Noticias Destacadas SPV Sevilla


23 de marzo de 2017

Circular Informativa SPV en Omega Cía de Seguridad, Delegación de Sevilla






Damos la bienvenida al compañero Diego Asencio, que ha entrado recientemente en el Comité de Empresa de OMEGA Cía de Seguridad S.A en Sevilla, sustituyendo a la compañera que hasta ahora ha estado desarrollando esta responsabilidad Cristina López, como consecuencia de su paso a otra empresa por subrogación.

A tal efecto y con el objeto de difundir entre la plantilla los cambios producidos en la representación sindical de SPV en Omega Sevilla, damos difusión de la circular realizada recientemente, donde además de la presentación de nuestro nuevo representante en el comité, informamos de la reunión mantenida entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores. En ella los responsables directivos nos informan de unos cambios estructurales que se van a producir en Omega de forma inminente, con el fin de garantizar el posicionamiento y la viabilidad de la empresa en las actuales circunstancias de crisis.

Esperamos que estas nuevas circunstancias contribuyan a despejar las dudas e incertidumbres que ha tenido la plantilla en torno al futuro de la empresa. Nuestra organización ya ha manifestado a través de su representante en el comité,  la disposición de contribuir en la medida de nuestras posibilidades, a que los cambios que se van a introducir sirvan para mejorar la situación actual. También hemos manifestado claramente la política que sigue nuestro sindicato en el asunto del pago de los haberes salariales, y en su conjunto, en el respeto y cumplimiento de todo aquello que está contemplado en la legislación vigente que es de aplicación para nuestro sector.

Como ya hemos hecho en otras ocasiones, lanzamos esta circular para que quede constancia de nuestro posicionamiento y para que los trabajadores y trabajadoras de Omega tengan una información lo más rigurosa posible de lo que está pasando, quedando a la espera de la comunicación que se ha comprometido la dirección de la empresa con la parte social a emitir una vez queden cerrados los cambios programados. 


El abono del salario mensual se tiene que realizar dentro de los cinco primeros días naturales de cada mes


¡¡El pago del salario mensual a los trabajadores conforme marca la ley es INNEGOCIABLE!!

Estamos hartos de recordarlo hasta la saciedad y es una de las reglas más sagradas para nuestra organización para hacerlas cumplir a rajatabla: las empresas tienen que pagar las nóminas conforme marca la ley, es decir nunca más allá del 5 de cada mes.

Le recordamos a todas las empresas que operan en el sector de la seguridad privada lo que marca taxativamente el Articulo 64 del vigente convenio colectivo estatal, donde se establece que "el pago del salario se efectuará por meses vencidos en los tres primeros días hábiles y dentro, en todo caso, de los cinco primeros días naturales de cada mes..."

Todo lo que se salga de esta norma es ponerse fuera de la ley y así lo deben saber los empresarios. Y no valen excusa alguna, sobre todo la más extendida en estos años: "mis clientes no me pagan... la administración me debe dinero..." Los empresarios deben conocer de sobra que estas situaciones financieras no le eximen de cumplir con sus asalariados dentro de lo que marca la ley, y su incumplimiento está tipificado como falta muy grave en el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Las empresas del sector deben saber que tienen que pagar en condiciones y sin retrasos. Animamos a todos los compañeros y compañeras que tengan la mala suerte de toparse con una empresa mal pagadora a que no se conformen y contacte con nosotros para ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en la materia.

El gobierno abandona a su suerte a los últimos cien escoltas del País Vasco

“Entregaremos las armas antes que ETA”

El viernes 31 finaliza el servicio de seguridad que aún conservaban 109 políticos y empresarios. A pesar de los intentos de negociación, la mayoría de los vigilantes se quedará sin trabajo. “Nos han dejado tirados”, afirma uno de ellos.

“Entregaremos las armas antes que ETA”. Así resumía su situación laboral –y también personal- uno de los últimos escoltas del País Vasco. Cuando acabe este mes, será un número más en la lista del INEM: el próximo viernes 31 concluirá para siempre el servicio de protección a políticos y empresarios amenazados por ETA. De esta manera, los 109 empleados de la empresa de seguridad Ombuds que prestaban este servicio se quedarán sin empleo. Según fuentes sindicales, un 80% se ha visto obligado a optar por el despido. Paradójicamente, la paz se ha vuelto un infierno para ellos. Cinco años y cinco meses después del cese de la violencia por parte de ETA (y a las puertas de que se produzca la entrega definitiva de las armas), el Ministerio de Interior ha decidido retirar el servicio de protección que aún disponía un centenar de políticos en el País Vasco, principalmente del Partido Popular. Según ha podido confirmar este periódico, entre los escoltados también se encontraban algunos empresarios “importantes”.

“Sabíamos que esto iba a ocurrir desde hace algo menos de dos meses, cuando llegó una notificación en la que anunciaban que se finiquitaba el contrato. Desde entonces las instituciones se han callado, y hoy nos vemos totalmente abandonados. Sentimos que nos han dejado tirados”, afirmó a Público uno de los trabajadores que se quedará en la calle. Al igual que sus restantes compañeros, prestaba funciones para la empresa Ombuds Seguridad, la principal adjudicataria del servicio de escoltas en Euskadi. Los intentos para “relocalizar” a la mayoría de los despedidos no tuvieron los resultados esperados. Si bien estaba previsto que muchos de ellos se reciclaran como vigilantes de seguridad privada, la mayoría tendrá como destino la cola del paro. “Incluso había compañeros que podrían haber optado por la prejubilación, pero finalmente no ha sido posible”, destacaron fuentes conocedoras de este proceso.

A la espera de que llegue el último día de trabajo, los escoltas afectados ya piensan en la vida que les espera a partir del 1 de abril. Atrás quedan los años de plomo, en los que la violencia supuso una oportunidad laboral para miles de personas. En 2011, cuando ETA puso fin a su actividad, Ombuds Seguridad contaba con una plantilla de tres mil empleados en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra. El número fue descendiendo progresivamente, al ritmo que marcaba el Ministerio de Interior. Para finales del año pasado solo quedaban 109. Los últimos 109. En efecto, el Gobierno de Mariano Rajoy ya había informado a los empresarios del sector que este año sería el último de servicio. Los trabajadores lo sabían, pero confiaban en que podrían negociar una solución “digna”. Hoy saben que no será posible. “Esto es una salida por la puerta de atrás”, lamenta uno de los afectados. El día 31 deberá entregar su revólver.

LUGO: Protestas contras las empresas piratas de la seguridad privada


Silbatos y corridos mexicanos en Monforte contra Alcor y las demás empresas de seguridad "piratas"

Trabajadores del sector convocados por USO protestaron durante horas a las puertas del juzgado de Monforte. Dentro declaraba personal de Alcor en el marco de la operación Muro Trabajadores de Alcor Seguridad declararon esta mañana en el juzgado local en el marco de la investigación abierta para determinar si los responsables de esta empresa monfortina cometieron ilegalidades en su gestión. Decenas de trabajadores del sector de la seguridad privada se concentraron durante toda la mañana en la calle frente al juzgado convocados por USO para protestar contra las que los sindicatos del sector denominan "empresas piratas".

Al parecer, las declaraciones de esta mañana tienen que ver en concreto con una de las cinco causas abiertas por el juzgado de Monforte que dirige la denominada operación Muro, que está abierta desde el 2014, pero que no trascendió públicamente hasta que en noviembre del 2015 la policía registró las oficinas de la empresa y detuvo a varios directivos, enrte ellos el gerente, Carlos Somoza. Poco después, el juzgado decidió abrir cuatro causas separadas de la principal. Las declaraciones de hoy tienen que ver la que investiga un posible delito de falsedad documental. Las otras tienen que ver con fraude contra Hacienda y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores y tráfico de influencias, 

En estas cinco causas actúua como acusación particular el sindicato USO, que mantiene desde hace tiempo una campaña pública contra Alcor y otras empresas a las que considera responsables de degradar hasta el extremo las condiciones de trabajo en el sector para abaratar costes y ganar así concursos públicos. Algo más de medio centenar de trabajadores convocados por esta central sindical protestaron contra los responsables de Alcor de forma ruidosa esta mañana frente al juzgado. Concentrados en la acera frente a la entrada del edificio judicial, los trabajadores mostraron carteles, hicieron ruido con bocinas y silbatos, cantaron corridos mexicanos con intención satírica y corearon consignas como "Alcor Seguridad, empresa pirata".

Negociación colectiva en el alero

Los sindicatos y la patronal intercambian propuestas, pero llevan más de tres meses sin reunirse

La mejora de la economía y del mercado laboral no ha servido, de momento, para engrasar el diálogo social. Con la formación del Gobiernoel pasado otoño se han ido acumulando aún más los frentes de negociación para los sindicatos mayoritarios y la patronal, mientras que la cuestión más inmediata, la subida para este año de los sueldos bajo convenio, está en el congelador desde hace meses. Las conversaciones sobre los salarios están afectadas por los tan innumerables como previsibles desencuentros que jalonan la relación entre CC.OO., UGT y la CEOE y Ce­py­me, aunque en los últimos días todos ellos estén negociando cómo retomar las reuniones abandonadas en noviembre. Sin embargo, se mantienen los actos de protesta de los representantes de los trabajadores, que piden empezar a beneficiarse de los buenos registros macroeconómicos. Sin ir más lejos, el próximo jueves vuelven a la calle con sus reivindicaciones de mejoras de asalariados y jubilados.

La semana pasada, los sindicatos presentaron su segunda –y más detallada– propuesta sobre la negociación colectiva, en respuesta a la posición de la CEOE y Cepyme hecha pública en enero, cuando los empresarios ofrecieron una subida salarial de hasta el 2%, de la que 0,5 puntos estarían vinculados a la productividad. En este nuevo intento para regresar a la mesa de negociación “de forma inmediata”, los sindicatos vuelven a poner el acento en la necesidad de subir los salarios en sintonía con el coste de la vida, al tiempo que reclaman recuperar una cuestión especialmente espinosa para los empresarios: la cláusula de revisión salarial sobre el IPC a final del año. Si a mediados de noviembre, los sindicatos fijaron una horquilla del 1,6% al 3%, en su misiva del martes de la semana pasada subieron hasta el 1,8% la subida mínima, a la vez que no dudaron en advertir de que la inflación media de este año puede llegar al 2,2%.

Recogiendo el guante lanzado por las organizaciones empresariales de abrir el abanico de cuestiones para discutir, el documento de CC.OO. y UGT detalla toda una serie de planteamientos a años luz de la patronal ya que, en buena parte, tratan de enmendar los cambios introducidos en las reformas laborales aprobadas en los años de la crisis, como la primacía del convenio de empresa sobre los provinciales o sectoriales, la denominada ultraactividad o la modificación “unilateral” de las condiciones de trabajo de cada compañía.

“Tenemos interés en llegar a un acuerdo”, insisten fuentes de la patronal. “Abramos el escenario del diálogo para ir más allá de las cifras”, es decir, del incremento salarial, añaden. También argumentan que “una parte importante” del tejido empresarial sigue aún sin obtener beneficios significativos. En esta situación de enroque, los sindicatos entienden que los líderes de la CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, buscan alargar la negociación sine die y siguen priorizando cerrar la subida salarial para el 2017, un paso establecido –recalcan los representantes de los trabajadores– en el acuerdo de negociación colectiva vigente.

¿Qué ha cambiado desde la última reunión de noviembre entre los cuadros de los sindicatos mayoritarios y la patronal? En estas semanas se han sumado dos factores. Por un lado, la reclamación de una mejora sustantiva de la remuneración de los asalariados se ha visto reforzada con la evolución de los precios, que han llevado al IPC interanual al 3% en el arranque del año. Por otra parte, el proceso de relevo de Ignacio Fernández Toxo al frente de CC.OO. aporta un nuevo elemento de incertidumbre en la dinámica negociadora, a pesar de las negativas de una bicefalia en la organización sindical.

A nadie se le escapa que la llegada del dirigente vasco Unai Sordo, además del relevo generacional, puede influir en el encaje de los discursos en ocasiones abiertamente discrepantes entre los dos sindicatos. “Hay quien convoca protestas y quien las hace”, apuntan desde CC.OO. en referencia a una posición pública más contundente de la organización que dirige desde el 2016 Pepe Álvarez. La cúpula de UGT, que puso cifra a sus aspiraciones de mejora salarial antes de consensuarlo con CC.OO., lleva tiempo planteando la huelga general.

Caen los salarios, suben los precios

La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores podría repetirse este año por la inflación 

Los costes salariales descendieron en España un 0,8% en 2016, la mayor caída desde la debacle de 2012 (-9%). El sueldo medio se sitúa a diciembre del año pasado en 2.010,7 euros (gastos al margen), la cifra más baja desde hace seis años. En cambio, la inflación ha roto la tendencia bajista y ya el año pasado creció un 1,6%, cifra que podría ser peor en 2017, según previsiones de los sindicatos. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores es evidente mientras fracasa el diálogo social. 

Según los datos que facilita trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial medio por trabajador y mes en 2016 está por debajo del de 2011 y se sitúa en 2.010,73 euros -mide el cociente entre salarios y productividad-. Tras la debacle de 2012, el peor año junto a 2009 de la crisis económica -cerró en 1.835,3 euros-, este índice empezó una recuperación que este año se ha visto truncada por primera vez en cinco años -hubo una caída mínima de tres euros en 2014-. Además, este descenso en los salarios se ha producido pese a que ha caído también el número de horas trabajadas en un 1,4%, hasta las 34,1 horas. Según apunta el INE, a cierre de 2016 el coste laboral efectivo por hora trabajada se redujo en un 0,1%. Hay que señalar también que los costes laborales que no son sueldos -impuestos- también se redujeron el año pasado en un 0,9%, hasta los 639 euros al mes. El coste laboral total, por tanto, ascendió a los 2.649,97 euros, un 0,8% inferior a diciembre de 2015. 

¿Por qué se ha producido esta bajada si la economía se recupera? Según explican desde el sindicato Comisiones Obreras, el origen de esta bajada está en los "salarios de ingreso", es decir, los sueldos de aquéllos que se están incorporando ahora el mercado laboral, en el caso de los jóvenes, o los que encuentran un trabajo después de meses o años en el paro. Así lo manifestó también Oxfam en un estudio que reflejó que los salarios más bajos han caído un 28% durante la crisis. "El resto de sueldos ha aumentado en torno al 1%. Pero los trabajadores que encuentran un empleo ahora están sufriendo los bajos salarios que ofrecen las compañías", señala Bruno Estrada, economista de CC.OO. Es la constante denuncia de la oposición al Gobierno: 'se crea empleo, pero precario', que el PP responde habitualmente con el argumento de que primero es encontrar un trabajo y después, mejorar los sueldos. 

Inflación, al alza Pero esta mala noticia es aún peor al combinarse con un aumento importante de la inflación. Lafatídica ecuación 'aumento del IPC, caída de los salarios' no se producía en España desde 2012, cuando el PIB cayó un 2,9%. Ese año, los salarios cayeron de media un 9% -de 2.020 a 1.835 euros/mes- y la inflación subió un 2,9% por el aumento del IVA. Por primera vez desde 2012 se repite en España la fatídica ecuación menos salarios, más inflación Por primera vez desde hace cinco años, la ecuación se repite aunque con menos profundidad que entonces: la inflación en 2016 subió en España un 1,6%, después de años en negativo, lo que unido a la caída de los salarios genera una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos que incide principalmente en los más pobres. Aún así, hay instituciones que están pidiendo que no se suban los salarios, que se moderen. Organismos como el Banco de España recomiendan evitar una subida de los sueldos y advertía en su Informe Anual 2015 -hecho público en junio de 2016- contra la rigidez existente en España para bajar los salarios. También Bruselas alertaba hace unas semanas contra la subida de los salarios en España por el efecto que tendría en los costes laborales de las empresas

Negociación colectiva Esta es precisamente la batalla abierta en España entre sindicatos y patronal: pactar la subida salarial. Las previsiones de los sindicatos apuntan a un incremento del IPC incluso de hasta el 2,2% para este año, cifra similar al 1,9% que prevé la Comisión pero muy lejos del 1,4% que ha estimado el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2017 podría repetirse: la inflación subirá al 1,9% según Bruselas y la negociación para pactar la subida de los salarios está en stand by 

Por eso, los sindicatos propusieron a la patronal una subida de entre un 1,8% y un 3%. Sin embargo, la patronal -que ofrecía un 2%, del que el 0,5% estaría ligado a la productividad- ha dado la callada por respuesta y el proceso está en stand by. "Seguiremos peleando por los salarios de los trabajadores que están en convenio. Sobre los salarios de entrada tenemos menos capacidad de acción y dependen más de la oferta y la demanda", apuntan en CC.OO. De no cerrarse el acuerdo, la negociación quedaría individualmente sector a sector. El resultado es incierto en cualquier caso y la gran pregunta es si, de nuevo, los costes salariales volverán a bajar en 2017 y si los trabajadores con sueldos más bajos volverán a perder poder adquisitivo.

22 de marzo de 2017

CÁDIZ: SPV denuncia intrusismo en obra finca El Madrugador en el Puerto de Santa María


INCREIBLE: Desempleada castigada a devolver 7.704 euros tras denunciar un fraude laboral


Empleo reclama que devuelva sus prestaciones a una parada que demandó a una empresa por no darle de alta ni pagarle el sueldo

Rocío Hoces, sevillana de 35 años, desempleada y con un hijo a su cargo, trabaja un solo día, no le dan de alta, no firman contrato alguno y ni siquiera le pagan. Lo denuncia y los servicios de Empleo resuelven, tras su queja, suspender la prestación y exigirle la devolución de 7.704 euros con ocho céntimos de ayudas entregadas desde el día del trabajo fantasma. “El mensaje que dan es que mires para otro lado, que hacer las cosas mal compensa. Si no llego a denunciar, no habría pasado nada y hubiera seguido recibiendo la prestación”, lamenta tras dos años a la espera que alguien de la Administración la escuche y lea sus alegaciones para acabar con la pesadilla. Tras conocer que su historia iba a ser publicada, la dirección provincial de Empleo le ha prometido, ahora, una resolución inmediata de su caso.


La situación de Rocío, que también sufre otro compañero que denunció las mismas circunstancias, ha sido desesperante. El Ministerio de Empleo, hasta este martes, ha reiterado en varias resoluciones que devuelva el dinero y que las alegaciones presentadas "no desvirtúan los hechos" que motivaron su decisión, que ampara en cinco preceptos legales. La mujer sevillana es actriz y la recluta la empresa Asociación Cultural Teatro al Cubo para representar el 12 de septiembre de 2015 La judía de Toledo en el Teatro Góngora. La actuación se programa con motivo de la clausura del séptimo centenario de la sinagoga de Córdoba, un acto que encarga el Ayuntamiento a la mencionada entidad. Dos días después comunica a los servicios de Empleo que ha trabajado una jornada para que le sea descontada de la prestación que recibe. Pero en las oficinas del Ministerio no constan altas ni contratos de la decena de participantes en la representación.

La empresa no responde a las llamadas y ni siquiera abona el día de trabajo, por lo que el grupo decide comunicar la situación, además de a los servicios de Empleo, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta certifica los términos de la denuncia de los empleados y decide dar de alta a los mismos de oficio, lo que comunica a Empleo. Entonces, este último servicio sí se da por enterado y entiende que el alta de oficio se ha producido porque no fue comunicada en tiempo y forma por el trabajador, a quien deciden suspender la ayuda y exigir la devolución de 7.704 euros por “incompatibilidad de la prestación con el trabajo por cuenta ajena”. Sin embargo, este empleo nunca existió porque actuaron sin cobertura legal alguna por parte de la empresa y sin que el Ayuntamiento que abonó el servicio a la empresa comprobara las circunstancias laborales de los actores.

Desde ese mes de septiembre hasta la fecha, Rocío y su abogado, Antonio Castro, no han parado de clamar y reclamar una y otra vez que se analice la situación, a lo que Empleo ha respondido reiterando "la comunicación sobre percepción indebida de prestaciones”. Castro no da crédito a la situación, contra la que lleva luchando junto a Hoces dos años. “El trabajador, que tenía que ser el protegido, ha terminado siendo el perseguido”, lamenta. Fuentes del Ministerio han augurado, tras conocer los hechos por este periódico, una rápida resolución de la situación en favor del trabajador y han atribuido el conflicto a un posible "problema de comunicación". La dirección provincial de Empleo comunicó este mismo martes, después de haber firmado las resoluciones previas de "extinción y revocación de prestaciones", que habían vuelto a revisar el expediente y que se resolverá de forma urgente.

JEREZ: El gobierno local quiere ahorrar en combustible y en seguridad privada

Pretende pactar con multinacionales la compra de la gasolina para los vehículos municipales. Una única empresa de seguridad cubriría eventos como Semana Santa y Mundial de Motos

El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, ha anunciado, tras la reunión de la Mesa de Condiciones Contractuales, la próxima implantación de cláusulas sociales en todos los pliegos de contratación del Ayuntamiento de Jerez, empresas municipales y organismos dependientes. El responsable de Economía señala que el gobierno municipal también ha entregado al resto de grupos un borrador para usar la Plataforma de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la compra de servicios como el combustible, "ya que supondrá un ahorro importante para las arcas municipales", afirma. Todos los contratos suscritos con la plataforma pasarán por la Mesa de Condiciones Contractuales.

Santiago Galván recuerda que la Mesa de Condiciones Contractuales es una mesa de trabajo cuya constitución fue aprobada en Pleno y en la que están representados todos los grupos municipales. "Es donde se trabajan todos los pliegos técnicos de contratación con el objetivo de dotar a los pliegos de las cláusulas sociales y una contratación responsable", subraya el teniente de alcaldesa.

Dentro de este objetivo, el gobierno local trasladó a los grupos municipales un primer borrador de un manual de inclusión de cláusulas sociales y contratación responsable. "Ahora estamos a la espera de que los grupos nos den el visto bueno para implantar unas cláusulas sociales tipo en todos los contratos del Ayuntamiento, asegurando unos mínimos que tendrán un sistema de control a la hora de la ejecución de los contratos", señala Santiago Galván. La Mesa de Condiciones Contractuales ha abordado en esta misma reunión adherirse a la Plataforma de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias "porque nos aligeraría muchos trámites a este Ayuntamiento". Para ello, el gobierno municipal ha pasado un segundo borrador a todos los grupos. "Hemos llegado a un acuerdo para hacer una propuesta conjunta, en la que se tengan en cuenta también las cláusulas sociales para que, cuando se vaya a hacer uso de la Plataforma de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, pase por la Mesa de Condiciones Contractuales y que todo el mundo (los grupos) sepa a qué contrato nos vamos a adherir", añade.

Los contratos de esta plataforma son pliegos ya preparados, pliegos tipo, por ejemplo sobre el suministro de combustible. "Entras en la plataforma, te adhieres, y accedes a proveedores a precios más competitivos". No obstante, parte de la oposición "tenía el temor de que dejásemos de trabajar con la economía local, pero hay cuestiones que se pueden trabajar con la economía local y otras como el combustible, que están en manos de grandes multinacionales que trabajan este servicio", subraya Santiago Galván. Es por ello que la Mesa de Condiciones Contractuales ha acordado que este trabajo de adhesión se haga para servicios que son propios de multinacionales, porque pueden significar un importante ahorro a las arcas municipales. "Vamos a cuantificar el ahorro en el coste que supone la adquisición de diesel si nos adherimos a este servicio de la plataforma". Un servicio al que se acogerían también las empresas y los órganos dependientes "porque el ahorro es bastante importante", recalca Galván.

El gobierno municipal también quiere centralizar la licitación de los servicios de seguridad. "Estamos a punto de sacar este servicio, además por precios unitarios. Se trata de la seguridad privada de cualquier evento". La centralización de la licitación unitaria de estos servicios de seguridad "nos permite ahorrar en horas extras y tener unos precios más competitivos". Por ejemplo, "en Semana Santa contratamos seguridad privada, también durante el Gran Premio, y en alguna exposición por las tardes. Entonces, si sacamos un concurso para unificar todos los servicios de seguridad a un precio unitario vamos a tener un importante ahorro, en vez de tener contratos menores. La empresa que saque el concurso se va a quedar con el servicio", explica el teniente de alcaldesa.

El objetivo final de estos procesos de contratación es seguir "con la línea de transparencia del gobierno municipal en las mesas de trabajo para que la oposición vea que un área tan complicada como la de la contratación está abierta a la colaboración de todos los partidos", indica Santiago Galván.

La próxima reunión será en abril y en la cita los grupos deberán aportar sus ideas al documento básico de implantación de las cláusulas sociales y contratación responsable (como ya hay un borrador). En cuanto se hagan las aportaciones se dará por aprobado el documento. El responsable de Economía resume así la importancia de esta Mesa de Condiciones Contractuales. "Vamos a ser unas de las primeras administraciones que tenga en marcha este sistema de licitaciones con cláusulas sociales y contratación responsable. Estamos a punto culminar el proceso y hay otras administraciones que ahora mismo están empezando", concluye.

LAS PALMAS: Detenido por robar una tableta electrónica en un comercio comercial






Cuando trataron de retener al hombre, este empujó a uno de los vigilantes de seguridad y huyó del lugar, pero pudo ser localizado y detenido por los agentes.

Los hechos se desencadenaron tras la llamada al teléfono 091 de los responsables de seguridad de un centro comercial de la capital grancanaria

Un hombre ha sido detenido en Las Palmas de Gran Canaria acusado de robar una tableta electrónica en un comercio de la capital, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias. El arrestado, E.H.C, de 30 años, sustrajo una tableta valorada en 468 euros, y tras ser sorprendido por los vigilantes de seguridad, empujó a uno de ellos para huir del lugar, se indica en un comunicado.

Los hechos se desencadenaron tras la llamada al teléfono 091 de los responsables de seguridad de un centro comercial de la capital grancanaria, comunicando que habían sorprendido a un individuo tratando de abandonar un comercio sin abonar el importe de un artículo. Cuando trataron de retener al hombre, este empujó a uno de los vigilantes de seguridad y huyó del lugar, pero pudo ser localizado y detenido por los agentes. En el cacheo de seguridad fue intervenida una mochila, en cuyo interior se encontraba una tableta electrónica valorada en 468 euros, que fue devuelta a su legítimo propietario. También fue intervenida una caja preparada para evitar los sistemas de alarma. Posteriormente, se pudo comprobar que el arrestado estaba buscado también por un delito de apropiación indebida cometido en el sur de la isla.