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2 de julio de 2023

Los últimos atracos perpetrados en furgones blindados debe reabrir el debate sobre los medios de seguridad a disposición de los vigilantes

UGT vuelve a insistir “En el transporte de efectivo se debe priorizar la seguridad por encima de los intereses comerciales de las propias empresas y clientes que operan en el sector.

Desde el Sindicato se viene reclamando en los últimos años la revisión de las medidas de seguridad para este colectivo que deben quedar plasmadas en un nuevo Reglamento de Seguridad suficientemente debatido entre agentes sociales y económicos del sector de la seguridad privada en nuestro país. Un Reglamento que lejos de disminuir las medidas de seguridad en el Transporte de Fondo como intentó el Partido Popular en pasados años durante su mandato en el Gobierno, refuerce las mismas, así como, dote de mayor protección individual y jurídica al conjunto de vigilantes de seguridad que operan en el sector.

En los últimos años empresas dedicadas al Transporte de Fondo en connivencia con sus respectivos clientes prioritariamente el sector bancario y algunos intereses políticos situados a la derecha, han venido disminuyendo la seguridad en el transporte de efectivo introduciendo progresivamente vehículos ligeros con menor dotación de vigilantes y mermando las medidas de seguridad de los mismos. Traslados que anteriormente se realizaban en su totalidad por furgones blindados y tres vigilantes son ahora con mayor asiduidad realizados en vehículos ligeros reduciendo la dotación a dos vigilantes de seguridad, escudándose empresas y clientes en un traslado menor de efectivo.

Para UGT el Transporte de Fondo en nuestro país no debe convertirse en un puro negocio para empresas y clientes a costa de reducir las medidas de seguridad en este tipo de actividad esencial. Mantener las medidas de seguridad actuales y avanzar hacia reforzar las mismas, debe convertirse en el objetivo de los agentes sociales y económicos del sector así como del propio Gobierno cuyo actual Ministro dejó aparcado en un cajón un Reglamento que debe marcar el futuro de la seguridad privada del siglo XXI.

Recuperar el carácter de agente de la autoridad, rejuvenecer las plantillas mediante el contrato de relevo y jubilación anticipada, facilitar una mayor y adecuada formación ante los nuevos retos tecnológicos, reducir las jornadas interminables de trabajo y el número de paradas diarias que en ocasiones merman la seguridad de los propios vigilantes son elementos que desde UGT se vienen demandado en los ámbitos políticos de nuestro país así como impulsando desde las secciones sindicales en el seno de las respectivas empresas y que merecen en su conjunto priorizarse frente a intenciones de convertir esta actividad en un simple negocio desatendiendo y reduciendo los estándares de seguridad .

UGT vuelve a poner el acento en el colectivo de la seguridad privada en nuestro país. Las actuaciones llevadas a efecto por los vigilantes de seguridad en los atracos producidos en los últimos días en esta ocasión en Catalunya, evidencian un grado amplio de profesionalidad en la intervención de los vigilantes que han sido víctimas de los mencionados atracos y que en su conjunto merecen un mayor reconocimiento por parte de sus empresas y por el conjunto de la ciudadanía.


Miguel Ángel Ramírez: el ‘rey de la seguridad’ destronado que se enfrenta a 21 años de cárcel

El conocido empresario canario, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, comienza este martes su particular calvario judicial por defraudar durante años a Hacienda y a la Seguridad Social

Miguel Ángel Ramírez no olvidará fácilmente el año 2023. Este conocido empresario canario ha visto como el equipo de fútbol que preside desde 2005, la Unión Deportiva Las Palmas, acaba de ascender a Primera División. Habrá que ver si podrá acompañar a su club por los mejores estadios de España la temporada que comenzará a finales de verano. Porque este martes 4 de julio se sentará en otro banquillo, el de un tribunal, acusado de defraudar a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social casi 37 millones de euros. La Fiscalía pide para él 21 años y medio de cárcel y 103 millones de multa.

Quien conoce a Ramírez (54 años) sabe, no obstante, que el fútbol siempre ha sido secundario para él. Entró en el universo del deporte rey porque sabía que controlar el palco de un equipo de fútbol abre muchas puertas y posibilidades de negocios. Porque su mundo, donde hizo fortuna, siempre ha sido el sector de la seguridad privada. Ramírez creó hace años la empresa Seguridad Integral Canaria y empezó a ser conocido en el sector como ‘el rey de la seguridad” por los muchos contratos que empezó a llevarse de las Administraciones públicas. Entre sus clientes estaban el Ministerio de Defensa, Correos, Patrimonio Nacional, Radio Televisión Española, Metro de Madrid o incluso la propia Seguridad Social. Su fórmula de éxito era sencilla: tirar los precios a costa de pagar poco a los vigilantes a los que daba empleo.

Hacienda llegó a plasmar en un informe que Ramírez sometía a su plantilla a “condiciones leoninas” y que “vulneraba las garantías” del Estatuto de los Trabajadores. Triplicaba los turnos y duplicaba la jornada de sus empleados todo el año, cuando por ley solo es posible durante 15 días. Llegó a tener casi 5.000 trabajadores. “Es un tipo que dice que se ha hecho a sí mismo, con grandes habilidades comerciales y de relaciones con el poder, pero a la hora de respetar los derechos laborales... llegó a despedir a seis miembros del comité de empresa porque se negaron a firmar el convenio colectivo”, señala Basilio Alberto Febles, responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, organización que está personada como acusación particular.

Lo que es un hombre hecho a sí mismo lo ha contado él en algunas entrevistas. Ramírez se crió en un barrio humilde de Las Palmas. No acabó los estudios y empezó a trabajar lavando los coches de los jugadores del equipo local de baloncesto. Incluso se encargaba de secar el parqué de la pista donde entrenaban. En esos primeros años de juventud hizo de todo: vender fruta, trabajar de chófer y ser ayudante de algún detective de Las Palmas. De hecho, hoy tiene el título de detective privado. En 1991, con 22 años, crea su primera empresa, Canarimundi, que se dedicaba al transporte de mercancías. Tres años después diversifica los negocios y abre una charcutería y una tienda de mascotas.

En 1995 crea Seguridad Integral Canaria (SIC), el germen del que será su imperio empresarial con el paso de los años. Luego llegaría el salto a Madrid cuando en 2003 constituye el Grupo Ralons (de sus apellidos, Ramírez Alonso) para ampliar los servicios que ofrece: de la seguridad pasa a la limpieza, los residuos, las residencias, las guarderías, las lavanderías... llegó a gestionar más de 30 empresas y a acumular un importante patrimonio inmobiliario. Pronto le llegan los reconocimientos públicos (es mecenas de la Universidad de Las Palmas, piloto honorario del Ejército del Aire, es Legionario de Honor y tiene la medalla al Mérito Militar) y sus primeros problemas con la Justicia.

Delitos urbanísticos El primero, por ampliar sin licencia una casa de lujo que se compró en Las Palmas, a la que bautizó ‘El Capricho’. Construyó una pajarera, dos aparcamientos e incluso un estanque. Cuando la Guardia Civil le precintó el proyecto, él decidió seguir con las obras “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según la sentencia que en mayo de 2010 le condenó a tres años de cárcel por delito urbanístico. En 2012, Ramírez pidió el indulto y evitó entrar en prisión. Indulto que el Gobierno del PP le concedió después. Se trató de una medida de gracia parcial, ya que le rebajó la pena a dos años justo para que no entrara en la cárcel. El Supremo luego anuló este indulto por defectos de forma, aunque Ramírez nunca pisó la cárcel.

En 2013 el sindicato USO le denunció por fraude a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. La empresa de seguridad de Ramírez abonaba parte del salario de la plantilla en dietas y kilometraje, conceptos exentos de tributar. “A fin de reducir su partida de gastos y con la intención de menoscabar así los ingresos correspondientes al erario público, durante los años 2009 a 2013 el acusado recurrió a una ficción consistente en disfrazar de pago de dietas, lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias que realizaban los trabajadores. Se ahorraba, por tanto, el abono de las retenciones por el IRPF de sus trabajadores y de las cotizaciones de los mismos”, señala el escrito de la Fiscalía. El ministerio público le acusa de cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social.

Ramírez también era un experto en laminar la negociación con los trabajadores. Creó un falso comité de empresa que permitió a Ramírez aprobar dos nuevos convenios que reducían el sueldo de los empleados, les aumentaban la jornada laboral y suprimían conceptos como los pluses de nocturnidad, de festividad o las horas extra. Los convenios, que se descolgaban del nacional del sector, fueron anulados por el Tribunal Supremo.

En el juicio que comienza este martes y que está previsto que dure un mes, la Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO tratarán de demostrar que Ramírez recurrió de forma sistemática a una serie de “ficciones” en el pago de las nóminas a sus empleados con la excusa de superar la crisis económica iniciada en 2008. Cuando en realidad lo que buscaba el empresario era multiplicar sus beneficios a costa de “perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores”. No ha sido un camino judicial fácil. La instrucción comenzó en 2014, se ha paralizado en tres ocasiones y en ella han participado cinco jueces, de los que dos terminaron imputados y uno acabó condenado.

La Fiscalía también pide otros 14 años de cárcel y 79 millones de euros de sanción para su socio Héctor de Armas, al que considera el títere de Ramírez. De Armas sustituyó al propietario de la compañía en el cargo de administrador único en 2011. La realidad, sin embargo, fue que Ramírez (que ostentaba el 91,4% de las acciones de la empresa) continuó ejerciendo como director de orquesta a pesar de haber abandonado el puesto. El rey de la seguridad ya no está en el negocio ni dirigiendo ninguna orquesta. Muchas de sus empresas han desaparecido. De hecho, Seguridad Integral Canaria, que se disolvió en 2017, es hoy una de las 150 empresas españolas que tienen prohibido ser contratadas por alguna Administración pública, según un reciente reportaje del diario Público. Sigue teniendo, eso sí, un concesionario de coches en Las Palmas. El mismo que inauguró en noviembre de 2013 su entonces amigo el ministro José Manuel Soria, que le definió como “el más puro emprendedor que yo conozco”.

¿Cuál es el tiempo máximo que se puede estar de baja laboral?

La incapacidad temporal solo puede durar 365 días prorrogables a otros 180

Una vez transcurrido ese periodo de tiempo, el trabajador pasa a una situación de incapacidad permanente

Hay ocasiones en las que un trabajador no tiene la capacidad de realizar sus tareas laborales debido a causas médicas. En ese momento pasa a estar en un estado de incapacidad temporal. A esta situación se la conoce comúnmente como baja laboral, ya que dicho trabajador se ausenta de su puesto de trabajo. Eso sí, la Seguridad Social se encarga de que durante ese tiempo el trabajador reciba una prestación que le permita seguir teniendo ingresos. “Es un subsidio diario que cubre la pérdida de rentas del trabajador producida por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo y los períodos de observación por enfermedad profesional”, explica la web de la Seguridad Social.

Tiempo máximo de baja laboral Obviamente, esta situación tiene un límite de tiempo. No en vano, se trata de una incapacidad temporal. Si se alargase, pasaría a ser una incapacidad permanente y, por lo tanto, la persona sería considerada pensionista, ya que tendría unos ingresos recurrentes como consecuencia de dicha incapacidad. Así pues, una baja laboral por enfermedad o accidente solo puede durar 365 días prorrogables a otros 180 si se prevé curación en ese tiempo y, por lo tanto, será dado de alta por las autoridades médicas. Eso sí, tal y como expone la Seguridad Social, “la prórroga se reconocerá exclusivamente por el tiempo que el EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) estime en que puede producirse la curación”. Es decir, si la estimación es superior, no será posible ninguna prórroga, lo que llevará a la creación de un expediente de incapacidad permanente, “aún cuando las secuelas invalidantes no sean definitivas”.

¿Cuánto se cobra en la baja laboral? Durante el tiempo en que una persona se encuentra en situación de incapacidad temporal, seguirá obteniendo ingresos, aunque solo será un porcentaje de su sueldo habitual. Cuando se trata de una enfermedad común o un accidente que no tiene origen en su práctica laboral, la prestación será del 60 % de la base reguladora desde el cuarto día de baja, hasta el vigésimo. Posteriormente, ese porcentaje aumenta hasta el 75 %. En cambio, si la enfermedad es profesional o el accidente se ha producido en el desempeño de su empleo, el trabajador cobrará el 75 % de la base reguladora desde el día siguiente a la baja.

Pérdida de la baja El trabajador puede perder este derecho o que el mismo se extinga, aunque hablamos de extinción cuando es dado de alta o se ha sobrepasado el tiempo límite de incapacidad temporal. En cambio, la pérdida implica mala praxis por parte del trabajador.

1 de julio de 2023

Primeras condenas contra el servicio de seguridad de Cepsa por vulneración de derechos fundamentales

CCOO ha hecho público que varias sentencias judiciales condenan a la empresa Prosegur, concesionaria del servicio de seguridad em la refinería Gibraltar de Cepsa, por vulneración de derechos fundamentales de su plantilla. El sindicato considera que estos pronunciamientos judiciales vienen a poner de manifiesto la actitud de represión sindical y laboral que ha venido desarrollando la empresa con la complicidad de Cepsa.

Tras la activación del protocolo por acoso laboral a la plantilla de Prosegur en la refinería Gibraltar de Cepsa en la que quedó demostrado el comportamiento ilegal del responsable de la empresa en este centro de trabajo; la dirección de esta decidió, a pesar de haber quedado acreditado el acoso laboral, imponer una sanción irrisoria al responsable e iniciar una campaña de sanciones contra los trabajadores que denunciaron esta situación. Ante esta situación, CCOO puso en marcha una campaña de movilizaciones de repulsa e interpuso las correspondientes demandas judiciales contra las 15 sanciones interpuestas en esa campaña de represión laboral y sindical contra la plantilla.

Meses más tardes, han salido las primeras sentencias judiciales, calificadas por CCOO del Hábitat como demoledoras contra la empresa, en la que se declaran nulas las sanciones juzgadas y se condena a la empresa a indemnizar a los afectados a los que se ha vulnerados sus derechos fundamentales. “Las sentencias dejan claro que CCOO y la plantilla hemos llevado razón en todo momento y, lo que resulta más grave, pone de manifiesto que una empresa como Prosegur vulnera los derechos fundamentales de su plantilla, en un servicio de la importancia de la Refinería” ha sostenido el responsable comarcal de CCOO del Hábitat; a la vez que lamenta la actitud cómplice que ha demostrado Cepsa durante este proceso.

Desde este sindicato, han recordado que además de estas sanciones la empresa pudo en marcha una campaña contra los miembros del comité de empresa para sacarlos de este servicio y dejar a la plantilla sin una representación legal efectiva. CCOO del Hábitat considera que esta situación, que ha deteriorado sobremanera las relaciones laborales en este servicio, pone de manifiesto la necesidad de un cambio total en la actitud de Prosegur y de Cepsa; por lo que este sindicato hace un llamamiento a retomar la vía del dialogo, ya que en caso contrario se verán obligados a retomar las actuaciones de acción sindical para exigir el respeto de los derechos de la plantilla.

GRANADA: La aseguridad privada del hospital San Cecilio pillan a dos ladrones robando material hospitalario

Pillan a dos ladrones en el Clínico robando aparatos para colonoscopias y gastroscopias valorados en cientos de miles de euros

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos hombres, de 56 y 37 años de edad, con antecedentes policiales el menor de ellos, como presuntos autores de un robo con fuerza tras haber sido sorprendidos en un área restringida del PTS con tres mochilas en las que portaban una docena de aparatos utilizados en colonoscopias y gastroscopias, valorados cada uno de ellos entre 20.000 y 50.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las nueve de la mañana, momento en el que una dotación policial de servicio en el distrito Sur fue enviada hasta el PTS, lugar donde los vigilantes de seguridad habrían sorprendido a dos individuos robando dentro. Una vez en el lugar, los agentes fueron informados por los vigilantes. Concretamente, relataron que uno de ellos había detectado un salto de alarma en un área restringida de la tercera planta del hospital, a la vez que a través del sistema de videovigilancia observaba cómo dos individuos, uno de ellos portando muletas, estaban forzando una puerta. A continuación, varios vigilantes acudieron al lugar y sorprendieron a estos dos individuos dentro de la habitación cuyo acceso había sido forzado.

Tres mochilas con herramientas y aparatos de alto valor Junto a los presuntos autores se encontraron tres bolsos-mochila. El primero de ellos contenía un par de destornilladores de grandes dimensiones, dos pares de guantes y una mordaza de presión. En las otras dos se hallaron nueve aparatos para la realización de colonoscopias y tres aparatos destinados a la práctica de gastroscopias. Cada uno de estos instrumentos está valorado entre 20.000 y 50.000 euros. Además, se localizaron numerosas fotografías del material que presuntamente habían venido a robar. Por otra parte, los agentes comprobaron que en la misma habitación habían abierto un armario donde estaban depositados otros nueve aparatos similares a los anteriores, los cuales no fueron introducidos en las mochilas por haber sido sorprendidos por el personal de seguridad. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Desmantelada una organización criminal dedicada al robo de placas solares

 

Furgones blindados: cómo son y su importancia en el transporte de fondos

Los furgones blindados son el medio de protección pasivo de uso obligatorio para el transporte de fondos según la legislación vigente.

Los furgones blindados son el medio de protección pasivo de uso obligatorio para el transporte de fondos según la legislación vigente. Es el principal elemento físico de seguridad alrededor del cual se estructura el sistema operativo, para hacer frente a amenazas como el robo, el hurto, los intentos de atentado o fraude.

Sus características y requisitos vienen recogidos en el Real Decreto 880/1981 del 8 de mayo, sobre prestación privada de servicios de seguridad, en la Orden Ministerial INT/314/2011 del 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada y en el resto de la normativa complementaria y derivada.

En Prosegur Cash, contamos con una flota propia de furgones blindados con los más modernos sistemas de seguridad y comunicación, para utilizarlos en nuestra oferta de soluciones de efectivo y transporte de valores.

Funcionamiento de los furgones blindados Las medidas de seguridad de los furgones blindados se basan en un plan preventivo y disuasorio, estando su funcionamiento supeditado al cumplimiento de una serie de actuaciones regulares recogidas por la normativa e implementadas por las propias compañías de seguridad:

-Diariamente, se revisa el funcionamiento general del vehículo.

-Se debe contar con un plan determinado de ruta y horarios definidos, además de rutas alternativas, custodiado siempre por el vigilante encargado de la conducción. Cualquier incidente o alteración debe comunicarse a la sede central.

-El vigilante de seguridad asignado a la conducción tiene prohibido abandonar el vehículo. Son los otros dos vigilantes los encargados de efectuar la carga y descarga, asegurándose de tener en todo momento la libertad de movimientos necesaria.

-Deben comprobarse trimestralmente todos los sistemas de seguridad y de comunicación para plasmar dichos resultados en las cartillas de control. Todos los vehículos deben, además, contar con una cartilla de idoneidad que certifique la existencia de las características exigidas.

En Prosegur Cash, apostamos además por la sostenibilidad y estamos progresivamente incorporando a nuestra flota camiones y furgones blindados híbridos y eléctricos que puedan disponer de la categoría ambiental ECO.

Características generales de los furgones blindados: Los vehículos y furgones blindados para el transporte de fondos cuentan con una serie de características de seguridad específicas:

-Blindaje en paredes exteriores e interiores, techo, suelo, puertas y cristales. Debe resistir impactos de balas tipo perforable y de cartuchos de armas portátiles, tipo 9 mm.

-Sistemas de protección y control de acceso: las puertas de acceso, los depósitos de gasolina y los accesos al motor contarán con cerrojos electrónicos o metálicos. La cabina del conductor deberá contar con mamparas de protección antiincendios, además de tener también sistemas de geolocalización y de detección de incendios.

-Sistema de alarma, tanto electrónicos como mecánicos, que se activen en caso de atraco o de entrada de cualquier persona que no esté autorizada.
-Sistemas de comunicación, como radio, que permita la interlocución con la emisora central de la empresa, interfonos y telefonía móvil.

-Sistemas y recursos defensivos como troneras en las partes laterales y posterior, armas cortas reglamentarias y fusiles de asalto.

-Sistemas adicionales como botiquín o caja de herramientas.

-Recursos humanos: deberá contar con una dotación mínima de 3 guardias de seguridad. Uno de ellos tendrá asignadas en exclusiva las labores de conducción.

Podrán incrementarse estas medidas con base en los criterios de la compañía de seguridad privada o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según el reglamento relacionado con el tipo de transporte y su peligrosidad.

Distribución interna de los furgones blindados Los vehículos blindados que se dediquen al transporte de fondos deberán, según el artículo 32 de la Orden Ministerial INT/314/2011, estar divididos en 3 compartimentos:

-Un compartimento delantero separado del central por medio de una mampara blindada de separación sin acceso. La puerta derecha del compartimento delantero solo podrá abrirse desde el interior y la izquierda será utilizada para el acceso exclusivo del conductor.

-Además, debe quedar depositada en la compañía de seguridad la llave con la que es posible abrir el dispositivo que controla el seguro interior de la puerta del conductor. El compartimento delantero está equipado con sistemas de intercomunicación con el compartimento central y con la sede de la empresa.

-Un compartimento central separado del posterior mediante una mampara blindada que contará con una puerta de acceso blindado a la zona de carga de reparto. Esta puerta estará dotada de un sistema de apertura por esclusa. Esto significa que no podrán abrirse de manera simultánea esta puerta y las laterales del vehículo.

-Tendrá un sistema de intercomunicación con el compartimento delantero, custodiará las armas de fuego y tendrá un sistema de introducción de objetos con puerta blindada que solo podrá abrirse en la sede de la compañía.

-Un compartimento posterior dedicado a la carga, que a su vez estará dividido en zona de reparto y zona de descarga, separadas por una mampara blindada. Dispondrá de una puerta blindada que únicamente podrá abrirse en las zonas de seguridad a las que acceda el vehículo.

Todas estas medidas de seguridad garantizan de manera efectiva el desarrollo del transporte de fondos con la mayor efectividad.

El Supremo avala el despido de un trabajador que alegó faltar 7 meses al no tener parte de alta

Pedía que se declarase como improcedente, si bien «no actuó con la diligencia debida por no acudir al centro de salud en ningún momento», según el fallo judicial

El Tribunal Supremo da la razón a una empresa que despidió a un trabajador por no incorporarse a su puesto de trabajo en una empresa del sector industrial después de siete meses de haber recibido el alta médica por una enfermedad común. El empleado, que había estado de baja médica por asma, denunció a la dirección al considerar que se trataba de un despido improcedente, ya que, según su versión, no era consciente de que ya estaba de alta. Sin embargo, durante siete meses, no acudió a su centro de salud a por los volantes de la incapacidad temporal y no respondió a las llamadas de los médicos.

El trabajador alegó «para justificar la inasistencia al trabajo sobre la no obligación de acudir al centro, la falta de contacto telefónico del médico y el desconocimiento del alta acordada. Sin embargo, en el expediente administrativo consta que se intentó contactar con él telefónicamente en varias ocasiones de distintos días sin éxito». El trabajador despedido recurrió pidiendo que se considerase improcedente y se la indemnizase a procediese a su readmisión. Sin embargo, el fallo considera que «ha actuado de manera negligente porque dejó de estar en contacto con el médico, que era quien tenía que facilitar los partes médicos».

«El recurrente no actuó con la diligencia debida, dado que no acudió al centro de salud en ningún momento posterior a la baja, ni solicitó partes de confirmación, ni atendió las llamadas a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la baja hasta que en mayo de 2021 (la baja la recibió siete meses antes) la empresa se puso en contacto con él porque al liquidar los seguros sociales correspondientes al mes de abril de 2021 el propio sistema de la Seguridad Social advierte que no es posible realizar al descuento correspondiente a su baja médica porque se encuentra en situación de alta», explica el Tribunal Supremo.

Añade que «existe un dilatado periodo entre la fecha de emisión del parte de alta y el despido (siete meses), en los que tampoco se aportan partes de confirmación, también lo es que durante ese tiempo la empleadora ha continuando abonando el subsidio, sin que conste que exigiera la presentación de esos partes». «Debe calificarse el comportamiento del empleado como grave y culpable, imputable al recurrente (el trabajador), que justifica el despido como acordó la empresa», abunda.

Se necesitan 70 vigilantes de seguridad para refuerzo en verano en Andalucía

El portal Andalucíaorienta.net ha publicado recientemente ofertas de empleo para cubrir 70 puestos de vigilantes de seguridad para las empresas de seguridad Securitas y Prosegur en Andalucía, 20 plazas para la multinacional sueca y 50 para la española.

Se trata de distintos puestos a cubrir de cara a los meses de verano, para cubrir diferentes servicios. Entre los requisitos exigibles para poder acceder a estas vacantes, las personas interesadas deben disponer del título de la ESO, estar en posesión de la tarjeta de identidad profesional del vigilante de seguridad, expedida por el ministerio del interior. También se especifica que requiere disponibilidad para trabajar a turno durante los meses de verano y que se tengan habilidades comunicativas. Será también imprescindible conocimientos de ofimática y vehículo propio para los desplazamiento al centro de trabajo

para inscribirte en estas ofertas hay que hacerlo a través de INFOJOBS. Si ya estas registrado solo tendrás que acceder como candidato/a con tu correo electrónico y tu contraseña. Si nos estás registrado, deberás hacerlo y elaborar tu curriculum.

Boletín Securitas News junio 2023

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