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El terrorismo y la radicalización yihadista son las dos principales amenazas a la que se enfrenta España en la actualidad. Son muchas las compañías e infraestructuras de nuestro país que prestan servicios importantes para la sociedad y que son especialmente sensibles de padecer un atentado terrorista. Es por ello que la seguridad tiene que ser su principal foco de atención y preocupación.
Para afrontar estos peligros es necesario la ejecución de ciertas medidas ya identificadas, como son el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista del Ministerio del Interior, la Circular 50, el esquema básico de intervención policial en las órdenes de desalojo y la importancia de estrechar la colaboración entre la seguridad pública y la privada para garantizar una respuesta efectiva ante una incidencia en torno a una instalación.
En este sentido, el Complejo Policial de Canillas (en Madrid) acogió el pasado 24 de marzo la “Jornada de Actuación ante Posibles Incidentes Violentos de Carácter Terrorista”, organizada por la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía (UCSP). El objetivo era impartir formación cualificada a directores de Seguridad y al personal de empresas de seguridad privada sobre protocolos de actuación ante un atentado o incidente grave. “Esta jornada es un encuentro de trabajo que pretende afianzar la respuesta del CNP y del sector de la Seguridad Privada en aquellos incidentes que conlleven el desalojo de instalaciones o centros de afluencia masiva de personas”, afirmó Esteban Gándara, comisario jefe de la UCSP.
Con la intención de arrojar luz sobre estas cuestiones de interés conjunto, el primer ponente, inspector de la primera Unidad de Intervención Policial (UIP), se refirió al Plan de Prevención y Protección Antiterrorista para España, que cuenta con cuatro niveles de activación que se corresponden en cada momento con los diferentes niveles de alerta terrorista –del 1 al 4–. En este sentido, el nivel de normalidad es el cero y se establece cuando el riesgo de la amenaza es genérico. El nivel 1 se decreta ante la consideración de un riesgo potencial de actividad terrorista y el nivel 2 se adopta cuando las Fuerzas de Seguridad detectan un riesgo probable de atentado. Por su parte, el nivel 3 representa un riesgo altamente probable de atentado y supone la activación de las unidades especiales de intervención y reserva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como su participación en la vigilancia de los lugares de afluencia masiva de personas y en la protección de infraestructuras críticas. Y, finalmente, el nivel 4 sólo se activa cuando el riesgo de atentado es inminente.
Esta unidad también desempeña un papel esencial en lo que respecta a la Circular 50. En este sentido, el inspector señaló que ésta recoge las directrices que deben coordinar la actuación de todas las unidades ante la amenaza de un atentado. Asimismo, el representante de UIP resaltó la importancia de la colaboración de la seguridad privada en los desalojos. Por su parte, en especialista TEDAX-NRBQ explicó la labor que realiza dicha unidad y el esquema básico de intervención policial ante una amenaza de bomba.
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