Reclaman a Grande-Marlaska que se prohíba la grabación y difusión de imágenes de los agentes, se establezca un protocolo sobre el uso de la fuerza y se dote a cada policía de una cámara individual.
Indignación y rechazo unánime, sin excepción. Todos los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil al unísono saldrán a las calles para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios pretenden sacar adelante. Unos polémicos cambios, que distan mucho de ser una mera modificación o actualización de su articulado y que, sin embargo, ponen contra las cuerdas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: coartan su capacidad de actuación y ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias.
Ajeno a las críticas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no tiene reparos en respaldar una reforma, que incluye puntos tan controvertidos como la difusión de imágenes de los agentes sin necesidad de autorización o siembra la duda sobre la veracidad de los atestados policiales. “Las enmiendas que el Ejecutivo y sus socios pretenden llevar a cabo sobre la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, vacían de contenido práctico la capacidad de la acción policial para proteger a una ciudadanía cada vez más indefensa ante el exponencial aumento de la delincuencia y la violencia”, explican desde la asociación Una Policía Para El Siglo XXI, que aglutina a todos los cuerpos policiales estatales, autonómicos o locales, y de seguridad privada que operan en España.
De nada han servido las artimañas de Grande-Marlaska, que en un intento por frenar las movilizaciones quiso enfrentar a los sindicatos policiales y organizó reuniones por separado. Sobra decir que Interior no consultó estos anunciados cambios con ningún colectivo policial o de la Guardia Civil y que, solo a posteriori y ante el revuelo originado, se ha dirigido a ellos. Sin embargo, su estrategia consiguió el efecto contrario y lejos de apaciguar las aguas, indignó aún más si cabe a los colectivos policiales. Ahora, no habrá una sino dos convocatorias masivas de protesta (24 y 27 de noviembre).
Ante la desidia de Marlaska Desde Una Policía Para El Siglo XXI apelan “al sentido común del legislador” y presentan una serie de medidas de mínimos, con el único y principal objetivo de garantizar tanto “la seguridad jurídica de los agentes como la protección de la ciudadanía”.
1 ► Tasar una distancia de seguridad que permita al agente ser proactivo en el uso de la fuerza ante un acometimiento.
2 ► Prohibir la de difusión de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, por motivos de seguridad, intimidad familiar y protección de datos. En este sentido, recomiendan que sean las instancias judiciales el lugar idóneo para depositar las imágenes, como modo de prueba, cuando el ciudadano crea estar observando un delito.
3 ► Tipificar las interferencias de terceros en la acción policial. En muchas ocasiones, con el objetivo de obtener precisamente imágenes de los agentes, hay personas que interrumpen el trabajo policial introduciéndose en el arco operativo.
4 ► Crear un epígrafe sobre el uso de la fuerza ante las actuaciones policiales donde se ven obligados a repeler la violencia de terceros. Según explican desde esta asociación, la situación de indefinición jurídica actual produce inseguridad para todos los implicados en el despliegue y uso de la fuerza, tanto para los agentes, como para los sujetos pasivos y ciudadanos. Y es por este motivo por el que ya remitieron al Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, un protocolo sobre el uso de la fuerza.
5 ► Incorporar cámaras de grabación individual para cada agente de seguridad ciudadana, quedando el registro de tales datos a disposición de la Autoridad Judicial para su completa valoración. De este modo, se evita disponer únicamente de ediciones sesgadas que las grabaciones particulares pudieran suponer.
6 ► Imponer trabajos en beneficio de la comunidad para aquellas personas que no satisfagan las sanciones económicas, tramitándose como desobediencia penal la negativa a realizar aquellos trabajos.
7 ► Delimitar umbrales a partir de los cuales las sanciones no serían objetivas, sino porcentuales a los ingresos del infractor.
Las grabaciones a policías son manipulables Ninguna de estas cuestiones es nueva, tampoco es la primera vez que se denuncian. En noviembre de 2018, el presidente de Una Policía Para El Siglo XXI, Samuel Vázquez, comparecía en una Comisión del Congreso a cuenta de la Ley de Seguridad Ciudadana. En aquel entonces, ya advertía de que “las imágenes grabadas a policías son muy manipulables. Cogen el momento en el que el policía actúa con fuerza, pero no cogen el antes ni cogen el después”. Aseguraba que no tiene sentido que se permita grabar al agente y que luego sea este quien tenga que mirar en redes sociales si ha sido vilipendiado. “¿Qué pasa si mi foto cae en un grupo antisistema de Madrid? Yo voy a ir al cine con mi familia. Ustedes tienen que protegernos de eso”, reclamaba Vázquez.
Sus palabras iban dirigidas al portavoz del PNV, al que ofrecía una solución: “¿Ustedes quieren que no haya abusos y excesos policiales? Pónganos a todos los indicativos de Seguridad Ciudadana una cámara en el pecho. Yo estoy muy orgulloso de lo que hago y de lo que hacen mis compañeros. De este modo ya no habrá presunción de veracidad porque está grabado ni habrá abusos porque está grabado”.
Su comparecencia dio para mucho y en ella expuso todos y cada uno de los puntos controvertidos que ahora han puesto en pie de guerra a todos los policías y guardias civiles de España: el atestado policial perderá la presunción de veracidad; grabar a las Fuerzas de Seguridad no constituirá infracción; las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente y el detenido tendrá que ser devuelto al lugar donde se inició la intervención.
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