CÁDIZ: Piden a Defensa solucione precariedad de los vigilantes de cuarteles

Diputados de Unidos Podemos en Cádiz y Canarias elevarán al Congreso la petición al Ministerio de Defensa de que los vigilantes de seguridad privada de cuarteles militares españoles abandonen "la precariedad" en la que se encuentran desde que fueron asumidos por la subcontrata Marsegur.

En rueda de prensa en Cádiz los congresistas Juan Antonio Delgado, de Cádiz, y Carmen Valido, de Las Palmas, los vigilantes de instalaciones militares se encuentran en un régimen de "semiesclavitud" y han pedido la intervención de la ministra, María Dolores de Cospedal. "Marsegur ha sido condenada por la Audiencia Nacional debido a la vulneración de derechos laborales", ha lamentado Delgado, quien cree que la situación de este colectivo "es una muestra del empleo que dice el PP que se está creando, marcado por la precariedad", ha añadido.

Valido ha destacado que se trata de una problemática que afecta a cuarteles de todo el país y que "es algo insólito que la administración siga contando con una empresa que tiene múltiples causas en lo social por incumplimiento de contrato, de pagos o de las condiciones de trabajo". Ambos han estado acompañados en la comparecencia pública en Cádiz por la portavoz de CCOO, María de los Ángeles Peña, quien ha recordado que "además de deber varias nóminas a los trabajadores, ha aplicado un convenio que vulnera los derechos laborales y en el que aplica un pliego de condiciones a la baja".

El sindicato ha asegurado que la plantilla ha visto reducido su sueldo en 400 euros, con lo que ahora mismo cada trabajador está recibiendo entre 600 y 700 euros al mes. "Marsegur ha impuesto sus condiciones precarias a toda la plantilla", ha lamentado Peña. Unidos Podemos ha pedido la intervención de Cospedal para que proteja los derechos de los vigilantes de los cuarteles y le ha solicitado que rescinda el contrato actual con Marsegur. EFE

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Denuncia como empresa pirata a quien representa el imperio de seguridad en España

El magnate de servicios de seguridad en instituciones públicas españolas, Miguel Ángel Ramírez, se ve requerido en un pleno municipal por cometer irregularidades

El magnate de la prestación de servicios de seguridad a instituciones públicas como Defensa, Hacienda o la Seguridad Social, Miguel Ángel Ramírez, empresario líder de Seguridad Integral Canaria, que a su vez ejerce como presidente del Club Deportivo Las Palmas, -dejándose ver con el “pequeño Nicolás” en algunos partidos de fútbol,- se ha visto requerido en el último pleno ordinario del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de los retrasos en los pagos a los trabajadores que prestan servicio en las instituciones públicas en este municipio como vigilantes de seguridad. Seguridad Integral Canaria fue calificada como una empresa “pirata” en este pleno, y durante la intervención de Basilio Febles, Secretario General a nivel nacional del sindicato FTSP-USO, se puntualizó esta precariedad laboral exigiendo responsabilidades.

“Los trabajadores sufren una gran dosis de estrés cada mes por el incumplimiento de los pagos en tiempo y forma desde hace 36 meses, lo que supone cancelaciones de pagos de hipotecas, recibos, y alimentación, lesionando Derechos Fundamentales de los empelados de seguridad”, ha subrayado el secretario general de USO. En la misma línea de precariedad laboral, los vigilantes que custodian las dependencias del Ministerio de Defensa también han visto su sueldo reducido a la mitad en un solo mes, a raíz del nuevo convenio con la empresa Marsegur, que ha tomado trabajadores transferidos de Seguridad Integral Canaria, algunos de los cuales “se encuentran indignados con esta rebaja de su sueldo, con una gran intranquilidad con estas condiciones laborales, pero siguen haciendo su servicio de vigilantes de seguridad para ciertas instalaciones de Defensa”, según han informado a Diario 16.

Por otra parte, la diputada de Podemos en el Congreso, Carmen Valido, instó recientemente a la Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, a rescindir el contrato de vigilancia de los cuarteles militares que hay en cuatro islas del Archipiélago, calificando de “pirata” a la empresa de Ramírez, Marsegur. Valido considera “intolerable las condiciones de los trabajadores de esta empresa, y un falso patriotismo del Gobierno de Rajoy”. También la diputada de Podemos, resaltó la indignación porque “Ramírez siga recibiendo adjudicaciones públicas, teniendo causas judiciales abiertas”.

El empresario Ramírez, -presidente del Grupo Ralons-, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas, en cuanto a sí cometió un fraude a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social entre 2009 y 2012. Las sospechas giran en torno a que Ramírez presuntamente podía haber efectuado pagos de nóminas a los trabajadores en parte con dietas y kilometrajes a pesar de ser conceptos que no tributan. Hacienda considera que se ha podido realizar “un juego con estos conceptos”, al haber recibido dietas algunos trabajadores que nunca se desplazaron fuera de Las Palmas de Gran Canaria.

“Miguel Ángel Ramírez es el adjudicatario de contratos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al menos en tres sectores más, aparte del de seguridad privada. Es la cuarta vez que el sindicato USOexpone la dura realidad de los vigilantes de seguridad que trabajan en este consistorio”, explicó Basilio Febles que recordó en su intervención que “el consistorio impuso a Seguridad Integral Canaria por incumplimiento en sus relaciones laborales una sanción pírrica de 500 euros, que habrán pagado gustosamente para continuar con su misma política”.Este proceso judicial comenzó en 2013 a través de una denuncia en laFiscalía de la Audiencia Nacional interpuesta por el sindicato FTSP-USO. “Este presunto fraude fiscal por el que Ramírez se encuentra investigado (imputado) podría cifrarse en 21 millones de euros según los técnicos de Hacienda y la Seguridad Social”, subrayó el secretario general de USO, Basilio Febles en el pleno de Santa Cruz de Tenerife.

Febles (USO) acusó al grupo de gobierno municipal, -en pacto Coalición Canaria con el Partido Popular-, “de tomar el pelo a los trabajadores”, y lamentó que “la empresa adjudicataria por el ayuntamiento pueda ser de nuevo Seguridad Integral Canaria”, en lugar de elaborar un pleno de condiciones con criterios sociales, no solo en el precio y la hora, –de 8,72 euros a 16 o 18 euros la hora-, sino tener en cuenta las normas nacionales, las condiciones de trabajo de los vigilantes de seguridad, dijo Febles. El sindicato USO ha presentado un recurso especial ante estos pliegos de condiciones, que ha de resolver el Tribunal de Contratación Pública. Además, Febles responsabilizó al alcalde nacionalista, José Manuel Bermúdez (CC), de confeccionar un pliego de condiciones que “han apartado de la licitación a todas las empresas importantes del país como PROSEGUR, SECURITAS, ILUNION. OMEGA…”.

Algunos trabajadores de Seguridad Integral Canaria consultados por Diario 16, han confirmado “sus condiciones de precariedad laboral, el malestar por no poder cumplir con las necesidades de sus familias por estos retrasos en los pagos que soportan cada mes, sufriendo además la presión de los bancos con las hipotecas o la pérdida de alquileres de viviendas, por no poder pagar las mensualidades debido al incumplimiento de la empresa”. Estos vigilantes de seguridad han declarado “sentirse indignados con esta empresa”, y “con miedo a sufrir represalias si hacen declaraciones a los medios de comunicación”.Finalmente, Basilio Febles sentenció a la vista de la actitud de la empresa Seguridad Integral Canaria, “unos años muy duros en el futuro, con pésimas condiciones de trabajo y unos salarios de miseria para los vigilantes de seguridad”. El secretario general de USO, ha argumentado en repetidas ocasiones que a pesar de que Ramíreztenga en plantilla cerca de 7.000 empleados vinculados a un red empresarial, “este tipo de empresas hacen mucho daño al sector, porque los precios con los que compiten en los consabidos concursos públicos están por debajo de los costes laborales reales, situación que les lleva a la ruina, o al intento de defraudación a Hacienda y a la Seguridad Social”.

La respuesta del grupo de gobierno CC-PP del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, fue con las acciones políticas y técnicas del concejal responsable de Hacienda, Juanjo Martínez (CC), que alegó “las acciones pertinentes del consistorio en la verificación de la situación real de los trabajadores, la comunicación del conflicto laboral a la empresa por parte del mismo concejal, la elaboración de un expediente informativo que podría desembocar en una nueva sanción para Seguridad Integral Canaria, así como la disposición del consistorio para elaborar un pliego de condiciones con mayor cobertura laboral para los trabajadores, y la modificación del proceso sancionador para incrementar la penalidad por el incumplimiento de las empresas adjudicatarias en las siguientes concesiones”.

La propuesta inicial de esta moción que fue rechazada por CC-PP fue impulsada por Si Se Puede, que planteó una rescisión de la adjudicación con Seguridad Integral Canaria, al entrar dentro de una espectro de “gravedad” la situación de los vigilantes de seguridad, pero el edil Martínez (CC) les recordó el procedimiento administrativo fijado por la Ley que el ayuntamiento está siguiendo correctamente. Izquierda Unida y el PSOE se sumaron al apoyo a los trabajadores afectados junto con Ciudadanos, pendientes de la resolución de Seguridad Integral Canaria. La versión de Miguel Ángel Ramírez, sobre Seguridad Integral Canaria, “defiende la gestión”, convencido de que la causa judicial abierta en el Juzgado de las Palmas le será favorable, y “será archivada”. Este empresario fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy, y resultó exculpado de entrar en prisión.

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CÁDIZ: Los trabajadores de la seguridad privada de Navantia desconvocan la huelga

Su actual empresa abonará un anticipio de hasta 1.500 euros mientras siguen las acciones judiciales contra Segur Ibérica

Los trabajadores de la seguridad privada de las factorías de Navantia en la Bahía gaditana desconvocaron ayer la huelga tras llegar a un acuerdo en el Sercla con su actual empresa, Prosegur, a la que fueron subrogados tras el abandono del servicio por parte de Segur Ibérica tras meses de impago. Prosegur, según apuntaron ayer fuentes de CCOO, se ha comprometido a abonar una anticipo de hasta 1.500 euros a los empleados que lo soliciten y se le irá descontando de las nóminas en los próximos 17 meses o hasta el cobro de la deuda pendiente. 

Mientras, se seguirán las acciones judiciales contra Seur Ibérica, que les debe la nómina del mes de junio, la paga de julio y el finiquito. El portavoz del comité de huelga, Juan Cornejo, señaló que esto "es un respiro a la situación económica" que están pasando todos los compañeros pero que en septiembre plantearán nuevas movilizaciones si Navantia y la antigua empresa no cumplen con los compromisos que le han dado de palabra.

Los vigilantes llevan varias jornadas de protesta a las puertas de las factorías de Navantia con concentraciones que han sido respaldadas por los empleados de los astilleros. Además, ya se ha formalizado la denuncia en los juzgados contra la anterior empresa, que se declaró en concurso de acreedores. Desde el sindicato CCOO ya manifestaron que la empresa Segur Ibérica S.A. abandonó el servicio -subrogándose los trabajadores con la empresa Prosegur - sin abonar las nóminas y tras meses de impagos "y sin que la empresa principal contratante Navantia les dé soluciones".

CCOO recuerda la situación del sector de la seguridad privada "con contrataciones dadas al mejor postor y sin garantías desde la administración". Estas protestas se unen a las que vienen realizando los vigilantes de las instalaciones de Defensa en la provincia, que pasan por una situación parecida con Margesur, empresa encargada de la seguridad que ha aplicado "graves recortes". Este colectivo ha empezado una ronda de contactos y ya se han reunido ya con PSOE y Podemos.

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Fin al “culebrón” con la seguridad privada de la Junta de Castilla La Mancha: el 1 de agosto nueva adjudicataria

En Guadalajara se recurrirá a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para resolver finalmente el contrato entre la Administración y la adjudicataria del servicio de seguridad privada en edificios públicos, resolución firmada este mismo miércoles y cuyo efecto provocará que el 1 de agosto pasen a asumir este servicio otras empresas que quedaron por detrás en el concurso público. 

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno autonómico, Nacho Hernando, en una rueda de prensa donde ha detallado que en los lotes de las provincias de Toledo y Guadalajara será la empresa que quedó en segundo lugar; mientras que en Ciudad Real será la que quedó tercera. Esta resolución ya ha sido comunicada a la Unión Temporal de Empresas --formada por Cyrasa y Sinergias de Seguridad--, empresa que, a juicio de Hernando, "ha pirateado" a la Junta. 

Las nuevas empresas, según el portavoz, "se han comprometido a respetar el convenio estatal de las empresas de seguridad, al estar así contemplado expresamente en el pliego original", algo que no ha hecho la empresa que todavía presta el servicio. "De esta manera, cumplimos el compromiso adquirido con los trabajadores", ha dicho Hernando, quien ha achacado a la reforma electoral del Partido Popular en la pasada legislatura la causa por la cual esta empresa ha estado pagando a los trabajadores por debajo del convenio estatal, al contar con uno propio. En este sentido, ha apuntado que esta misma UTE "ha pirateado a otras administraciones", como los ministerios de Defensa y Empleo, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona o los gobiernos de Canarias y Madrid.

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IBIZA: Los vigilantes del aeropuerto piden la mediación del Govern para acabar la huelga

CCOO denuncia que Prosegur ha «contratado personal sin la formación exigida». Inspección de Trabajo examina los servicios mínimos para determinar si se ha vulnerado el derecho de huelga

El comité de huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto y sus representantes de Comisiones Obreras hicieron ayer un llamamiento público al Govern balear para que medie en el conflicto para buscar una salida negociada con la empresa Prosegur y AENA. Los huelguistas volvieron a insistir ayer, en su quinta jornada de huelga indefinida, en que se incumple el convenio con turnos de 12 horas, además de denunciar ante la Delegación del Gobierno que se ha contratado personal sin «estar habilitado para el manejo de los escáneres».

Desencallar el conflicto

El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Balears, Miguel Pardo, solicitó que la directora general de Trabajo del Govern balear, Isabel Castro, intervenga en el conflicto «con tal de sentar a todas las partes implicadas en vista de una negociación efectiva que desencalle la situación creada, dando salida a la huelga, en beneficio de trabajadores y usuarios, explicó. En el aeropuerto de Ibiza, el colectivo de trabajadores indefinidos y autónomos deseaba ayer, en palabras de la presidenta del comité de empresa, Ana López, «que esto acabe ya y dejen de presionar». «Ha venido la encargada de personal de Prosegur desde Valencia y, en vez de preguntarnos cómo estamos, dar los buenos días y presentarse, nos ha llamado ladrones», criticó López.

En ese momento, la veintena de personas concentradas en la puerta del aeropuerto aclaraban que la representante de la empresa les acusaba de habilitar su mesa de protesta con mobiliario «de la sala de descanso, aunque en verdad son unos baños». «Todos estos muebles los llevamos nosotros al vestuario cuando nos los cedió Burger King tras su reforma y la mesa la hicimos con nuestras manos», matizaron. Tras el encontronazo con la representante de Prosegur, los huelguistas recibían a los pasajeros del aeropuerto con el acompañamiento musical de 'Despacito': «Nos hemos venido arriba tras los insultos, que se atrevan a llamarnos ladrones cuando somos nosotros los agraviados es el colmo», lamentó López.

Los vigilantes anuncian que continuarán con la huelga hasta que se cumplan sus dos principales reivindicaciones: dotar a la plantilla de más personal para garantizar la seguridad del aeropuerto y ampliar a todos los trabajadores el suplemento de 200 euros que sólo reciben los eventuales. Por su parte, Prosegur, continúa sin hacer declaraciones sobre el conflicto laboral.

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OURENSE: Detenido un varón tras ser sorprendido cuando forzaba taquillas de vestuarios del personal del CHUO

Los hechos que motivaron la detención sucedieron a las 23,45 horas del 25 de julio cuando agentes de Policía de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana fueron requeridos por los vigilantes de seguridad del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense porque tenían retenida a una persona a la que habían sorprendido cuando robaba en los vestuarios de las instalaciones.

Los policías comprobaron junto con los agentes actuantes que había siete taquillas forzadas, "si bien la rápida actuación del servicio de seguridad impidió que el autor de los hechos, que es ajeno completamente al vestuario y a la instalación, pudiera apoderarse de los efectos depositados en éstas", destacan las mismas fuentes

Según ha informado la Comisaría de Ourense, el detenido es un hombre de 36 años natural de la capital ourensana, al que le constan siete arrestos anteriores. Al individuo se le imputa un supuesto delito de robo con fuerza de siete taquillas de los vestuarios del personal del CHUO. La Policía ha relatado que los hechos tuvieron lugar después de haber dado una batida por el centro sanitario, donde localizaron a un hombre en el interior de los vestuarios de los camareros, por lo que dieron aviso al encargado.

Las taquillas forzadas son de carácter industrial, explica la Policía, que añade que "la simple fuerza manual es suficiente para que cedan las cerraduras que guardan los efectos depositados en las mismas". Debido a lo sucedido, los policías procedieron a la detención del presunto autor por un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas. El individuo ha sido trasladado a dependencias policiales para la continuación de las diligencias pertinentes y estaba previsto su pase a disposición judicial este miércoles.

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CÁDIZ: "No entendemos que no se mire por los vigilantes de Defensa"

Antonio Gómez Osorio, en representación del medio centenar de vigilantes de seguridad de los edificios de Defensa en Cádiz y en especial de la recién creada Asociación Nacional de Vigilante de Defensa, habló ayer del drama que viven medio centenar de familias gaditanas por la situación laboral que están atravesando estos trabajadores.

"No podemos entender que la administración pública no esté mirando por un colectivo muy especial, estamos en un sector militar, trabajando con unas condiciones específicas por tratarse de seguridad, sometidos a alertas nacionales, prestando un servicio muy claro al orden público compatible con las fuerzas de seguridad del Estado" y "la administración se desentiende de los derechos que les corresponden", denunció.

Los representantes sindicales del colectivo ha empezado una ronda de contactos y ayer se reunieron con dirigentes del PSOE. La plantilla de la empresa MARSEGUR viene protagonizando una serie de movilizaciones para protestar "por los niveles de precariedad que vienen padeciendo, ante la aplicación por parte de la dirección de un convenio colectivo que ha sido declarado ilegal en sentencia de la Audiencia Nacional y que mermar sus salarios de manera considerable, hasta el punto de situar su economía familiar en niveles incompatibles con una mínima calidad de vida", apuntó CCOO.

La portavoz adjunta del PSOE de Defensa en el Congreso, Miriam Alconchel, y el portavoz adjunto en el Senado, Francisco Menacho, anunciaron que e elevarán iniciativas a las Cortes Generales para presionar al Gobierno y plantear la rescisión de los contratos a las empresas de seguridad que incumplan la Ley. Menacho considera "una barbaridad y una vergüenza que el Gobierno permita contrataciones en edificios públicos a unas empresas que incumplen todo tipo de convenio y legislación, vulnerando sus derechos y repercutiendo en la calidad del servicio que prestan". Con una alerta de seguridad nivel cuatro y manejando armas, merecen que "se tengan en cuenta sus reivindicaciones pues no se les puede mandar a la indigencia laboral como pretende la nueva empresa subrogada con el recorte de un 40% de una nómina ya mileurista".

Formalizada la denuncia contra Segur Ibérica Los vigilantes de seguridad de Navantia se han querellado formalmente contra la empresa Segur Ibérica por los pagos que esta sociedad tiene pendiente con ellos -en concreto, la nómina del mes de junio, la paga de julio y el finiquito- toda vez que que la entidad se declaró en concurso de acreedores. En tanto que la denuncia ha sido interpuesta en los juzgados, los trabajadores de seguridad continúan con su calendario de movilizaciones. Ayer mismo hubo una concentración de tres horas en el astillero de Puerto Real, que fue respaldada masivamente por los propios empleados de Navantia y de la industria auxiliar. "Sobre unas 3.000 personas han apoyado nuestras reivindicaciones", ha explicado Juan Cornejo, portavoz del comité de huelga. Cornejo ha dicho que hoy habrá una asamblea permanente en San Fernando al mismo tiempo que se celebrará un encuentro en el Sercla, en Cádiz, para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes. "Si no se llega a un concenso, se convocará huelga indefinida", anuncia Cornejo.

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BARCELONA: La huelga del personal de seguridad privada en el aeropuerto de Barcelona en agosto sigue en pie

La reunión entre los vigilantes y el Govern ha acabado este martes sin acuerdo. Los controles de seguridad han vuelto a registrar colas considerables.

Los vigilantes de los controles de seguridad para acceder a la zona de embarque de la terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat amenazan con entorpecer las vacaciones de quienes tienen previsto un vuelo en agosto para disfrutarlas. Este martes la reunión de mediación con la Generalitat ha acabado sin acuerdo porque no había representantes de Aena, como reclamaban estos empleados, con lo que por el momento sigue en pie la huelga indefinida anunciada a partir del día 4 del mes que viene.

Y también este martes, se han repetido las colas en los controles que ya se registraron este lunes, pues aunque los paros no han empezado, los vigilantes están protagonizando estos días una protesta consistente en cumplir solo «con lo que marca la normativa», en palabras de Gonzalo Bao, miembro del comité de empresa, que ha afirmado a este diario que lo sienten "en el alma por los viajeros".

Para desconvocar la huelga de agosto, los 350 trabajadores, de la empresa concesionaria Eulen, exigen que en los encuentros de mediación, además de la dirección de su compañía y del Departament de Treball, esté presente Aena. Lo han explicado también fuentes del comité de empresa, que además han apuntado que está prevista una nueva reunión de mediación el viernes a las 11 horas. Desde Aena han señalado a 20minutos que por el momento no contemplan asistir, pues la empresa «responsable» de los vigilantes de los controles es Eulen. "Nunca entramos en conflictos ajenos al aeropuerto", han afirmado. A lo largo de este martes ha habido "colas intermitentes", han contado también fuentes del operador aeroportuario, y han asegurado que la situación se ha normalizado sobre las 12 horas. "Luego las esperas han sido las habituales en esta época, en la que se registran más de 1.000 operaciones diarias, como hoy, que ha habido 1.038", han indicado, y han dicho no tener "constancia" de que pasajeros hayan perdido el avión.

Según Aena, las colas han sido de una media de 20 minutos, aunque ha habido un pico de 50 minutos sobre las seis de la madrugada. Varios viajeros consultados a diferentes horas de la mañana, sin embargo, han asegurado que han tardado entre 30 y 40 minutos en pasar el control de seguridad e incluso ha habido alguno que ha hablado de más tiempo. Bernardo Simón, por ejemplo, ha explicado que su hija, que tenía que ir a Suecia, ha llegado a las 8:30 horas al Prat y ha tenido que hacer una hora y media de cola para acceder a la zona de embarque. Luego, ha contado, le han comunicado que en su avión había overbooking, con lo que ha tenido que conseguir otro billete para viajar más tarde, y soportar de nuevo la cola en los controles, esta vez de media hora. "Se nos ha hecho interminable", ha afirmado Simón.

Todo apunta a que historias semejantes a la suya se repetirán varios días si el conflicto laboral no se soluciona y si no se anula la huelga indefinida convocada a partir del 4 de agosto. Esta está prevista todos los viernes, domingos y lunes –de las 5:30 a las 6:30 horas, de las 10:30 a las 11:30, de las 16:30 a las 17:30 y de las 18:30 a las 19:30–.

Los vigilantes de los controles reclaman más personal porque, según aseguran, están sometidos a una carga de trabajo insostenible que les genera agotamiento físico y psíquico. Además, alertan de que Eulen, para ahorrarse un plus de 1,7 euros la hora, no ofrece formación en radioscopia a nuevos empleados, lo que imposibilita que muchos puedan rotar en los escáneres. Por otro lado, aseguran que en el último año se han producido 30 excedencias, 35 bajas voluntarias y 30 bajas médicas por estrés o motivos similares.

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CÁDIZ: La seguridad privada en las fábricas de astilleros de Puerto Real, en jaque

Los vigilantes de seguridad privada en las factorías de Navantia en la Bahía de Cádiz han estallado. En la jornada del lunes protagonizaban una concentración desde primera hora donde “entre personal propio y trabajadores de la industria auxiliar se congregaban alrededor de 2.000 personas en los astilleros de Puerto Real”, aseguraba el portavoz del comité de huelga, Juan Cornejo.

La demanda de estos trabajadores está bien clara: cobrar la nómina del mes de junio, así como la paga del mes de julio, que viene devengada de todo el año y de la anterior empresa adjudicataria del servicio. Estos trabajadores dependían de Segur Ibérica, que entró en concurso de acreedores y ya en enero de este año protagonizaron algunas medidas de presión. Ahora, llevan dos semanas convocando acciones en las distintas factorías porque “somos 78 compañeros afectados entre fijos y eventuales y hay algunos que llevamos trabajando en los astilleros hace 32 años”, explica el representante laboral de los afectados.

El personal destinado a las labores de vigilancia en estas tres factorías, que dependen de la SEPI, lleva incluido en su contrato la subrogación para prevenir cualquier incidencia si existen cambios de empresa que se haga cargo del servicio. Asimismo, Cornejo explicó que se ha presentado “huelga contra Navantia y la empresa que está actualmente, Prosegur”. No obstante, en la jornada de este martes está previsto que se celebre el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), que en un primer momento se había convocado para el pasado viernes. Los representantes de los trabajadores se encuentran estudiando la propuesta planteada por la empresa, donde se “ha avanzado un poco”.

Calendario No obstante, la plantilla tiene previsto permanecer esta jornada en asamblea permanente en San Fernando a partir de las nueve de la mañana. “Entre las medidas está paralizar a lo largo de la semana las factorías, una por día, empezando por la de San Fernando, siguiendo por Cádiz y terminando en Puerto Real, que es donde hay un mayor volumen de trabajadores”, aseguró Juan Cornejo.

FUENTE: andaluciainformacion.es AQUÍ

IBIZA: Cuarto día de huelga de seguridad en el aeropuerto

Colas de 300 metros y 25 minutos en el aeropuerto

Cientos de personas hacen cola para acceder por los arcos de seguridad a la zona de embarque.

La cuarta jornada de huelga por parte del personal de seguridad del aeropuerto de Ibiza se saldó con colas de hasta 300 metros y 25 minutos de espera en los filtros de acceso a la zona de embarque de la terminal. Ibiza entra en la recta final del mes de julio, en plena congestión estival. Son las 13,30 horas, una franja de las denominadas ‘calientes’ en lo que se refiere a la salida de vuelos desde el aeropuerto ibicenco, y solo tres de los siete arcos de seguridad se encuentran abiertos.

Las escenas de centenares de personas aguardando turno en la planta superior de la terminal de es Codolar se volvieron a repetir ayer, como sucedió el fin de semana, mientras una decena de vigilantes de seguridad se manifestaban a las puertas del aeropuerto para reclamar a la empresaProsegur que les equipare el plus de 200 euros mensuales que sí perciben los empleados eventuales. Eso y que acabe con la precariedad laboral ya que, según denuncia la presidenta del Comité de Empresa, Ana López, están obligando a los vigilantes a realizar turnos «de 12 o 16 horas».

«Algunos compañeros eventuales empiezan a estar cansados. Me imagino que para ellos tampoco tiene que ser una situación cómoda. Los entendemos porque ellos sí que cobran ese plus de 200 euros y si vinieran a apoyarnos los perderían. No tenemos nada contra ellos pero es discriminatorio. Responsabilizamos a Prosegur única y exclusivamente, Aena es consentidora», sostiene la representante sindical de los vigilantes de seguridad, quienes mantendrán la huelga indefinida hasta que la empresa, que todavía no les ha recibido, se comprometa a mejorar las condiciones de los cerca de 80 vigilantes, entre fijos y fijos discontinuos, que operan en el aeródromo.

Caos y pérdidas El acceso lateral para carritos de bebé y vuelos interislas compuesto por dos arcos de seguridad permanecía cerrado a cal y canto durante al menos toda la mañana. Lo comprobó, muy a su pesar, una joven madre que tuvo que aguardar el interminable ‘zigzag’ que ha dispuesto Aena tras el establecimiento de una conocida firma de moda para tratar de agilizar el tráfico de pasajeros.

La falta de personal en las instalaciones aeroportuarias no sólo la sufrieron los viajeros o los propios trabajadores, sino los comercios de la planta superior, que denuncian pérdidas porque sus potenciales clientes en lugar de entrar a echar un vistazo y comprar deben aguardar turno en la fila. Algunos de ellos han echado el cierre temporalmente. «Les afecta mucho que les hayan puesto delante los zigzags; la gente está en cola y no entra. Les hemos pedido permiso de si podíamos decirlo en prensa y nos han dicho que sí porque es la única manera de que les escuchen», explica la vigilante de seguridad en huelga Luciana del Valle.

Mientras tanto, la portavoz de estos trabajadores denuncia que los servicios mínimos del 90% «son una salvajada» y recuerda que han interpuesto dos denuncias contra Prosegur; una para que Inspección de Trabajo intervenga frente a los turnos de hasta 16 horas que estarían protagonizando algunos de sus compañeros, y otra ante Delegación del Gobierno porque, según sostiene Ana López, «la empresa ha contratado a más de 10 personas una vez se convocó la huelga». Por la tarde, una inspectora de Trabajo acudió al aeropuerto para identificar a los empleados y verificar que la empresa está cumpliendo los servicios mínimos.

Al mismo tiempo, los vigilantes del aeropuerto de Ibiza denunciaron ayer «posibles presiones» para evitar que se repitan las largas colas registradas en los controles de seguridad. «Parece que las colas las quieren aligerar un poco y nos están dando instrucciones, metiéndonos presión para que vayamos rápido y no seamos tan exhaustivos. Tengo que confirmarlo con los compañeros, pero es lo que está pasando», declaró la propia Ana López.

Por el momento no hay visos de que los trabajadores de Prosegur en Ibiza desconvoquen la huelga, como sí hicieron el pasado 14 de julio sus compañeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. «Vamos a seguir con la huelga indefinida. Les resultamos incómodos, cada vez hay más Guardia Civil y estamos más arrinconados, pero aquí seguimos», subrayó López tras entregar una cuartilla con las reivindicaciones de los vigilantes –hasta en tres idiomas– a una turista interesada por su situación.

FUENTE: www.periodicodeibiza.es AQUÍ