poder mejorar la seguridad en los centros médicos. Una parte importante que contribuye a su protección son los vigilantes de seguridad privada por lo que estas ocho distinciones reconocen la labor de los premiados, dedicación, grado de implicación y cumplimiento del deber durante esta crisis sanitaria. Sin duda han contribuido a la salvaguarda de la seguridad tanto del personal sanitario como de los ciudadanos que acuden a los centros hospitalarios.

LA RIOJA: La Inspección de Trabajo multa a una empresa que despidió a cuatro empleados por dar positivo en covid

Consideran que se ha producido una discriminación laboral, tipificada como muy grave, y por la que ahora deberá hacer frente a un pago de 10.000 euros.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja ha multado a una empresa de Logroño por despedir a cuatro trabajadores cuando dieron positivo en coronavirus el pasado septiembre, tras someterse a las pruebas de la compañía, según la documentación a la que ha tenido acceso El País.

La empresa, del sector agrícola, realizó las pruebas correspondientes a 53 de sus empleados y solo cuatro obtuvieron un resultado positivo, motivo por el cual se les fulminó de su puesto laboral. Ante esta situación, la Inspección de Trabajo abrió un expediente sancionador contra la empresa por considerar que se había producido una discriminación laboral, tipificada como muy grave, y por la que ahora deberá hacer frente a una multa de 10.000 euros.

El acta concluye que los afectados “vieron extinguida su relación laboral por decisión unilateral de la empresa”, y por tanto, “queda claro que por parte de la empresa se ha incurrido en un trato discriminatorio ocasionado por el resultado de PCR positiva de dichos trabajadores”, apunta El País. Fuentes próximas a la Inspección añaden que los cuatro trabajadores afectados desarrollaban su actividad en distintas explotaciones agrarias desde poco antes de ser despedidos y cuando la empresa decidió poner fin a la relación laboral, lo hizo con efectos previos a la fecha a la que obtuvieron los resultados de las pruebas PCR. Motivo por el cual, los despedidos no pudieron acceder a la situación de incapacidad temporal por situación asimilada a accidente de trabajo (que es como está considerado el contagio de coronavirus) ni a las prestaciones de la Seguridad Social contempladas para estos casos.

FUENTE: elpais.com AQUÍ