El I Congreso de Seguridad Privada de Galicia reúne a más de 200 profesionales en A Estrada

Menor considera este encuentro como un avance en la implementación de un ámbito de colaboración entre este sector y la Administración

La celebración del I Congreso de Seguridad Privada de Galicia reunió ayer en A Estrada, en las instalaciones de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), a más de 200 profesionales de este sector. El director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, fue el encargado de inaugurar la jornada. Durante su intervención, consideró que este congreso autonómico constituye un avance muy importante en la implementación de un ámbito de colaboración entre los profesionales de la seguridad y la Administración. El encuentro contó con la colaboración de asociaciones de seguridad privada como Aproser, Asemsega y Aesga.

Tras destacar que la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de cualquier sociedad y que la administración pública ha de satisfacer la demanda que en esta materia planteen los ciudadanos, Luis Menor recordó que desde 2012 la Agasp es centro autorizado por el Ministerio del Interior para la actualización y entrenamiento profesional del personal de seguridad privada. El director xeral estuvo acompañado durante el acto de inauguración por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, el comisario jefe de la Policía Autonómica, Silverio Blanco, y diversos representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El subdelegado del Gobierno destacó durante su turno de palabra que esta es la primera vez que se diseña un congreso de este tipo en la comunidad gallega. Puso el acento en su importancia. "En la seguridad privada os enfrentáis a nuevos retos que deben ser conocidos y examinados exhaustivamente, como la función de los guardias particulares de campo ante la nueva ley de seguridad privada o la videovigilancia", señaló. Antonio Coello se dirigió a los profesionales de este sector e incidió en que su trabajo "es fundamental como aliados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". "Sin vosotros, no podríamos conseguir que Pontevedra fuese una provincia segura y, por extensión, la comunidad autónoma de Galicia", añadió.

Bajo el título de Os novos retos da seguridade privada, el congreso celebrado ayer en A Estrada se desarrolló en horario de mañana y tarde. En la sesión matutina se abordaron cuestiones como la Ley de Seguridad Privada, las nuevas herramientas para la elaboración de los planes de emergencia y evacuación y la afectación de derechos fundamentales por parte de actividades de seguridad privada, con especial atención a la videovigilancia y al uso de cámaras fijas y móviles. Ya por la tarde, los participantes en este congreso tuvieron ocasión de asistir a dos mesas redondas. La primera de ellas giró en torno al papel de los guardias particulares de campo ante la nueva Ley de Seguridad Privada y su papel preventivo medioambiental. La segunda se centró en la colaboración y coordinación entre seguridad pública y seguridad privada. Antes de la clausura del congreso hubo tiempo para la exposición de conclusiones de la jornada.

FUENTE: farodevigo.es AQUÍ

El Tribunal Supremo rechaza que los vigilantes de seguridad privada en Cataluña se identifiquen en catalán

El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del artículo 1 de la Orden de la Generalitat de Cataluña, de 17 de enero de 2012, que estableció que el distintivo de los vigilantes de seguridad privada que ejercen sus funciones en dicha comunidad autónoma debía estar escrito en catalán, es decir, como 'vigilant de seguretat' o 'vigilant d’explosiuis'.

El Supremo ha examinado si la previsión contenida en el artículo primero de la orden, según la cual en el distintivo de los vigilantes de seguridad que ejercen sus funciones en Cataluña “en la parte superior del anverso del distintivo tiene que figurar la expresión en catalán 'vigilant de seguretat' o la de 'vigilant d´explosiuis', según corresponda”, está o no amparada por las competencias lingüísticas que ostenta la Generalitat en virtud de la previsión contenida en el artículo 6 del Estatuto de Cataluña. El Alto Tribunal rechaza el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJ de Cataluña, de 27 de diciembre de 2013, que estimó un recurso de la Delegación del Gobierno en Cataluña y anuló dicho artículo 1 de la orden.  El Supremo recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva para regular la prestación de servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal, al formar parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de la Constitución.

El 1 de febrero de 2011, el Ministerio del Interior dictó una orden sobre personal de seguridad privada, en cuyo Anexo IX se dispone en cuanto a la forma de sus distintivos que “1. El distintivo será de forma ovalada y apaisada, de 8 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto, en fondo blanco, conforme al modelo contenido en este anexo. En la parte superior del anverso figurará la expresión de 'vigilante de seguridad' o 'vigilante de explosivos', debiendo llevar grabado en la parte inferior el número de la habilitación. Las letras y números serán de color rojo”.  La sentencia añade, en relación a la actividad de los vigilantes de seguridad privada, que “ni se trata de una actividad administrativa ni una empresa pública o concesionaria de un servicio público, sino una actividad complementaria y subordinada respecto a las de seguridad pública prestada por empresas privadas”.

Según los magistrados “la Generalitat carecía de competencia sectorial para regular la actividad de seguridad privada y tampoco por razón de su competencia en materia lingüística podía incidir en esta materia, ajena por completo al uso y normalización del catalán en los términos fijados por la ley catalana de normalización lingüística y mucho menos para sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulación que pretende desplazar el uso del castellano, tal y como dispone la norma estatal al regular los distintivos de los vigilantes de seguridad privada, por su versión en catalán”. En ese sentido, recuerda que la orden de la Generalitat “prescinde de la utilización del distintivo en castellano para implantar tan solo la identificación de los vigilantes privados en catalán”. 

“En este caso”, subraya el Supremo, “no se trata de regular la cooficialidad del uso del catalán sino simplemente de sustituir la placa identificativa de tales vigilantes, redactada en castellano, por su versión en catalán, sin que tal previsión tenga acomodo en las disposiciones legales sobre normalización lingüística antes reseñadas”.

FUENTE: teinteresa.es AQUÍ

SEVILLA: La Guardia Civil propone vigilancia privada en los juzgados los fines de semana

La Guardia Civil ha propuesto a la Consejería de Justicia e Interior que sea una empresa de vigilancia privada la que se encargue de custodiar los juzgados sevillanos que se encuentran abiertos durante los fines de semana, una propuesta que de salir adelante implicaría que los agentes de la Benemérita no vigilarían estas sedes judiciales durante sábados y domingos. 

Fuentes del departamento que dirige Emilio de Llera informaron de que la Guardia Civil ha remitido un documento en el que le propone que sea una empresa de vigilancia privada la que se encargue de la custodia de estos juzgados desde las 23:00 del viernes hasta las 23:00 del domingo. La Consejería de Justicia e Interior tiene firmado un convenio con el Ministerio del Interior para la vigilancia de los edificios judiciales por parte de la Guardia Civil, que ha realizado esta propuesta a fin de racionalizar los efectivos. Por el momento, la Consejería se encuentra "estudiando" la propuesta.

FUENTE: diariodesevilla.es AQUÍ

GIJÓN: Vigilantes de seguridad de centro comercial descubren a mujer vendiendo hachís y ansiolíticos a jóvenes

La mujer, de 32 años, aseguró desconocer que era ilegal y apuntó que solo comerciaba con las pastillas que le sobraban a su marido.

Una mujer de 32 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional por vender hachís y comprimidos de Metasedin y Trankimazin en los pasillos de un centro comercial de la ciudad. Fueron los vigilantes de seguridad quienes se dieron cuenta del extraño comportamiento de una mujer a la que se acercaban jóvenes con los que intercambiaba algún producto por dinero. Además, los jóvenes abandonaban el centro comercial sin realizar ninguna compra.

Los policías comprobaron que la mujer vendía comprimidos de tranquilizantes y ansiolíticos, así como hachís. En el momento de la detención, le fueron intervenidos 410 euros en efectivo, dos barras de hachís, comprimidos de Metasedin y un bote vacío de Trankimazin. La mujer manifestó que desconocía la ilegalidad de su conducta y que se limitaba a vender los comprimidos que le sobraban a su marido. No obstante, los agentes comprobaron que la mujer tenía antecedentes por amenazas y lesiones.

FUENTE: elcomercio.es AQUÍ

HUELVA: Detenido en Punta Umbría por venta de drogas a jóvenes portugueses que participan estos días en un festival

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La central operativa de la Guardia Civil 062 se recibió una llamada por parte de la seguridad privada contratada por la organización de dicho evento, comunicando que habían observado como tres personas con una actitud sospechosa se dirigían de forma continua a los jóvenes allí presentes y se desplazaban por el recinto habilitado al efecto montados en bicicletas

Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, el dispositivo se llevó a cabo sobre las 23.00 horas del pasado 29 de marzo durante la celebración del ‘Festival Village’ de Punta Umbría, en el que esta semana unos 8.500 estudiantes preuniversitarios portugueses celebran el final del curso, cuando en la central operativa de la Guardia Civil 062 se recibió una llamada por parte de la seguridad privada contratada por la organización de dicho evento, comunicando que habían observado como tres personas con una actitud sospechosa se dirigían de forma continua a los jóvenes allí presentes y se desplazaban por el recinto habilitado al efecto montados en bicicletas.

Inmediatamente desde la central se envió a varias patrullas de las que participan junto a la Policía Local del municipio y con la seguridad privada del evento en el operativo especial para la prevención de la delincuencia, así como para evitar el consumo y tráfico de estupefacientes, debido a la gran concentración de personas que asisten al citado espectáculo, a la zona donde estas personas fueron vistas para comprobar si pudieran estar realizando alguna actividad ilícita. Una vez allí los agentes localizaron a tres varones cuyas características físicas coincidieron con las aportadas por los vigilantes de seguridad, y al notar éstos la presencia policial emprendieron la huída, dos por una parte y el tercero en solitario.

Alcanzados los dos varones fueron identificados y, una vez inspeccionadas sus pertenencias, los agentes no hallaron ningún tipo de sustancia estupefaciente. Sin embargo al tercer varón, una vez interceptado, tras conocer su filiación y proceder a examinar un bolsito que portaba, le fueron halladas nueve bolsas de plástico con hachís en su interior, dispuestas para su venta y 10.50 euros, procediendo a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

FUENTE: andaluciainformacion.es AQUÍ

SEVILLA: 06/04/16 Concentración por la colocación de geolocalizadores personales en Renfe Operadora

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La seguridad privada a debate en el Senado

Julio Cruz (PSOE) pregunta en el Senado por el “afán privatizador del PP también en materia de seguridad”

El senador del PSOE acusa al Gobierno de Rajoy de "imitar las políticas de Aznar: recortes en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para destinar más recursos a la seguridad privada". Recuerda que empresarios y colectivos ciudadanos del sur de Tenerife han alertado de la situación de inseguridad que sufre la zona, "pero el Ejecutivo del PP se resiste a mejorar las condiciones de trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional.

El senador del PSOE por la Comunidad Autónoma de Canarias, Julio Cruz, ha registrado una serie de iniciativas en la Cámara Alta encaminadas a que el Gobierno de España informe de los motivos por los que ha recortado en recursos humanos y materiales en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Es necesario que explique su afán privatizador también en materia de seguridad”, sostiene. Cruz afirma que en estos más de cuatro años de Gobierno del PP, “se ha regresado a la tendencia marcada en su día por José María Aznar: defensa de la seguridad privada en detrimento de la pública, es decir, penosa apuesta por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. Como recuerda, organizaciones empresariales y colectivos ciudadanos del sur de Tenerife “han alertado en los últimos meses de la situación de inseguridad que sufre la zona, que se ha ido agravando a medida que han transcurrido estos cuatro años: oleadas de robos, amenazas, ataques con violencia…”.

Lamenta que, frente a ello, el Gobierno del PP “haya optado por recortar en recursos materiales y humanos”. En este punto, subraya que el PSOE “quiere reconocer y poner en valor el trabajo encomiable que desarrollan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y está con ellos en sus demandas, pues resulta vergonzoso que estos profesionales tengan que pagar con dinero de sus bolsillos material totalmente necesario para poder desarrollar su labor con garantías y seguridad”. Julio Cruz hace hincapié en que el PP “no cree en lo público, tampoco en seguridad”. Asegura que estas críticas “no responden a una cuestión política, pues hemos visto alcaldes y alcaldesas de todos los partidos mostrar su preocupación por la situación que se da en el sur de Tenerife”. Señala que los datos de los que se dispone apuntan a que en los últimos cuatro años se ha ido produciendo una reducción paulatina de plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en toda Canarias.

Explica que cuando Aznar entró en el Gobierno, la seguridad privada contaba con 10.000 agentes en España, “y alcanzó los 130.000 al finalizar su último mandato, la misma cifra en que disminuyó la seguridad pública”. Advierte de que el PP “ha creado una seguridad para quien pueda pagarla, pese a tratarse de un servicio público y una responsabilidad del Gobierno que se debe prestar a toda la ciudadanía”. El senador autonómico remarca que el PSOE “insistirá cuanto sea necesario en las Cortes para que en Canarias se recuperen los recursos humanos y materiales en materia de seguridad de los que se disponía antes de la llegada de Rajoy a la Moncloa”.

FUENTE: gomeranoticias.com AQUÍ

CÁDIZ: Un vigilante de 60 años sufre una brutal paliza en el polígono de Campamento

El hombre, que reside en San Roque, tuvo que ser hospitalizado La Guardia Civil investiga el móvil de la agresión

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras investigan la agresión de un ciudadano de unos 60 años la tarde del viernes en el polígono industrial de Campamento. El hombre trabaja como vigilante de seguridad y reside en San Roque desde hace años, aunque es natural de La Línea. 

Según fuente oficiales a las que tuvo acceso Europa Sur, el hombre recibió una fuerte paliza por parte de varias personas por lo que tuvo que ser hospitalizado en el hospital de La Línea. El suceso se produjo alrededor de las 14:00 horas, cuando los servicios de Emergencias del 112 reciben una llamada alertando de que una persona estaba malherida y sangraba en el polígono de Campamento. Así, se dio aviso a la Policía Local de San Roque y a la Guardia Civil, quien se hizo cargo de la investigación. También se avisó a los servicios sanitarios que le realizaron las primeras curas en el lugar de los hechos y posteriormente, le trasladaron al hospital linense. 

La familia del agredido interpuso una denuncia ante la Guardia Civil y se abrió una investigación, que está en curso para detener a los autores, que según pudo saber este periódico pertenecen a una banda conocida en La Línea. Los agentes a cargo de la investigación tratan de dilucidar los motivos por los que se produjo la brutal agresión, no se descarta el móvil del robo, si bien no se les sustrajeron ni dinero ni objetos de valor. La Comandancia informará de los detalles de la operación una vez se cierre la investigación.

FUENTE: europasur.es AQUÍ

AVILÉS: RMD Seguridad se hace con la vigilancia del hospital San Agustín

El grupo sevillano RMD Seguridad se hará cargo del servicio de vigilancia del Área Sanitaria III a partir de mediados de abril. Ha sido la empresa propuesta por la mesa de contratación para la adjudicación del contrato tras haber presentado la oferta más baja de las cuatro firmas que participaban en el proceso.

RMD ofreció 16,20 euros por hora, una cifra más baja que la del resto de concursantes. Los precios, en todos los casos, estaban por debajo de los 17 euros, y el más alto de los cuatro presentados fue el de Baster Martín, que ofertó 16,60 euros. La compañía que actualmente presta el servicio, Prosetecnisa, propuso el segundo precio más alto, con 16,45 euros la hora, mientras que la cuarta en liza, Sabico Seguridad, se presentaba con 16,26 euros. La mesa considera que los precios son ajustados y no incurren en valores «anormales ni desprorcionados».

De acuerdo con las previsiones del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, RMD debería entrar en el San Agustín y el resto de centros sanitarios de la comarca antes del 18 de abril, fecha en la que finalizaría el actual contrato puente que fue adjudicado, después de una larga polémica, a Prosetecnisa.

FUENTE: elcomercio.es AQUÍ

Denuncian que el sindicalista de Prosegur trabaja aunque tiene incapacidad permanente

La Central Sindical Obrera Independiente (CSOI) ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que Antonio Duarte, secretario general de FTP-USO, está realizando labores de gerencia y coordinación a nivel nacional e internacional para la citada entidad, a pesar de tener reconocida una incapacidad permanente absoluta para trabajar.

CSOI denuncia ha comunicado a la Inspección de Trabajo que Antonio Duarte, sindicalista de FTP-USO y liberado de Prosegur, está trabajando a pesar de tener reconocida una incapacidad permanente absoluta para trabajar. Además, CSOI critica que en 2012 se le concediera la Cruz al mérito policial con distintivo blanco a Duarte, a pesar de "haber sido imputado dentro de la investigación Zeta" y "acreditado el uso fraudulento de un vehículo y partidas económicas por parte del sindicato que le nombró Secretario General en USO".

Incluso denuncia que "estos supuestos hechos, permiten que las empresas líderes del sector (Prosegur y Securitas, fundamentalmente) gocen del beneplácito del sindicato evitando investigaciones y denuncias por parte del mismo, justo lo contrario que le sucede a empresas del sector que, al no ceder a las pretensiones de este sindicato, se ven abocada a soportar inspecciones y seguimientos de todos los organismos del Estado: Seguridad Social, Hacienda, Policía, Guardia Civil…", basadas en denuncias de FTP-USO, muchas de las cuáles al final quedan en nada.

CSOI acusa a empresas como Prosegur y Securidas de "comprar" a los delegados sindicales permitiéndoles más horas libres de las que les corresponden. CSOI acusa a empresas como Prosegur y Securitas de "comprar" al sindicato con horas de representación sindical, permitiendo a los delegados disfrutar de 29.000 horas, cuando en realidad sólo les corresponden 8.000. En consecuencia, la Central Sindical solicita a la Policía Nacional que se realice un seguimiento de estos presuntos hechos fraudulentos, que se refieren a las horas de representación sindical, a fin de evitar el uso partidista e interesado de las instituciones del Estado.

Antonio Duarte se enfrenta a una querella por falsedad documental Además, el juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid ha admitido a trámite una querella interpuesta por la empresa Alcor Seguridad S.L. contra Antonio Duarte, secretario general de FTP-USO, por presunto un presunto delito de falsedad documental. El demandante solicita la detención o prisión provisional del responsable sindical de la empresa Prosegur, además de 10.000 euros por daños y perjuicios, así como una fianza del mismo importe o el embargo de sus bienes. El demandado fue citado a declarar el pasado 15 de marzo pero no se presentó ante el juez argumentando que tenía una asistencia a un congreso, según las fuentes consultadas.

FUENTE: canariasenhora.com AQUÍ