El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) alerta que el gremio de seguridad privada ha pasado en apenas tres años del “pleno empleo” a una situación insostenible donde el desempleo alcanzan cuotas que afectan a más de la mitad del personal habilitado para ejercer la profesión. Las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior apuntan a que en la actualidad la cifra de vigilantes de seguridad habilitados en el territorio español ronda ya los 200.000. Sin embargo, la Unidad Central de Seguridad Privada reconoce que de todos ellos no llegan a superar los trabajadores en activo la cifra de 90.000, de los cuales unos 11.000 operan en la comunidad andaluza.
SPV denuncia que esta dinámica fomenta el crecimiento de empresas de seguridad con definidos comportamientos de “competencia desleal” e “intrusismo” que tienen su caldo de cultivo en el recorte de los derechos y garantías sociales de los trabajadores y en ofrecer sus servicios por debajo de los costes establecidos en el convenio colectivo, un fenómeno que casi estaba superado antes de la crisis. La situación actual ha incrementado notablemente la precariedad laboral, ya que el recorte de recursos económicos por parte de las empresas privadas y organismos oficiales contratantes afecta a la propia seguridad del trabajador, que en la mayoría de las ocasiones tiene que actuar en solitario, circunstancias que propician las agresiones a los vigilantes y reviste al sector de una especial vulnerabilidad.
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