21 de septiembre de 2016
Encuesta de empleados del grupo Securitas
Del 26 de Octubre al 15 de Noviembre
todos los trabajadores del grupo Securitas en España podrán participar en esta nueva encuesta destinada a oír la voz de sus empleados.
Qué tal ha ido hoy tu jornada? ¿Hay algo que podría facilitar tus tareas, o hacer tu trabajo más eficiente o motivador? Ahora tienes la oportunidad de hacer oír tu voz y aportar tu granito de arena para que Securitas sea una empresa aún mejor para trabajar. A finales del mes de septiembre recibirás una invitación para participar en la encuesta.
¿Quién puede participar? Todos los empleados de Securitas en España.
¿Cuándo tendrá lugar? En España la encuesta se podrá realizar del 26 de octubre al 15 de noviembre de 2016. Los resultados se darán a conocer a principios de 2017.
¿Cómo se llevará a cabo? En Securitas nos tomamos muy en serio la confidencialidad de tus respuestas, por eso serán almacenadas y procesadas por una empresa externa, llamada TNS. Por lo tanto, Securitas NO tendrá acceso a las respuestas individuales. Aproximadamente una semana antes del comienzo de la encuesta recibirás una carta con tu login y password personales, así como la dirección de la página web de TNS donde podrás realizar la encuesta.
¿Qué temas se van a tratar? Esta edición, la Encuesta de Empleados de Securitas incluye temas tales como las condiciones de trabajo, comunicación y orientación al cliente, pero también nuestros valores, el compromiso y la motivación. Dependemos de ti. ¡Haz oír tu voz¡ Tu opinión es importante.
20 de septiembre de 2016
MADRID: Piden a Cifuentes que ponga fin a la huelga de vigilantes de sedes regionales por bajada salarial
El diputado de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid Francisco Lara ha pedido al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes que actúe para poner fin a la huelga convocada desde el 25 de agosto por un sindicato de vigilantes de seguridad en 20 centros de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, en rechazo a la rebaja de un 30% del salario de los trabajadores afectados, unos 90.
“Queremos saber qué piensan hacer ante la convocatoria planteada por un sindicato de vigilantes de edificios de la Comunidad por el hecho de que se ha contratado una empresa cuyo modo de actuar consiste en rebajar el sueldo de los trabajadores cuando toman posesión de ese contrato”, explicó Lara a Servimedia.Dijo que la empresa que realiza este servicio, Sinergias, “ha bajado el sueldo un 30% a los 90 trabajadores de 20 edificios de la Comunidad”, entre ellos, el Museo Arqueológico Regional, el Centro Cultural Paco Rabal, la Casa Natal de Cervantes y el Archivo regional, además de varios teatros y museos.
Lara explicó que estos trabajadores han pasado de cobrar 1.000 euros al mes a 730 y dijo que el lunes próximo “pediremos explicaciones” al viceconsejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, en la comisión de comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid.Asimismo, señaló que “le dejaremos bien claro que no estamos a favor de que se fomenten este tipo de contratos que sólo hacen que se tengan salarios de miseria, y que defendemos sueldo y condiciones laborales dignas”.Finalmente, consideró que este tipo de situaciones “no benefician la imagen de la Comunidad ni la de la presidenta, Cristina Cifuentes, porque se está posibilitando que se den condiciones de semiesclavitud con salarios de miseria a trabajadores que prestan servicios a la Comunidad”.
MADRID: Personal de seguridad de Metro colabora en la detención un hombre por abusar de mujeres en Mirasierra
El agresor, de 45 años, fue arrestado gracias un amplio dispositivo de los agentes de la UFAM y del personal de seguridad del suburbano
Agentes de la Brigada de Policía Judicial han detenido a un hombre de 45 años de edad y nacionalidad ecuatoriana acusado de abusar sexualmente de varias mujeres en las escaleras mecánicas del Metro de Mirasierra durante este y el pasado verano. Además de las denuncias formuladas por las víctimas en la comisaría de Fuencarral también en el Metro había numerosas quejas y reclamaciones por la acción de este individuo que estaba sembrando el temor en la zona en las últimas semanas. Tras varios días de pesquisas se identificó al sospechoso que había desatado la alarma en ese enclave. Finalmente fue detenido gracias al dispositivo conjunto de seguridad de los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) encargado del caso y de los vigilantes de seguridad del Metro.
La primera denuncia en comisaría se presentó en agosto de 2015. Ese verano también varias mujeres se quejaron en el Metro de que un hombre había intentado someterlas a tocamientos. En los últimos dos meses los casos se han multiplicado creando gran preocupación. Además, las víctimas acudieron a comisaría a denunciar al hombre. Uno de los abusos sucedió el pasado 20 de junio sobre las 8.15 de la mañana. En la escaleras mecánicas del Metro de Mirasierra el hombre se abalanzó contra una mujer. Le realizó diversos tocamientos debajo de la falda. Los mismos hechos se sucedieron al día siguiente y en varios días de agosto. En todos los casos el hombre elegía a mujeres que iban solas y a primera hora de la mañana.
Los investigadores procedieron a solicitar a la compañía las grabaciones de las cámaras de seguridad. En las imágenes se pudo verificar cómo el sospechoso llegaba a las inmediaciones en un vehículo. Luego entraba a la carrera en la estación de Metro de Mirasierra y abordaba a las «mujeres de forma sorpresiva cuando bajaban por las escaleras mecánicas», según las mismas fuentes policiales. El hombre salía al exterior y huía tras montarse de nuevo en el coche.
Finalmente, se localizó el vehículo y se pudo descubrir al propietario del mismo que además vivía en el mismo distrito de Fuencarral donde cometía las fechorías. Por sus características físicas se determinó que el dueño del coche era el sospechoso de los abusos sexuales a las mujeres. Los agentes montaron una discreta vigilancia en la zona y siguieron al hombre, que fue arrestado el pasado 9 de septiembre. El arrestado fue identificado como Edison Javier V. Carecía de antecedentes policiales.
TRIBUNALES: La Justicia europea exige igualar las indemnizaciones de contratos temporales e indefinidos
El Tribunal de Justicia de la UE cree que es discriminatorio que se cobre distinto al ser despedido en función de si el contrato es de duración determinada o no
Todo empezó con el despido de una empleada pública interina del Ministerio de Defensa, que vio su contrato extinguido sin indemnización tras más de 10 años de trabajo, pero este caso puede convertirse en la siguiente gran ola de cambio del mercado laboral español. A partir de lo sucedido con esta empleada pública, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado a la conclusión de que baremos distintos para calcular las indemnizaciones al finalizar un contrato va contra la no discriminación entre temporales e indefinidos consagrada por la Directiva comunitaria 1999/70/CE, así que el Gobierno español tendrá que tomar medidas para ajustar el Estatuto de los Trabajadores a las disposiciones europeas.
La sentencia plantea que no sólo no deben existir diferencias en las indemnizaciones de los distintos tipos de contratos temporales (los interinos no cobran nada al ser despedidos, mientras que la mayoría de los temporales reciben 12 días por año trabajado al terminar su contrato), sino que no debe haberlas entre los temporales y los indefinidos (que cobran 20 días por año trabajado si sufren un despido objetivo, que es el que se produce –entre otras- por causas económicas, técnicas o relacionadas con la producción de la empresa).
La cuestión no es pequeña, porque afecta potencialmente a los más de 3.900.000 contratados temporales en España, pero sus efectos probablemente tardarán algo en dejarse sentir. El Ministerio de Empleo dice estar estudiando la sentencia para ver qué consecuencias puede tener; ven más claro –según fuentes del departamento que dirige Fátima Báñez- que la sentencia exige que las indemnizaciones por despido de las distintas modalidades de temporalidad se igualen, pero no todavía cómo puede afectar al conjunto de los contratados de duración determinada, o al ordenamiento laboral español.
CCOO pide aumentar la indemnización Para Comisiones Obreras (CCOO), la consecuencia de la sentencia ha de ser aumentar la indemnización de los temporales para igualarla con la de los indefinidos. El sindicato, de hecho, dice que aunque el Gobierno necesita enmendar el Estatuto de los Trabajadores “de forma urgente” en este sentido, ya se puede reclamar esa indemnización: “No es necesaria ninguna reforma legal para habilitar que los tribunales puedan reconocer, en el curso de un proceso laboral, el abono de una indemnización de 20 días de salario por año de servicio ante la extinción de cualquier contrato temporal”, asegura CCOO en un comunicado. Su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, añade que “el sindicato va a poner en marcha” un mecanismo para habilitar esas reclamaciones.
Desde la universidad no lo ven tan claro. El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz Villalón cree que, en la práctica, la sentencia supone “provocar por vía judicial un contrato único, un resultado que a corto plazo puede ser celebrado por las organizaciones sindicales, pero que a medio plazo puede ser devastador para un mercado laboral como el español, en el que hay diferencias causales justificadas para que los contratos temporales tengan un tratamiento diferenciado de los indefinidos”. El temor, también entre fuentes sindicales, es que esta igualación dictada desde Luxemburgo se haga por abajo, es decir, equiparando la indemnización de los indefinidos a la de los temporales. Pero eso quedará para las próximas semanas o meses, cuando actúe el Gobierno, los grupos políticos y los agentes sociales.
19 de septiembre de 2016
La Comunidad de Madrid multa con 3.500 € a Securitas Direct tras la denuncia de FACUA por publicidad engañosa
Facua advirtió a la Consumo de que la empresa anunciaba en televisión y otros soportes alarmas de máxima seguridad de forma irregular
La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha resuelto multar a Securitas Direct España S.A. con 3.500 euros por una infracción en materia de defensa del consumidor, ha informado FACUA-Consumidores en Acción, que intepurso la denuncia.
La asociación denunció a la empresa en enero de 2014 ante Consumo de la Comunidad de Madrid a raíz de la campaña comercial que emprendió al promocionar en anuncios televisivos y otros formatos publicitarios sus alarmas de máxima seguridad "incurriendo en publicidad engañosa", según argumentó la asociación en su escrito. A raíz de ello, Consumo decidió iniciar expediente sancionador contra la compañía. En concreto, FACUA alertó a dicho organismo de que la empresa ofrecía equipos de control y señalización (CIE) supuestamente autónomos, sin necesidad de anclaje en pared alguna y transportables a cualquier lugar del domicilio del usuario según las necesidades de éste.
La asociación argumentó que, según estipula la normativa aplicable, en concreto las normas UNE-EN 50131-1:2006 Y 50131-3:2009, a este tipo de alarmas se les debía proporcionar una fijación adecuada a una superficie de montaje para ser catalogadas como de máxima seguridad. Por ello, la asociación sostiene que se vulnera así lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, al propiciar la empresa de seguridad una "omisión u ocultación de información fundamental y necesaria" que desvirtúa las cualidades del producto final, lo cual induce al engaño al consumidor.
Consumo ha resuelto cerrar el expediente sancionando a Securitas Direct con 3.500 euros en su objetivo de "tutelar los intereses generales de los consumidores". Y advierte a los mismos que para la reparación individual de los daños y perjuicios que se hubieran cometido deben acudir al os tribunales de Justicia, de a cuerdo conl os procedimientos legales establecidos. Para FACUA, esta multa es "insignificante en comparación con el gran beneficio económico logrado por la empresa gracias a la comercialización de sus productos de seguridad".
18 de septiembre de 2016
Detenido un hombre por robar y agredir al vigilante de seguridad en un establecimiento de Riazor
El 092 relata que el hombre pasó los arcos de la tienda sin pagar unos productos para dárselos a una mujer que huyó
La Policía Local detuvo a un hombre de 36 años por un delito de robo con violencia en un establecimiento de Riazor. En ella, relata que se tuvo que personar en torno a las 13.30 del mediodía en una tienda de Manuel Murguía donde, al parecer, el vigilante de una tienda estaba siendo agredido por un joven.
Cuanto llegó la dotación, relata la Policía Local, a unos cuarenta metros de la puerta de la tienda se encontraba un vigilante de seguridad que intentaba retener a un varón, "que no cesaba de empujarlo e intentando en todo momento escapar del lugar". Al detectar la presencia policial, el sospechoso intentó huir sin éxito. "El vigilante había observado cómo el joven escondía botines en el interior de su cazadora y atravesaba los arcos de seguridad sin abonarlo", narran. Cuando el vigilante le recriminó el acto, este le entregó los objetos a una mujer que lo acompañaba, que salió corriendo del lugar, "propinando el hombre un empujón" al encargado de seguridad.
Los policías procedieron a su inmediata detención, resultando ser un hombre de 36 años, vecino de A Laracha, que fue denunciado ante el juzgado de guardia por un delito de robo con violencia y trasladado a dependencias judiciales, quedando a disposición judicial. El Cuerpo Nacional de Policíacontinúa con las indagaciones para proceder a la identificación de la coautora.
El Tribunal Constitucional avala la instalación de cámaras en el trabajo sin consentimiento del empleado
Gracias a la colocación de un cartel de "zona videovigilada" el tribunal asegura que la empleada "podía conocer la existencia de cámaras"
El tribunal desestima el recurso de amparo presentado por una trabajadora de una tienda de ropa en León que fue despedida tras comprobar su jefe, mediante la instalación de una cámara de videovigilancia en el lugar de trabajo, que había sustraído dinero de la caja.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por una trabajadora de una tienda de ropa Bershka en León que fue despedidatras comprobar su empleador, mediante la instalación de una cámara de videovigilancia en el lugar de trabajo, que había sustraído dinero de la caja. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Encarnación Roca, rechaza que, en este caso, la captación de las imágenes sin consentimiento expreso de la empleada haya vulnerado el artículo 18, párrafos 1 y 4, de la Constitución, que protegen los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen. La resolución dada a conocer este viernes cuenta con los votos particulares de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, al que se ha adherido la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, y del magistrado Juan Antonio Xiol.
Según los hechos que constan en la sentencia recurrida, la demandante de amparo fue despedida en junio de 2012 "por transgresión de la buena fe contractual", tras comprobar la empresa que había sustraído efectivo de la caja de la tienda. El departamento de seguridad de la empresa detectó, gracias a la implantación de un nuevo sistema informático de caja, que en el establecimiento en el que trabajaba la recurrente se habían producido"múltiples irregularidades". Este hecho levantó sospechas sobre la posibilidad de que alguno de los empleados estuviera sustrayendo dinero, por lo que se encargó a una empresa de seguridad que instalara una cámara de videovigilancia que controlara la caja donde trabajaba la demandante de amparo.
No se avisó a los trabajadores Los trabajadores no fueron avisados expresamente de la instalación de la cámara, pero sí se colocó en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, un distintivo informativo. La sentencia explica, en primer lugar, que la imagen es considerada "un dato de carácter personal", según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos (LOPD). En segundo lugar, que la doctrina ha fijado, como elemento característico del derecho fundamental a la protección de datos, la facultad del afectado para "consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos".
La Ley de Protección de datos contiene excepciones a esa regla general y, entre otros casos, dispensa de la obligación de recabar el consentimiento del afectado en el ámbito laboral cuando "el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes". Cuando los datos se utilicen "con finalidad ajena al cumplimiento del contrato", el consentimiento de los trabajadores afectados "sí será necesario", señala la resolución. Junto al deber de consentimiento, la ley establece también el deber de información previa sobre el uso y destino de los datos. Este deber permanece intacto incluso en los supuestos en los que no sea necesario el consentimiento.
El Pleno afirma que, de acuerdo con la LOPD, "el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes". Argumenta que el Estatuto de los Trabajadores atribuye al empresario la facultad de dirección, lo que le permite "adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana".
Consentir al firmar el contrato Por tanto, señala el tribunal de garantías, "el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato". En cuanto al deber de información, explica la sentencia, persiste pese a la exención del deber de consentimiento; no obstante, para determinar si esa ausencia de información implica o no una vulneración del art. 18.4 CE, el Tribunal debe valorar en cada caso la proporcionalidad de la medida de vigilancia mediante cámaras de seguridad. En este caso, la cámara estaba situada en el lugar donde la demandante realizaba su trabajo, "enfocando directamente a la caja". Asimismo, en cumplimiento de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, la empresa colocó un distintivo informativo sobre la existencia de cámaras ("zona videovigilada") en el escaparate de la tienda.
Según el Pleno, gracias a la colocación de dicho distintivo, la demandante de amparo "podía conocer la existencia de las cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas". "El trabajador -añade la sentencia- conocía que en la empresa se había instalado un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control". Se cumple, por lo tanto, con el deber de información previa. La sentencia concluye, además, que la instalación de las cámaras de videovigilancia responde a la finalidad de control del cumplimiento del contrato de trabajo, pues "el sistema de videovigilancia captó la apropiación de efectivo de la caja de la tienda por parte de la recurrente, que por este motivo fue despedida disciplinariamente (*) No hay que olvidar que las cámaras fueron instaladas por la empresa ante las sospechas de que algún trabajador de la tiendas se estaba apropiando de dinero de la caja".
No puede afirmarse, en consecuencia, según razona el tribunal de garantías que se haya producido una vulneración del art. 18.4 CE. En cuanto a la sentencia recurrida, el Tribunal entiende que valoró "adecuadamente" la proporcionalidad de la medida de vigilancia adoptada por elempresario. Se trataba de una medida "justificada (ya que existían razonables sospechas de que algunos de los trabajadores que prestaban servicios en dicha caja se estaba apropiando de dinero); idónea para la finalidad pretendida por la empresa, necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades) y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja).
Razones de los discrepantes En su voto particular, los magistrados Valdés y Asua afirman que la sentencia supone un "retroceso en la protección de los derechos fundamentales" de los trabajadores. Entienden que debió declarar la nulidad del despido porque la instalación de las cámaras se realizó sin informar al empleado de su finalidad concreta y, por tanto, vulneró su derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.4 CE). En su opinión, la sentencia modifica la doctrina olvidando la dimensión dada hasta ahora por el Tribunal al derecho protegido por el art. 18.4 CE; la diferencia entre este derecho y el consagrado en el artículo 18.1 (derecho a la intimidad personal); y que el control del uso y destino de los datos personales "está constitucionalizado y en la base de la consagración del derecho fundamental", una idea que, aseguran, cobra enorme relevancia en la actualidad dados los medios técnicos existentes. Advierten de que "las imágenes grabadas y tratadas pueden servir a propósitos tan inquietantes como la confección de un perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o ponerse al servicio de otras amenazas contra el individuo".
Por último, consideran que la sentencia "confunde la legitimidad del fin" perseguido en este caso concreto por la empresa (verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del empleado) "con la constitucionalidad del acto" en sí (que exige ofrecer previamente la información necesaria sobre la finalidad de la instalación de las cámaras). Por su parte, Xiol considera que la información genérica sobre la instalación de cámaras de videovigilancia dirigida al público es "insuficiente" en el ámbito laboral.
SEVILLA: Cómo robar una nave industrial completa a plena luz del día
Edificios afectados por concurso de acreedores son desmantelados pieza a pieza para revenderlas
Era un concesionario de coches muy bien equipado, diríase que hasta lujoso, con un cuidado diseño para mostrar sus productos. Ahora no queda nada, es uno de los ejemplos de naves o dependencias situadas en polígonos industriales que tras cerrarse son desmantelados con total impunidad para llevarse cualquier elemento de valor. Una práctica que se ha convertido en habitual y que crea en los polígonos industriales zonas de auténticas ruinas.
El concesionario de coches está situado en el polígono Cabeza Hermosa, con escaparate a la antigua carretera entre Alcalá de Guadaíra y Sevilla,perfectamente visible para los abundantes coches que circulan por ella a diario. Esto no ha sido problema para que sea desmantelado. En apenas cuatro días a lo largo del verano, su aspecto ha cambiado por completo. Primero se llevaron los muebles, los aires acondicionados y los cables. Luego siguieron por las placas de recubrimiento del techo, de forma que la construcción aparece ahora al aire. Eran paneles de los denominados «sándwich» que se pueden emplear en otra construcción. A continuación los elementos metálicos, lo más buscado por su facilidad para colocarlos en el mercado. Lo último han sido las piezas de cristal que rodeaban la construcción y ejercían de escaparate.
La empresa propietaria de la nave quebró y entró en concurso de acreedores, quedando a cargo de un administrador concursal. Así lo indica una pegatina colocada en la puerta, algo que no hace sino favorecer que los amigos de lo ajeno la desmantelen. Al estar en esa situación no hay quien reclame posibles daños y no se formulan denuncias cuando alguien entra en ella por lo que se complica la actuación de la policía. Agentes de la Policía Nacional han visitado en varias ocasiones la zona y han identificado a personas que estaban en su interior, pero al no haber denuncia su labor se complica.
La comunidad de propietarios del polígono ha alertado sobre lo que ha ocurrido y dispone de seguridad en horario de tarde y por la noche, pero el desmantelamiento se realiza a plena luz del día. Lo hace un equipo de personas que aparecen vestidos con traje de faena y con furgonetas, de forma que en una primera impresión puede parecer que se trata de operarios autorizados por los propietarios. De hecho, relatan los vecinos, al principio escuchaban golpes en el interior, pero pensaban que era alguna reforma encargada por nuevos dueños de la nave. El resultado es una nave destrozada que amenaza con venirse abajo y con un peligro más añadido. Alguien ha aprovechado el abandono para tirar neumáticos usados en el aparcamiento subterráneo y en la rampa de acceso y ahorrarse su vertido en alguno de los puntos habilitados para ello. Allí se acumulan cientos de ellos con el consiguiente riesgo de incendio. En la zona no es el primero de estos robos que se lleva a cabo, ya que poco a poco y utilizando herramientas de corte, se han llevado las barandillas metálicas del puente del tranvía que salva la carretera a pocos metros de este lugar.
Este es uno de los últimos casos de un procedimiento habitual y que se realiza con casi total impunidad. En las zonas industriales de Alcalá, abundan los casos. El presidente de la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá (FICA), Carlos García, cuenta que hay un buen número de naves en la misma situación en el interior de los polígonos. En la gran mayoría de los casos se trata también de propiedades que han entrado en concurso de acreedores. Hay casos especialmente llamativos, uno es un polígono completo, el de Gesi-9, cuyas 47 naves, antes incluso de estrenarse han sido desmanteladas. Otro es la fábrica de Tableros del Sur, donde el desmantelamiento ha llegado prácticamente a los cimientos y donde llegaron a emplearse hasta grúas de grandes dimensiones para retirar las piezas de mayor tamaño.
17 de septiembre de 2016
El comisario que utilizó Fernández Díaz para controlar los casos de corrupción ficha por Prosegur
Sánchez Aparicio se convierte a sus 65 años en director de Relaciones Institucionales del gigante de la seguridad en España. El ministro le encargó la supuesta investigación de las grabaciones en su despacho dos semanas antes de que se jubilara La delincuencia organizada y otras amenazas para los clientes de Prosegur eran competencia del comisario hasta su marcha de la Policía
La puerta giratoria en el ámbito de la seguridad se ha puesto en marcha este verano para que el comisario José Santiago Sánchez Aparicio, hasta julio máximo responsable policial de las investigaciones por corrupción y delincuencia organizada, se convierta a sus 65 años en director general de Relaciones Institucionales de Prosegur, la empresa líder en España en venta de protección privada a los ciudadanos.
Como director de Relaciones Institucionales, Sánchez Aparicio tendrá la oportunidad de engrasar las relaciones de la compañía con la Administración. La empresa líder de la seguridad en España mantiene en vigor varios contratos con las distintas administraciones, destacando entre ellos el que firmó en septiembre de 2014 por 24,8 millones para prestar “servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en los edificios de la Administración General del Estado”. Sánchez Aparicio se jubiló en julio de la Policía y “a la vuelta del verano” comenzó a trabajar en Prosegur, confirman fuentes de la compañía.
Santiago Sánchez es un dirigente histórico del Sindicato Profesional de Policía (SPP), la organización mayoritaria entre los mandos del Cuerpo y que nutre la Junta de Gobierno cuando gobierna el Partido Popular. Tras la victoria electoral de 2012, el comisario principal pasó a integrar la cúpula de la Policía como jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento. Pero fue en octubre de 2013, con el tercer cese de un comisario general de Policía Judicial en menos de dos años, cuando Sánchez Aparicio -‘Chati’ dentro del Cuerpo-, pasó a ocupar un puesto clave para algunos de los asuntos más polémicos de los últimos años relacionados con el Ministerio del Interior.
La Comisaría General de Policía Judicial engloba todas las unidades especializadas en delito relevantes, excepto el terrorismo, por lo que también combate las amenazas a la seguridad de los clientes de Prosegur. La UDEF, que tiene entre sus competencias la corrupción, también pertenece a la Policía Judicial que ha dirigido Sánchez Aparicio. Fernández Díaz destituyó al llegar a Juan Antonio González, el responsable de la Policía Judicial con el PSOE, y a los seis meses prescindió del sustituto, Enrique Rodríguez Ulla, porque había investigado el ático de Ignacio González sin comunicárselo a sus superiores.
Interior optó entonces por José García Losada, un comisario de prestigio en la Policía que ya había ocupado cargos relevantes en la época de Aznar. Pero García Losada dejó trabajar a la UDEF en un momento clave de la investigación del caso Gürtel y eso le costó el puesto. Su cese estuvo vinculado a los informes que los investigadores firmaron sobre la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, y su relación con la trama de corrupción, asunto por el que la exdirigente del PP acabó dimitiendo.
Gürtel e Informe Pisa Con Sánchez Aparicio al frente de la Comisaría General de Policía Judicial se produjeron las presiones a los investigadores del caso Gürtel, a través de la Unidad de Asuntos Internos, que eldiario.es reveló en octubre de 2014. Cuando el jefe de la Brigada de Blanqueo Capitales, perteneciente a la UDEF y de la que dependen las investigaciones por corrupción, pidió marcharse, Sánchez Aparició situó al frente de ella a José Manuel García Catalán, antiguo compañero suyo del sindicato de los mandos y sin experiencia en delitos económicos.
El nuevo director de Relaciones Institucionales de Prosegur fue el encargado de recibir el informe apócrifo sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que realizó la denominada Unidad de Inteligencia de la Policía. Se trataba de blanquear sus datos para presentarlos ante un tribunal, algo que finalmente hizo Manos Limpias con el resultado de su inadmisión a trámite y desprecio por parte del Supremo. El último encargo delicado que recibió Sánchez Aparicio antes de jubilarse el pasado 17 de julio fue investigar las grabaciones a Fernández Díaz en su despacho hablando con el director de la Oficina Antifraude catalana. El ministro no tuvo empacho en colocar al frente de las supuestas pesquisas a un policía que abandonaría la Policía en dos semanas. El muñidor del encuentro entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso fue, según confiesan los interlocutores, es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, expresidente del Sindicato Profesional de Policía con el que Sánchez Aparicio colaboró estrechamente en esa época.
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