Los profesionales de Psiquiatría elaboran un escrito para exigir el retorno de la seguridad «Tienen que hacerse cargo de la situación», reclama el portavoz de los vigilantes, José Iglesias
Los usuarios del Hospital San Agustín se encuentran todos los días con los vigilantes acampados y una vez a la semana con su manifestación alrededor del centro sanitario.
Hace dos semanas que los trece vigilantes de seguridad del Área Sanitaria III plantaron sus tiendas de campaña frente al área de Urgencias del San Agustín. Iniciaron una huelga indefinida el pasado 20 de enero y, desde entonces, ni el hospital, ni los centros de salud, ni tampoco la unidad de dispensación de metadona cuentan con servicio de seguridad. Los problemas no han dejado de sucederse, y el último tuvo lugar anteayer, cuando un individuo ajeno al hospital fue sorprendido en uno de los vestuarios del personal.
Ocurrió por la tarde, en el momento en el que dos enfermeras se estaban cambiando. Un hombre que vestía una cazadora azul irrumpió en esa sala privada y de uso restringido a los trabajadores del centro, aunque salió corriendo al verse sorprendido por las profesionales. Poco después fue visto en Urgencias, donde, según cuentan los trabajadores del San Agustín, esperaba junto a unos familiares. Una enfermera le reconoció y dio la voz de alarma. Solo pudo recurrir al jefe de turno de celadores, que comenzó a correr tras él cuando, al verse identificado, emprendió la huida.
Todo se quedó en un susto, ya que el individuo no logró llevarse ningún objeto ni tampoco provocó daños personales, pero los trabajadores están cada vez más atemorizados, porque esas zonas son de fácil acceso y en ellas, además, suelen guardarse cosas de valor. «Nos sentimos completamente indefensos», cuentan los trabajadores, que entre la huelga y las bajas generalizadas que hubo previamente suman ya cerca de dos meses sin vigilantes que eviten este tipo de incidentes. «Esto es un coladero», lamenta una enfermera.
La falta del servicio afecta a todos los centros por igual, pero hay dos áreas que son espacialmente sensibles: la de Psiquiatría y la de Urgencias. En esta última es donde más incidentes se producen por la propia naturaleza del servicio, y también porque la falta de personal está provocando tiempos de espera más largos de lo habitual, que acaban desencadenando en el nerviosismo de los pacientes y de sus acompañantes. Allí ya se han producido «varias agresiones a diferentes profesionales» en los últimos meses, según ha señalado la Junta de Personal, que viene reclamando repetidamente una solución al conflicto de la seguridad.
También en Psiquiatría los profesionales se están movilizando. Un grupo de trabajadores de este departamento está redactando un escrito que pretende remitir a la gerencia del área urgiendo a que se solvente el problema. «Los celadores hacen las veces de los vigilantes de seguridad pero ni conocen las técnicas para reducir a un enfermo alterado ni tienen porras como los primeros», denuncian. Además, en esta planta en concreto, donde los enfermos ingresados suelen ser los mismos, «solo ver al vigilante que conocen ejerce un efecto tranquilizador sobre ellos», aseguran.
La Dirección General de Interior ha solicitado a la gerencia del área un informe en el que se detallen los avisos por problemas de seguridad, de cara a tener un conocimiento exhaustivo del alcance del problema y de la carga de trabajo del servicio de vigilancia. Pero lo cierto es que el problema sigue sin solucionarse después de casi dos meses de conflicto y amenaza con enquistarse.
La pelota ahora está en el tejado del Sespa. La Consejería de Presidencia ha optado por una delegación de funciones en el Servicio de Salud, para que sea este el que proceda a licitar un nuevo contrato y, una vez adjudicado, pueda rescindirse en actual con la empresa Seguridad Empresarial Navarra, que hace ya cerca de cuatro meses que dejó de pagar a los trabajadores. Los servicios jurídicos del Sespa están elaborando un informe sobre la viabilidad de esta posibilidad planteada por el Principado, pero tras más de una semana de espera, nada se sabe de su contenido, para desesperación de los vigilantes.
«Tienen que hacerse cargo de la situación», reclama José Iglesias, portavoz del colectivo. Tanto él como sus compañeros se cansan de esperar la resolución de un conflicto que se alarga ya demasiado en el tiempo. Pese a que el Principado ha pagado todos los meses en tiempo y forma a la contrata, desde que asumiera el servicio el pasado junio, esta no ha abonado ni una sola nómina en plazo, y se encuentra actualmente en preconcurso de acreedores.
Problema económico El problema parece radicar tanto en la situación económica de la propia empresa como en el bajo precio del contrato de la seguridad en el Área III, que resultaría insuficiente para atender a los salarios y al resto de gastos que se derivan de él, tales como las prácticas de tiro de los empleados o los reconocimientos médicos de los mismos.
Los vigilantes han solicitado una reunión con el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, para que este les explique de primera mano cual es la situación y que vías de solución puede haber, aunque las competencias sobre la seguridad de los centros sanitarios recaen tanto en la Delegación del Gobierno como en la Consejería de Presidencia, que es el organismo del que depende el contrato. «Aquí nadie mueve ficha», se queja Iglesias
Mientras la solución que les permita trabajar con garantías de cobrar sus salarios no termina de llegar, los vigilantes continúan acampados frente al centro y manifestándose en el recinto hospitalario cada martes y cada jueves. Su presencia tiene un cierto efecto disuasorio y contribuye a evitar algún incidente, pero no todos. «Nosotros ahora podemos actuar como ciudadanos, pero no como vigilantes, por mucho que nos duela», explica Iglesias. Los profesionales sanitarios están con ellos, como vienen demostrando en las concentraciones de estos últimos días. Ellos son los primeros interesados en que el conflicto se resuelva positivamente y el servicio de vigilancia vuelva a prestarse con normalidad.
