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A pocos días de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el sector de la seguridad privada se enfrenta a una polémica.
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha puesto en marcha una campaña para vigilar el cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas adjudicatarias de contratos públicos, denunciando prácticas que, según el sindicato, convierten estas medidas en un simple formalismo para acceder a licitaciones en lugar de una herramienta efectiva para garantizar la equidad de género.
Los planes de igualdad en las empresas son un conjunto ordenado de medidas –tras realizar un diagnóstico de la situación en la empresa– que tienen como objetivo garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación por razón de sexo. Estos planes establecen, entre otros elementos, objetivos, acciones, indicadores, calendarios de actuación y mecanismos de seguimiento y evaluación, y están regulados por normativas como la Ley Orgánica 3/2007 y el Real Decreto 901/2020.
Respecto a su obligatoriedad, sí lo son, pero de manera escalonada según el tamaño de la empresa. Por ejemplo, inicialmente la obligación recaía en las empresas de más de 250 trabajadores, y de forma progresiva se extendió a las empresas de 150 a 250, de 101 a 150 y, desde marzo de 2022, a aquellas con 50 o más empleados. Además, la obligación puede derivarse también del convenio colectivo o de resoluciones de la autoridad laboral.
La comisión de seguimiento es el órgano encargado de monitorizar y evaluar la implantación del plan. Su función principal es verificar que las medidas adoptadas se estén aplicando correctamente, analizar los resultados, detectar posibles obstáculos y proponer ajustes o mejoras para garantizar la eficacia del plan. La normativa (artículo 9 del RD 901/2020) exige que el plan incluya un sistema de seguimiento, lo que implica que contar con una comisión –o un órgano paritario similar– es obligatorio para las empresas que deben tener un plan de igualdad.
La iniciativa de la FTSP-USO llega en un momento en que la igualdad de género está en el centro del debate social y político, dada la proximidad del 8M. En este contexto, el sindicato ha elevado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, apuntando a compañías como Asegura Control, Security Services Kuo, y Cansegur por presuntas infracciones relacionadas con la aplicación de sus planes de igualdad.
La FTSP-USO sostiene que estas compañías los utilizan como un trámite burocrático para cumplir con los requisitos de las licitaciones públicas, sin aplicar las medidas en la práctica. Esta situación, advierten, deja a decenas de trabajadores desprotegidos y pone en entredicho el compromiso real con la igualdad. En un momento en que la sociedad reclama avances tangibles en igualdad, la demanda podría marcar un antes y un después en la supervisión de las políticas de género en el sector privado, especialmente en el que trabaja el ámbito público.
