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4 de julio de 2023

GRANADA: Agreden por segunda vez en cuatro días a un mismo vigilante en el Clínico: «Estamos indefensos»

Sufrió un mordisco en el pecho después del brutal ataque de la pasada semana, cuando una familia le pegó a él y a otros cuatro compañeros

Un vigilante de seguridad del Hospital Clínico Universitario San Cecilio fue agredido el pasado domingo por la noche, cuando un paciente agresivo le mordió en el pecho mientras estaba en Urgencias. Se da la circunstancia de que el trabajador ya había sido golpeado apenas cuatro días antes.


Prosegur rediseña su universidad corporativa

Prosegur, multinacional de servicios de seguridad privada, ha llevado a cabo un rediseño de su universidad corporativa, una plataforma digital global accesible desde cualquier dispositivo, con el objetivo de adaptarse a las necesidades formativas de sus equipos.

La compañía, en el marco del proceso de transformación tecnológica en el que se encuentra inmersa, busca con esta actualización reducir la brecha digital y garantizar que todos sus empleados estén preparados para los desafíos del futuro y el nuevo paradigma de la seguridad global. Para ello, la oferta formativa de la universidad corporativa Prosegur se adapta a las necesidades específicas de cada línea de negocio y perfil profesional, así como a las preferencias personales de los empleados. Se incluyen desde aspectos éticos, de seguridad y salud y valores corporativos, hasta temáticas como inteligencia artificial, blockchain, big data, ciberseguridad y sostenibilidad.

En 2022 Prosegur aumentó en un 17 % el número de horas formativas, equilibrando la formación presencial y virtual. Además, la compañía se compromete a incrementar un 10 % su oferta educativa en línea y garantizar que los módulos formativos, tanto presenciales como digitales, lleguen al 90 % de la plantilla. Rocío Castañeda, directora global de talento y estrategia de RRHH de Prosegur, explica que "el talento y la formación de nuestros empleados son fundamentales para nuestro éxito como empresa. Compartir conocimiento y fomentar la formación continua son elementos clave en nuestra estrategia de transformación, innovación y crecimiento".

Informe del Ministerio del Interior sobre plazos de adecuación a grado de los sistemas de seguridad electrónica, en el ámbito de la seguridad privada.

 

La seguridad privada refuerza con 275 vigilantes la labor de Policía y Guardia Civil en Palencia

Un total de 320 establecimientos en Palencia están obligados a disponer de medidas como alarmas, el 98,8% de las cuales son falsas cuando se disparan

Un total de 237 vigilantes de seguridad y 38 de explosivos prestan sus servicios en Palencia, y cinco empresas de seguridad mantienen una delegación en la provincia. Este viernes, en el Día de la Seguridad Privada, más de una treintena de ellos o de personas relacionadas con este ámbito, entre ellos cinco mujeres, han recibido una mención honorífica por su «trascendental» labor diaria, según ha señalado el comisario jefe de Policía Nacional en Palencia, Honorio Pérez, durante un acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno en el que ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia, el teniente coronel Rafael Campos Barquín, y Benjamín Crespo Menéndez, en representación de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER).

Honorio Pérez, que ha incidido en que la seguridad «es cosa de todos» y que ha evidenciado la «excelente» colaboración que existe entre la Policía Nacional, Guardia Civil y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el personal de la seguridad privada, ha aludido a las 152 inspecciones que la Comisaría Provincial de Palencia, a través del Grupo Operativo de Seguridad Privada, ha realizado a empresas de seguridad y centros de formación, así como las 123 inspecciones en servicios prestados por vigilantes de seguridad o explosivos; 47, en oficinas bancarias; 39, en farmacias; 21, en administraciones de loterías; 24, en joyerías y 20, en estaciones de servicio. «Además, se diligenciaron 194 libros registro de instalaciones y revisiones, 48 cartillas profesionales, se entregaron 58 Tarjetas de Identidad Profesional y se celebraron 18 reuniones con representantes de empresas de seguridad privada que operan en la provincia», ha añadido.

El comisario jefe de Policía Nacional ha hecho especial hincapié en cómo, de los 320 establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, se recibieron desde las centrales receptoras de alarmas un total de 671 comunicaciones a la Policía Nacional, que, «en algo más de dos minutos», dio respuesta en la capital palentina a estos requerimientos de seguridad, resultando 663 falsas alarmas, lo que representa el 98,8% del total.«Nos preocupa el ascenso en la comunicación estas falsas alarmas, ya que, si tenemos en cuenta la comparativa entre 2019 y 2022, la subida es de un 50%», ha apuntado Honorio Pérez.

«Los policías nacionales de Seguridad Privada de Palencia también realizaron, en materia de juego, 1.199 inspecciones a establecimientos de hostelería; 275, en máquinas de azar y recreativas; quince, en salones y casas de apuestas y una, en bingos», ha añadido el comisario jefe de Policía Nacional, que ha informado además de que los jefes de Unidades de Seguridad Privada actúan también como Interlocutor Policial Nacional Sanitario y en Palencia se mantuvieron seis reuniones con los responsables de salud para conseguir entornos seguros en base a la Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprobó el protocolo de actuación policial ante agresiones a profesionales de la salud.

El subdelegado del Gobierno, por su parte, ha agradecido la estrecha colaboración y coordinación existente entre esas empresas y la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Debe quedar claro el papel de la seguridad privada como colaborador y complementario de la seguridad pública, un papel que considero fundamental, principalmente preventivo y primordial en una sociedad cada vez más compleja como la actual», ha señalado Ángel Miguel. »El desarrollo tecnológico y el acelerado cambio de hábitos producido tras la pandemia han tenido su reflejo en una nueva criminalidad, que ha modificado el riesgo para empresas y ciudadanos en general y que hace necesarias para la seguridad privada una mayor coordinación y una colaboración más eficiente con los distintos cuerpos policiales», ha añadido.

«Más allá del valor material de las menciones, entiendo que supone un reconocimiento y una forma de insuflar ánimo y un poco de humanismo en un ámbito especialmente duro y difícil, el de la seguridad privada. Por un lado, se trata de un trabajo sometido al frío, interminables jornadas de pie, sueño, soledad y a veces riesgo para vuestra integridad. Y por otro, quizás lo peor, las difíciles condiciones laborales», ha apostillado por su parte el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Palencia, Rafael Campos Barquín.


Somos profesionales de la seguridad privada



3 de julio de 2023

GFS Security, con 300 empleados en Galicia, entra en "quiebra técnica", según la FTSP-USO

La compañía, encargada de la seguridad en empresas como Reganosa o incluso en el CHUO, acumula una deuda por encima de los 300.000 euros, según comunica el sindicato.

El diagnóstico que hacen los sindicatos es que GFS Secutiry Group se encuentra la UCI y con unas constantes vitales que no invitan al optimismo. La situación ahora mismo es tan alarmante en la que desde la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) recomiendan a las sociedades con contrato con la firma de seguridad que hagan una “retención de facturaciones y rescisión de contratos con adjudicación a otras empresas solventes”, ya que la “quiebra técnica” de la compañía es inminente.

La compañía de seguridad, de origen valenciano, cuenta ya con una deuda de más de 300.000 euros a sus empleados, correspondientes a los salarios y acuerdos judiciales “formalizados en los últimos meses sobre deudas anteriores”, señalan desde el sindicato. Un ejemplo son los salarios que todavía adeudan luego de asumir el contrato de Prosetecnisa en Galicia.

“La situación se ha agravado en las últimas semanas, con una severa falta de liquidez tras la adquisición de la compañía por parte de un fondo de inversión de dudosa solvencia, el cual ha sido creado hace solo tres meses”, señalan desde la FTSP-USO. También desde la CIG argumentaron hace unos días que la excusa de la compañía era esta supuesta venta para justificar los retrasos.

300 EMPLEOS EN RIESGO En la misma línea, subrayan que GFS “tampoco ha dado cumplimiento a los acuerdos alcanzados con los trabajadores para hacer frente a las diferentes deudas”. Por todo esto, el organismo sindical alerta a los clientes de la compañía que retengan las facturas para “intentar garantizar el abono de las nóminas a los trabajadores”, además de rescindir los contratos de GFS para adjudicarlos a “empresas solventes del sector”.

Las empresas que podrían verse afectadas son Reganosa o Bioetanol Teixeiro, además de servicios públicos como el Complejo Hospitalario de Ourense. Ante el escenario actual, el sindicato considera “poco probable” que GFS pueda remontar el vuelo, dejando en una situación muy comprometida a los 300 trabajadores de la empresa en Galicia.

“LO VENDE TODO Y SE MARCHA” Por el relato que acercan trabajadores de la compañía a Galiciapress no puede considerarse, ni mucho menos, una noticia sorprendente, ya que va en la línea del modus operandi de la dirección de la empresa. Según comunican a este diario trabajadores que prefieren mantener el anonimato, el responsable no es otro que el gerente de GFS Scurity, José Andres Escoms Isona, al que acusan de "cambiar los mandos de la compañía a su mujer", Ahinoa Vercher Martínez, en varias ocasiones.

De hecho, Vercher Martínez figuraba como administradora única de GFS Secutiry desde mayo de 2019 hasta hace un mes, cuando se realizó un cambio en la administración que figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del pasado 19 de mayo.







Este cambio de manos es, según afirman, "una práctica habitual", que tal y como ha comprobado este diario por los expedientes del Registro Mercantil de Valencia se da en otras empresas donde los dos están relacionados, como 'Gabriela Y Javier Patrimonial S. L.' y en 'GFS Fire & Services S.L.', donde Escoms Isona fue administrador único de las firmas desde febrero de 2019 hasta marzo de 2022, momento en el que asumió los cargos Martínez Vercher, pasando a ser el ex administrador único como apoderado.



Este baile de nombres se ha dado en varias ocasiones en la propia GFS Secutiry desde su fundación en 2012 y los trabajadores denuncian que ahora no se ha experimentado una venta, sino que se trata de otro intercambio de mano a mano. Entre tanto, las plantillas sufren las consecuencias cuando esto pasa.



"Coacciona a los empleados. Les dice: 'Si quieres cobrar, te puedo subrogar, pero con estas condiciones'. Y si no aceptan, dejan de pagarte sin más explicaciones", comentan fuentes de los trabajadores. También argumentan que en esta clase de situaciones lo que hacen desde la dirección es "vender los activos físicos: vehículos, herramnietas...lo venden todo, y luego realizan el cambio de nombre".


SANCIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

También los trabajadores valencianos están sin cobrar pero, al ser pocos, no pueden estar articulados dentro de un sindicato, y tampoco pueden denunciar los impagos hasta psado un mes para poder presentar la demanda. No es el único escándalo en el que se ve inmersa la compañía, ya que en Galicia ha sido sancionada en más de una ocasión por Inspección de Trabajo.






Recientemente, las actas levantadas contra GFS tienen lugar tras las denuncias presentadas por la CIG por las "represalias" que tomó la firma contra dos trabajadores del servicio de control de accesos a las instalaciones de Reganosa y Forestal de Atlántico y por incumplimientos del convenio colectivo. Por estos motivos, el sindicato gallego anunció dos jornadas de movilizaciones: una el pasado 16 de junio, en Reganosa; otra este viernes 23 de junio en la sede de Gadisa en Betanzos.

Aena capta el interés de diez empresas de seguridad privada para vigilar sus aeropuertos

Eulen, Ilunion, Trablisa o Segurisa, entre otras, entran en una fase de diálogo competitivo con la compañía pública

El concurso para contratar los servicios de seguridad privada en los 46 aeropuertos y dos helipuertos de la red de Aena ha captado el interés de diez empresas, destacando la vuelta de Eulen o la renovada presencia de algunas de las actuales adjudicatarias, como Segurisa y Trablisa, esta última con Vibrasen Servicios Generales.

Además, se han presentado la UTE formada por Garda y Tagesa; la que integran Grupo Control de Seguridad y Simoba; la oferta de Sistach; la de I-SEC, que también comparece con Alerta y Soluciones de Seguridad; y pujan en este proceso Ilunion y Sureste Seguridad, cada una de ellas por su lado. El presupuesto dempartida es de unos 1.500 millones de euros.

El gestor aeroportuario argumenta que este nivel de concurrencia garantiza la adjudicación del servicio en todos los aeropuertos, que fueron divididos en 13 lotes. Aena abrirá ahora un diálogo competitivo en el que podrían variar los citados lotes o se tratarán aspectos como la duración de los contratos, que fue fijada inicialmente en cuatro años más una posible prórroga de un año más. Cerrada esa ronda de negociaciones, las licitadoras tendrán que presentar las ofertas definitivas.

Aena ha explicado que el tanteo con las potenciales adjudicatarias permitirá “seleccionar la oferta óptima para cada aeropuerto o lote de aeropuertos”. La empresa pública estima que habrá invertido 1.170 millones en instalación y suministro de equipos de seguridad física entre 2018 y 2028. Uno de los desafíos es aligerar el paso de los viajeros por los filtros de seguridad, por lo que se llama a las proveedoras a un proceso de modernización tecnológica en materia de detección de explosivos (equipos EDS estándar 3) en bodega o en el control de pasajeros, a través de sistemas biométricos y de escaneo a distancia. Entre las innovaciones en los aeropuertos españoles figura el nuevo equipamiento EDSCB, por el que los viajeros no tendrán que exponer sus dispositivos electrónicos en los controles.

Este es uno de los mayores concursos de servicios promovidos por la Administración; la estimación es que las ganadoras cuenten con cerca 5.500 vigilantes y más de 2.000 auxiliares. Esta licitación de Aena surge medio año después de la aprobación del nuevo convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el periodo 2023-2026, con una subida salarial aparejada es del 16%.

El último concurso de seguridad, fallado en noviembre de 2020, vino marcado por el alza de costes laborales que salió de las huelgas de 2018. Ese conflicto llegó a colapsar El Prat y supuso una crisis sin precedentes para Vueling. Tal fue ese impacto que los grandes de la seguridad, como Prosegur, Securitas y Eulen, decidieron no presentar ofertas ante lo que entendían como márgenes excesivamente estrechos. Trablisa y Segurisa se consolidaron entonces como las dos marcas más presentes en los controles de los aeropuertos.

Los 13 lotes del concurso Los 46 aeropuertos y los dos helipuertos de la red han sido divididos en 13 lotes, con la inspección de pasajeros y el Fast Track de Madrid-Barajas como primero de ellos. El segundo es el de la inspección del equipaje en bodega del aeropuerto madrileño, a lo que se suman Madrid Cuatro Vientos, Valladolid y Salamanca. El lote 3 está formado en exclusiva por el centro de gestión aeroportuaria de Barajas. El cuarto paquete es el del control de viajeros en Barcelona-El Prat. El quinto agrupa la inspección de equipajes en bodega de El Prat y la seguridad en Girona, Reus, Zaragoza, Sabadell y Huesca. Y el lote 6 afecta al centro de gestión aeroportuaria de El Prat.

Los seis lotes restantes reúnen al resto de los aeropuertos del país. El séptimo grupo de servicios de seguridad alcanza a los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera. Los aeropuertos de Islas Baleares conforman el octavo lote, con Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Son Bonet. El noveno grupo está formado por Alicante, Valencia, Murcia, Almería y Albacete. Los aeropuertos de Málaga, Granada-Jaén y Melilla, y los helipuertos de Ceuta y Algeciras, confomrna el décimo. El número 11 ofrece el contrato de seguridad en Sevilla, Jerez, Córdoba y Badajoz. El duodécimo agrupa a los del norte, con Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño, Pamplona, Santander y Burgos. Y el último de los paquetes que sale a concurso es el de los aeropuertos de Santiago, A Coruña, Vigo, Asturias y León.

La mayor parte de los contratos en vigor expiran entre noviembre y diciembre de este año. Como excepción, el servicio de seguridad del centro de gestión aeroportuaria de Madrid Barajas, en el que se controla la infraestructura a través de más de 5.000 cámaras, con tinúa hasta final de enero de 2024. También pasan al próximo ejercicio las adjudicaciones en los dos aeropuertos de Tenerife y en el de La Palma, donde la prestadora de la vigilancia está contratada hasta el 31 de marzo. En el de Murcia, por último, no habrá cambio hasta el 31 de mayo de 2024.

Fraude y explotación laboral: los delitos a los que se enfrenta Miguel Ángel Ramírez por su empresa de vigilantes de seguridad

El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez se sienta desde este martes en el banquillo, acusado de explotación laboral por su empresa de vigilantes de seguridad

El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez lleva más de una década esperando para sentarse en el banquillo, en este caso de los acusados. Se le acusa de defraudar 36,66 millones de euros a la Seguridad Social y Hacienda entre 2012 y 2017 en su empresa de vigilantes de seguridad. Por estos hechos, la Fiscalía solicita más de 21 años de prisión y la friolera de 105 millones de euros de multa. Este proceso judicial ha tenido diversas vertientes a lo largo de los años y no se descarta un nuevo giro del guión.

El caso se remonta a febrero de 2014. Un trabajador, representante de la Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada y Servicios Afines de Canarias, denunció que fue despedido de la mercantil Seguridad Integral Canaria S.A. por indicar que la empresa realizaba "fraude y exacciones ilegales al abonar las horas extras y otros conceptos como dietas para defraudar a la hacienda pública y a la seguridad social". Este empleado ejercía sus funciones como vigilante de seguridad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La empresa del presidente de la UD Las Palmas era adjudicataria de contratos públicos en entidades como los ministerios de Fomento, Defensa, Economía, Hacienda, Empleo, Metro de Madrid, Parques Nacionales, Dirección General de Tráfico o el Gobierno de Canarias.

Dietas "desproporcionadas" Con este testimonio, la Unidad de Seguridad Privada de la  uzgará desde este martes en Canarias. Dentro del sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli, también se encuentran las manifestaciones de los inspectores de Trabajo que analizaron a la empresa del presidente. Confirmaron que no se había presentado justificación documental a la "cantidad desproporcionada" que gastaban en dietas de los empleados.

Los trabajadores manifestaron que en ocasiones trabajaban 16 horas al día, se les comunicaban que tenían que doblar turnos por teléfono para no hacerlo por escrito y no infringir formalmente las horas extra máximas legales. Cambios de puesto en la misma noche o falta de remuneración de las horas de formación fueron algunos de los otros aspectos que se pusieron sobre la mesa. Todo ello sin límites de horas. A su juicio, los empleados hacían turnos de 24 horas y las pagas extras se abonaban en concepto de dietas.

Amenazas a testigos Los vigilantes que denunciaban estas prácticas recibían amenazas. Algunas de estas personas estaban en su puesto un total de 240 horas al mes. La acusación particular, ejercida por el sindicato FTS USO, preguntó al denunciante si estaban presionando a los testigos desde la empresa para que no fueran a declarar contra la empresa del presidente del club de fútbol. La compañía tachó estas denunciadas de falsas y que estaban efectuadas con el único propósito de causar un perjuicio económico, pérdida de servicios, y en su imagen. Con estos datos, el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria decidió incoar diligencias para esclarecer los hechos respecto a esta empresa que gestionaba 1,8 millones de euros anuales.

Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la UD Las Palmas, declaró como imputado el 1 de abril de 2014. Aseguró que el pago de las dietas fue comunicado a Hacienda. "Las dietas solo las cobra el que la genera y para ello tiene que salir del municipio donde está el centro de trabajo", explicó. Además, puso como ejemplo el contrato con AENA para vigilar el aeropuerto de Tenerife y subrayó que sus empresas recibían unas 100 inspecciones mensuales.

Un ahorro de 17 millones de euros La Fiscalía Provincial de Las Palmas en su escrito de acusación contra el presidente, considera que los hechos ilícitos se realizaron entre 2009 y 2013 cuando se disfrazaron el abono de horas extraordinarias con el pago de dietas. Con ello, según el Ministerio Público, se evitó paga al estado las siguientes cantidades: 1,59 millones en 2009, 1,55 millones en 2010, 1,41 millones en 2011, 987.000 euros en 2012 y 1,04 millones en 2013. De igual forma acusan a la empresa de aplicar un convenio colectivo, de marzo de 2013 a octubre de 2017, con unas condiciones salariales inferiores a las reguladas, con las que se ahorró el pago de 17 millones de euros a sus empleados.

21 años de prisión para el presidente Por todo ello, consideran que el presidente de la UD Las Palmas habría incurrido en ocho delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Solicitan para Miguel Ángel Ramírez 17 años y 6 meses de prisión, una multa que supera los 100 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por un tiempo de cuatro años. También proponen que indemnice a las AEAT con una cantidad de 6,6 millones de euros. De esta causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de su primera instructora, Victoria Rosell, que estuvo incluso imputada ante el Supremo, hasta que el propio Miguel Ángel Ramírez dio un giro al caso al entregar a la Justicia una grabación en la que Alba le ofrecía beneficios procesales a cambio de que colaborase a cargar varios delitos a la por entonces diputada de Podemos.

La defensa del presidente explicó en su informe que los hechos no son constitutivos de infracción penal ninguna, ya que no aprecian la autoría de los mismos. Este martes comenzará a verse la luz al final del túnel de uno de los juicios más mediáticos que se llevan cociendo desde hace años contra este presidente.

Prosegur fortalece su compromiso con la formación continua de su plantilla

Con el objetivo de adaptarse a las necesidades formativas de sus equipos, Prosegur ha rediseñado su universidad corporativa. Para ello, ha priorizado la capacitación en áreas clave como las nuevas tecnologías, la ciberseguridad y la sostenibilidad

Prosegur reafirma su compromiso con la formación continua de sus más de 150.000 empleados. Con el objetivo de adaptarse a las necesidades formativas de sus equipos, la compañía ha rediseñado su universidad corporativa, una plataforma digital global accesible desde cualquier dispositivo. Prosegur apuesta por la formación de sus equipos en el proceso de transformación tecnológica en el que la empresa se encuentra inmersa. Mediante este enfoque, la compañía busca reducir la brecha digital y garantizar que todos sus empleados estén preparados para los desafíos del futuro y el nuevo paradigma de la seguridad global.

En este sentido, la oferta formativa de la universidad corporativa Prosegur se adapta a las necesidades específicas de cada línea de negocio y perfil profesional, así como a las preferencias personales de los empleados. Se abordan temas desde aspectos éticos, seguridad y salud y los valores corporativos de Prosegur, hasta temáticas como Inteligencia Artificial, Blockchain, Big Data, ciberseguridad y sostenibilidad.

En 2022, Prosegur aumentó en un 17% el número de horas formativas, equilibrando la formación presencial y virtual. Además, la compañía se compromete a incrementar en un 10% su oferta educativa en línea y garantizar que los módulos formativos, tanto presenciales como digitales, lleguen al 90% de la plantilla. Según Rocío Castañeda, directora global de Talento y Estrategia de RRHH de Prosegur, "reconocemos que el talento y la formación de nuestros empleados son fundamentales para nuestro éxito como empresa. Compartir conocimiento y fomentar la formación continua son elementos clave en nuestra estrategia de transformación, innovación y crecimiento".

La formación continua y la inversión en el desarrollo de sus equipos son pilares fundamentales en el compromiso de Prosegur por ofrecer servicios de seguridad de excelencia y mantenerse a la vanguardia de la industria. En este sentido, el rediseño de su universidad corporativa demuestra el firme compromiso de la compañía con la capacitación de sus empleados y su adaptación a las demandas del entorno en constante evolución.

En España es "casi imposible" robar furgones blindados o asaltar depósitos de dinero

Nuestro país cuenta uno de los modelos de depósito y transporte de valores más seguro del mundo, como lo prueba que en 2017 sólo se produjo en territorio español uno de los 206 asaltos a furgones blindados que se registraron en toda Europa.

Así lo destaca la Asociación Europea de Compañías de Administración de Efectivo (European Cash Management Companies Association), que ha analizado el sistema español de protección y transporte de valores.

Esta organización, además de resaltar el reducido número de asaltos a furgones blindados en España, hace referencia a que mientras que entre 2015 y 2017 se contabilizaron en Europa 14 atracos a depósitos y bases de valores, las instalaciones españolas de este tipo no sufrieron ningún ataque. Según la Asociación Europea de Compañías de Administración de Efectivo, estos datos evidencian que "el modelo español de depósito y transporte de valores es un éxito cuando lo comparamos con modelos establecidos en otros mercados, habiendo sido imitado y sirviendo de inspiración para muchos países".

"Blindaje armas y entrenamiento" Esta asociación apunta que la "baja siniestralidad de España" en cuanto a asaltos y atracos "se debe a la existencia de un modelo de transporte y depósito de valores regulado de alto nivel de exigencia en el establecimiento de medidas de seguridad muy consolidado". El informe explica que en 1992 se aprobó en España una Ley de Seguridad Privada "que configuró la base normativa para la realización de estas actividades -complementada de forma acertada por unas órdenes ministeriales a principios de 2011- que ha estado vigente durante más de veinte años y asentó las bases del modelo actual".

La organización que ha hecho este estudio apunta que la normativa española sobre protección de valores se ha convertido en un "éxito" por cuestiones como la exigencia de "niveles altos de blindaje" en los transportes e instalaciones, así como lo referido al "uso 
armas y entrenamiento".

Latinoamérica y Europa Asimismo, la Asociación Europea de Compañías de Administración de Efectivo contrapone los datos de alta seguridad del sector en España con los de otros países europeos, como el Reino Unido, donde en el tránsito entre el blindado y el local del cliente se produjeron cientos de ataques en 2017. También se hace referencia al hecho que la existencia en Latinoamérica de una regulación similar a la española hace que "en entornos de alta criminalidad la frecuencia de ataques a vehículos blindados sea similar a la de Europa".

Esta realidad sólo tiene como excepciones Brasil, donde "el nivel actual de violencia es extraordinario y el número de ataques es muy alto", y Colombia, que es un mercado no regulado en cuanto a seguridad, "donde los estándares bajos han convertido el sector en un objetivo fácil para que las mafias se financien".