El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han acordado este viernes subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5%, hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas. Así, la menor retribución posible escala un año más, esta vez desde los 1.080 euros en los que está establecido desde el inicio del año pasado. Los trabajadores con la menor retribución posible, unos 2,5 millones, según las estimaciones del ministerio, ganan un punto y medio de poder adquisitivo, ya que la inflación media de 2023 cerró en el 3,5%. Los empresarios no suscriben el acuerdo, que culmina una subida del SMI del 54% desde 2018.
Solo unas horas después del rechazo parlamentario a la reforma de los subsidios de desempleo, Trabajo vuelve a activar una de sus banderas políticas, la que más reivindica junto a la reforma laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado el acuerdo: “Es un incremento muy importante que mejora la vida de la gente, en nuestro país ganan los trabajadores y las trabajadoras”, informa Paula Chouza. Desde Santiago de Compostela, Díaz ha destacado que la subida del salario mínimo “combate la desigualdad social y es la mejor política feminista por el impacto de género que tiene en el mercado de trabajo español”. En la misma línea, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha incidido en que este incremento “permite que los más vulnerables tengan 54 euros más al mes para vivir”. En cómputo anual, el salario mínimo mejora en 756 euros: pasa de 15.120 en 2023 a 15.876 en 2024. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado al respecto. “Vamos a subir el Salario Mínimo Interprofesional un 5%, hasta los 1.134 euros. Un incremento que beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, sobre todo a jóvenes y mujeres. La experiencia nos demuestra que la desigualdad no es compatible con el bienestar. Política útil al servicio de los ciudadanos de nuestro país”, ha indicado en la red social X.
Pérez Rey ha especificado que este aumento no irá al Consejo de Ministros de la semana que viene, dado el necesario periodo de audiencia pública. Fuentes de Trabajo auguran que se aprobará en torno a finales de mes. De cualquier forma, la subida tendrá efectos retroactivos desde el primer día del año, así que se aplicará en la nómina de enero al completo. Cabe destacar que los cambios en el salario mínimo no exigen votación parlamentaria, es una competencia exclusiva del Ejecutivo, así que los grupos de la oposición no pueden tumbar esta medida.
El compromiso del Gobierno de coalición es que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio. Al respecto hay una guerra de cifras, cambiantes en función de la fuente de la que se parta. Trabajo cree que con el SMI aún en vigor ya se había alcanzado ese 60% y que este nuevo incremento consolida esa proporción, una estimación en la que coincide CC OO. Sin embargo, UGT calcula que debería subir hasta unos 1.200 euros para significar ese 60%.
Así, de nuevo se sella un acuerdo para subir el salario mínimo sin la patronal. La última vez que los empresarios firmaron junto al Gobierno y los sindicatos fue en 2020, hace ya cuatro años. Desde entonces, Trabajo, CC OO y UGT han acordado cuatro subidas del SMI: de 950 euros a principios de 2020 a 965 en septiembre de 2021, de ahí a 1.000 en septiembre de 2022, de esa cifra a 1.080 en enero de 2023 y ahora hasta 1.134. Aquel incremento de 2020 fue el primero con Díaz como ministra de Trabajo, pero antes hubo otro acelerón, en diciembre de 2018. El entonces Gobierno en solitario del PSOE, que tomó las riendas tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se comprometió con sus socios parlamentarios de Unidas Podemos a incrementar el SMI de 736 a 900 euros, pacto que cristalizó en el inicio de 2019.El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey durante la rueda de prensa tras la reunión que ha abordado la subida del SMI, este viernes en la sede del Ministerio de Trabajo.
Díaz ha cargado con fuerza contra la patronal por este nuevo rechazo. “Demuestran que no están del lado de la gente de su país, se ponen del lado de los intereses ideológicos”. La vicepresidenta segunda ha insistido en que los salarios en España siguen siendo muy bajos, lejos de la media europea, y que las empresas deberían aplicar más subidas. “La media está en 1.545 euros al mes. Con eso no se vive ni en Santiago, ni en Lugo, ni en Barcelona, ni en ningún sitio. Hay unos salarios de los que nunca hablamos, que son los de los consejos de administración de las energéticas, de la banca o de las grandes distribuidoras. Ahí hay que poner el foco”. También ha destacado el efecto impulsor de la subida del SMI en el resto de salarios: el incremento hace que muchas tablas salariales queden desfasadas, de manera que incluso algunos empleados rasos cobren lo mismo que sus jefes, lo que ayuda a activar la negociación colectiva.
En un comunicado, CEOE y Cepyme lamentan “profundamente” el “escaso esfuerzo del Gobierno” para que participasen en el acuerdo. “Se ha tratado de plantear la subida del SMI en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley. Asistimos una vez más a una situación de arbitrariedad, que solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores”, agrega la patronal, que advierte de posibles efectos negativos. “Confiamos ahora en que la subida del SMI pactada no genere efectos de segunda ronda y se acabe trasladando a la inflación, añadiendo así un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo”.
Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical y negociador de UGT, Fernando Luján, ha lanzado una advertencia al sector agrícola: “El incremento debe llegar a todos los sectores productivos de nuestro país. No estaría de más estar pendientes del sector del campo, cuando muchas veces estas patronales son reacias a aplicar el salario mínimo. Pedimos que se cree una mesa que estudie el impacto del salario mínimo en este sector”. La secretaria de Acción Sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente, ha lanzado un mensaje parecido: “Está claro que si la patronal hubiera participado en el acuerdo sería más fácil, pero esto no depende de la negociación colectiva. El SMI lo marca la ley y todas las empresas tienen la obligación de aplicarlo”. La negociadora de CC OO ha celebrado la mejora de la demanda interna y del empleo que, a su juicio, implicará este incremento. Los sindicalistas han anunciado que se reunirán la semana que viene con Trabajo para abordar la reforma de los subsidios por desempleo.
El camino hasta el 5% La evolución del diálogo social en estas semanas ya apuntaba al incremento del 5%. El primer capítulo lo escribió en noviembre la patronal, que sorprendió a todas las partes con una propuesta en firme del 3% más un 1% adicional en función de la inflación. La cifra coincide con lo acordado con los sindicatos para los convenios en el pacto salarial, suscrito en mayo del año pasado. Los representantes de los trabajadores consideraron escasa esa propuesta, pero la acogieron como una buena noticia por demostrar “voluntad negociadora”.
No captó tanta atención en ese momento, pero en el mismo comunicado la patronal señalaba que su propuesta estaba sujeta a dos condiciones: la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución; y una bonificación en el campo. El paso de los días demostró que para los empresarios eran condiciones irrenunciables, lo que fue mellando en el optimismo sobre la participación de la patronal en el acuerdo.
Después de que CEOE y Cepyme pusieran estas condiciones encima de la mesa, fuentes de Trabajo casi cerraron la puerta. En el ministerio indicaban que la mesa de diálogo se dedica a actualizar el salario mínimo, no a otros asuntos, así que consideraban que ni la petición referente al campo ni la de las contratas públicas están en el centro del debate. Sobre este segundo asunto, desde el departamento de Díaz añadían que ni siquiera es competencia del Ministerio de Trabajo. Forma parte de las atribuciones de Hacienda. Tras la segunda reunión, en la que Trabajo puso la cifra del 4% encima de la mesa, el ministerio de Díaz indicó que se abría a explorar la indexación en algunas contratas administrativas y que trasladaría la petición a Hacienda. María Jesús Montero cerró la puerta ese mismo día, el 11 de diciembre. “No tendría ningún sentido que la subida del salario mínimo interprofesional fuera a costa de que las administraciones públicas tuvieran que hacer frente a un mayor coste por los servicios que prestan”, dijo la ministra María Jesús Montero. A la salida de la reunión, los sindicatos han insistido en la importancia de abordar este asunto con los ministerios de Hacienda y de Economía.
Pérez Rey terminó por enterrar la principal condición de la patronal el 8 de enero, dada la negativa de Hacienda. Antes de esa tercera reunión, el número dos de Díaz además dejaba claro a la patronal que estaban dispuestos a ir más allá si los empresarios se desmarcaban. “Si no alcanzáramos un acuerdo en torno al 4%, si la patronal española no se alineara a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, e intentará acordar con los sindicatos una subida del SMI que, obviamente, no podrá estar ya en el 4%, estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa”, dijo. Un día después, la CEOE oficializó su negativa a participar en el acuerdo y catalogó como “chantaje” este movimiento de Trabajo.
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