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El Ministerio remite una orden a la única empresa que hoy realiza los servicios de guardaespaldas en la zona -Ombuds- para que reduzca el número de operativos hasta apenas una docena por región
ETA ya no es una amenaza para nadie. Así lo entiende el Ministerio del Interior, que durante los últimos años viene reduciendo paulatinamente el número de escoltas que se dedican a la protección de personalidades que hasta el momento estaban amenazadas por la banda terrorista. En el País Vasco y Navarra, donde hace apenas diez años había más de mil profesionales a nómina del Ministerio, quedaban apenas dos centenares antes de que comenzara el verano fruto del plan de disminución.
Este ya de por sí reducido número se ha recortado aún más este mes de agosto hasta prácticamente eliminar del mapa a un colectivo que fue fundamental para el mantenimiento de la democracia en España. En concreto, según un oficio enviado el pasado 15 de junio por el Ministerio del Interior a la única empresa que presta todavía servicios de protección de personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra -Ombuds-, desde el pasado 1 de agosto el número de efectivos queda reducido a apenas una docena en cada comunidad autónoma.
Este residual grupo se encargará de la protección de los principales líderes políticos regionales y alguna otra personalidad. El resto de cargos públicos, empresarios y jueces que hasta el momento se beneficiaban del servicio dejarán de contar con él y pasearán sin sombra a partir de ahora como un ciudadano más. Los pocos que conservan la escolta, además, la mantendrán pero mermada en número y horas de atención por parte de los escasos guardaespaldas que se quedan sobre el terreno. A partir de ahora, por lo tanto, más de 40 guardaespaldas que trabajaban en Navarra y otros 100 que actuaban en el País Vasco se quedarán sin empleo. De hecho, Ombuds ya ha comenzado a negociar el expediente de regulación de empleo que expulsará a estos profesionales de la empresa debido a la falta de trabajo. En las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la compañía, esta última está prometiendo la recolocación de los escoltas en puestos de vigilantes de seguridad en las prisiones dentro del plan de privatización puesto en marcha por el Gobierno y pendiente de pasar a su tercera fase.
El Gobierno ya prometió a los escoltas cuando comenzó la presente legislatura que éstos serían recolocados como vigilantes en los centros penitenciarios. Sin embargo, en la actualidad, apenas un 10% de estos profesionales trabaja en la seguridad de las cárceles, lo que ha provocado el descontento del sector, que se siente engañado por el Ministerio del Interior, que ahora niega tener capacidad para recolocar al colectivo en las prisiones y argumenta que eso está en manos de las empresas. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE) La orden del Ministerio que obliga a Ombuds a reducir escoltas –remitida por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de Interior, Diego Pérez de los Cobos, al responsable de la compañía, Rodrigo Cortina López– implica también la retirada de los dispositivos de inhibición de frecuencia, aparatos que deberán ser entregados por la empresa a la Secretaría de Estado de Seguridad, y del resto de herramientas electrónicas utilizadas para desactivar explosivos.
En la práctica, esta reducción de efectivos de seguridad implica la nula amenaza que en este momento supone la existencia de la banda terrorista ETA, ya que las personalidades que durante años han estado bajo la mirilla de los asesinos ahora se encuentran sin protección por orden expresa del Ministerio del Interior. El departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz toma esta decisión después de realizar un exhaustivo análisis de riesgos de las circunstancias de cada una de las autoridades a las que se les ha retirado la protección. La banda terrorista ha provocado la muerte a más de 800 personas en sus más de medio centenar de años de existencia. Durante décadas, más de 3.000 guardaespaldas han trabajado en la protección de personas amenazadas por ETA en España. Más de la mitad de estos profesionales estaban destinados en el País Vasco y Navarra.
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