La empresa de seguridad Norvik Security Services presenta concurso que afecta aproximadamente 500 vigilantes de seguridad

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid en auto fechado a once de enero del presente año admite el concurso ordinario 652/2023 presentado por NORVIK nombrando administrador concursal.

NORVIK que durante los últimos meses había venido abonando las nóminas a las personas trabajadoras con continuos retrasos e incluso no procediendo al abono de las mismas, abandonara el sector uniéndose a un número alarmante de empresas de seguridad que en los últimos tiempos han utilizado la misma formulación jurídica dejando de operar en la actividad y lesionando el empleo y abono de salarios a un número importante de vigilantes de seguridad en el territorio nacional.

NORVIK que en recientes fechas adquirió varias empresas del grupo INV vinculadas a la seguridad privada y a los servicios auxiliares ha venido reduciendo sustancialmente su cartera de clientes pasando de una plantilla inicial de 2200 personas trabajadoras a en la actualidad contar con una plantilla alrededor de 500 ahora situados en un concurso. UGT ha solicitado tanto a la empresa como al administrador concursal la agilización máxima en el proceso que debe poner en primer plano el abono de las nóminas no percibidas por las personas trabajadoras, que en la actualidad están sometidas a elementos de pérdida de puestos de trabajo así como a no poder hacer frente a los gastos básicos debido a la falta de cobro no siendo para nada los culpables de esta situación. UGT vuelve alertar de la situación vivida en España en referencia al sector de la seguridad privada. Un sector donde aparentemente concurren empresas con un nivel de solvencia sólido y luego la realidad nos lleva a vislumbrar todo lo contrario, dejando de operar en la actividad y dejando a las personas trabajadoras en el desamparado laboral y económico.

Administraciones, determinadas empresas y el propio Gobierno por actividad desleal o dejación de funciones aparecen como cómplices de una situación que avanza y pone en riesgo la propia permanencia de un sector declarado esencial. Según declaraciones de UGT hay que cambiar el modelo de seguridad privada instaurado en el país, contratar servicios de seguridad privada tanto por el cliente público y privado a bajo coste y sin ningún tipo de valor añadido aboca al sector a vulnerar derechos fundamentales de las personas trabajadoras, así como sitúa la propia imagen del sector lejos de lo que los vigilantes de seguridad merecen.

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