Convenio Colectivo Estatal para Empresas de Seguridad Privada año 2022

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VALLADOLID: Denuncian a Eulen por permitir a sus empleados trabajar con chalecos de seguridad no adecuados

El servicio cuenta en la actualidad con 27 trabajadores.

UGT ha presentado hoy una denuncia contra la Empresa de seguridad Eulen, adjudicataria del Servicio de Vigilancia del Hospital Clínico Universitario y del Edificio Rondilla en Valladolid, que cuenta actualmente en este servicio con 27 trabajadores.

Según explican desde el sindicato, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, en 2019 "la empresa dotó a sus vigilantes de Seguridad de un chaleco anticorte, con fecha de caducidad en 2020". Cuando el sindicato advirtió a la empresa en noviembre de 2021 de la necesidad de renovar el equipo para garantizar la seguridad de sus empleados, la empresa contestó aduciendo que “no existe motivo funcional alguno para tener que cambiar los chalecos que tiene ahora mismo la plantilla” puesto que, según aseguran, “los chalecos tienen vida útil, no caducidad” de acuerdo con las especificaciones del proveedor de los chalecos.

Sin embargo, desde el sindicato, denuncian que los mencionados chalecos son "antihigiénicos porque no se pueden lavar". Añaden, además, que "tampoco permiten al vigilante agacharse, correr o maniobrar físicamente con ellos para evitar un acto delictivo puesto que son rígidos y muy pesados y deben llevarlos puestos, al menos, 8 horas cada jornada de trabajo". Además, afirman, que "la placa que lleva produce rozaduras en la ropa y, al ser unisex, no están adaptados a la morfología de la vigilante que la empresa tiene actualmente contratada" lo que "les resta seguridad y eficacia". "Por todas estas circunstancias, los vigilantes de seguridad propusieron a la empresa costearse un modelo mejor y más cómodo, pero la empresa se negó", añaden desde UGT.

FUENTE: www.elespanol.com AQUÍ

SPV Sevilla considera arbitraria y discriminatoria la salida del trabajador de Securitas de la Consejería de Empleo

En apoyo del compañero de Securitas José Luis Domínguez

En la mañana de hoy, una representación de SPV Sevilla se ha manifestado a las puertas de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en contra de la salida de dicho centro de trabajo del vigilante de seguridad José Luis Domínguez, con más de 20 años de antigüedad en el centro. Consideramos que la mercantil Securitas Seguridad España S.A. ha tomado esta decisión de forma arbitraria y discriminatoria, obligando al trabajador a litigar para defender su honor y profesionalidad.

Con esta acción sindical, hemos querido trasladarle a los responsables de este organismo nuestra disconformidad por el trato realizado por parte de Securitas a este trabajador y denunciar como ha sido apartado de su puesto de trabajo y desplazado a otro servicio sin mediar motivo alguno para ello. Muy al contrario, los más de 20 años de servicio del compañero en esta consejería (la mayoría ejerciendo labores de jefe de equipo) avalan su trayectoria impecable. Tanto es así, que durante el transcurso de la concentración, han sido muchos los funcionarios y trabajadores de empresas subcontratadas los que se han acercado a José Luis a manifestarles sus muestras de apoyo y solidaridad. En el trascurso de la concentración hemos procedido a registrar una comunicación al Secretario General Técnico de esta consejería para ponerle en antecedentes sobre este caso y solicitarle su mediación para subsanar y reconducir esta injusta situación, que ha modificado sustancialmente las condiciones laborales del afectado.

Desde SPV Sevilla vamos a seguir utilizando todas las medidas a nuestro alcance para denunciar estos desafortunados hechos realizados por unos directivos con unos principios morales muy escasos. No se puede tirar por la borda la trayectoria profesional intachable. Esta no debe ser en ningún caso la forma de actuar de una de las empresas que presume de ser de las principales de sector. El compromiso, la lealtad y fidelidad de los trabajadores, sobre todo de aquellos que llevan media vida entregada a su empresa, no se puede pagar con el desprecio y la falta de consideración de sus superiores.

Vamos a seguir pidiendo la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo Y vamos a seguir en esta lucha cuanto tiempo haga falta.

Securitas, así no.

SPV pide la mediación de la Consejería de Empleo para la readmisión del compañero de Securitas apartado del servicio

En carta dirigida al Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, SPV Sevilla ha solicitado formalmente su mediación en el caso del vigilante de Securitas José Luis Domínguez, injustamente retirado de su servicio, con el objeto de subsanar esta injusta situación.

Después de agotar todas las vías de negociación con la dirección de la empresa, SPV ha comenzado una serie de inciativas reivindicativas para denunciar esta situación, acciones que se organizan al margen de las que el trabajador haya tomado de forma jurídica, para defenderse de los perjuicios que ha acarreado su salida del centro de trabajo en el que llevaba más de 20 años trabajando.

En el documento registrado en la consejería con fecha 11/01/22 tras la concentración a las puertas de este organismo público, SPV ha defendido que "apartar de su puesto de trabajo a este trabajador a pesar de su trayectoria impecable y de los años que ha colaborado sobradamente a través de la responsabilidad de jefe de equipo, es una decisión fuera de todo tacto e impropia de Securitas, a la vez que arbitraria y discriminatoria, pues es el más antiguo de los 11 vigilantes de seguridad que componen la plantilla. No hay ninguna razón para tomar este tipo de decisiones y se podían haber buscado otras alternativas. Incluso muchos de sus propios compañeros nos han manifestado su disconformidad por la determinación adoptada por la empresa".

Ante el comportamiento injusto de Securitas con este trabajador, hemos visto conveniente plantearle al responsable técnico de la consejería que tenga en consideración la trayectoria profesional del trabajador afectado, solicitándole poner todos los medios a su alcance para una pronta reincorporación de José Luis a la plantilla de seguridad de la consejería, de la que nunca debió salir.

CÁDIZ: Ayuntamiento tratará de asumir impagos de empresa de vigilancia de dependencias municipales a su plantilla

Ante los impagos a su plantilla por parte de Mersant, la adjudicataria del servicio de vigilancia en diferentes dependencias municipales de Cádiz, el Ayuntamiento ya ha decidido no aplicar la prórroga prevista, y se trabaja para licitar otra vez el contrato y para que pueda estar resuelto antes de mayo, cuando finaliza el vigente.

Ante los impagos a su plantilla por parte de Mersant Vigilancia, la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad en diferentes dependencias municipales de Cádiz, el Gobierno local en el Ayuntamiento ya ha decidido no aplicar la prórroga de dos años prevista en el contrato una vez que éste finalice en mayo. En este sentido, se está ultimando un nuevo pliego para volver a sacar a licitación este contrato, al tiempo que se están arbitrando las medidas necesarias para garantizar el servicio y los pagos pendientes a los trabajadores (de momento se les adeuda la nómina de diciembre y la paga extra, aduciendo “dificultades económicas”).

Así lo ha trasladado este lunes en un encuentro con representantes de la plantilla (que ha iniciado movilizaciones) el concejal de Personal, Demetrio Quirós. “El Ayuntamiento ha estado en todo momento encima de la empresa para tratar de garantizar el cumplimiento del pliego, llegando a hacerle requerimientos por escrito en este sentido y también ante la Inspección de Trabajo”, asegura. Además, el edil responsable ha incido en que la situación actual (que se repite con otras administraciones y empresas que cuentan con los servicios de Mersant) responde “a dificultades económicas de la empresa que, en ningún caso, tienen que ver con el pliego”.

No obstante, para garantizar los servicios y los pagos, el Ayuntamiento está articulando medidas que le permitan asumir los impagos subsidiariamente, tal y como ya se hiciera en su día con el servicio de limpieza de las dependencias municipales para “no dejar en la estacada a sus trabajadores”. Según se señala en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, los representantes de la plantilla han expresado su satisfacción ante las medidas planteadas por el Consistorio gaditano para dar respuesta a su situación, que incluye volver a sacar a licitación el servicio para que pueda estar resuelto para cuando finalice el actual contrato. Quirós ha avanzado que se reforzarán los requisitos de solvencia de las empresas para evitar que se repitan situaciones como esta.

Esta firma se adjudicó en mayo de 2020, a través de un procedimiento público de contratación, el servicio de vigilancia y seguridad en distintas dependencias municipales por dos años, prorrogable a otros dos años más, por unos 7 millones de euros. Son 70 los trabajadores de Mersant que desarrollan las funciones de seguridad privada en centros como el Gran Teatro Falla, la Sala Central Lechera, el teatro del Títere de la Tía Norica, los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, el Espacio Cultural Contemporáneo (ECCO), el Baluarte de Candelaria, la Casa de Iberoamérica, el depósito municipal de vehículos, los centros municipales de servicios sociales comunitarios, el centro Hermanas Mirabal, los antiguos depósitos de tabaco, el mercado central y el mercado Virgen del Rosario y la Fundación Municipal de la Mujer.

FUENTE: www.diariobahiadecadiz.com AQUÍ

PALMA DE MALLORCA: Despido nulo de un trabajador de seguridad privada por pedir una pausa para comer

El Juzgado de lo Social número 3 de Palma ha declarado nulo el despido de un trabajador de una empresa de seguridad privada después de que reivindicase fijar una pausa para comer en la empresa, en la que la jornada laboral era de 8.00 a 20.00 horas en temporada alta. Además, el Juzgado condena a la empresa a indemnizar con 6.000 euros al empleado por vulneración de derechos fundamentales.

En concreto, el Juzgado declara probado que el trabajador había mantenido una conversación con la empresa, en la que reclamaba que los empleados pudieran disfrutar de un tiempo para comer. Según declaró un compañero, se trataba de una reivindicación de todos los trabajadores. Según consta en la sentencia, la jornada laboral en temporada alta era de 8.00 a 20.00 horas de lunes a sábado, y los domingos de 8.00 a 14.00 horas; y en temporada baja, de 8.00 a 18.00 horas, sin que hubiera reconocida una franja horaria concreta de pausa para comer.

Según la empresa, los trabajadores tenían libertad para comer cuando quisieran. Después de la conversación telefónica con la empresa, el mismo día, ésta comunicó al trabajador que le cambiaba de servicio, algo que el empleado interpretó como una represalia. Mes y medio más tarde, mientras estaba de vacaciones, se le comunicó que estaba despedido. Dado el escaso margen temporal entre la reivindicación y el posterior despido, el Tribunal entiende que la decisión de la empresa fue una reacción ante la reclamación laboral del trabajador, y que por tanto, vulneró la garantía de indemnidad.

En la sentencia la Sala no entra a valorar si se cumplían o no las horas de trabajo realmente posibles o si se les debe reconocer a los trabajadores la pausa para comer. En la carta de despido la empresa ya reconocía la improcedencia del mismo y ofrecía una indemnización de 1.400 euros. Con todo, el TSJIB ha fijado en 6.200 euros la indemnización que deberá pagar al trabajador; no tanto por los salarios dejados de percibir, sino por la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

FUENTE: www.ultimahora.es AQUÍ

SEVILLA: La Audiencia Nacional confirma una multa a una empresa por servicios de vigilancia no autorizados

Vigilaban un centro de personas mayores abandonado en la carretera de Mairena del Alcor a Brenes

La Audiencia Nacional ha confirmado una sentencia que avala una multa de 30.001 euros impuesta a una empresa, por prestar "servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización" para ello en un antiguo centro de personas mayores abandonado que se localiza en la carretera de Mairena del Alcor a Brenes, en la provincia de Sevilla.

En una sentencia emitida el pasado 24 de noviembre y recogida por Europa Press, la Sección Quinta de la Audiencia Nacional aborda un recurso de apelación, interpuesto contra una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número cinco, desestimatoria de un recurso formulado por la empresa G2 Multiservicios contra la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de imponerle una sanción de 30.001 euros por una infracción muy grave del Reglamento de Seguridad Privada, al prestar "servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización", en alusión al papel de uno de sus empleados en una antigua residencia de personas mayores ubicada en la carretera de Mairena del Alcor a Brenes y en situación de abandono. Al respecto, la Audiencia Nacional precisa que la sentencia apelada esgrime las actas diarias de trabajo de dicho empleado, en las que se mencionan "rondas" por las instalaciones o avisos a la Guardia Civil ante incidencias, extremos por los cuales el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número cinco determinaba que las funciones de este trabajador eran las de "vigilancia y seguridad".

"Funciones de vigilancia" "Se ha acreditado que se realizan funciones de vigilancia, cuando menos a través de una prueba de indicios, concretados en que de 6 a 22 no existe vigilancia; que el empleado afirmó que si ocurre algo llama a la Guardia Civil; que se trata de un edificio sin actividad y abandonado, por lo que las labores de mantenimiento son inexistentes", zanjaba la sentencia inicial impugnada.

Frente al recurso de apelación de la empresa sancionada, la Sección Quinta de la Audiencia Nacional considera que la sentencia impugnada "realiza una detallada valoración del material probatorio, analizando aquellas circunstancias reflejadas en las actas de inspección y en los partes que se adjuntaron a las mismas, y que sirvieron de fundamento a la Administración para considerar acreditada la comisión de la infracción", haciendo suyas las conclusiones del juzgado.

Las actas de inspección Aunque la empresa alegaba que "las actas de inspección elaboradas por los funcionarios de Policía carecen de presunción de certeza o veracidad, al no haber sido constatado, de forma directa y presencial, ningún hecho concreto y especifico de vigilancia"; la Audiencia Nacional considera que tales actas "ponen precisamente de relieve los hechos directamente observados por los agentes, así como la declaración prestada por el trabajador y el contenido de los partes que se adjuntaron a las mismas. Es por ello que la Sección Quinta de la Audiencia Nacional desestima por completo el recurso de apelación de la empresa sancionada y confirma la sentencia inicial impugnada, que avala la multa en cuestión.

FUENTE: www.diariodesevilla.es AQUÍ

Publicadas las convocatorias de las pruebas para vigilante de seguridad y otras especialidades para el año 2022.

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CÁDIZ: Siete casos de intrusismo en la seguridad privada denunciados en la comarca en 2021

La Policía Nacional efectúa 423 inspecciones a servicios y empresas del sector durante todo el pasado año en la provincia

La Policía Nacional, a través de las Unidades de Seguridad Privada de las comisarías de toda la provincia de Cádiz, ha realizado en el año 2021 un total de 423 inspecciones a servicios y empresas del ámbito de la Seguridad Privada. Con estas inspecciones se verifica el correcto funcionamiento de las compañías y que tanto las empresas como el personal a su servicio cumplen con todos los requisitos de autorización y habilitación que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada les exige.

En el caso del Campo de Gibraltar, fueron detectados siete casos de intrusismo profesional, con tres en Algeciras, otros tantos en Los Barrios y uno en Tarifa. Si bien el grueso de las inspecciones en el conjunto de la provincia se circunscribieron a servicios de vigilancia y protección y a establecimientos obligados a estar provistos de medidas de seguridad, igualmente se realizaron 27 inspecciones en conciertos y espectáculos públicos, 19 en eventos deportivos y 12 en locales de ocio nocturno, tras la relajación de las medidas restrictivas impuestas por las autoridades con motivo de la pandemia y la recuperación de la normalidad.

Fruto de esta labor de control en 2021 se han cursado 11 propuestas de sanción de las que 6 fueron dirigidas contra empresas receptoras de alarmas por la deficiente gestión de los avisos de alarma, 4 a empresas de vigilancia por detectarse anomalías en la prestación de los servicios y 1 a una empresa de transporte de valores por incumplir la normativa reguladora de las condiciones en las que han de prestarse.

Intrusismo en el sector de la seguridad privada En lo que respecta a la detección y erradicación del intrusismo, el balance se considera muy positivo, cerrándose con 21 denuncias a empresas y 30 a trabajadores carentes de habilitación para el desarrollo de labores de vigilancia y protección de personas y bienes. En su gran mayoría los intrusismos detectados se circunscriben al ámbito de la construcción (8 casos) y los bares de copas y discotecas (4 casos), afectando también en menor medida a las ferias de artesanía y exposiciones, empresas en polígonos industriales, comunidades de vecinos y garajes, y puntualmente a supermercados y salones de juegos. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente.

La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado. Por localidades encabezan en ránking del intrusismo detectado Cádiz capital y El Puerto con 4 casos cada una, seguidos de Algeciras, Jerez y Los Barrios con tres, y Tarifa, San Fernando, Chiclana y Sanlúcar con 1 denuncia en cada municipio.

Diez detenciones en Sanlúcar A primeros del mes de junio de 2021 se desarticuló en Sanlúcar una “empresa fantasma” que prestaba servicio en un conocido local de copas del centro de la ciudad, cursándose denuncia contra dos porteros del mismo que además carecían de contrato de trabajo y no estaban dados de alta en la Seguridad Social y procediéndose a la detención del propietario de la empresa de seguridad por un delito contra los derechos de los trabajadores (por emplear a un ciudadano extranjero carente de permiso de residencia) y otros dos de estafa y falsedad documental.

Por otro lado resultó de especial trascendencia, por haber supuesto la culminación de dos años de investigación policial, la operación llevada a cabo en Cádiz capital a finales de ese mismo mes en la que se detuvo al propietario de una empresa de seguridad y a 6 personas más (4 miembros de su familia y 1 abogado que ostentaba la representación de la empresa) en la que se les atribuía la presunta comisión de los delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa procesal y frustración a la ejecución (antiguo alzamiento de bienes), todo ello relacionado con una empresa de seguridad anterior que había sido declarada en quiebra tras ocultar el patrimonio de la misma a fin de no cumplir con las deudas contraídas con la Seguridad Social y los trabajadores entre otros.

Al margen de estas detenciones también se procedió a la detención de dos “intrusos” que en el momento de ser inspeccionados y propuestos para sanción administrativa se encontraban reclamados por las autoridades judiciales, contando uno de ellos, portero de una discoteca, con un amplio historial delictivo relacionado con el narcotráfico y los delitos contra las personas entre otros.

FUENTE: www.europasur.es AQUÍ

A TODOS/AS LOS TRABAJADORES/AS DE MERSANT VIGILANCIA S.L.

A todos/as los trabajadores/as de Mersant Vigilancia S.L.

Desde el Comité ejecutivo de SPV Sevilla queremos denunciar una vez más la precaria situación en la que se encuentra el personal que trabaja para la mercantil MERSANT SEGURIDAD S.L., una penosa situación que durante el pasado año 2021 hemos puesto repetidamente en conocimiento de las distintas autoridades y organismos implicados (inspección de trabajo, administraciones, clientes etc).

A los retrasos ya habituales y reiterados en el pago de haberes salariales, se ha unido el de la paga extraordinaria de navidad, que incumpliendo lo que marca la ley, se ha ido abonando a plazos y con mucha incertidumbre (una pequeña parte el 24 de diciembre y el resto el 31). A ello hay que unir la inseguridad que ha producido en la plantilla el conocer que la citada empresa de seguridad tenía contraída una deuda con la Agencia Tributaria que superaba el millón de euros. Parece ser que esta deuda ha sido finalmente saldada, al ponerse al día de los pagos que tenía contraídos con Hacienda y la Seguridad Social. La prontitud de Mersant en solucionar este espinoso asunto hay que encontrarla en que esta deuda podría llegar a apartarlos de los contratos de las administraciones públicas, organismos que pueden tolerar, con la más pasmosa indiferencia, ver como Mersant paga mal a sus asalariados, pero que no permiten que sus empresas subcontratistas tengan deudas pendientes con el estado.

Aunque ahora toda la representación sindical que operamos en ámbito de la seguridad privada remamos en el mismo sentido, que no es otro denunciar la mala situación financiera de Mersant y la precariedad de sus trabajadores/as, consideramos que la inoperancia de su representación de los trabajadores durante los últimos años, ha influido de forma decisiva en llegar a la situación en la que nos encontramos, pues si se hubiera tenido el necesario control y fiscalización de la viabilidad de la empresa por parte de aquellos que tenían datos y representación para ello, hoy en día quizás nos encontraríamos en otro escenario diferente.

Desde SPV seguiremos trabajando para que esta empresa se ponga al día a la hora de cumplir escrupulosamente todo lo que marca el actual convenio colectivo y demás normativa laboral. Creemos que empresas que no cumpla con sus trabajadores no deben tener sitio entre las que operan en el ámbito de la seguridad privada, y hay que aunar esfuerzos entre todos para que esto sea una realidad.

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