Jardinería, dependencia, mantenimiento, vigilancia, limpieza… el clamor de las patronales de los servicios que más trabajan con el sector público tiene mucho que ver con la negativa rotunda y unánime de la CEOE a avalar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que finalmente pactaron sólo sindicatos y Gobierno el pasado miércoles.
Para los representantes de estos sectores, intensivos en mano de obra y de baja cualificación (es decir, que emplean a muchos trabajadores con salarios bajos) el nuevo aumento del 3,6%, retroactivo desde el 1 de enero, se suma al del pasado septiembre y a los de los últimos años para arrojar un total del 36% de subidas desde 2019, mientras que lo que las administraciones pagan a las empresas por sus servicios permanece en los mismos niveles desde que firmaran el contrato correspondiente.
Aunque las propias patronales admiten que es difícil contar con números exactos -porque se trata de actividades económicas muy diversas que no sólo atienden al sector público, sino también al privado- una estimación de CEOE para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, sitúa el total de compañías potencialmente afectadas en al menos 22.000, que dan empleo a más de 1.100.000 personas. Su problema es que los costes de personal representan la mayor parte de su factura, de forma que un repunte que no vaya acompañado de una subida de precios aplana sus márgenes y en los peores casos puede empujarlas a la quiebra. "En la estadística del Registro Mercantil se ve que, en las de limpieza, el coste laboral supone el 92% de media", explica Juan Díez de los Ríos, presidente de la patronal sectorial Aspel; "del otro 8% hay que descontar productos, uniformes, consumibles, formación... y lo que queda es para gastos generales y beneficio industrial; tú dirás", concluye. "En la prensa vemos todos los días casos de empresas que contratan con la administración que dejan de pagar las nóminas; algo pasa ¿no?" añade por su parte Ángel Córdoba, de la patronal de la seguridad Aproser.
Normalmente, cuando una empresa se enfrenta a dificultades de este estilo en el sector privado, puede negociar con el cliente o -si no hay forma de llegar a un acuerdo y la situación no es rentable- retirarse del contrato; pero las licitaciones públicas no funcionan así, advierten las patronales: "aquí las administraciones son juez y parte: contratan normalmente a la empresa que ofrece el precio más bajo durante varios años, y luego obligan a esa empresa a subir sueldos cada año por real decreto sin permitirle repercutirlos al contratante, y además no permite rescindir el contrato hasta el vencimiento", resume Córdoba; "de un contrato público uno no se puede ir sin más, hay que quedarse hasta el final y a veces incluso más allá, hasta la celebración de un nuevo concurso. El único motivo que contempla la Ley de Contratos del Sector Público para poder resolver anticipadamente uno de estos contratos es que no te paguen durante seis meses", añade el presidente de Aspel.
ACTUALIZAR LOS CONTRATOS A la hora de señalar al origen de este problema los empresarios no miran tanto a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz como a Mariano Rajoy y a Luis de Guindos. Aunque todos los consultados coinciden en que no creen que sea el momento económico de subir el SMI, también son unánimes en subrayar que no se oponen a que suban los sueldos más bajos, sino a que no se compense por ello a los empresarios con un contrato público en vigor. Y la culpa de esto último la tiene -señalan- la Ley de Desindexación aprobada en 2015 por el Ejecutivo del PP. Esa norma, que tenía como meta evitar una espiral inflacionista en la economía española, acabó para ello con el ajuste automático de los precios públicos al comportamiento del IPC, y entre otras cosas barrió con la posibilidad, vigente hasta entonces, de actualizar los contratos públicos (salvo en casos muy concretos, como aquellos de más de cinco años de duración que requieran inversión). Desde entonces, los contratos de servicios -que no reúnen esas condiciones- están especialmente expuestos a los vaivenes en los costes, y por eso el repunte del SMI descalabra las cuentas de estas empresas.
Las patronales exigen del Ejecutivo actual una solución: quieren que se derogue la Ley de Desindexación, o al menos "que se prevea que ante un hecho novedoso, fruto de una decisión de la administración no prevista cuando se licitó el contrato [como la subida del SMI], pueda producirse una revisión de los precios", apunta Javier Sigüenza, Secretario General de la patronal de la jardinería Aseja. En estas reivindicaciones, los sectores de servicios tienen el apoyo de otras actividades económicas que tienen problemas de costes diferentes: el aumento del precio de las materias primas. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), explica que lo que ahoga a su sector no es el aumento de salario mínimo (porque en sus convenios los sueldos están por encima de ese indicador) sino la escalada de los materiales y de la energía; el enemigo a batir, en todo caso, es el mismo, la desindexación: "hay que adoptar una disposición general que permita el reequilibrio económico de los contratos en curso, y adoptar también un sistema ya de cara a los futuros contratos que permita también ese ajuste, pilotado por Hacienda: que cuando se constate que los costes suben, los precios también suban; y si las materias primas bajan, que lo que pagan las administraciones también baje", resume.
Todo apunta a que la construcción está más cerca de lograr su objetivo que los servicios: fuentes del Gobierno confirman que se está trabajando en un real decreto que permita tener en cuenta el impacto de la subida de las materias primas para recalcular los precios de los contratos públicos, una norma que -añaden- ya está "cerca de la línea de salida", pero descartan que esté previsto hacer lo mismo con el SMI, por el momento. En CEOE reclaman este segundo ajuste también con el argumento de que se comprometió en 2019, cuando se acentuó el ritmo de crecimiento del SMI. "Igual que prometieron a los sindicatos subir el salario mínimo a 1.000 euros y lo acaban de hacer, nosotros queremos también que el Gobierno atienda esa promesa que nos hizo a nosotros hace ya años", dice uno de los negociadores de la patronal. Algunas organizaciones empresariales no descartan acudir a los tribunales alegando un enriquecimiento injusto de las administraciones si se sigue denegando ajustar los contratos públicos a la marcha del salario mínimo.
"INTERFERENCIAS" EN OTROS SALARIOS Las patronales de los servicios anticipan además otro efecto relacionado con la subida del SMI, que en este caso se desplegará a lo largo de 2022: los aumentos (que en los últimos meses alcanzan un 5,2%, si se suma el acordado en septiembre de 2021 con el pactado en los últimos días) afectan a la negociación del resto de los salarios: "es un efecto rebote: todos los demás trabajadores se toman la subida del SMI como el punto de partida", afirma Sigüenza; "en nuestro caso, y pasa también en sectores como el de la dependencia, las subidas superan ya los sueldos recogidos en algunos convenios provinciales de limpieza, y esto interfiere y perturba la negociación entre empresarios y sindicatos", añade Díez de los Ríos.
El resto de consultados está de acuerdo: el aumento administrativo de los sueldos más bajos presiona a los que están inmediatamente por encima, y todo en puertas de comenzar la negociación salarial general; la primera reunión de trabajo con UGT y CCOO para elaborar un nuevo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, que recoge indicaciones salariales para los 5.000 convenios que hay en España, se celebrará el próximo 3 de marzo. "Parece bastante incongruente con el espíritu de la reforma laboral, que en teoría iba a impulsar la negociación colectiva entre sindicatos y patronal; prácticamente al día siguiente de aprobar esa ley, el Gobierno hace el real decreto de SMI que deja fuera a una de las partes", reflexiona Córdoba.
